Desde tempranas horas se desarrolló otro ilegal y violento desalojo forzoso contra la Comunidad Indígena Ka’a Poty, pese a que la misma cuenta con título de propiedad y estar en trámite un Juicio de Reivindicación de Inmueble, promovido por el INDI en enero de 2021.

En el día de ayer, miércoles 3 de noviembre, la lideresa de la Comunidad Ka’a Poty Marta Díaz se reunió en Asunción con el Comisario General Inspector y Director de Prevención y Seguridad de la Comandancia de la Policía Nacional, Carlos Cáceres Ramírez, quién le aseguró que no había ningún procedimiento de desalojo en curso contra la comunidad. Posteriormente, la lideresa se reunión con el Presidente del INDI, Edgar Olmedo, quien también le garantizó que se llegó a un acuerdo entre las instituciones del Poder Ejecutivo y representantes de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado, de resguardar los derechos de la comunidad indígena y avanzar con urgencia en la mensura judicial de las tierras en conflicto, para aclarar la propiedad de las mismas.

Sin embargo, ya por la noche, el Comisario General Carlos Benítez, Director de la Policía de Alto Paraná, anunció a la lideresa que realizarían un operativo a la mañana siguiente, con 150 efectivos policiales. Este operativo se ejecutó en la mañana de hoy 4 de noviembre, sin presencia de ningún funcionario del INDI, ni de la Defensoría del Pueblo, ni de la CODENI.

En el segundo desalojo forzoso que se está cometiendo contra la Comunidad Indígena Ka’a Poty se la está privando nuevamente de los medios de vida que había logrado reconstruir: las viviendas, los dos pozos de agua cavados por la comunidad para acceder a agua potable, los cultivos. Decenas de familias indígenas quedan en la calle otra vez con sus animales.

«El Gobierno Nacional ha violado todo el ordenamiento legal, incluyendo una resolución judicial de protección de los derechos territoriales de la Comunidad Indígena Ka’a Poty que se encuentra en plena vigencia«, señala el comunicado de Ka’a Poty Resiste.

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Antecedentes

Esta comunidad había sido desalojada de forma ilegal y criminal el 15 de junio de este año. En el desalojo forzoso perpetrado contra la Comunidad Indígena Ka’a Poty se quemaron todas las viviendas y cultivos de las familias, se destruyó la escuela comunitaria reconocida oficialmente por el MEC, así como el templo comunitario. Fueron robadas todas las pertenencias de las familias indígenas, así como los muebles de la escuela. 

«Durante aquel hecho, las familias de la comunidad fueron obligadas a caminar un kilómetro y medio, escoltadas por carros hidrates, hasta orillas del río Acaray. Allí fueron abandonadas, a la intemperie, sin asistencia estatal alguna, ya que el desalojo se efectuó sin la presencia de representantes de instituciones que debían haber sido notificadas, como el INDI, la Codeni de Itakyry, la Defensoría del Pueblo. Debieron pasar allí la noche con frío de 8 grados, y a consecuencia de lo sufrido, una mujer embarazada perdió a su bebé unos días después y un niño que tenía 15 días de nacido enfermó gravemente de neumonía, debiendo ser hospitalizado por dos semanas«, señala la nota de denuncia emitida esta mañana desde Ka’a Poty Resiste.

Tras su desplazamiento forzado hasta Asunción, luego de dos meses permaneciendo en carpas en la Plaza de Armas, la Comunidad Ka’a Poty retornó a Itakyry, al lograr una restitución provisoria de tierras por resolución judicial emitida el 30 de julio y cumplida el 17 de agosto de 2021. El Auto Interlocutorio N° 258 dictado por la Magistrada del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Cuarto Turno de la Capital, admitió una Medida Cautelar de Urgencia a favor de la Comunidad Indígena Ka’a Poty, solicitada por el Instituto Paraguayo del Indígena, tras el desalojo forzoso ilegal.

«Desde el mes de septiembre, la Comunidad se encontraba bajo amenaza de un nuevo desalojo, pues dos particulares buscaban ejecutar dos resoluciones judiciales y dos mandamientos de desahucio, emitidos todos en fecha 2 junio de 2021, en dos interdictos de recobrar la posesión que no fueron siquiera tramitados. Dichas resoluciones y mandamientos fueron dictados por Emylce Ana Giménez González, la misma jueza que ordenó el desalojo ilegal de la comunidad. Además, es la misma jueza que dictó medidas de urgencia en amparos para impedir la ejecución de la resolución judicial de restitución emitida a favor de la comunidad indígena, todo violando las normas constitucionales y legales vigentes«, denuncian.

Por último, aseguran que «las violaciones de derechos fundamentales que se están cometiendo contra esta comunidad indígena son absolutamente extremas, todo lo cual es una expresión de la falta total de garantías de justicia de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en el Paraguay«.

Imágenes del desalojo realizado hoy