CON-TEXTO | Por Miguel H. López
El presidente Mario Abdo Benítez firmó su propia sentencia y la de su clase social, mezquina y rapaz. La promulgación de la Ley que modifica el artículo 142 de la Ley 3.440/2008 del Código Penal Paraguayo, a una velocidad poco usual, constituye un acto de traición al pueblo. La nueva normativa criminaliza las ocupaciones de tierras -elevando la penalización hasta 10 años- y abre una compuerta a través de la que puede pasar absolutamente todo tipo de coyunturas y circunstancias. Principalmente los campesinos y los pueblos indígenas son ubicados, de esta manera, en un limbo de incertidumbre que acumulará presión y que de detonar expandirá sus esquirlas hacia todos los rincones de la República.
Más temprano que tarde, las reacciones surgirán con un sentido imposible aún de predecir en uno de los países más desiguales del planeta. El puñal que mete el Gobierno en el costillar de los sectores más maltratados por el modelo económico de extracción y robo, es profundo, y remueve todo aquello que esencialmente más duele: el derecho a la tierra, a vivir de y en ella con dignidad y a poder alimentar desde allí a la población.
La decisión que tomaron los legisladores colorados, patriaqueridistas y un sector del liberalismo, es un crimen de lesa Patria. El argumento de la defensa de la propiedad privada no se sostiene por dos segundos. Lo que estos hampones de la política hacen es defender y blindar privilegios espurios de un pequeño grupo de oportunistas y usurpadores de recursos naturales y económicos del país. Que el 5% se imponga por encima de los intereses del 95% de la población constituye un acto inmoral y violatorio a garantías constitucionales fundamentales. La tierra debe ser primordialmente de quien la trabaja y dedicada a la producción diversa de recursos alimentarios para el país y para quienes en ella habitan.
La tierra de y para los campesinos debe estar definida y ejecutada como prioridad en la ley de cualquier República que se precie de sensata y seria; y la restitución de territorios y tierras a los pueblos indígenas, preexistentes al Estado Nacional, debe constituir una política pública de aplicación inmediata, sin chicanas ni subterfugios.
La ley aprobada por la mayoría de los parlamentarios, representantes de las oligarquías terratenientes, ganaderas y contrabandistas; y promulgada en menos de 24 horas por el presidente, hijo putativo de la tiranía stroniana, tiene como principal trasfondo la legalización y protección –blanqueo- de las casi 8 millones de hectáreas robadas por ellos al Estado como beneficiarios del dictador Stroessner, en perjuicio de la reforma agraria. Todos los argumentos a favor, son argumentos en contra del país y su posibilidad de mejorar.
Desde el inicio de la transición política en 1989, hasta la fecha, las tierras indígenas y las de los campesinos vienen siendo saqueadas e invadidas ilegalmente por ganaderos (estancieros) y productores del agronegocio de soja transgénica, muchos de ellos colonos brasileños que se imponen con la impunidad brindada por el propio Gobierno y sus secuaces. En no pocos casos estos oportunistas, ladrones territoriales, realizan despliegue de matones y civiles armados para asolar regiones y hostigar familias labriegas e indígenas que, si no son asesinadas, terminan huyendo a anillos periféricos de miseria en los conurbanos. Estos actos criminales y sus resultados son los que en realidad protege la nueva ley rubricada por Mario Abdo. Desde ningún punto de vista busca resolver el histórico problema de la tierra en el país. Por el contrario, agrega más condimentos para que el drama empeore.
Si el fuego estaba atizado por la desigualdad y la crisis socioeconómica y ambiental a que el sistema capitalista y su modelo agroexportador extractivo-destructivo someten a nuestras sociedades, con la Ley Zavala[1] (cuya familia posee tierras mal habidas bajo la dictadura y él mismo acumula más de 100 hectáreas de terreno de un Parque Nacional protegido), se vierten hectólitros de gasolina sobre una población que arde cada día, maltratada, pisoteada y saqueada por sus propias autoridades y representantes legislativos.
La configuración de los circuitos agrarios del país, los asentamientos o poblamientos campesinos en los departamentos más productivos de Paraguay y la defensa de las tierras-territorialidades indígenas, no son producto de la voluntad de los gobiernos (los 3 Poderes del Estado). Son resultado de ocupaciones y disputas que definitivamente no serán contenidas por una malparida ley que viola hasta sus cimientos la Constitución Nacional. Hoy podrán celebrar los bufetes de lobistas y los legisladores empleados de las mafias económicas y narcosojeras, pero la lucha de los pueblos –está demostrado- no para ni se acobarda ante formalidades jurídicas. Hay imponderables incontenibles que hacen funcionar la maquinaria de la historia. Porque la vida es más poderosa, importante e imponente que cualquier mezquindad terrateniente. Siempre romperá diques, arrasará traidores, sepultará oligarquías. Siempre se abrirá camino y no habrá ley escrita e injusta que la detenga, se regirá por su propia legitimidad de acción. Si hasta ayer los usurpadores y saqueadores de tierras –enfundados en autodenominaciones como legisladores, empresarios, ganaderos- conciliaban el sueño con mucha dificultad, ahora padecerán de insomnio permanente. No habrá mal que por bien no venga…
Imagen de inicio: Manifestante frente al Congreso en repudio a la ley canalla de criminalización de lucha por la tierra, 29 de septiembre de 2021. Cobertura de Adelante!
[1] Fidel Zavala (empresario terrateniente), del Partido Patria Querida y Enrique Riera (ganadero terrateniente), del Partido Colorado, son los proyectistas de la ley modificatoria que criminaliza las ocupaciones de tierra.
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