Por Miguel H. López
Como si la pandemia y el Gobierno que tenemos no fueran suficiente azote, algunos legisladores colorados pretenden echar en gorra los derechos laborales de los y las trabajadores.
Sí, así como suena. Los diputados Miguel Ángel Del Puerto y Raúl Latorre presentaron esta semana un proyecto de Ley Que establece un régimen excepcional de contratación y terminación de la relación laboral durante la emergencia sanitaria por la COVID19. Aunque en sus argumentaciones y justificaciones alegan que será provisional, que durará lo que dure la emergencia sanitaria; y que no afectará conquistas históricas de la clase obrera sino brindará oportunidad y generará nuevas plazas de empleo, en la práctica transita el mismo sendero que iniciativas anteriores de sectores oligárquicos y empresariales: eliminar los derechos y garantías laborales [1].
No significa que ya no se vengan dando desregulaciones y flexibilizaciones indirectas –aunque de efecto directo- en las relaciones trabajador-patronal en ámbitos públicos y privados. Sabemos que el medio tiempo, las “prestaciones de servicio”, el salario en negro, el no pago al seguro social, subterfugios como el primer empleo, y otras prácticas ya vienen siendo tácticas deshonestas del mismo paquete, pero fuera de la ley. No obstante, lo de ahora es una nueva manera de buscar tomar por asalto el derecho laboral y darle etiqueta legislativa.
¿De qué estamos hablando? La propuesta Del Puerto-Latorre se pinta, hasta si se quiere, de altruismo y fuerte patriotismo para atenuar el golpe. Habla de una vigencia limitada que abarca lo que dure la emergencia por pandemia, que según los expertos no se sabe hasta cuándo irá, ni siquiera hay posibilidad de conocer si será permanente o escalonada con idas y venidas conforme al comportamiento del nuevo coronavirus (2019-nCoV o SARS-CoV-2) [2]. También explican sus proponentes que solo afectará a trabajadores de entre 18 y 24 años; y a partir de los 45. En el primer rango de edad alegan que es para dar oportunidad a obtener el primer trabajo y en el segundo, permitir emplearse a una franja de población que el sistema absorbe con mayor dificultad. Además, se apresuran en aclarar que la propuesta de ley es aplicable solo para la generación de nuevos emprendimientos y para los nuevos puestos que sean creados. Que desde ningún punto de vista busca vulnerar derechos garantizados en el Código Laboral.
Esta explicación es un buen ejemplo de sofisma, razonamiento lógico con premisa cierta o tramposa, que conduce a una conclusión errónea revestida de sentido de verdad con el fin de confundir y embaucar. Por más de que aleguen la excepcionalidad del momento, existe en Derecho lo que se llama especialísimo, como los que sostienen la legislación de la niñez y la adolescencia, la ambiental o la misma laboral. Son aquellos asuntos humanos que por su naturaleza y vulnerabilidad requieren protecciones específicas y particularizadas, justamente para dar la más amplia garantía y protección a quienes en este caso son el bien que busca salvaguardarse: el/la trabajador/a y sus componentes más sensibles como el salario básico digno y justo, el descanso, las vacaciones pagas, las 6-8 horas laborales, el ocio, la estabilidad, el pago justo por despidos o rescisiones, la progresividad de los beneficios, bonificaciones, etc. Cuando hablamos de derechos laborales hablamos de garantías fundamentales –encuadradas dentro de los esenciales DDHH- que deben permitir al trabajador o trabajadora el reaseguro de que no será víctima de ningún abuso o violación en la relación de trabajo y de producción. En la historia de la humanidad, este es uno de los derechos configurados sobre la base de sufridas conquistas de la clase trabajadora a través de históricas, épicas y trágicas luchas que se cobraron miles de vidas y en cuyo sostenimiento siguen pereciendo miles desde los gremios, las protestas y las huelgas.
Entonces, el nuevo proyecto de ley que busca flexibilizar, disminuir, menoscabar derechos ya consagrados en el Código Laboral, leyes complementarias, reglamentarias y sucedáneas, es aparte de inconstitucional, un ataque directo a la esencialidad de los trabajadores. Un asunto que si estuviéramos en un escenario de beligerancia se denominaría una abierta y grosera declaración de guerra. Es como quitar a todos el derecho al voto, en este caso con la consecuencia directa de quedar sin sustento lo que conlleva en sí el riesgo de eliminación de otros derechos básicos como la alimentación, techo, vestimenta, salud, educación…
Latorre y Del Puerto son consecuentes con un sector y una clase que viene medrando con los derechos de la población hace décadas, y son las rancias oligarquías, los fabuladores empresarios y las inhumanas patronales, o todos en un mismo paquete. En esta tropelía contaron nada menos que con el apoyo de la Oficina de Asesoramiento de Empleo de la Asociación Nacional Republicana – Partido Colorado [3], partido en el Gobierno actualmente con Mario Abdo Benítez (prohijado de la dictadura stronista) y en el poder hace 70 años. El hilo conductor de esta maniobra está muy visible. Las décadas de expoliación y destrucción a que el país viene siendo sometido por ellos muestran con abrumadora certeza las consecuencias y anticipan que nunca traerán nada bueno para las mayorías empobrecidas y explotadas.
Ni siquiera es necesario analizar en detalles los articulados, los recortes, las omisiones y los subterfugios que contiene y articula el proyecto de ley que en este momento es analizado en las comisiones de Justicia, Trabajo y Previsión Social; y Legislación y Codificación de la Cámara de Diputados [4]. En sí, el documento se sostiene en lo que denomina un régimen excepcional de contratación y terminación de la relación laboral. Si tomamos en cuenta varios intentos anteriores de dinamitar estos derechos consagrados en perjuicio de la clase trabajadora, promovidos desde dentro y fuera del Parlamento, tenemos que este es uno más que varía según la coyuntura. Son tanteos que apuntan a introducir los correspondientes ensayos que de prosperar pasen de ser normas temporales a permanentes y de excepcionales a reglamentarias.
No hay 1 sin 2 y estos políticos de la “nueva generación” de la casta colorada, que no dan puntada sin hilo, hieden igual o peor que sus antecesores y la mayoría de sus pares en el Congreso. Con ellos, está expuesto, no hay futuro posible, lo que obliga –por principio, por coherencia de clase y decencia- a las organizaciones, corrientes, acciones obreras organizadas, a frenar estas iniciativas que engendran en sí la destrucción de todos los pilares que sostienen la dignidad de los y las trabajadores. Los enemigos son muy visibles y están identificados, así como identificados están sus lacayos…
*Imagen de inicio: Ilustración del dibujante Eneko.
[1] https://www.ultimahora.com/proponen-flexibilizar-codigo-laboral-contratacion-menores-24-anos-n2895009.html
[2] https://www.lanacion.com.py/politica/2020/07/14/plantean-regimen-excepcional-de-contratacion-laboral-durante-emergencia-sanitaria/
[3] http://ea.com.py/diputados-colorados-presentan-proyecto-para-cercenar-derechos-laborales-en-medio-de-la-pandemia/
[4] http://paraguaynoticias247.com/en-plena-pandemia-presentan-proyecto-que-flexibiliza-codigo-laboral/
Adelante! 