Caracterización de las fuerzas políticas con representación parlamentaria 2023-2028

Artículo de Najeeb Amado y María José Quevedo, escrito entre octubre y noviembre de 2023 y publicado en el libro “Recomposición del escenario sociopolítico tras las elecciones del año 2023 en Paraguay” (Asunción, BASE-IS, diciembre 2023)

Nota del editor: En esta versión del artículo se agrega un epígrafe de Gramsci, incorporado como elemento transversal al texto por parte de los autores. Esta cita no fue incluida en el libro mencionado por razones de estilo

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El presente trabajo, en términos cronológicos e institucionales parlamentarios, se circunscribe a la consideración de las primeras 18 sesiones¹ de las Cámaras de Senadores y Diputados. Dichas consideraciones estarán contenidas por un encuadre orgánico del movimiento del sistema productivo dominante, tanto a nivel macro como micropolítico, entendiendo que dicho movimiento lo debemos ubicar a escala mundial a fines de los años ’60 y comienzos de los ‘70, en el caso nacional, desde mediados de los ’80 a la fecha, considerando la gravitación de importantes acontecimientos como el Golpe de Estado de 1989 y la formulación de la Constitución Nacional en 1992.

Hasta la fecha en que se escribe este artículo², han transcurrido 127 días de aquella primera sesión, la preparatoria, donde juraron los nuevos parlamentarios y eligieron las actuales comisiones directivas para asumir las funciones del nuevo Congreso Nacional. Las noticias de la semana del 8 al 14 de octubre hablan, entre otras cosas, de la promulgación de la ley que reglamenta créditos de carbono, así como del veto por parte del presidente Santiago Peña, de un proyecto de ley promovido por su compañero de partido³ y gobierno, el senador Basilio Núñez, que pretendía hacerse con 131 hectáreas pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional, en beneficio de turbios negocios inmobiliarios para viviendas ostentosas. En estas noticias se expresa parte de la comprensión de las relaciones de fuerza y de poder, combinándose lo aparente con lo esencial para hacer síntesis en la situación concreta y en la opinión pública que rodea a la misma.

A una ley le antecede siempre, y le sucede potencialmente, la ilegalidad de lo que, en un momento determinado, está normando o legislando. Dicho de otro modo, al igual que el capital y el poder, una ley es una relación social y, por ende, producto y síntesis transitoria de una relación de poder. Entender esto nos ubica a la hora de realizar caracterizaciones respecto a fuerzas políticas e institucionalidad, en clave de poder.

En lo que respecta al caso paraguayo, las particularidades que se despliegan en los debates, los proyectos de ley y la formación de mayorías y minorías en ambas Cámaras del Congreso Nacional, responden a intereses relacionados a fracciones del capital que operan en nuestro país, generando posiciones en torno a intereses que van desde los agronegocios, la ganadería, las finanzas, los servicios y la manufactura con acento en el terreno de las maquilas. Todo este entramado, a su vez, está envuelto y traccionado por negocios ilegales como el contrabando a gran escala, el narcotráfico y otras operaciones ilícitas, dando a la mafia y a la economía subterránea muchísima importancia.

El crítico de arte Ticio Escobar (2020), en su libro Aura latente, recurre a una formulación del cientista político Benjamín Arditi, distinguiendo representación de re-presentación. Dice Escobar: “Según mi lectura de estos conceptos, el primero de ellos busca presentar algo que está en otro lugar: el pueblo aparece simbólicamente a través de sus representantes. Por el contrario, el segundo no busca la simbolización de algo ausente, sino la simulación de realidades que han perdido consistencia”⁴. A continuación, Escobar incluye palabras de Arditi, que nos dice: “Por eso la re-presentación no es una representación. La re-presentación como simulacro, difiere de la representación como espejo del mundo en la imaginación filosófica clásica”⁵. Y sobre esta reflexión argumenta Escobar que, “Arditi afirma que la representación busca reflejar miméticamente y sustituir a un “pueblo” provisto de unidad real, mientras que la re-presentación simula la unidad del pueblo, una unidad que no existe”.

