Por Miguel H. López | CON-TEXTO
La crisis sanitaria que agobia en este momento a la población, potenciada por la pandemia de Covid-19, disecciona en carne viva la realidad por la que la población atraviesa hace décadas y que encuentra uno de sus picos más críticos y criminales en estos días. No hay medicamentos ni espacios para internaciones en terapia intensiva pública que ayude a paliar los cada vez más explosivos casos del nuevo coronavirus. Las alarmas e indignaciones se disparan. Hasta el Senado pidió en una declaración oficial este jueves que se vayan el ministro Julio Mazzoleni, su viceministro Julio Rolón y su director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera.
La situación está crítica y va a empeorar, indefectiblemente, inevitablemente, dramáticamente. Esta misma realidad que vivimos en este punto de la historia ya se anticipaba hace exactamente un año, días después de declararse en Paraguay la emergencia sanitaria y de que se iniciara una dura cuarentena que provocó desocupación masiva y la mitad de la población trabajadora perdió el empleo; y los otros sectores informales empezaron a vivir los coletazos de una crisis que se profundiza con muertes y deterioro lacerante en las condiciones de vida.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria por pandemia, el Gobierno de Mario Abdo Benítez no hizo lo que debía. Al pírrico eventual acierto de declarar una cuarentena total que impidió inicialmente el contagio masivo, no siguieron otras medidas reales. Los medios y las oficinas de relaciones públicas y comunicaciones del Estado se llenaron de vocerías y declaraciones oficiales políticas, triunfalistas, sobre el caso, pero en los hechos no pasó de las palabras. El Congreso autorizó la contratación de una deuda de USD 1.600 millones de dólares (a los que se sumaron otros préstamos y donaciones que llevaron la cifra a cerca de USD 3.000 millones) para poner en condiciones al sistema sanitario público, dotarlo de la infraestructura suficiente y los requerimientos del caso para enfrentar con eficacia lo que se venía. La población colaboró y acató 3 meses de encierro, privaciones y estrés sicosocial. A poco menos de 1 año, no hubo cambios sustanciales. Los hospitales no fueron reforzados en la medida en que se requería ni se incorporaron los equipamientos y el recurso humano necesarios.
Los miles de millones de guaraníes para la pandemia estuvieron acechados y maniobrados en amañados concursos (el frustrado intento de robo a través de los insumos chinos), desvíos para necesidades no prioritarias (pago de los intereses de la deuda externa), retenciones inexplicables (luego de descubrirse la corrupción en y desde Salud con irregulares proveedoras y la tibia reacción de Mazzoleni con ningún responsable ni sancionado) Salud no compró insumos y equipamientos por meses, dejando pasar el tiempo, dejando expandir los contagios y arguyendo excusa tras excusa. El Gobierno no hizo nada a la altura de las necesidades. A la fecha las autoridades no invirtieron ni el 50% de los recursos habilitados para contener la emergencia.
La indolencia e incompetencia de Mario Abdo y su equipo ejecutivo son conocidas. Ello, sin embargo, no justifica que la población deba perdonarlo. La salud es exactamente ese umbral entre la vida y la muerte; y en los últimos meses el Gobierno acumula cadáveres en sus estadísticas –sin los abultados sub-registros- dentro del contexto de pandemia. A la fecha Paraguay se encamina en números oficiales a sus 3.500 muertos por Covid-19, con un promedio diario de 20 decesos y unos 1.000 infectados por jornada que suman en 12 meses cerca de 138.000 afectados.
Los mismos trabajadores de blanco vienen denunciando desde el inicio de la emergencia sanitaria que mucho del discurso de Mazzoleni y Abdo Benítez son pura paja, ampuloso palabrerío con verdades a medias y cifras maquilladas. Los hechos vienen dando la razón a esas alertas que se disparan cada vez con mayor asiduidad.
