Editorial del 11 de octubre de 2023

El continuismo cartista-stronista, a través del títere Santiago Peña, presentó un proyecto de ley «POR EL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE GESTIÓN PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS», el cual plantea que el Presidente de la República pueda ajustar, ampliar y modificar el Presupuesto General de la Nación (PGN), hacer préstamos hasta 600 millones de dólares, disponer discrecionalmente de royalties y recursos de FONACIDE generados por Itaipú y Yacyreta que hayan sido retenidos por el Ministerio de Hacienda; además de utilizar una parte de los fondos jubilatorios del funcionariado público para financiar el PGN y pagar las deudas.

Aunque sepamos, cabe resaltar que este proyecto de ley se presentó a espaldas de toda la población, sin abrir ninguna consulta, ningún debate público con la sociedad paraguaya, que es propietaria del dinero público y que es la que se verá principalmente afectada.

En cuanto a los fondos jubilatorios del funcionariado público, en el proyecto de ley dictatorial (ya que concentra poderes en el Presidente sin que el Poder Legislativo tenga participación), el artículo 2 plantea lo siguiente: “Suspéndase a partir de la vigencia de la presente Ley, la aplicación de lo dispuesto en el numeral 5) del Artículo 246 de la Ley «De Organización Administrativa y Financiera del Estado» del 22 de junio de 1909, en relación a los cargos vacantes”. Para precisar, el artículo 246 de dicha ley habla de la composición de los fondos jubilatorios de funcionarios del Estado. Y el numeral 5 dice que, entre otros recursos, los fondos jubilatorios se compondrán “Con el importe total de los sueldos que correspondan a empleos vacantes, funcionarios suspendidos o con licencia sin goce de sueldo”. Estamos hablando de una suma que está entre 80 y más de 100 millones de dólares, que durante un año se le quitará a los fondos jubilatorios para que Peña utilice de acuerdo a lo que él resuelva, sin ningún debate.

En cuanto a royalties y FONACIDE, el proyecto de ley habla de las administraciones anteriores a las actuales, todo lo que no haya sido transferido a gobernaciones y municipalidades, por incumplimiento de estas, pasarán a la administración unipersonal de Peña. Hablamos de muchos millones de dólares que no estarán atados a políticas sociales por ley, sino que serán utilizados de acuerdo a lo que Peña, o sea, el cartismo, o sea, las patronales corruptas y narcomafiosas, quieran o necesiten.

Contratar préstamos sin necesidad de aprobación de las Cámaras de Senadores y Diputados, por valor de hasta 600 millones de dólares y ampliar o modificar el PGN de acuerdo al criterio de los grupos de Poder que representa el títere Peña, sin ninguna atadura favorable a políticas públicas de carácter social, por ejemplo.

Esta concentración de Poder en Santiago Peña, además de ilegal, se constituirá en otro enorme perjuicio para el pueblo paraguayo, sumando otra forma más de saqueo del dinero que nos pertenece a todos los paraguayos y las paraguayas. Para tener una aproximación, Peña estaría disponiendo de más de mil millones de dólares, o sea, un monto similar a todo el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para utilizarlo a su antojo.

A mediados de mayo, apenas terminada las elecciones, en un artículo de opinión, el Secretario General del Partido Comunista Paraguayo decía “En este marco, el Partido Colorado, con su dirección corrompida, dirigida por la narcomafia e histórica protagonista de diversas e ingeniosas formas de fraude para asegurar posiciones políticas de poder, obtuvo un triunfo que incluye mayoría propia en las dos Cámaras del Parlamento, el control del Poder Judicial y de 15 de 17 Gobernaciones Departamentales, lo cual nos obliga a presupuestar escenarios de prepotencia conservadora, autoritaria, con tinte terrorista, dada su trayectoria histórica.”

El nefasto proyecto de ley presenta más formas de habilitación de fondos para el uso discrecional de Santiago Peña, asegurando un funcionamiento unipersonal y dictatorial para pagar deudas, ¡utilizando nuestro dinero y robando nuestro futuro!.

Es urgente un llamado general al pueblo trabajador, honesto y democrático, para que salga a defender lo que le pertenece y enfrente esta nueva ley de saqueo.