Marito de la corrupción

Por Miguel H. López | CON-TEXTO

El Gobierno de Mario Abdo Benítez –Marito, a la sazón- es campeón en hechos de corrupción; pese a que hubo mandatarios cuyas gestiones estuvieron remachadas de asaltos al erario público y repujadas con impunidad y omisiones. Para coronar el estandarte, el actual presidente de la República asume que no asume ninguno de los casos graves de robos al Estado perpetrados por gente de su entorno, en función pública, finge demencia y se desentiende de actos que tienen que ver con su gestión y modo de administrar los recursos del Tesoro.

El 2020, año difícil para todo el mundo y en donde los cuatreros de guantes blancos siguieron medrando, se despidió en Navidad con el escándalo del acuerdo bajo mesa del entonces Procurador General del Estado, Sergio Coscia. Aludiendo mecanismos extrajudiciales, cerró un acuerdo de pago de USD 7 millones a la empresa Texos Oil para cancelar la demanda contra Petropar (Petróleos Paraguayos) por supuesto daño y perjuicio por responsabilidad contractual (por un contrato que según los registros nunca se firmó), reclamando el pago de USD 30 millones. Luego de conocido el entuerto, el Gobierno anuló la decisión. Coscia renunció molesto, alegando que lo hacía para salvaguardar su honor y el de la familia. No pidió disculpas en nombre del Gobierno que representaba por la acción perpetrada que pudo perjudicar aún más al país. El Presidente solo guardó silencio, se hizo el chancho rengo y miró al costado sin hacerse cargo de la acción venal de los funcionarios involucrados (el acuerdo también llevaba la firma del entonces presidente de Petropar, Denis Lichi, quien sigue en su puesto). La dimisión del Procurador dejó el tema en aguas de borraja.

Antes de que el caldeado caso de fin de año se enfriara, enero de 2021 fue inaugurado con otro escándalo de corrupción del Gobierno de Abdo. El Jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, el sobreviviente de muchos gobiernos colorados y muchos casos de denuncias por corrupción, Juan Ernesto Villamayor, quedó expuesto internacionalmente al revelar una investigación del periódico estadounidense The Washington Post, el 4 de enero, que la representación del autoproclamado y espurio presidente de Venezuela, Juan Guaidó, había negociado un acuerdo sobre la deuda de Paraguay con petrolera del país caribeño. Esta salida suponía una comisión de USD 26 millones al exejecutivo petrolero Javies Troconis, puesto por Guaidó para negociar. Resultó que este intermediario también es abogado de un pariente del presidente paraguayo en la República Argentina. El mismo Guaidó tiró la carga sobre Villamayor, quien esta semana fue interpelado en el Congreso, precedido de una serie de contradicciones sobre el tema. El presidente Abdo solo miró al costado y tampoco emitió opinión sobre el asunto que expone a su Gobierno internacionalmente.

Ambos casos de reciente conocimiento están antecedidos de una retahíla de hechos y denuncias de corrupción de los que Abdo tampoco se hizo cargo. Este gesto deja una señal muy clara de no-castigo (de impunidad) a quienes encaran todo tipo de acciones –directas o indirectas- para robar al Estado usando medios legalmente diseñados, como las licitaciones dirigidas, o la producción de documentaciones a medida, hasta con contenidos falsos, para echar en gorra la plata pública proveniente del impuesto de la población.

A poco más de 2 años de gestión (en agosto de 2021 cumplirá 3 de 5), Abdo ya estuvo envuelto en numerosas causas, incluso bajo amenaza (a los 1 año de mandato) de un juicio político –del que se salvó con arteras negociaciones aceitadas con todo tipo de incentivos- por el grosero caso de entrega de soberanía energética en Itaipú (venta de energía) a familiares del controvertido ultraderechista presidente brasileño Jair Bolsonaro, con la firma de un acta secreta, donde estuvo metido hasta la cabeza el vicepresidente Hugo Velázquez, conocido por sus manejos poco transparentes y no sujetos a la legalidad. Entonces sus reacciones –Abdo y Velázquez- no fueron de asumir la trapisonda de lesa patria cometida, sino se dedicaron a justificarse y a lloriquear –literalmente- para no ser destituidos del poder. Bolsonaro le tendió una mano y acordó anular el documento, quedando puesta una deuda de fineza cuyo pago podría perjudicar al Paraguay en la renegociación del tratado de Itaipú en 2023, todavía bajo el actual gobierno paraguayo.

