Opinión | Por Miguel Ángel Maidana

El cinismo no tiene límites.
Te apresan, te golpean,
te aíslan en mazmorras de castigo
con ratas, cucarachas
y otras porquerías
y encima se quejan
porque gritas.

Carmen Soler, Sin límites

Santiago Peña, durante su intervención en la ExpoNegocios, frente a empresarios, habló de las “dificultades de los empresarios” que muchas veces chocan “contra elementos que no le permiten progresar”. Anunció que llevará adelante “el mayor cambio en la historia de la ley laboral de Paraguay” y mencionó, además, que las centrales obreras lo acompañarán. Este acompañamiento traicionero de las centrales obreras ya lo hemos visto en el acuerdo de la Ley de Superintendencia.


Para nada extraña que —en su codicia por extender los negocios e incrementar las rentabilidades privadas— los neoliberales, empresarios oligárquicos y sus gobiernos en América Latina conciban los derechos laborales y sociales, así como a los trabajadores que luchan por defenderlos, como un estorbo para la “libertad económica”.


A partir de la primera Revolución Industrial, con el desarrollo de las manufacturas y fábricas que determinaron la aparición del trabajo asalariado, el capitalismo del siglo XX se erigió sobre la base de la explotación a los trabajadores. En Inglaterra y Alemania, a la vanguardia de la nueva era económica, las jornadas superaban las 16 horas diarias, sin descansos semanales ni vacaciones; los salarios apenas permitían sobrevivir a las familias obreras; los sindicatos, huelgas y manifestaciones estaban prohibidos; no existían indemnizaciones ni seguridad social. Esas condiciones de vida fueron denunciadas por sindicalistas e intelectuales, por igual. Los trabajadores lograron conquistas, pero pasando por represiones, muertes y sufrimientos.


Por entonces, no existían jornadas reguladas, salarios mínimos, pagos por horas extras, indemnizaciones, descansos, permisos de lactancia y maternidad, seguridad social. De modo que, siguiendo el ejemplo mexicano, surgieron los sucesivos: Códigos del Trabajo en Chile y Brasil (1931), Venezuela (1936), Bolivia (1939), Costa Rica (1943), Nicaragua (1945), Guatemala y Panamá (1947). En la siguiente década los códigos merecieron nuevos adelantos en otros países: Argentina, Cuba, Perú, Uruguay, Colombia, República Dominicana, Honduras, Paraguay. Esta conquista de leyes laborales tuvo el objetivo de establecer derechos, definir un marco en el orden burgués para frenar la organización obrera que pueda nacer del hartazgo de la explotación y el mejoramiento mínimo de la vida de los trabajadores y de sus familias. Históricamente, las leyes laborales y los derechos de los trabajadores no han impedido el emprendimiento privado, pero sí han puesto límites al insaciable apetito de acumulación de los propietarios de los medios de producción. Aún así, Paraguay, en la actualidad, es uno de los países más desiguales del mundo. Con los gobiernos mafiosos—empresariales, se han agravado el desempleo, el subempleo, la informalidad, la pobreza y la miseria. Esta forma de precarizar data de la década de los 90, en el que se desarrolla la consigna “flexibilizar” el trabajo, y se agudiza la subordinación a los condicionamientos del FMI. Los derechos históricamente conquistados en beneficio de los trabajadores pasaron a ser atacados, cuestionados y estrangulados solo en beneficio empresarial.


En Paraguay, así como en otros países del mundo, el Ministerio de Trabajo ha pasado a ser dirigido por personas que responden a los intereses empresariales y las políticas laborales dejaron definitivamente de lado el principio pro-operario, incluyendo la seguridad social, cada vez en mayor riesgo.
La carta tirada ayer por el presidente Peña, diciendo que “odia el populismo” —gran contradicción—, no es otra cosa que una receta de precarización que golpea una vez más a la clase trabajadora. Peña se pone a tono con los criminales como Javier Milei, presidente de Argentina, que se erige como moderno ídolo para quienes siguen sus ideas y creen defender la “libertad económica”, es decir, desterrar los derechos laborales de una vez por todas y reducir los impuestos a los multimillonarios.


Este es un momento en el que se agudiza la explotación y se legitima, con leyes, lo que veníamos sufriendo hace tiempo. La única seguridad es que sólo los trabajadores podrán defender y proponer una alternativa de organizar nuestras vidas de forma realmente digna. Es un proceso que solo los trabajadores organizados podrán llevar adelante.