Opinión | Por Oscar Herreros Usher


Días pasados uno de los principales medios de la prensa escrita publicó un artículo1 sobre la posible modificación de la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS). Ese texto recoge declaraciones del Presidente del Consejo de Administración del IPS, Jorge Brítez, y del Director Jurídico de la entidad, José González. Supuestamente, lo que se desea solucionar mediante esa reforma es el déficit de los servicios de salud «que están al borde del colapso». Vamos a analizar sus dichos, los cuales revelan contradicciones y dejan en evidencia algunas de las facetas del sostenido ataque contra la clase trabajadora y en favor de los grandes patrones, que viene desarrollando el gobierno del Partido Colorado encabezado por Santiago Peña.

Afirma el Sr. Brítez, que el 80% de los cotizantes aportan sobre el salario mínimo, lo cual es insuficiente para el Fondo de Salud. “El salario mínimo es un salario insuficiente para el área de salud donde se presta prácticamente el 100% de los servicios”. El salario mínimo actual es insuficiente para el sostén, alimentación y vivienda del trabajador asalariado y su familia, sin mencionar la enorme proporción de trabajadores que reciben menos que el salario mínimo y por lo tanto no aportan al IPS ni para los servicios de salud ni para jubilaciones. Un salario mínimo más elevado y con más trabajadores que lo reciban significa una masa salarial mayor y en consecuencia mayor consumo con efectos positivos en la dinámica económica capitalista. ¿Podrán los pequeños empresarios, los que emplean a menos de media docena de trabajadores, soportar un salario mínimo mayor? Se podría proponer que paguen menos impuestos y que éstos sean trasladados a los que emplean a más trabajadores, a los grandes capitalistas y a los dueños de inmensos bienes. En la práctica este tipo de soluciones resulta ilusoria, pues los grandes empresarios son los que mandan en el gobierno y nunca harán alguna cosa que vaya contra sus intereses y como siempre harán que los costos recaigan sobre las espaldas de los trabajadores.

Según la pieza periodística que comentamos, el Sr. Brítez señaló que la evasión del aporte patronal también es otra problemática que incide en el Fondo de Salud. ¿Y qué hace el Consejo de Administración al respecto? Se limita a invitar a los evasores a regularizar las cuentas perdonando las multas, sin tomar los recaudos penales que caben en su propio marco legal. Esto tiene un nombre bien conocido: impunidad. Con su actitud el IPS no hace otra cosa que estimular la evasión.

Por otra parte, recurrir a la justicia para reclamar que el patrón pague, no solo el aporte patronal sino también el del trabajador que el patrón retiene para transferirlo al IPS, puede tener extraños resultados como lo demuestra una sentencia, avalada por la Cámara de Apelación, que declaró la prescripción al cabo de un año de la obligación del patrón de aportar al IPS2. Este aberrante fallo judicial además de perdonar la evasión del aporte patronal permitía implícitamente que el patrón se apropiara del aporte obrero que había descontado del salario del empleado privando al mismo de su antigüedad como aportante al IPS perjudicando su posibilidad de alcanzar la jubilación y de utilizar los servicios de salud. Es que en una sociedad antagónica, como la capitalista, todo el poder del Estado apunta a sostener la reproducción de estas relaciones sociales en las que la clase dominante puede oprimir a los trabajadores. El derecho a la salud y a la jubilación son derechos humanos, y los derechos humanos son imprescriptibles. Pero la impunidad de la patronal se mantiene con resoluciones judiciales que declaran que el reclamo del pago por los aportes de IPS prescribe al año.

El periódico informa que el Sr. Brítez destacó también que los costos de la medicina actual no son ni comparables con lo que eran en el año 1943, cuando se creó la Carta Orgánica, y que casi el 60% del presupuesto del Fondo de Salud se invierte en enfermedades catastróficas (cáncer, trasplantes, diabetes y otros) y propuso que el Estado se haga cargo de financiar estos tratamientos, “Entonces, probablemente estaría la solución de que el Estado encuentre alguna forma de hacerse cargo del costo o de la compra de estos medicamentos y liberarle un poco al IPS, para que por lo menos nunca falten medicamentos«. Es evidente que el presidente del Consejo de Administración del IPS desconoce lo establecido en la Carta Orgánica: el Estado debe aportar el 1,5% del salario del trabajador (arts. 17.c y 22), obligación que jamás ha cumplido, desde 1943 no ha entregado al IPS ni un céntimo partido por la mitad. Ante esta realidad es de una ingenuidad asombrosa pretender que sea el Estado el que financie parte de los gastos que implica el servicio de salud del IPS.

