Justicia a medida

Por Miguel H. López

Indignación y humoradas generó la ratificación de prisión preventiva de un hombre acusado de intento de robo en un domicilio y de cuyo poder la policía incautó una mochila que contenía un gancho y 3 pomelos. Este hecho no es aislado, aunque parezca anecdótico, más allá de la angustia y desazón que debe estar enfrentando Armando David Kemal, el acusado. El hecho ocurrió en mayo y a menos de 3 meses lo reaseguran en celda “por riesgo de fuga” [1]. El hombre no tiene un peso partido por la mitad y es asistido por la defensa pública.

Apenas saltó el caso, muchas personas comenzaron a establecer un justificado paralelismo hacia un sistema de Justicia que condena sin atenuantes y con celeridad a los ladrones de gallinas y sobresee a los delincuentes de lesa Patria.

La indignación no supera ese umbral. No va más allá de culpar a los corruptos y corrupción judiciales, innominadamente. Sin embargo, es importante entender que este funcionamiento del Poder Judicial no es aislado ni casual. Responde a una lógica y a una mecánica de protección del sistema, que en este caso no es otra cosa que amparar a quienes gobiernan y a los sectores privilegiados para quienes estos gobiernan, las minorías empresarias formales o mafiosas, oligárquicas y transnacionales. Por eso, cualquiera que no pertenezca a esos sectores y se inscriba entre quienes con su miseria, con sus críticas y con sus reclamos interpela esos privilegios, inmediatamente es atenazado por Astrea que pone en marcha un nutrido engranaje de fiscales, jueces, policías, ujieres, secretarios y abogados, para anularlos, perseguirlos y sacarlos de circulación.

En este caso, pronto, uno de los camaristas salió a desmentir que el hombre estuviera preso por el robo de pomelos, sino por intento de sustracción de objetos en una casa. Las únicas evidencias halladas en su poder por la policía fueron los pomelos, la mochila y el gancho; y su confesión de haber arrancado las frutas para venderlas. Todo lo demás cae dentro de la conocida ficción de la acusación, en donde con ardid leguleya es fácil de endilgar en el papel a cualquiera, cualquier delito, total en estos casos la palabra del pudiente acusador es prueba suficiente ante la falta de elementos reales que demuestren el delito.

El caso del “ladrón” de pomelos fácilmente nos remite a la tragedia política, social, humana y jurídica conocida como la matanza de Curuguaty (junio de 2012). Allí también se aplica calcado este esquema, aunque con mayor virulencia del sistema y su aparato represor-legitimador a raíz de la proporción, no de quienes son acusados sino del contenido de la lucha de quienes son acusados: campesinos sin tierra que reivindican la posesión de parcelas fiscales, usurpadas por un aprovechado empresario exponente del esquema del Partido Colorado. Y por el trasfondo para el que fue usado el hecho: el derrocamiento de un Gobierno constitucional de alternancia tras 60 años de usufructo del poder político por las oligarquías y los agroganaderos, aunque de fondo no amenazaba sus privilegios, pero sí en apariencia y discursivamente por exponer las desigualdades.

En aquel entonces el fiscal Jalil Rachid, hijo de un dilatado dirigente colorado, Bader Rachid Lichi, enriquecido bajo la dictadura Stronista a la que sirvió y defendió, desplegó el mismo esquema de justificación para acusar de sedición y autoría por la muerte de 6 policías a 12 ocupantes, sin reparar ni incorporar en la investigación el asesinato de 11 campesinos en el lugar (Marina Cue, Canindeyú). Las pruebas [2] ‘contundentes’ arrimadas fueron un nunca visto cuaderno que supuestamente contenía una lista de ocupantes donde estaban los procesados, papel higiénico, machetes herrumbrados, escopetas caseras cazabobos, cortaúñas, semillas de cocos [3] para honditas, etc. Sobre estas bases y otros alegatos más políticos que jurídicos, la Justicia condenó en julio de 2016 [4] a los acusados con penas de cárcel de 4, 6, 18, 20 y 34 años [5]. En abril de 2019 la Sala Penal de la Corte anuló el fallo y absolvió de culpa y pena a los condenados [6] por vicios graves en el proceso y no hallarse elementos concretos que señalen individualmente a quienes estaban enjuiciados. Esta puesta en evidencia del esquema con el que se mueve y articula la Justicia para sacar de juego y escarmentar a quienes ponen en entredicho las falsedades y contradicciones del sistema, no fue fácil. Para eso se desplegó una titánica labor organizativa interna y una monumental campaña nacional e internacional de denuncia desde diversas plataformas y organismos locales y extranjeros, incluyendo legisladores y legislaturas de América y Europa y el Alto Comisionado de la ONU para los DDHH [7].