A este escenario ganado por el simulacro de la re-presentación, que deja ver la crisis de representación como una de las múltiples crisis convergentes, entendida como crisis civilizatoria⁶, se debe añadir el sincretismo de las patronales que operan en el Paraguay, cuyos intereses se entrecruzan en terrenos legales e ilegales, atravesando una diversidad de rubros, variando tan solo la mayor o menor atención en cada uno de estos. Así, el énfasis puesto por las fracciones del capital en determinados rubros, condiciona las presiones en los agrupamientos parlamentarios, enfrentándolos en algunas circunstancias y logrando un cierre de filas en otras.

El actual funcionamiento político en el terreno institucional es una expresión más de la crisis civilizatoria compuesta de una multiplicidad de crisis, como la económica, energética, alimentaria, ambiental, del complejo militar industrial, de percepción, que se combinan para generar una síntesis psico-social, económica y cultural decadente en nuestro país y a escala mundial, atendiendo a que la mencionada crisis civilizatoria, además de ser estructural respecto al modo de producción capitalista, estriba en la cosmovisión burguesa edificada por dicho sistema.

Dicho esto, proponiendo la presencia constante de lo expresado en términos estructurales, volvemos a las leyes referenciadas al inicio del presente artículo. 

En cuanto a la ley Nº7190/23, que reglamenta los créditos de carbono, lo que se presenta como oportunidad de generar ganancias preservando el medio ambiente, en realidad, esconde un encuadre jurídico favorable a los grandes terratenientes para el desarrollo de negocios como los monocultivos forestales. Tal es el caso de la plantación masiva de eucaliptos para lucrar en el mercado de carbono, obviando que los eucaliptales generan desbarajustes en los ecosistemas y no almacenan carbono de manera tan estable como los bosques nativos, así lo reporta en su trabajo el periodista e investigador Maximiliano Manzoni.

Manzoni plantea que existen problemas técnicos y problemas políticos. En cuanto a lo técnico, la adicionalidad, que tiene por objetivo evitar que los mercados de carbono reemplacen las medidas de mitigación a las cuales países, gobiernos, empresas están obligados a cumplir. El problema con la ley aprobada, dice Manzoni, es que el concepto de adicionalidad es tan laxo que permite vender el carbono de áreas protegidas o de reservas forestales, que de por sí deben existir por ley, dentro de los mercados voluntarios. Como ejemplo, ni siquiera nuestro sistema de servicios ambientales permite esto. Tampoco están incluidas las salvaguardas ambientales y de derechos humanos, lo cual no resguarda territorios ancestrales de pueblos indígenas o de comunidades campesinas⁷. Esto, atendiendo a las experiencias a escala internacional, se constituye en todo un riesgo que perjudicaría a los territorios mencionados, lo cual nos lleva a especular que el proyecto de ley de créditos de carbono es otro instrumento favorable a la expulsión indígena y campesina, continuando lo que Rafael Barrett, a comienzos del siglo XX, ya denominaba El dolor paraguayo.

Desde nuestra perspectiva de análisis y ubicándonos en el terreno político, así explicado por Manzoni, entre otras cosas, esta ley sirve para que las grandes petroleras compren sus ‘indulgencias’ en mercados como el paraguayo. Así se favorece a los grandes inversionistas, sin que las capturas de carbono contribuyan al mejoramiento del medio ambiente, teniendo en cuenta que numerosos estudios científicos muestran que no solo debemos empatar nuestras emisiones de carbono, sino que debemos disminuirlas. “(Éstas)…generan un incentivo perverso. Si el financiamiento de tus áreas protegidas depende de créditos de carbono, a un Estado podría convenirle más no tomar acciones para evitar que la zona esté libre de riesgo de deforestación, como sucede hoy en el Chaco con la ganadería y en la Región Oriental con la marihuana”.

