Todavía no hay justicia en caso Curuguaty, afirman ex presos políticos

La estrategia de la Fiscalía para evitar el esclarecimiento del caso Curuguaty e impedir el sometimiento a juicio y castigo a los responsables de tan fatídico hecho, ha sido la imputación de campesinos y campesinas sobrevivientes de aquella masacre. De esa manera la Fiscalía, a cargo de Jalil Rachid (yerno del saqueador caudillo stronista Blas N. Riquelme) anuló la condición de testigos de los sobrevivientes quienes pasaron a ser imputados y finalmente condenados en el año 2016. Tras insistente lucha popular fueron absueltos en el año 2018. Pero la muerte de los 17 campesinos no fue investigada, los responsables siguen impunes, las tierras malhabidas siguen usurpadas por Campos Morombi, no hubo reparación para las víctimas.

Rubén Villalba es uno de los sobrevivientes de la nefasta masacre ocurrida en Curuguaty el 15 de junio del año 2012, fue condenado a 35 años de prisión. Y tras ser absuelto, retornó al campo donde trabaja con su familia, en su comunidad, y donde sigue siendo hostigado por la Fiscalía y la Policía Nacional, quienes pretenden a toda costa regresarlo a prisión.

Recordó con tristeza el octavo aniversario de dicha masacre y al mismo tiempo, valorando la unidad de las organizaciones sociales, políticas y religiosas para alzar su voz de protesta exigiendo esclarecimiento y justicia. Afirma en elocuente idioma guaraní que gracias a esa expresión popular, unísona, masiva y constante pudieron salir en libertad.

Según el dirigente campesino y ex preso político, “la absolución es solamente una partecita de la justicia, para que sea completa se debe esclarecer la muerte de 17 paraguayos (11 campesinos y 6 policías), para que los verdaderos responsables de aquella masacre sean condenados, los familiares de los fallecidos y los sobrevivientes sean indemnizados, y las tierras invadidas por Campos Morombi sean destinadas a la reforma agraria”.

Villalba afirma que “en nuestro país el aparato judicial fácilmente condena a dirigentes campesinos atribuyéndoles atroces crímenes, sin necesidad de demostrar su responsabilidad en los hechos, más que maniobrando testimonios falsos o falsas pruebas (…). A todo esto, se suma el miedo que instalan a través de medios de comunicación para que la sociedad se paralice y no luche por los presos políticos o que se luche de manera selectiva inclinándose solamente por aquellos cuyos casos son demasiado conocidos, dejando en abandono a muchos dirigentes bajo el arbitrio del órgano judicial que en muchas ocasiones ha demostrado estar al servicio de una minoría que se apropió del Estado, desde donde opera para perseguir y condenar a quienes luchan por una sociedad nueva”.

Tras reiterar su reconocimiento y gratitud a las organizaciones que luchan por una sociedad democrática, insistió en la necesidad de transformar este modelo de Estado que “ya causó mucho sufrimiento a tantas personas desde hace décadas”. Así también, reconoce que “gracias a que la sociedad puso en duda la versión del Estado, se pudo desmontar la acusación y condena en el caso Curuguaty, pero hay otros casos en que luchadores y dirigentes sociales siguen presos sin que las organizaciones del campo popular cuestionen el proceder del inescrupuloso y falaz aparato judicial”.

Tras varios intentos, hemos podido comunicarnos con Dolores López, ex presa política, quien con la cordialidad y optimismo que la caracteriza conversa con nosotros diciendo que se encuentra bien, aunque en cada aniversario de la masacre de Curuguaty parece renovarse todo el dolor porque sigue intacto el hecho, sin que ningún culpable esté preso. “Nosotros regresamos a las tierras de Marina Kue y tratamos de sobrevivir trabajando en la agricultura. Pero necesitamos que estas tierras sean legalizadas para que podamos estar tranquilos produciendo alimentación sana en nuestras chacras; además de eso, acá se necesita apoyo técnico, que nos capaciten para producir mejor, y también un mercado donde colocar lo producido”, asegura.