Hay muchos ejemplos de este esquema para proteger a quienes poseen el poder político y económico y sacar de juego a quienes con su sola condición de exclusión socioeconómica o sus reclamos o denuncias, interpelan los beneficios de quienes los ostentan y cuestionan a quienes sostienen esos beneficios.

Parte de esa misma operativa del Estado, que al servicio del poder económico y las oligarquías terratenientes amedrenta y persigue, es la que se despliega con frecuencia en contra de las dirigencias campesinas. En esos casos, con denuncias levantadas sin asidero por agentes policiales o radicadas a hasta con meras llamadas telefónicas, los agentes de Justicia proceden a imputar a mansalva para descabezar las organizaciones y desahuciar las luchas agrarias, en uno de los países más desiguales en la tenencia de la tierra en el planeta. Lo mismo sucede en contra de la dirigencia sindical y obrera cuando se encaran denuncias, luchas y huelgas por violaciones flagrantes de derechos laborales, derechos sociales, derechos humanos.

Por tanto, el fondo del problema que resurge con el hombre de los pomelos y que amerita tomar atención no es el hecho, sino lo que subyace bajo el hecho. La acción policial y judicial en tiempo récord es lanzar una señal de advertencia y dejar un castigo ejemplar para que nadie más ose “amenazar” a quienes tienen mayor capacidad económica o condiciones, particularmente en este momento de pandemia. Y esto se refuerza porque el otro elemento de la imputación es la “violación de la cuarentena” por Covid-19.

Lo que con esto se demuestra es que la matriz de acción de la estructura judicial es la misma, ajustada a nuevas circunstancias, con un mismo objetivo: repeler a quienes menos tienen para que no se aproximen ni pongan en entredicho a quienes más poseen. En el fondo es una marcada línea de diferenciación de clases sociales. Y una advertencia de implacabilidad contra quienes eventualmente puedan generar hechos similares en un contexto en donde el hambre comienza a apremiar, apenas contenida en ollas populares encaradas por la gente que se organiza. Esta situación también reproduce otro esquema del modelo de acumulación y apropiación de pequeños grupos en perjuicio del resto: la mala asistencia y mala distribución de las disponibilidades del país a favor de las mayorías empobrecidas, en este caso en tiempos de cuarentena por pandemia; aunque en épocas normales ocurre lo mismo.

La línea entre la contención y no contención, porque la situación socioeconómica es insostenible, es cada vez más delgada. El sistema lo sabe y las autoridades comienzan a ejecutar las políticas diagramadas en gabinetes y laboratorios de la burocracia local y transnacional para reprimir. Y la Justicia, dentro de su falso discurso de orden y neutralidad, siempre está preparada para desatar implacable la violencia jurisdiccional, la anulación civil, el garrote feroz y la cárcel. Ante esto, la única fórmula para hacer frente desde la sociedad, demostrada históricamente, es la organización de los sectores y la claridad en las consignas. La relación entre el pueblo y el aparato del poder oligárquico jamás será pacífica.


*Imagen de inicio: Ilustración de Ángel Boligán.

[1] https://www.ultimahora.com/ratifican-prision-preventiva-hombre-que-intento-robar-pomelos-n2894021.html

[2] https://www.ultimahora.com/masacre-curuguaty-a951.html

[3] https://www.ultimahora.com/los-dos-cocos-jalil-n709152.html

[4] https://www.pj.gov.py/notas/12552-sentencia-integra-del-caso-curuguaty

[5] https://www.lanacion.com.py/2016/07/12/tribunal-condena-a-campesinos-en-el-caso-masacre-de-curuguaty/

[6] https://www.abc.com.py/nacionales/anulan-condena-a-campesinos-en-caso-masacre-1725192.html

[7] http://codehupy.org.py/comisionado-de-la-onu-manifiesta-preocupacion-por-fallo-del-caso-curuguaty/

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