Lo ocurrido en la cárcel de Tacumbú el pasado 16 de febrero, dejando como saldo 7 muertos, generó una situación aterradora tanto dentro como fuera del penal. Familias desesperadas de incertidumbre clamaban saber sobre sus seres queridos recluidos en aquel infierno, retratando la violencia extrema y cotidiana que caracteriza al sistema penitenciario paraguayo y que afecta a toda la sociedad.
Fuentes oficiales afirman que el hecho fue motivado por el traslado de los presos Orlando Benítez Portillo y Armando Rotela, este último líder del clan Rotela, uno de los que maneja Tacumbú, luego de haber sido filtrado un plan de fuga que los involucraba. El revuelo había sido iniciado por este motivo al que se sumaron la exigencia de trato igualitario en las cárceles y de una mejor alimentación. Fueron tomados como rehenes 18 guardia cárceles posteriormente liberados tras acordar con la ministra de justicia, Cecilia Pérez, que no habría represalias. La ministra adjudicó parte de las muertes a conflictos y ajusticiamientos entre internos, mencionando el asesinato de un preso en represalia por haber matado a su hijo de 7 años.
Este hecho es parte de una situación de violencia extrema y cotidiana que también involucra a cerca de 11 mil personas presas sin juicio previo y sin condena, es decir, a quienes corresponde constitucionalmente la presunción de inocencia. La gran mayoría de estas personas proviene de sectores empobrecidos y vulnerabilizados. Durante su privación de libertad se ven restringidos otros derechos que exceden a la libertad personal.
Es una cifra verdaderamente criminal que equivale al 75% de las más de 14.000 personas presas en Paraguay. La indefinición de procesos judiciales es una de las tantas faltas graves que ubica a nuestro Estado entre los primeros del ranquin mundial en vulnerar los derechos de personas privadas de libertad.
Esta violencia extrema y otras violencias cotidianas también involucran a personas privadas de libertad cuyos procesos judiciales han sido pisoteados de comienzo a fin derivando en condenas que carecen de fundamentos legales, como es el caso de los 6 luchadores campesinos, presos políticos acusados por participar del secuestro de Cecilia Cubas y condenados sin ni una sola prueba que sea capaz de demostrarlo.
La criminalización de la pobreza es la base de un sistema judicial quebrado y de un modelo penitenciario inhumano.
En una audiencia pública en el parlamento en julio de 2017, el abogado Roque Orrego, como titular del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), declaraba: “¿Por qué nos interesa tan poco la gente a quienes se les aplica el sistema penitenciario tan salvajemente?, a quienes se les encierra sin un médico, sin un psicólogo, sin una cama. ¿Quiénes son los que están presos, a quiénes se criminaliza en Paraguay? Es a la gente que no tiene acceso a políticas de trabajo y que cae en un modelo de delincuencia (…) Estamos encerrando a los que no importan en las políticas públicas por lo tanto tampoco importan cuando viven encerrados. Este es un sistema de manejo de la exclusión social que provoca un sistema político y económico que no se ocupa de poner vigente el Estado social de derecho”.
Las personas privadas de libertad por el Estado paraguayo diariamente son vulneradas en sus derechos más elementales como el acceso al agua para beber o bañarse, a elementos de aseo básico, a las letrinas, ya que no todas las celdas cuentan con propias. La alimentación en las cárceles es totalmente deficiente. Se ha constatado personas recluidas que presentan malnutrición y desnutrición. Tampoco cuentan con sistemas adecuados de ventilación y hay casos en que ni tienen acceso a luz natural.