En el caso del proyecto de ley para favorecer a lo que, en el concierto mediático, se conoció como ocupantes vip, el Senador oficialista Bachi Núñez, ya desde 2016 venía desarrollando su ‘negocio’ inmobiliario sobre la base del despojo de tierras del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), según publicaciones. En este caso, probablemente los intereses de patronales involucradas en bienes raíces, terminaron colisionando con los de Núñez y su entorno, mediatizando el caso y generando un escándalo que obligó al Ejecutivo a vetar el proyecto de ley defendido por su propia bancada colorada.

Tomamos estos dos casos para solventar nuestra reflexión en torno a la crisis de representación y a la dinámica del poder en torno al valor de las leyes. La ley para reglamentar el mercado de carbono y el veto a la ley para el despojo de tierras del MDN (Ministerio de Defensa Nacional), expresan los grados de consenso y tensión entre las fracciones de la clase dominante, que operan en el Paraguay, enmarcadas en la crisis y en el descontento y las necesidades de las mayorías trabajadoras, pero que (hasta el momento) transitan con mucho más peso en el terreno de la apariencia antes que en el de la esencia: la contaminación y la deforestación seguirán destruyendo la naturaleza, y los ocupantes vip seguirán usurpando territorios; sobre todo porque la ley, como expresión de una relación social, se aplica o no de acuerdo a las relaciones de fuerza y de poder enmarcadas en la sociedad dividida en clases sociales, donde la expresión organizada e independiente de las mayorías trabajadoras está lejos de tener la solidez demandada para disputar posiciones de poder con las minorías dominadoras.

1. Pretensiones del capital y su gobierno

Este es el marco general de proyecciones para los capitales, desde una perspectiva institucional visible. Peña, en su discurso, mencionó el subsuelo paraguayo rico en agua dulce, sin aclarar que buena parte de ese bien común, si no está contaminado, pertenece a corporaciones extranjeras que ejercen sus derechos para la explotación de dicho recurso.

Habló de la producción de alimentos por Paraguay, sin señalar que los granos transgénicos producidos son para alimentación del ganado, sobre todo, de otros países. Y que la demanda de alimentación sana y soberana es enorme para una buena parte de la población que vive en nuestro país. De hecho, según la medición de inseguridad alimentaria en Paraguay, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2022, casi el 25% de los hogares del país se vieron afectados por inseguridad alimentaria de “moderada a grave”.

La suficiencia energética está encapsulada por las necesidades de Brasil, Argentina y por la voracidad de las patronales que buscan la privatización del servicio de energía eléctrica en el Paraguay, así como el aprovechamiento de estos recursos en los países mencionados. En este marco situamos la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú. Las patronales que operan en el Paraguay no han demostrado tener un proyecto nacional en clave estratégica y, ni siquiera, táctica. Y tanto el anterior como el actual gobierno han demostrado (el actual lo sigue haciendo) total displicencia y mezquindad⁸ frente a una negociación compleja que exige una estrategia seria, incluyendo el involucramiento de intelectuales influyentes en el concierto internacional, acuerdos con países que aporten al balance de fuerzas entre nuestro país y el Brasil, así como movilización de fuerzas del campo popular que asuman la defensa de los intereses de las mayorías trabajadoras, tanto en nuestro país como en el Brasil y en la región. Estas consideraciones las realizamos para ejemplificar posibles componentes de una estrategia sólida para recuperar nuestra soberanía energética.

Las cadenas logísticas están dominadas por capitales privados de EE. UU., Brasil, Francia y otros. De modo que esos grandes temas en donde, según Peña, el Paraguay es una potencia, están controlados mayoritariamente por capitales y mercados extranjeros, con casi nula regulación y, por ende, pocas posibilidades de generar recaudación en favor del Estado para políticas públicas que enfrenten la desigualdad.

