Persecución y ejecución de luchadores: la mafia continúa

La violenta expresión de la desigualdad, carácter esencial del capitalismo, se hace más evidente ahora que se agudiza la crisis sistémica con la propagación global del covid-19. La concentración de tierras en pocas manos sigue siendo la piedra angular de la inaceptable y a la vez innegable desigualdad social en nuestro país.

En este contexto, la solidaridad y resistencia en el campo y la ciudad (como contrapropuesta de los desposeídos/as) se ven perjudicadas por lamentables y repudiables hechos como la detención de mujeres de asentamientos periurbanos, ocurrida en el Territorio Social Montaña Alta de Limpio, y los asesinatos a líderes campesinos, como el ocurrido la comunidad 7 de Enero del distrito de Pedro Juan Caballero, capital del Departamento de Amambay.

La detención arbitraria por parte de la Policía Nacional en la mañana del 7 de junio, a Liliana Quiñónez, dirigente de la Comisión Vecinal del Territorio Social Montaña Alta, de Limpio, y a otras dos referentes, bajo el nefasto aval de la Fiscalía General, reflejan que este Estado está en contra de los intereses del pueblo; pues, está solamente al servicio de unos pocos y para proteger sus bienes mal habidos.

El hecho ocurrió en el marco de lucha por la regularización de las tierras de la comunidad de Montaña Alta, compuesta por 200 personas que hace 7 años ocuparon las tierras municipales, con el anhelo de obtener la tierra y vivienda digna para ellos y sus hijos.

Si bien existe una Ley de Emergencia – que suspende todo tipo de intento de desalojo-, la Policía Nacional y la Fiscalía General siguen hostigando a quienes dentro de este contexto intentan sobrevivir pese a la desidia del Gobierno que actúa en clara complicidad con los politiqueros de la zona ligados a negocios turbios que la Fiscalía ni amaga investigar.

Otro indignante caso que enluta a la lucha campesina, es el asesinato del dirigente de la Comisión Vecinal Sin Tierra “7 de Enero” de la ciudad de Pedro Juan Caballero, Arnaldo Rodríguez, en el marco de la lucha por la regularización de las tierras de su comunidad. Fue ejecutado con dos impactos de bala en la espalda en la tarde del lunes 8 de junio por el empresario Héctor Calonga quien pretende apropiarse del mismo terreno sin ser sujeto de la reforma agraria. Esas tierras fueron cedidas por el Banco Central del Paraguay al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para destinar a la Reforma Agraria, cuya reglamentación sostiene que el requisito para ser beneficiario de las tierras del Estado es la dedicación a la agricultura como actividad económica principal.

Estos alarmantes hechos –que repudiamos con todas nuestras fuerzas- son una clara demostración de que este modelo de Estado no es compatible con los derechos humanos, por lo que hay una imperiosa necesidad de construir y consolidar una nueva sociedad donde todos los derechos sean respetados y donde las personas puedan desarrollarse como tales sin que haya explotación del hombre por el hombre o carencia alguna de sus necesidades como ser humano.

*Por el Comité de DDHH “Alberto Barrett”, Partido Comunista Paraguayo.

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