Debido a la desarticulación entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud, las atenciones sanitarias son desiguales e ineficientes y generan inequidades tremendas. Las personas recluidas no cuentan con la provisión de medicamentos básicos ni de rutas estandarizadas para la actuación en casos de urgencia y emergencia, además de no contar con ambulancias, situación que afecta a todas de las instituciones penitenciarias dificultando aún más la derivación inmediata a centros de asistencia médica, tal como expone una investigación presentada en el 2020 por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
Una muerte por semana en custodia del Estado
Según los estudios del MNP, en el periodo 2013-2020 se han registrado 392 muertes de personas privadas de libertad en las 18 penitenciarías que dependen del Ministerio de Justicia, lo que equivale en promedio a por lo menos una muerte por semana. Las causas principales se deben a enfermedades tratables y curables, o a la falta de seguridad en las cárceles más pobladas. La mitad de las muertes registradas en dicho periodo ha sido de personas menores de 35 años. En general son muertes jóvenes. También han sido registradas 7 muertes de personas con menos de 18 años y 19 personas entre 65 y 75 años.
El 57% de las personas fallecidas en el sistema penitenciario y adolescente se encontraba cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, por ende, no tenía condena.
Tacumbú es la mayor cárcel del país, llegó a albergar a más de 4000 personas teniendo capacidad solo para 1500. Actualmente 2.459 personas se encuentran recluidas en este penal. De las 139 muertes registradas en esta cárcel durante el periodo 2013-2020, una persona falleció como producto de una huelga de hambre en reclamo de atención judicial y 5 se suicidaron, 82 están relacionadas a la falta de atención a la salud (59%); 39 personas fallecieron por falta de medidas de seguridad (28%) asesinadas por otros presos; 11 fallecieron en siniestros como incendios o electrocución (7,9%); y una falleció por uso de la fuerza legal por parte de agentes penitenciarios o policías (0,7%).
La Penitenciaría Regional de Ciudad del Este es la segunda con más muertes, 31 de las cuales 19 están relacionadas a vulneraciones del derecho a la salud (61,3%) y 11 a falta de medidas de seguridad ante la violencia intracarcelaria (35,5%). En las penitenciarías de San Pedro y Concepción, la mayor causa de las muertes está relacionada a la falta de medidas de seguridad frente a la violencia entre personas recluidas.
De las 392 personas que murieron bajo custodia del Estado paraguayo, 379 eran de sexo masculino, 12 de sexo femenino y una persona identificada trans por su alias registrado (ya que la penitenciaría no realiza una identificación de trans). En el caso de las mujeres el 50% de los fallecimientos se relaciona a cuestiones de salud, siendo la segunda causa el suicidio o la omisión en la posición de garante ante suicidios. Diez de las 12 muertes fueron en la cárcel Buen Pastor. Durante el periodo 2013-2020, también se ha registrado la muerte de 10 indígenas privados de libertad, 6 de la etnia Pai Tavyterá, 3 Avá guaraní y 1 Mbyá guaraní.
En su informe titulado “Muertes bajo custodia” es contundente el Mecanismo Nacional al concluir que “en las penitenciarías existe una mortalidad reprochable, prematura y evitable”. En más de doscientas (200) de estas muertes registradas no se abrieron causas penales para determinar eventuales responsabilidades.
La ley como herramienta de control y represión de los sectores empobrecidos
El Estado paraguayo ha afrontado la crisis sanitaria agudizada por la Pandemia de la Covid-19, utilizando al sistema penal como principal herramienta de control y represión. El Ministerio Público imputó al menos, a unas 3000 personas que habrían violado las medidas establecidas por varios decretos presidenciales.
El informe de la Codehupy (2020) sobre debido proceso advierte que “esta acción ha sido posible debido a la tipificación prevista en una ley especial o ley penal en blanco que sanciona delitos contra el medio ambiente. De esta manera el incumplimiento de un decreto presidencial pudo ser objeto de persecución penal, a partir de la aplicación de un artículo previsto en la ley referida que establece una sanción de hasta 18 meses de pena privativa de libertad y multas que van de 100 a 500 jornales.”
Para octubre del 2020, 309 personas ingresaron al sistema penitenciario por violación de la cuarentena sanitaria, con la medida de prisión preventiva, reforzando con esto la práctica instalada en el Estado sobre el uso del sistema penal para el manejo de casi cualquier situación de conflicto o crisis.
De todos los procesos iniciados se desconocen las circunstancias fácticas que habrían llevado a las personas a violar las restricciones de circulación, pero se puede inferir que gran parte se ha visto obligada a circular por las calles debido a la ausencia de ingresos económicos que garanticen el acceso a los requerimientos básicos de subsistencia.
