El Estado en su esencia es una herramienta de represión, más si se trata de un Estado con gobierno autoritario y oligárquico instalado hace más de 150 años con la creación de los dos partidos tradicionales y hoy legitimado por otros partidos conservadores y progresismos sin escrúpulos. El Estado de Derecho solo existe para los poderes económicos narcomafiosos que tienen la libertad de acomodar las leyes a sus conveniencias sometiendo a los tres poderes del Estados para defender sus intereses.
La afirmación anterior explica la criminalización de todas las luchas por los derechos fundamentales: el derecho a la tierra que a su vez constituye la base del derecho a la alimentación, a una calidad de vida, a un ambiente sano y a la reforma agraria, todos consagrados en la constitución de 1992 (artículos 6, 7, 8, 114 y 115).
La criminalización se da en primer lugar con todos los aparatos represivos del Estado (Poder Judicial, Fiscalía, policías y militares), guardia privada y el INDERT, que no da lote a campesinos con «antecedentes penales», inculpados en forma ilegal y con violaciones de todos los derechos procesales. En segundo lugar la prensa, que crea una opinión en la sociedad contra los luchadores etiquetándolos de «haraganes, incitadores, delincuentes», caracterizaciones que son repetidas por todos aquellos que sin saber la realidad de los luchadores sociales sacan una conclusión que favorece el objetivo de los poderes fácticos y mafiosos en su esfuerzo por conservar sus privilegios.
La prueba más evidente y repetitiva de la criminalización son los desalojos. Más de 12 desalojos solo en el 2018/19, que se repiten en cada gobierno y todos de forma irregular (Con la Soja al cuello, BASE IS, 2019). Esto se expresa en las detenciones: en los desalojos son detenidos inclusive a menores de edad; en los procesamientos, los hechos punibles atribuidos son invasión de inmueble ajeno, coacción, coacción grave, robo, apología al delito, hasta intento de homicidio doloso, hechos atribuidos sin poder comprobarse; en la condena, la mayoría de los condenas se dan a través de procedimientos abreviados y no de un juicio oral y público, esto se debe a que el Ministerio público, ante la falta de pruebas para llevar a juicio oral y público de una manera coactiva, obliga a los procesados a aceptar que son delincuentes. Por desconocimiento, por miedo o por no contar con defensores para llevar el caso a juicio oral, los procesados terminan aceptando (Abel Areco y Marielle Palau, 2016). El caso más visible fue la condena de un menor de 17 años a dos años de cárcel con el procedimiento abreviado en el caso Curuguaty, siendo fiscal Jalil Rachid y jueza de la niñez y la adolescencias, Yanine Ríos. Su delito fue llevar ropa a sus padres.
La manera más extrema de la criminalización de la lucha por los derechos es la ejecución, es decir, la muerte de campesinos en el marco de la lucha legítima por el derecho a la tierra. De 1989 hasta 2013, 115 muertes han sido documentadas (Informe Chokokue, CODEHUPY, 2013). Del 2013 a 2016, 15 muertes (Con la Soja al Cuello, BASE IS, 2019). Son 124 muertes documentadas de personas, de campesinos y campesinas.
En palabra de Juan Martens, todo lo mencionado se da dentro de la llamada selectividad punitiva, esto significa que el Ministerio Público no afecta a todos ni todas las personas involucradas en los conflictos judicializados, sino que recae de manera particular sobre aquellas que lideran la movilización o sobre quienes integran alguna comisión, inscripta ante los organismos administrativos. Esto se debe a que el objetivo principal es la desmovilización para impedir el acceso a los derechos reivindicativos. Este mecanismo de desmovilización se da por dos vías: una, por adecuación de la legislación, endureciendo el sistema penal; dos, a través de la aplicación de medidas restrictivas a la libertad o por condena a pena privativa de libertad.
La criminalización de las luchas sociales por la reivindicación de los derechos fundamentales, como apunta Juan Martens, es la cara más visible de un Estado débil. No ausente, ya que es útil y funcional a poderes fácticos y a mafias regionales que violan impunemente la ley o la utilizan para la protección de sus negocios. Sin embargo, los delincuentes ambientales (como los cultivadores masivos de soja en contravención de leyes y disposiciones administrativas, los traficantes de rollos de madera y contaminadores) y los poseedores de tierras malhabidas, quedan impunes e incluso exceptuados de toda investigación y sanción penal.
