Por Oscar Herreros Usher

Desde hace dos o tres semanas, y como todos los años, viene reuniéndose el Consejo Nacional de Salario Mínimo (CONASAM) para tratar el salario mínimo.

Normalmente, su fórmula es preguntarse: “¿Cuánto es el IPC (Índice de Precios al Consumidor)?”, y luego responden, “entonces, eso mismo es el ajuste del salario mínimo”, y todos van a su casa hasta el año que viene.

En esta oportunidad, el representante del sector trabajador presentó una propuesta de aumento general del 20%, números redondos, basado en un estudio estadístico, ya conocido hace un par de años, que muestra el retraso del ajuste del salario mínimo en relación al Índice de Precios al Consumidor, publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Luego de la última reunión del CONASAM, que tuvo lugar el 13 de mayo, los participantes respondieron a preguntas de los periodistas. El representante de los trabajadores confirmó la propuesta. El del sector empresarial, el ingeniero Enrique Vidal Lovera, manifestó que solicitarán a sus asesores económicos analizarla y que presentarán su posición en la siguiente reunión, pero adelantó su desacuerdo.

Su argumentación fue la siguiente: 

  • El informe estadístico arranca en el año 1989 cuando la composición familiar era muy diferente de la actual; la tasa de natalidad era de 4,5 y actualmente es de 2,4, lo que significa que en aquella época las familias eran de 5 miembros en promedio y ahora son de 3 a 3,2 miembros en promedio;
  • Preguntado si el sector empresarial considera que el salario mínimo actual cubre las necesidades de una familia, respondió que sí, que para una familia de 3,5 miembros, teniendo en cuenta que 800.000 guaraníes supuestamente cubren las necesidades básicas (tomó de referencia números de la línea de pobreza), eso suma unos 3.600.000 guaraníes, dijo que hay que tener en cuenta que la mujer también aporta y con dos aportantes por familia se tiene un ingreso de unos 6.000.000.
  • También dijo que la mayoría cobra entre 1 y 1,6 salarios mínimos.

Disculpando la inexactitud de las cifras presentadas por el ingeniero, son números aproximados para hacer un boceto de la situación, podemos vislumbrar a través de sus declaraciones cuál es la lógica de los capitalistas, no sólo en nuestro país sino en todo el mundo.

La referencia a la línea de pobreza indica que al trabajador, a esa persona cuya única mercancía para vender en el mercado es su fuerza de trabajo, se le debe retribuir apenas lo suficiente para que se mantenga vivo y al día siguiente pueda seguir siendo explotado.

La idea original era que el salario mínimo debía cubrir las necesidades de toda la familia. Pero ahora que “la mujer también aporta” el salario mínimo puede ser reducido.

Dijo el ingeniero que la mayoría de los trabajadores cobra entre 1 y 1,6 salarios mínimos. ¿La mayoría entre quienes? Solo entre los trabajadores formales, pues la tasa de informalidad se sitúa entre el 62% y 63% según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a mayo de 2026.

Esto significa que un incremento sustancial del salario mínimo beneficiaría solo a un tercio de las y los trabajadores. ¿Qué se gana con esto, si son una minoría los que se beneficiarán? Un aumento del salario mínimo presionará para que el sector informal también incremente los salarios.

Según el mismo INE las mujeres son las más afectadas, con tasas de informalidad que alcanzan el 64,8% frente al 60,6% en hombres. Entonces eso de que “la mujer también aporta” no implica una duplicación del ingreso familiar como falazmente afirma el representante de la patronal.

Adicionalmente, nuestro país, junto con Bolivia, Perú y Ecuador, integra el grupo de países con mayor informalidad laboral en Latinoamérica, superando el promedio regional.

Por otra parte, según el Ministerio de Industria y Comercio, más de 75% del empleo total en el primer trimestre de 2026 proviene de MIPYMES. El Registro Nacional de MIPYMES contabiliza más de 157.000 empleos formales, con 99.010 hombres y 58.339 mujeres registrados.

¡Bravo por las MIPYES! PERO. La Ley N° 7444/2025, que modifica y amplía la Ley N° 4457/2012, autoriza a estas empresas, que emplean a más del 75% de las y los trabajadores, a pagarles sólo el 80% del salario mínimo.

¿Cómo hace el 75% de las y los trabajadores para conseguir ese 20% que les falta para sobrevivir y seguir siendo explotados? Con otro empleo, muchas veces como conductor de Bolt, o como delivery. Esto significa una jornada laboral de mucho más que esas 8 horas por las que históricamente luchó la clase obrera. 

Uno se pregunta también, si el salario mínimo actual es suficiente para cubrir las necesidades de la familia trabajadora, ¿no habría que considerar superfluo a Hambre Cero, el programa insignia del gobierno Peña-Cartes?

Otra afirmación del representante patronal, es la siguiente: “vamos a regirnos por lo que dice la ley” y “lo que dice la ley es el índice de inflación al 31 de mayo”.

Hipócrita discurso de los empleadores con eso de regirse por la ley. En abril de este año, la mora empresarial con el IPS alcanzaba unos 830 millones de dólares, siendo aproximadamente 25.000 las empresas que mantenían deuda por aportes obrero-patronales. La falta de pago impide a los trabajadores acceder a beneficios como reposos por enfermedad, maternidad o accidentes. Con frecuencia el IPS emite resoluciones para exonerar recargos por mora (hasta 100% en pagos al contado) para incentivar la regularización.

Otros comportamientos patronales que se “rigen por la ley” tienen que ver con el pago de horas extras, el aguinaldo y cuestiones no monetarias como la falta de equipos de protección individual, pésimas condiciones de trabajo, acoso hacia las mujeres, despidos a quienes se atreven a asociarse para formar sindicatos, por citar solo algunos.

Algunos ingenuos han celebrado que las centrales obreras, (el representante de los trabajadores en la CONASAM encabeza una central), hayan planteado un 20% de incremento. Ignoran que las conquistas laborales no se consiguen en la mesa de negociaciones, sino en la calle. Sin movilización, sin acciones de calle, esta farsa del salario mínimo terminará como quieren los empresarios, con un 3% de ajuste (valor estimado del IPC), es decir, con unos míseros 87.000 guaraníes.