Escritores repudian imputaciones por manifestación a referentes del arte y los DDHH

En la tarde de ayer, el Ministerio Público informó sobre nuevas imputaciones a participantes de una manifestación en repudio por el asesinato de dos niñas cometido por fuerzas del gobierno. Miguel Ángel Fernández, reconocido poeta y teórico literario, y Diana Bañuelos, representante de coordinadora de víctimas del stronismo, se encuentran entre los imputados.

En un comunicado, la Comisión Directiva de la Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP), expresó su rechazo a esta medida violatoria de derechos constitucionales: “Preocupa que el Ministerio Público extienda la imputación a personas que simplemente acudieron a manifestarse, conforme a los derechos de libre reunión y libre expresión, consagrados en la Constitución Nacional, sin que exista constancia alguna de que los mismos hayan sido parte de los hechos puntuales de las pintadas en las paredes y la quema del pabellón“.

Asimismo, expresaron su solidaridad y apoyo al reconocido poeta, teórico periodista, crítico de arte, profesor de la Universidad Nacional y luchador social, Miguel Ángel Fernández, de 82 años de edad, quien participó dando un discurso en la manifestación convocada el pasado 5 de setiembre en repudio al terrorismo de Estado cometido con el asesinato de dos niñas de 11 años perpetrado por fuerzas del gobierno. Dicha protesta terminaría con la quema de una bandera paraguaya y la pintata de las paredes del Panteón de los Héroes.

Yo fui a manifestar mi repudio al gobierno por el asesinato de estas dos niñas. Eso expresé esa mañana frente al Panteón y luego me retiré a descansar a mi auto, antes de que ocurran las pintatas y la quema de la bandera“, indicó Fernández. Considera que esta serie de imputaciones arbitrarias “buscan desviar la atención sobre la responsabilidad del Estado por el crimen cometido” y son propias de un gobierno “de tinte stronista”.

En la tarde de ayer, el Ministerio Público informó sobre la imputación del escritor, así como de la defensora de DDHH y dirigente del Partido Febrerista, Diana Bañuelos, por “violación de la cuarentena”. Además anunciaron que ampliarán la lista de imputados y pedirán que se les aplique arresto domiciliario.

La Sociedad de Escritores expone en su pronunciamiento que el hecho de que ambos referentes “hayan estado presentes en el lugar y hayan pronunciado discursos críticos ante el caso de las niñas fallecidas, no los hace cómplices del delito investigado“.

Agregaron que es llamativo “que la Fiscalía no aplique el mismo rigor de sanción legal a autoridades del Gobierno y a miembros del Partido Colorado que también han aparecido en actos públicos, con gran concurrencia, haciendo uso de la palabra sin usar tapabocas. Nos preocupa que estas imputaciones obedezcan a una persecución política y a una selectividad punitiva ante el ejercicio del derecho a la manifestación, que evoca lamentables prácticas autoritarias de abuso de poder y de instrumentación de la Justicia, como en la negra época de la dictadura“, señala la SEP.

Avanza la criminalización como cortina de humo ante un crimen de Estado

Este lunes, la Fiscalía emitió también una orden de captura internacional con fines de extradición contra tres jóvenes imputadas por los delitos de “Daños a Bienes de Patrimonio Cultural, Perturbación de la Paz Pública y Violación de la Cuarentena Sanitaria”, por haber pintado las paredes del Panteón de los Héroes y haber quemado una bandera, con expectativas de penas que pueden llegar hasta los 10 años de cárcel. Una de las jóvenes imputadas se presentó esta tarde a una unidad fiscal y ya está detenida.

Hasta la fecha, no existe ni un solo policía, militar o agente fiscal investigado por el asesinato de las dos niñas de 11 años durante el desastroso operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta. Agentes fiscales admitieron haber destruido pruebas fundamentales, las autoridades se contradijeron sobre la existencia de videos del operativo y las autopsias practicadas a las niñas que fueron enterradas sin identificación oficial dos horas después de su asesinato. Los familiares de las niñas alegan que antes fueron torturadas y posteriormente vestidas con uniformes militares para simular que fue un enfrentamiento con el EPP, haciendo alusión a la histórica práctica de los “falsos positivos” que los gobiernos terroristas aplican para perseguir luchas sociales, justificar sus millonarios presupuestos y su accionar criminal.

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