En este marco, las pretensiones de los capitales que operan en el Paraguay se relacionan con los recursos y bienes en el terreno de la naturaleza y el ambiente, aprovechando, además, el bono demográfico que se tiene (56% de la población con menos de 30 años) y que nos sitúa como uno de los mayores en la región, lo cual favorece, según datos de la historia tanto en el Paraguay como en América Latina, a una mayor posibilidad de explotación de fuerza de trabajo a muy bajo costo para los capitales. Así, la expulsión campesina e indígena para el aprovechamiento de las tierras en clave agrícola y ganadera de exportación, incluyendo el subsuelo, así como los recursos hídricos en general e hidroeléctricos en particular; la baja presión tributaria favorable a Inversiones Extranjeras Directas sin retenciones, sobre todo en el terreno de las maquilas; la continuidad de un sistema financiero con bajos impuestos, sumamente laxo en la normativa para captación de capitales; todo esto se seguirá combinando con una diversidad de negocios ilícitos que gravitan inclusive con mayor fuerza que los lícitos, enmarcados en los intereses transnacionales y el rol del Paraguay en la división internacional del trabajo, capitaneado y tutelado por los EE. UU. y por el Brasil.

Cabe resaltar que, hasta el momento, el cierre de filas del nuevo gobierno es total, y hasta extremo, con relación a los intereses norteamericanos, incluyendo la reivindicación de sus relaciones con Taiwán, el ataque a Rusia (ataque torpe, teniendo en cuenta las relaciones comerciales con dicho país) y la actitud rastrera con Israel, reivindicando el traslado de la embajada paraguaya a Jerusalén. 

La presión norteamericana sobre Paraguay data de muy largo tiempo. De hecho, el formidable tamaño de la sede diplomática de los EE. UU., una de las más grandes que el país del norte tiene en el mundo, reforzada por una millonaria inversión para ampliar y sofisticar aún más dicha embajada, fortalecen la hipótesis del Paraguay como atalaya o satélite para el monitoreo del Cono Sur, al servicio del mencionado país.

Igualmente, el creciente peso de China en la región, a través de Brasil, Argentina, México y otros países, es un elemento a tener en cuenta a la hora de analizar la capacidad real de maniobra que tenga el gobierno paraguayo, sobre todo atendiendo las obligaciones y presiones en el terreno social, económico y financiero, que seguirá teniendo, y relacionándolas con su débil capacidad material y política para enfrentar esos desafíos.

2. La decadencia como norma de facto

Advertir los temas mencionados por el presidente nos permite ubicar el tránsito institucional de los capitales para su realización. Basados en esta proyección económico-financiera, podríamos prever que lo que se aprobará o no en el terreno legislativo tendrá relación con el protagonismo del cartismo y de las diversas formas de acumulación ilegal, entendiendo a esta como centro privilegiado de realización del capital en Paraguay, además de la exportación de granos y ganado, así como los negocios financieros en donde los derivados y el lavado son centrales. Debemos mencionar también el contrabando a gran escala, incluida la triangulación, y las privatizaciones de servicios, la utilización de fondos jubilatorios y de pensiones, para terminar de enmarcar la proyección económico-financiera y, en consecuencia, lo que se aprobará y no se aprobará en el terreno legislativo, recordando que la fuerza de las patronales, en donde también se ubica el total control del Poder Judicial, reduce el peso específico de la legislación y las normativas vigentes. Los que detentan el poder económico, incumplen leyes cuando estas impiden o limitan la realización de sus ganancias.

En este marco, la influencia del cartismo cabalga sobre una lógica exclusivamente crematística, que a estas alturas está suficientemente arraigada en las direcciones políticas de la gran mayoría de fuerzas que componen el Parlamento⁹. De hecho, la opción preferencial incluida en la ley electoral y que se impuso como forma de votación para las elecciones generales, refuerza el carácter mercantil del ejercicio político, fortaleciendo las disputas de personas, grupos y organizaciones, por diferentes fracciones del capital, que financian o sobornan¹⁰ legisladores para obtener beneficios en resoluciones y leyes.