Y en relación a la permanente falta de medicamentos, cabe recordar que el IPS tenía el personal idóneo y las instalaciones y equipos adecuados para la producción de medicamentos, al menos los básicos y de mayor demanda. Esas facilidades fueron destruidas para facilitar contratos con proveedores privados, laboratorios farmacéuticos locales e importadores y de paso desviar algo hacia los bolsillos de los directivos. Esta privatización de hecho de la provisión de medicamentos es el origen de la monstruosa deuda del IPS en este rubro.

El citado informe de prensa recoge estas palabras del Sr. Brítez: “Nosotros estamos analizando la reforma profunda de la Carta Orgánica. Tenemos que hacerlo con mucha prudencia porque existen muchos factores. Entre ellos, los sindicatos. Hay que hacer algún tipo de asamblea pública para llegar a un acuerdo final entre ellos. Pero, evidentemente, hay que hacer reforma”. El director jurídico, abogado José González informa que el borrador del proyecto de ley para la modificación de la carta orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS) – que prevé cambiar aspectos de jubilación y de los inmuebles– se presentará este mes al presidente de la República, Santiago Peña. Flagrante contradicción, no hay noticia de ninguna «asamblea pública» para discutir las reformas que se presentarán «este mes al presidente de la República». Ni con las dirigencias de las centrales obreras que dócilmente aceptarán cualquier propuesta que perjudique a trabajadores y jubilados, como lo hicieron con ocasión de la ley de Superintendencia de Jubilaciones, y mucho menos con las asociaciones de jubilados y los sindicatos que verdaderamente defienden los intereses de sus afiliados nucleados en el Frente Sindical y Social que está impulsando movilizaciones y otras acciones en contra del robo de los derechos de la clase trabajadora. El director Jurídico señaló que está avanzado el proyecto y que existe consenso sobre los cambios. ¿Consenso, entre quiénes? Será entre el gobierno y los empresarios, que no con los trabajadores, que de ninguna manera han participado en la elaboración de la propuesta de cambios.

Las modificaciones planeadas ya han sido anunciadas en otras ocasiones. Calcular el monto jubilatorio como el promedio de los salarios de los últimos 120 meses (10 años) en vez de los 36 actuales. Dicen que para evitar la avivada de hacer figurar en salario inferior al real, y así incrementar los aportes al IPS, pero lo que ocurrirá verdaderamente es que el haber jubilatorio será reducido en perjuicio del nuevo jubilado.

Otra modificación se refiere a la posibilidad de vender los inmuebles de propiedad del IPS. Con relación a los inmuebles del IPS que no generan renta, el abogado González dijo que con la modificación de la ley, se podrá ofertar estos inmuebles mediante una subasta pública. “Estamos terminando una auditoría, de cuánto vale cada inmueble y por cuánto nosotros estamos arrendando, y por cuánto se debería también arrendar”. Esto, que está en línea con lo dispuesto en la ley de Superintendencia, está pensado para favorecer a las empresas especuladoras que pululan en el mercado inmobiliario.

Si de cambios se trata creo que de parte de jubilados y trabajadores activos se podrían proponer algunos como los que siguen:

  • Representación paritaria. Igual cantidad de consejeros representantes de jubilados y activos que los del gobierno y empresarios y que el presidente del consejo sea un trabajador activo o un jubilado. Esto porque los dueños del dinero que administra el IPS son los trabajadores activos y los jubilados. Se puede argüir que los empresarios deberían tener mayor número de representantes porque ellos aportan el 16,5%, los trabajadores sólo el 9% y los jubilados apenas el 6%. Pero el aporte de los patrones no sale de sus ganancias sino que ellos lo recuperan porque lo calculan como costo de producción de los bienes o servicios que venden en el mercado y lo trasladan a los precios de venta.
  • Elección de los representantes de jubilados y de activos mediante votación universal e igualitaria. 
  • Remuneración a esos representantes con el mismo salario o haber jubilatorio que percibían en el momento de su elección. Garantías de retorno al empleo previo una vez finalizado el mandato.
  • Rendición de cuentas anual y eventual revocatoria de mandato en caso de insatisfacción con su desempeño.
  • Mecanismos para incorporar como aportantes y beneficiarios, como sujetos de la seguridad social, a la inmensa masa de trabajadores precarios, informales y por cuenta propia.

Los trabajadores y jubilados debemos estar atentos para defender nuestros derechos conquistados en todos los ámbitos, especialmente en la calle. No debemos olvidar que el gobierno como representante del empresariado y bajo comando del Fondo Monetario Internacional (FMI) está embarcado en una campaña de robo de nuestros derechos.


Referencias

  1. https://www.ultimahora.com/ante-deficit-en-salud-el-ips-reformara-la-carta-organica ↩︎
  2. https://www.abc.com.py/nacionales/2023/12/18/juezas-laborales-sientan-cuestionado-precedente-en-contra-de-jubilacion/ ↩︎