Intereses ganaderos y una suma de complicidades y negligencias institucionales mantienen a toda a una comunidad indígena del Pueblo Guaraní Ñandeva sin agua potable, en plena pandemia del COVID-19. Se trata de la Comunidad Loma, habitada por sesenta y cinco familias en la zona de Infante Rivarola, distrito de Mariscal Estigarribia, a unos ochocientos kilómetros de Asunción y siete de Bolivia.
En noviembre de 2018, los pobladores de Loma habían conseguido la perforación de un pozo, que mediante una motobomba, resolvería el drama de la escasez de agua potable de la comunidad que desde el 2010 soporta la agresión constante de empresas ganaderas de la zona, denunciadas por deforestación y otros delitos. «Ni bien se enteraron los ganaderos, consiguieron en tiempo récord una medida judicial para no innovar y presentaron una nota a la ANDE, donde pedían expresamente que no se coloque el medidor que iba a permitir que funcione la bomba de agua«, nos cuenta Emilia Cano, representante legal de la Organización del Pueblo Guaraní Ñandeva.
«Durante el 2019 solicitamos al juzgado el levantamiento de las medidas que impiden a la comunidad contar con agua potable, una carencia que ahora con la pandemia se agrava mucho más, pero el juzgado no se pronuncia«, denuncia la abogada.
Por su parte, la Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia señaló hoy en una denuncia pública que «la situación en la que se encuentran las familias que integran esta comunidad indígena es la muestra clara de la violencia estructural a través de la cual se logra despojar a las familias indígenas de sus territorios, expulsándolas a sufrir en las ciudades, vulnerando sus derechos colectivos«.
Antecedentes
La comunidad está asentada en 10.079 hectáreas de tierras fiscales que solo pueden ser transferidas a sujetos de reforma agraria y son de dominio ancestral del Pueblo Guaraní Ñandeva. En 1984, el extinto Instituto de Bienestar Rural (IBR) declaró este dominio (Resolución N° 640/84) Colonia Nacional Indígena, pero 36 años después el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) sigue sin titularla en favor de la comunidad, violando el derecho a la propiedad comunitaria garantizado por la Constitución Nacional.
Pretendiendo la apropiación de estas tierras indígenas mediante amenazas y amedrentamiento sistemático, empresas ganaderas propiedad de Miguel Ángel Genaro Muñoz Armas, Kurt Raimund Friesen Schroder y Orkar Hein Ratzlaff, invadieron la comunidad en el 2010, iniciando además un proceso de deforestación que a la fecha se ha llevado más de 3.300 hectáreas de bosque nativo, cerca de la mitad de los bosques de Loma.
Para asegurar su plan de apropiación ilegal de tierras indígenas ancestrales y bosques nativos, los ganaderos se han valido de civiles armados que actúan como mercenarios a sueldo amedrentando, hostigando y violentado a las familias de la comunidad, algo que ha sido sistemáticamente denunciado por la Organización del Pueblo Ñandeva (OPÑ).
Bajo la presión hostil de estos invasores, y sin amparo de los organismos judiciales, las familias indígenas se vieron forzadas a retirarse de la Comunidad Loma, encontrando refugio en las comunidades de Damasco y Jericó, en la zona de Laguna Negra. Fueron obligados a abandonar sus bosques y territorios, pese a que en el año 2011 el INDERT desestimó la posibilidad de adjudicación de las tierras a estos ganaderos, ocupantes ilegítimos, intimándolos a «deponer la intención posesoria por constituir patrimonio indiscutible de la Comunidad Indígena Loma”, (Res. N° 2413/11, 2414/11 y 2415/11).
No satisfechos con ello, los ganaderos invasores promovieron en el año 2018 juicios contra el INDERT y el INDI “por retención de inmueble por cobro de mejoras”, logrando que el Juzgado de 1ra. Instancia Multifuero de Mariscal Estigarribia les otorgue medidas cautelares de no innovar.
Con esta resolución judicial, están impidiendo a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) colocar el medidor que se necesita para hacer funcionar la motobomba que posibilitaría a la comunidad sacar agua del pozo para beber, asearse y cultivar.
«El actual Juez Interino es Oscar Fabián Gómez Melgarejo, quien debería dejar sin efecto dichas medidas cautelares de inmediato, por arbitrarias, desproporcionadas y lesivas de derechos fundamentales de carácter vital, como es el derecho humano al agua, más aun existiendo una pandemia de COVID-19 que torna imprescindible que todas las comunidades indígenas cuenten con acceso a agua potable«, señaló esta tarde en una denuncia pública la Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia.
Fotografías: Gentileza de la OPÑ.
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