Es que la hegemonía financiera, que se ha venido desplegando desde la década del ’70 a escala mundial, ha modificado hábitos y valores. Por ejemplo, durante el capitalismo con hegemonía industrial, la burguesía esperaba unos años para recuperar su inversión. Además, esa forma productiva exigía conocimiento de procesos productivos para quienes eran dueños del capital, a fin de ejercer un mejor control. Y la cultura universal era considerada como parte inherente a la formación de la clase dirigente. Con la hegemonía financiera, los tiempos de recuperación de inversión se aceleraron de manera extraordinaria. La predominancia de los fondos de inversión y la revolución tecnológica alejó a los detentores de capital del terreno del conocimiento de procesos productivos, y el estudio y la formación en cultura universal dejaron de ser un valor defendido por la clase dominante. Esa contrapartida simbólica, cultural e ideológica ha marcado a estos tiempos, confiriéndole una brutalidad creciente a las relaciones sociales dirigidas por los capitalistas.

Por eso, el encuadre que hemos dado al presente artículo tiene tanta importancia. Los cambios operados a escala internacional y nacional condicionan el ejercicio legislativo y explican (aunque no justifican) la decadencia de quienes se asumen representantes del pueblo, cuando en realidad, solo re-presentan, en términos arditianos¹¹, un juego perverso en donde los intereses de las mayorías no son tenidos en cuenta, favoreciendo mezquinas intenciones como intermediarios de fracciones del capital.

Desde hace un buen tiempo, diferentes sectores de la sociedad, decepcionados del quehacer político, denuncian violaciones constitucionales sin que dichas denuncias tengan resolución favorable a la defensa de una normativa y una justicia imparciales. El 5 de setiembre, el presidente Peña nombró a ministros como consejeros de Itaipú, lo que generó diversas denuncias de violación a la Constitución Nacional.

La escasa institucionalidad del país, que se expresa en una justicia que funciona al mejor postor, resta validez a la promulgación o impugnación de proyectos de ley. Haciéndose sentir de manera dramáticamente elocuente, el verdadero poder que estriba sus fuerzas en la posesión del capital y en décadas de dominación que forjaron una consciencia extendida en la ciudadanía respecto a un poder extraordinariamente fuerte que, cuando no genera temor, resigna o tienta para que crecientes sectores de la sociedad prefieran corromperse.

3. Estrategia de saqueo

Desde la preeminencia neoliberal, desarrollada progresivamente a partir de los ’90 en nuestro país, el proceso de saqueo de empresas públicas y diversos bienes que constituían el patrimonio público, ha venido ¿probándose? desde la lógica de romper la cadena en su eslabón más débil, el carácter clientelar y prebendario de la base social colorada. Así, diversas resistencias populares a planes de privatización se fueron sucediendo en las últimas tres décadas, con fuerte protagonismo del campo popular en cruce de agenda y alianza con la base social colorada asentada en el funcionariado público, mayoritariamente corrompida y beneficiaria del funcionamiento estatal vigente.

EE. UU., como capitán de las patronales internacionales y locales desde la caída de Stroessner, realizó varios intentos por romper ese interminable pliegue de intermediarios que, coima mediante, permitían el asiento de inversiones y negocios. El ritmo de realización de dicho objetivo fue mucho más lento de lo que esperaban los grandes amos del mundo.

Todos los denominados ‘tercer espacio’¹² no lograron quebrar la estructura colorada. Luego, los norteamericanos apostaron por quebrar desde adentro, y entonces Horacio Cartes irrumpió en el escenario como nuevo líder político ‘colorado’. Tampoco lograron su cometido, aunque en cada quinquenio pudieron avanzar algo, al costo de una creciente caotización de las relaciones de producción, cada vez más dominadas por capitales especuladores, poco afectos a las normativas y las instituciones.

