Paraguay | Por Arturo Bábushkin

Las últimas actuaciones del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) trajeron al tapete la arcaica y perversa norma que obliga y somete a los jubilados a la humillante tarea de tener que probar, dar fe ellos mismos cada 3 meses, que siguen vivos, para así continuar cobrando su jubilación. Lo que el Consejo de Administración del IPS hizo recientemente fue ratificar lo que desde los años ’40 del siglo pasado está en vigencia y que, a pesar de los avances y facilidades tecnológicas de hoy día, no tienen como propósito recurrir a ello para facilitar el vetusto y humillante trato que la actual norma establece para nuestros jubilados. Esto es apenas una muestra del verdadero rostro y sentir profundamente inhumano de este sistema económico, político y administrativo al servicio de las patronales, de la oligarquía narcomafiosa nacional y del depredador capital transnacional. 

La indolencia, la falta de empatía, la desvergüenza y la clara sensación de que nuestras autoridades viven en un Paraguay distinto al de la inmensa mayoría de la clase trabajadora se hacen patente, pues someter a nuestras madres, padres, abuelas y abuelos jubilados a soportar el calvario de trasladarse hasta alguno de los sitios habilitados para dar fe de que aún siguen con vida, con un pésimo servicio de transporte público de explotación privada en Asunción y el área metropolitana y largas distancias, con caminos en pésimas condiciones en el interior de la República, es cuanto menos repudiable e injustificable desde todo punto de vista.

En el Paraguay al servicio de la minoría patronal explotadora, se garantiza la violación sistemática de los derechos de las y los trabajadores y la humillación constante y permanente de las jubiladas y los jubilados, quienes a lo largo de su vida laboral aportaron mes tras mes proyectando una vejez un tanto menos dificultosa, pero la realidad nos demuestra que los obstáculos son cotidianos y que el propio IPS está en función de perpetuar nuestro suplicio y que su labor no está centrada en brindar mejores condiciones para quienes aportaron durante décadas en busca de una jubilación y trato dignos. Así funcionan las instituciones diseñadas y administradas por los personeros de las patronales.

Un diagnóstico publicado en mayo de 2023 por la Organización Internacional del  Trabajo (OIT) en el marco de un seminario internacional sobre el tema, indica que en Paraguay el sistema de jubilaciones y pensiones presenta baja cobertura, fragmentación e inequidades, por lo que se desprende que la baja cobertura del sistema de jubilaciones y pensiones se debe, entre otros factores, a la informalidad laboral a la que es sometida la inmensa mayoría de las y los trabajadores paraguayos, muchos de ellos trabajando más de 8 horas diarias, sin estar asegurados al IPS, como obliga la Constitución Nacional  y las leyes laborales, y sin posibilidad de cotizar para su jubilación en un futuro, todo esto sumado a las precarias condiciones laborales que ponen en riesgo su salud y su vida. 

La injusta realidad que soporta la clase trabajadora, los jubilados y pensionados y la ciudadanía del campo y la ciudad en general, beneficia única y exclusivamente a las patronales explotadoras, con la complicidad de la autoridades estatales y gubernamentales que deberían velar por el cumplimiento de las leyes y seguridad laboral, manteniendo fuera del sistema previsional y privando de derechos  a cientos de miles de trabajadores paraguayos, gran parte de ellos percibiendo salarios de hambre por debajo de lo mínimamente indispensable para subsistir, de acuerdo a  lo que establece el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM) lo que debilita el sistema de jubilaciones y pensiones, poniendo en riesgo el sistema jubilatorio solidario, cumpliendo así el objetivo principal de la impopular ley N° 7235/23, conocida coloquialmente como ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones promulgada por el gobierno cartista de Santiago Peña y diseñada por el Banco Interamericano y Desarrollo (BID) en el marco de la agenda impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Paraguay.

El denigrante y humillante trato al que son sometidas las jubiladas y los jubilados de nuestro país nos demuestra que quienes hoy administran el Estado, con leyes de por sí beneficiosas para la minoritaria pero poderosa clase dominante, no es más que el espejo en el que debemos mirarnos todos los ciudadanos paraguayos trabajadores, formales e informales, desempleados y excluidos, pues si hoy este es el trato que dan a nuestros compatriotas de la tercera edad, mañana, con el recrudecimiento de leyes y políticas redactadas y diseñadas por el Banco Mundial, el BID y el FMI, nuestro futuro no se vislumbra nada esperanzador, es por ello que nuestra indignación debe ser expresada, organizada y canalizada en un proyecto político que defienda los verdaderos intereses de la clase trabajadora paraguaya, de los jubilados y estudiantes, de los campesinos e indígenas, del pueblo pobre en general, que viene soportando cotidianamente humillaciones de todo tipo y violaciones de sus más elementales derechos por parte de la minúscula clase parasitaria narcomafiosa que nos condena a tener que vivir soportando todo tipo de maltratos. 

Referencias