Caso Sexta Línea Ybype
La exposición que antecede permite entender la lucha de la Comisión Sin tierra Sexta Línea (Lima) y su criminalización, así como dimensionar la actitud de valentía que representa hacer frente al avance del agronegocio en el distrito, con la posición firme de recuperar las tierras que pertenecen al INDERT, o sea al Estado, y que deben ser adjudicadas a los sujetos de la reforma agraria según lo dispone la Constitución y las leyes.
Sin embargo, dicha comisión recibió y sigue recibiendo todo tipo de persecuciones. El primer atropello fue en diciembre de 2017, a través de la seguridad privada del supuesto dueño, Geordg Matthies, con la intención de amedrentar a los ocupantes para que abandonen la tierra que usurpa. El segundo atropello, en abril de 2018, fue cuando el supuesto propietario llegó acompañado de civiles fuertemente armados ordenando la desocupación, atacando con su camioneta como para atropellar a uno de los ocupantes, momento en que uno de sus compañeros salió en defensa con una hondita, tirando con balita de cristal, acción suficiente para que el usurpador Geordg Matthies realice una demanda en la Fiscalía, que respondió con una rápida y efectiva actuación, llevando a cabo un allanamiento en busca de armas, en el cual realizó la detención 19 personas y su procesamiento por hecho punible de «intento de homicidio doloso» además de «coacción, coacción grave y asociación criminal», constituyendo este el tercer atropello.
El cuarto atropello, se da en el mismo día del allanamiento, cuando el supuesto propietario acompañado por civiles armados y un tractor, empieza a derrumbar las casas de las familias campesinas, ataque que pudo ser detenido finalmente con una barrera humana de la comunidad. El quinto atropello se dio el 23 de mayo del 2018, cuando irrumpen al sentamiento aproximadamente 80 policías con una orden de desalojo, producto de un juicio civil, dicho orden individualizaba las fincas a ser desalojada que son tres, sin embargo, procedieron a desalojar todas las fincas ocupadas. Teniendo en cuenta que el desalojo correspondía solo las tres fincas, la comisión sin tierra decide ocupar nuevamente las demás fincas y el 12 de junio del mismo año nuevamente llega una orden de allanamiento en busca de armas en prosecución de la tentativa de homicidio doloso contra el usurpador Geordg Matthies Derksen, encabezado por el fiscal Alberto Torre. El desalojo totalmente irregular, se hizo quemando todas las casas y llevando hasta cuchillo de cocina, perpetrando así el sexto atropello.
El séptimo atropello fue la acusación por parte de la Fiscalía a los procesados por «coacción, coacción grave y asociación criminal». Los campesinos fueron engañados y obligados a aceptar que son «delincuentes», para que la Fiscalía y el juzgado puedan aplicar el procedimiento abreviado y de esta manera no llegar a juicio oral, ya que no cuenta con ninguna prueba. Es así como fueron condenados a un año de pena privativa de libertad con suspensión a prueba. En el octavo atropello, se repitió la persecución. En abril del 2020 cumplieron las penas que recibieron y en mayo fueron citados para un nuevo proceso por los mismos hechos punibles por los que ya fueron condenados, es decir, por «coacción, coacción grave y asociación criminal», proceso que deberán enfrentar nuevamente. El último atropello se dio el lunes 6 de julio pasado cuando uno de los usurpadores identificado como Ademir Méndez Lima atropelló a un grupo de los ocupantes agrediéndoles incluso con amenazas de muerte.
Los atropellos enumerados demuestran con claridad que no se exige el cumplimiento de la ley a los violadores de leyes ambientales y usurpadores de tierras que pertenecen a la reforma agraria. Es justamente sobre los verdaderos sujetos de la reforma agraria, los desposeídos, sobre quienes cae el peso de una ley quebrada al antojo de los poseedores. El Estado protege y está presente para quienes usurpan, explotan y destruyen recursos porque tienen mucho dinero.
La comisión sin tierra sigue reclamado y haciendo todas las gestiones para conseguir lo que por ley le corresponde, un pedazo de tierra para trabajar y vivir.
*Por Heriberto Insfrán. Regional de San Pedro del PCP.
**Imagen de inicio: referente a denuncia por resguardo policial a fumigaciones de soja en la comunidad Tava Jopoi, Curuguaty, 2013. Imagen editada de fotografía difundida por organizaciones y medios.
Adelante! 