En ese marco, desde 2013 a la fecha, el avance en la desestructuración del Estado ha sido importante¹³. En este proceso histórico ubicamos la desfachatez de Peña en la presentación de una reforma estatal que no se anuncia como tal y que presenta nuevas propuestas de ministerios y direcciones, con la intención de achicar un Estado cuyo gasto público ya es uno de los más bajos de América del Sur. Claro que el insuficiente gasto público, que se expresa en un escuálido Estado, refuerza esta condición con la discrecionalidad en el manejo de los recursos que se dilapidan para fortalecer negocios y bolsillos privados, generando una presencia a imagen y semejanza de las formas de acumulación dominante que tiene el capital en nuestro país y que hace síntesis en el saqueo. Y como el actual gobierno no pretende modificar el sistema tributario para recaudar más y mejor, tampoco se vislumbran ajustes para la optimización de los recursos captados ni proyecta negocios desde la esfera pública para ingresar dinero a las arcas estatales, sino que se limita a modificaciones en la estructura estatal sin presentar un proyecto general que muestre las nuevas características que tendría un Estado más eficiente y eficaz que el actual, continuando con una irresponsable política de endeudamiento. 

Respecto a las propuestas de reforma estatal, el gobierno presenta cambios de manera ‘suelta’, irresponsable y mediocre, sin ninguna apertura de debates con la ciudadanía, aprovechando el lamentable giro cultural que se fue desarrollando en los últimos 30 años,  donde el interés de la sociedad se vino acentuando en cuestiones privadas que hacen a la vida íntima de las personas, en desmedro de debates esenciales sobre lo público, atendiendo a que lo público es lo que nos concierne a todas y todos. Este giro simbólico, ideológico y cultural, que se suma a una disgregación sociocultural poderosa en torno a la dura realidad económica y a la decadencia cultural dominante, se muestra en los conflictos y las tensiones relacionadas a lo micropolítico, sea en el terreno de los derechos de las mujeres, la niñez y la adolescencia, la educación sexual, la cuestión TLGBIQ+ y otras, como producto de esa contrapartida social generada por la hegemonía financiera en la realización del capital.

Los debates relacionados al ámbito privado dominan el escenario político, mientras el Estado, para postergar el casi ineludible escenario de default selectivo, se las ingenia para escamotear recursos pertenecientes a toda la ciudadanía que habita el Paraguay, sin abrir ningún tipo de consulta ni debate al respecto, además de pasar por alto leyes que impiden dicha discrecionalidad.

De hecho, el proyecto de ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones es una muestra de esa intención: captar todo recurso o ‘nicho’ que se pueda rentabilizar, aunque la rentabilidad se logre con recursos ajenos y por fuera de la normativa legal vigente.

Como el proyecto de ley de superintendencia generó mucho malestar y crecientes movilizaciones de jubilados y trabajadores activos, y atendiendo a las necesidades del gobierno para el pago de deudas y la consecución de recursos que permitan un mínimo margen de maniobra, al Ejecutivo se le ocurrió presentar un proyecto de ley Por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas, revisando normativas actuales y antiguas (en un caso tan antigua como una ley de 1909) para pellizcar fondos jubilatorios del funcionariado público, levantar toda posibilidad de trazabilidad vigilada para préstamos de hasta 600 millones de dólares, utilizar fondos provenientes de royaltíes y de FONACIDE, y otras posibilidades, dándole al Presidente de la República el manejo de más de mil millones de dólares sin ningún control. Como si todo esto fuera poco, Peña podrá modificar el Presupuesto General de la Nación sin consultar con ningún otro poder del Estado.

Entonces, retomando el análisis, identificar el rol de Paraguay como productor de materias primas, triangulador de productos a través del contrabando a gran escala, oferente de sistema financiero para lavar dinero de dudosa procedencia y corredor de una diversidad de tráficos, es fundamental. Y entenderlo como la propuesta del capital para el país, propuesta desarrollada y tutelada, como ya lo dijimos, por los EE. UU. y por el Brasil. A esto le debemos sumar la creciente deuda del país y la negación por parte de las patronales y del gobierno de enfrentar los compromisos, logrando recaudar más a través de impuestos y negocios desde el fortalecimiento, saneamiento y sofisticación de empresas públicas, por ejemplo, lo cual nos lleva a un mayor endeudamiento para enfrentar las obligaciones, en una espiral que muy probablemente no terminará bien. Por eso la estrategia es de saqueo de fondos jubilatorios y de pensiones, así como de privatización del sistema de electricidad, de telecomunicaciones y de todo lo que permita la realización del capital.