Con respecto a la justicia, Dolores dice que “la absolución de las presas y presos es insuficiente debido a que hasta ahora hay cerca de 40 pobladores que han sido imputados por el mismo caso y no pueden salir de sus casas ni para comprar semillas o herramientas de trabajo ni irse a un centro de salud cuando se enferman, porque la policía les conoce y para hacerles pasar les piden frecuentemente dinero o parte de su producción amenazándoles que van a llevarles presos o agregar más delitos en contra de ellos si no acceden a sus pedidos; entonces, cuando inevitablemente necesitan trasladarse a otras comunidades o la zona céntrica deben vender sus chanchos o vacas para llevar consigo Gs. 250.000 o el doble para los policías que siempre les piden esas sumas para dejarles pasar, incluso luego de maltratarles verbalmente”.

“La muerte de 17 paraguayos no significa nada para las autoridades porque no ha sido investigada, y para nosotros eso es un dolor que todos los días tragamos, al no poder hacer nada ante ello”. A todo esto, agrega “nosotros no tenemos energía eléctrica ni agua potable ni camino en esta zona; nosotros no existimos para el Estado; para las autoridades, nosotros prácticamente no significamos nada. La ausencia estatal es muy grande acá y no llegan víveres ni subsidios; el derecho a la alimentación de nuestros hijos durante esta pandemia está mucho más vulnerable. Es muy doloroso sobrevivir de esta manera en nuestro Paraguay”, expresa Dolores con un inconfundible tono de aflicción.

Por su parte, Arnaldo Quintana, también sobreviviente condenado a 18 años y absuelto después de 6 años de prisión, afirma que la sociedad no puede minimizar ni olvidar este luctuoso hecho. “Es preocupante la situación en la que nos encontramos hoy día; acá (en Marina Kue) sobrevivimos con muchas necesidades. Muchas familias quedaron huérfanas y el Estado no se hace presente más que para realizar aquella masacre. Es preocupante que hasta ahora no se pueda dar solución al problema de raíz, pese a que se ha demostrado que no tuvimos participación en el hecho que se nos ha atribuido y por eso hemos sido absueltos”.

Al igual que Rubén, Arnaldo es categórico al sostener que “hasta ahora no hay una justicia total y completa en el caso Curuguaty, porque tanto los fiscales como los jueces, actuaron de manera totalmente irresponsable al condenarnos en dos instancias sin que haya pruebas en contra nuestra».

Con tono cada vez más tajante y contundente, Arnaldo dice: “es imposible hablar de justicia mientras no se resuelva la titularidad de las tierras (Marina Kue); necesitamos que estas tierras sean entregadas formalmente por el Estado a los pobladores para que mínimamente también haya una reparación al daño y perjuicio que nos causó este Estado. Acá hubo torturas y otros crímenes. Falta esclarecer muchas cosas para que se pueda hablar de justicia”.

Acerca de la muerte de casi dos decenas de personas, Arnaldo Quintana lamenta que “en nuestro Paraguay no se esclarezcan la muerte de 17 paraguayos y que los verdaderos responsables de esas muertes no sean juzgados. Este hecho lamentable no puede quedar en el olvido. Falta por hacer muchas cosas; esos fiscales y jueces deben ser investigados y sancionados por obrar así en contra nuestra». Agregando que «hay también magistrados muy honestos y justos como los que nos concedieron la libertad, tras la absolución«, refiriéndose a los camaristas Emiliano Rolón, Arnaldo Martínez Prieto y Cristóbal Sánchez, quienes integraron la Sala Penal que el 26 de julio de 2018 revocó la sentencia a los campesinos condenados por la Masacre de Curuguaty y les devolvió la libertad).

Arnaldo culmina la entrevista para ¡ADELANTE! diciendo lamentar que en nuestro país se maneje así la justicia. “No puede ser que estas muertes queden así como si no haya pasado nada; si así vamos a seguir, seriamente debemos preocuparnos”, culmina el ex preso político del caso Curuguaty.

Quisimos comunicarnos con los demás compañeros campesinos y campesinas para realizarles algunas consultas, pero no hemos podido lograrlo debido a que en la comunidad no cuentan con energía eléctrica y las baterías de los celulares son cargadas cada vez que salen a la zona urbana o cuando visitan a familiares o amigos que sí cuentan con ese servicio.

Por el Comité de DDHH «Alberto Barrett», Partido Comunista Paraguayo.

*Imagen de inicio: Campamento de la Resistencia, frente al Palacio de Justicia, 2016. Foto de Nathalia Aguilar.