Los costos de la corrupción
La Plataforma de DDHH, Memoria y Democracia, en un comunicado público responsabiliza al Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Corte Suprema de Justicia que operan alineados al actual gobierno de Mario Abdo, por lo ocurrido el 16 de febrero en Tacumbú, “que nuevamente permite que los costos de su corrupción sean pagados con la vida de los más violentados por el sistema perverso que promueve la injusticia y los negocios ligados al narcotráfico en las cárceles del país”.
Expresando a la vez solidaridad con los presos y familiares de dicha Penitenciaria, así como con los trabajadores y trabajadoras guardia cárceles que además de la precarización laboral se exponen a situaciones extremas donde las instituciones no garantizan su integridad física y psicológica, concluye: “El Gobierno de Mario Abdo Benítez es responsable de las muertes de estos ciudadanos paraguayos que no contaron con la protección del sistema penal y que como la mayoría de los reclusos no tienen ninguna posibilidad de respeto en sus derechos humanos”.
Sociedad en riesgo
La crisis del sistema penitenciario genera condiciones propicias para el fortalecimiento de grupos como el PCC y Clan Rotela que se valen de las carencias estructurales para captar adeptos y con ello afianzarse dentro y fuera de la cárcel.
Mientras el Estado no se haga cargo de implementar estrategias interinstitucionales que aborden este problema social de raíz, desde una planificación seria y responsable, la violencia institucional seguirá reproduciéndose en otras múltiples formas de violencia, azotando con mayor brutalidad siempre a las poblaciones más vulnerabilizadas, que por el contrario, deberían ser las más protegidas en un Estado que se reclama de derecho.
Tal como expresa la Coordinadora de Derechos Humanos Paraguay en su Informe 2019, “las personas privadas de libertad están expuestas de manera constante y sistemática a la vulneración de sus derechos, a la desigualdad y a la injusticia. Esta situación propiciaría las condiciones para formar parte de grupos criminales, nacionales e internacionales, que se encuentran instalados dentro del sistema penitenciario. Mientras, el Estado, en lugar de tomar acciones para prevenir el fortalecimiento de estas organizaciones en las cárceles, se ocupa solamente de intentar reprimir los síntomas del problema, dando respuestas de emergencia y no soluciones estructurales”.
Y este escenario no solo pone en riesgo a la población privada de libertad, sino a toda la sociedad en su conjunto que tarde o temprano pagará la histórica deuda de violación de derechos básicos hacia un sector importante de la población paraguaya.
Foto de inicio: Familiares de personas presas en Tacumbú, al día siguiente de lo ocurrido el 16 de febrero de 2021. Cobertura de Adelante!
Fuentes:
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (2020). “Muertes bajo custodia” Registro Nacional de personas fallecidas en instituciones de privación de libertad 2013 – 2020. Asunción: Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura. Versión digital: http://www.mnp.gov.py/index.php/investigacion-social/2015-08-23-04-09-46/func-startdown/435/
López, X y Mendoza, J (2019). “Derecho al trato humano a las personas privadas de libertad”. En Yvypóra Derécho Paraguáipe – Derechos Humanos en Paraguay 2019. Asunción: CODEHUPY. Versión digital: http://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2019/12/DDHH-2019_SEGUNDA-Edicion-DIGITAL.pdf
López, X y Von Lepel, S (2020). «Derecho a la seguridad ciudadana. El año en que las políticas de seguridad ciudadana también fueron a cuarentena». En Derechos Humanos en Paraguay 2020. Asunción: CODEHUPY. Versión digital: http://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2019/12/DDHH-2019_SEGUNDA-Edicion-DIGITAL.pdf
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (2021). “Personas privadas de libertad en Paraguay”. Publicado en: http://www.mnp.gov.py/index.php/investigacion-social/2015-08-23-04-10-39/func-startdown/449
Plataforma de Derechos Humanos, Memoria y Democracia. https://www.facebook.com/plataformaddhh/
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