4. Composición y funcionamiento del actual parlamento

En los días de octubre, las denuncias en torno al senador Hernán Rivas, como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por tener un supuesto título falso de abogado, enturbiaron aún más las aguas nauseabundas del actual Congreso Nacional. Al pedido de renuncia realizado por la oposición, el oficialismo respondió adelantándose con un pedido de permiso del mismo Rivas, sustituyéndolo con la senadora cuyo nombre “artístico” es “Yami Nal”, la cual fue votada como parte de la propuesta del Partido Cruzada Nacional, que se presentó como un proyecto radical y cuestionador del orden dominante. Sin embargo, Yami Nal, así como la mayoría de sus parlamentarios electos, terminó cerrando filas con el oficialismo cartista. Tanto el nombramiento de la senadora como la migración de una carpa política a otra, parecieran ser datos anecdóticos, sin embargo, son expresiones esenciales de esa lógica exclusivamente crematística que ya habíamos mencionado en otro párrafo de este trabajo.

En términos cuantitativos, en el Senado, el coloradismo cuenta con 24 miembros, el liberalismo con 11, Cruzada Nacional con 2 (luego de varias renuncias de sus miembros, varios de ellos cierran filas con el cartismo), los partidos Encuentro Nacional, Democrático Progresista, Patria Querida, Hagamos, Conciencia Democrática Nacional, Frente Guasu Ñemongueta con 1 senador cada uno, y dos ‘independientes’, aunque con frecuente cierre de filas favorable al oficialismo, en el marco de la predominante influencia económica y la ausencia de principios que confronten con la venalidad como decadente y protagónico antivalor, en la mayoría de quienes componen el parlamento.

En la Cámara de Diputados, el coloradismo se sitúa con 42 diputados, con una capacidad de liderazgo y ejercicio de su condición de mayoría, atendiendo a que esta cámara es aún más débil en términos políticos, éticos y académicos.

En las primeras 18 sesiones, el centro del ejercicio parlamentario se situó, mayormente, en declaraciones y resoluciones de informes, cruzados por proyectos de ley concentrados en negocios inmobiliarios, de explotación de recursos naturales, así como en reestructuración del Estado y reprogramaciones presupuestarias, expresando feudos de poder rodeados de clientelismo y prebendarismo¹⁴. 

Al revisar el impacto mediático de lo que ocurre en el Congreso, la mayor parte de lo publicado en este tiempo tuvo que ver con el caso de los ocupantes vip, con el debate en torno al acuerdo con UE sobre educación, además del copamiento del cartismo, del oficialismo, en distintos espacios. Sin embargo, el abordaje de las noticias queda en lo superficial, en el ‘problema de la corrupción de los políticos’ y no en quienes se ven beneficiados por esa cultura crematística. En este Parlamento de las apariencias, se vende la idea de un país verde, que protege sus bosques, mientras se beneficia a terratenientes; se mantienen leyes represivas como la “Zavala-Riera”, mientras se defiende el “derecho” de ocupantes vip; se promueve el nombramiento de ‘hurreras’ profesionales, mientras se minimiza la importancia de la merienda escolar. 