La escasez de insumos siempre fue una constante en este año de cuarentena, medidas sociales y distanciamiento sanitario. La insuficiencia –y ahora stock cero constante- de medicamentos, tampoco fue mayormente diferente. ¿Entonces, por qué las autoridades no hicieron algo efectivo, en vez de dedicarse a posar, instalar discurso político, perfilarse eventuales candidaturas sobre el oportunismo del éxito sanitario y malgastar, desviar o dilapidar la plata para la pandemia? Porque la vida de la gente –a excepción de su reducido círculo de aduladores, venales empresarios y familiares- no les importa. Si fuera lo contrario, cada guaraní prestado estaría invertido en el sistema de salud que incluye los hospitales del Ministerio y el Instituto de Previsión Social, preferentemente.
Con absoluta necedad, asesorado por su supina ignorancia de la realidad del país y su casi nulo respeto hacia la población, el Presidente de la República perifoneó, antes que en materia de procedimientos y asistencia Paraguay tenía el mejor sistema de salud del mundo; y en estos días que no se ven los cadáveres en las calles que cierto sector esperaba. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver.
El problema empieza a estallarle en la cara. En todos los hospitales de la República no hay camas para Terapia Intensiva y la escasez de remedios es tal que los familiares de enfermos reaccionan con indignación y desesperación; el director del INERAM, principal nosocomio de referencia para la Covid-19, puso su cargo a disposición ante la presión de los reclamos y para este viernes 5 de marzo la población se autoconvoca a la tarde en la zona del Parlamento, en el centro de la capital del país, para manifestarse y reclamar respuesta urgente ante el colapso del sistema de salud.
Marzo suele ser un mes de agitación social y protesta. El año pasado la pandemia impidió las grandes movilizaciones, esta vez el Gobierno con su inoperancia agita a que la gente se vuelque a las calles desafiando el riesgo y la declaración de emergencia, como si ya no hubiera nada que perder…
Esta situación de crispación e insostenibilidad del colapso por causa del incumplimiento del Gobierno, indujo el jueves al Senado de la Nación a pedir a la plana mayor de Salud Pública a renunciar. La soberbia del ministro Mazzoleni, en contrapartida lo llevó a responder que no dimitirá y que el pedido de los legisladores es por ignorancia de lo que pasa en el sistema sanitario. Juego de palabras absurdo. La inoperancia, la corrupción por acción y omisión y la poca labor en función a establecer las mejores condiciones posibles para la salud de la población están expuestas cada día. ¿O acaso en toda la región Paraguay no es el único país que todavía no vacunó a su población civil en contra del nuevo coronavirus, cuando las naciones vecinas lo vienen haciendo desde fines de enero? ¿Que la máxima carga de inmunológicos llegada al país no fue superior a 4 mil dosis, como una burla monumental? Mazzoleni, el Gobierno, Mario Abdo, su equipo, no hicieron las tratativas y negociaciones internacionales como requería el momento. La timorata gestión quiso beneficiar a las empresas farmacéuticas a realizar el operativo y lucrar con la necesidad y desesperación de la población; no asumiendo que es responsabilidad única del Estado la tarea por tratarse de un asunto de salud pública. A la fecha todos los anuncios de llegada de vacunas en cantidades superiores a 4 mil fueron falsas.
Las autoridades sabían que este momento iba a llegar y no lo previeron. Alimentaron la crisis y ahora pretenden culpar a la población de los picos de contagio. En lo que debemos reparar es en por qué el sistema sanitario no tiene las condiciones necesarias para absorber la demanda cuando se tuvo-tienen los recursos para eso, pero no se actuó a tiempo.
El colapso del sistema y el aumento de las muertes prevenibles por esa causa tienen responsables que deberán hacerse cargo de sus acciones y omisiones. La impunidad no debe ser su tabla de salvación. La población debe organizarse y pedir rendición de cuentas al Gobierno, a su equipo, y exigir que responda con eficacia a las necesidades urgentes por las que atraviesa la mayoría. Es momento de demandarles que hagan lo que juraron sobre la Constitución Nacional; u obligarlos a abandonar el cargo.
Imagen de inicio: La edad de la ira, óleo de Oswaldo Guayasamín.
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