Los casos fueron muchos. Un repaso rápido de los más sonados puede darnos la idea aproximada de cómo, ni en extrema crisis generada por una pandemia mundial que amenaza la vida y la economía de los países y la gente, los corruptos dejan de perjudicar y de robar; y que al presidente Abdo no le da frío ni calor lo que ocurre, quedando por omisión cuando no por acción pegado a la corrupción que no castiga:

  • El caso del narco Reinaldo Cucho Cabaña (quien aparece en una ya emblemática foto con Abdo) provocó la renuncia de la entonces ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Decomisados (Senabico), Karina Gómez, al quedar enredada en el desmadre ocurrido sobre el manejo y destino de los bienes del procesado, de cuyo destino en varios casos no se tiene información cierta.
  • Fato en el Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra). El entonces presidente de la entidad, Horacio Torres, se vio forzado a renunciar luego de descubrirse la existencia de coimas para entregar tierras.
  • Ministros con testimonio falso. Varios de los ministros del gabinete de Abdo fueron denunciados por declaración falsa de bienes ante la Contraloría General de la República. Los señalados fueron la ministra de Trabajo, Seguridad Social y Empleo, Carla Bacigalupo; el ministro de Educación, Eduardo Petta; el entonces ministro de Vivienda, Dany Durand; el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela y la ministra de la Mujer, Nilda Romero.
  • Punta del iceberg de casos vinculados a la pandemia. En Petropar y en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) fueron descubiertas las sobrefacturaciones en la compra de tapabocas y partidas innecesarias de agua tónica. Los responsables dimitieron a sus cargos: Edgar Melgarejo a la dirección de la DINAC; y Patricia Samudio a Petropar.
  • Corrupción en compra fallida de insumos. Salud, con el ministro Julio Mazzoleni a la cabeza, adquirió insumos que no reunían los estándares y requisitos para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus, a mediados del año pasado. El caso denunciado por diputados que fiscalizaron las entregas generó una avalancha de circunstancias que evidenciaron una serie de irregularidades en las compras y la existencia de una rosca estable que gana las licitaciones sanitarias incluso falseando documentos, saltando procesos y ejecutando acciones ilegales. La Contraloría reveló que casi la totalidad de los procedimientos estaban viciados y nulos. Un tibio sumario sin castigo fue el colofón del escándalo gubernamental que puso en riesgo a la población y altos volúmenes de dinero público.
  • La llamada Pasarela de Oro. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a cargo del ministro el expastor evangélico Arnoldo Wiens, precandidato presidencial por el movimiento Colorado Añetete que lidera Abdo, construyó sobre la autopista Ñu Guazú un puente-pasarela con diseño en metal de un falso típico ñandutí (en realidad son imágenes bajadas de diseños de encajes en Internet), a un costo varias veces superior a lo que según especialistas costaría: USD 2 millones de dólares. Como padrino en la licitación estuvo involucrado Jorge López Moreira, cuñado del Presidente de la República, para que ganara como única oferente la empresa Engineering S.A. Tanto el mandatario como el ministro eluden asumir responsabilidad y abrir investigación.

Los calificativos sobran, se decantan solos. El actual Gobierno tiene méritos sobrados para ser investigado, puesto ante los tribunales y pagar su culpa. Acciones y omisiones vinculadas a casos de corrupción sobran. Los últimos ya ponen pie incluso en el escenario internacional. La imagen del Paraguay, gracias a su actual presidente y equipo está embadurnada por el bochorno y la vergüenza.

El manejo de la cosa pública debe ser auditado y los responsables de su mala administración, por acción directa, intelectual o apañamiento –robo, desvío, etc-, castigados con la cárcel, la devolución de los bienes mal habidos y la inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida junto con sus familiares en consanguineidad directa. Será justicia.

Imagen de inicio: Ilustración de JooHee Yoon, extraída de la web.

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