La crisis general del modo de producción capitalista, y sus horrendas expresiones bélicas, seguirá marcando el ritmo de los grandes problemas económicos, financieros, ambientales, alimentarios, sanitarios, culturales, que estamos enfrentando como humanidad. Y, en ese marco, las presiones de grupos empresariales y el peso de capitales transnacionales, seguirán dirigiendo el quehacer legislativo durante este quinquenio, en donde las dificultades del gobierno para honrar sus obligaciones, incluyendo las múltiples demandas sociales que la crisis seguirá generando, junto  al crecimiento de la ola delictiva y el encarecimiento del costo de vida, le demandará una gran capacidad de maniobra. El trabajo diplomático con EE. UU., Brasil, países de la Unión Europea y otras potencias, será estratégico para evitar la probable pérdida de confianza y la escalada de violencia que lo podrían desestabilizar a riesgo de no culminar su gestión en el tiempo presupuestado. Y las bancadas irán reacomodándose de acuerdo a estas mismas cuestiones, desafiando a la ciudadanía a un mayor protagonismo, que seguramente continuará con ensayos y ejercicios que habiliten otra síntesis política, en donde la responsabilidad económica, política, cultural y social recupere la seriedad para enfrentar las demandas del momento histórico.

Dicho todo esto, culminamos vaticinando que la mayoría parlamentaria seguirá cabalgando sobre la decadencia resultante de la crisis general del modo de producción capitalista, relacionada al rol del Paraguay en la división internacional del trabajo, condicionado por el fuerte parasitismo financiero que domina la realización de capitales a escala mundial, lo cual constituye un enorme desafío y llamado a la imaginación a diferentes organizaciones y asociaciones que se esfuerzan con rigor en demostrar que otra forma de relacionamiento económico-social y cultural, además de ser necesaria, es posible.

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Notas y referencias

1. Desde el 30 de junio al 11 de octubre del año 2023. ↩︎
2. 4 de noviembre del año 2023. ↩︎
3. Asociación Nacional Republicana (ANR) Partido colorado. ↩︎
4.  Citado en: Escobar, Ticio (2020). Aura latente. Asunción: CAV/Museo del Barro. Pp. 104 y 105. ↩︎
5.  Op. cit. p.104. ↩︎
6.  Ver autores como Jorge Beinstein y Edgardo Lander. ↩︎
7. Maximiliano Manzoni en entrevista telefónica archivada, y ampliado en Con la soja al cuello 2023. Informe sobre Agronegocios en Paraguay. Autores varios. “Compro bosque si le sobra” Manzoni, Maximiliano pp. 92 y 93. (Edit. Arandurã. Octubre 2023). ↩︎
8. La mezquindad refiere a la anteposición de intereses personales, corporativo-empresariales y político-partidarios, a la hora de encarar el mencionado desafío. ↩︎
9. Un editorial de ABC Color señala que el Parlamento está guiado por la codicia y no por el interés nacional. Diario ABC Color, 28 de mayo de 2023, disponible Visitado el 14 de octubre de 2023. Ver en: https://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/2023/05/28/la-codicia-y-no-el-interes-nacional-atomiza-el-congreso/ ↩︎
10.  Incluso el ex fiscal antidrogas y actual ministro de Inteligencia de Santiago Peña, Marcos Alcaráz, sostiene esto en una entrevista. El Observador, 15 de agosto de 2023, disponible en: https://www.observador.com.py/corre-mucho-dinero-del-narcotrafico-en-la-politica-es-lo-que-detectamos/ Visitado el 15 de octubre de 2023. ↩︎
11.  En relación a Benjamín Arditi, citado por Ticio Escobar en la reflexión sobre la crisis de representación. ↩︎
12. Se entiende como la articulación de sectores de la oposición, que trasciende a los partidos Colorado y Liberal Radical Auténtico, y que se articula como opción alternativa dentro de la oposición al gobierno de turno. ↩︎
13.  En este punto debemos aclarar que entendemos como necesaria la construcción de un nuevo Estado capaz de garantizar la igualdad de condiciones para el desarrollo de talentos en el territorio paraguayo. Y es desde esa comprensión que colocamos la crítica a una desestructuración que no resulta superadora, en términos humanistas, de la actual estructura estatal. ↩︎
14.  Según revisión de diarios de sesiones en: Secretaría General (senado.gov.py). ↩︎