Estafa en medio de la pandemia

Por Miguel H. López

La pandemia del nuevo coronavirus pasa lentamente a segundo plano por dos motivos fundamentales que no son sanitarios: por la corrupción galopante de las autoridades del Gobierno desde diversos ámbitos, que medra con la emergencia, a la que se suman otros políticos; y por la consecuencia de esta actitud deleznable que produce el hartazgo de la población, más que por la prolongada cuarentena, por lo reprochable de todos los hombres y mujeres del Ejecutivo, sin excepción. La gente –y no hace falta más que escuchar o leer los diversos canales de expresión para darse cuenta- perdió el poco respeto que tenía hacia el presidente de la República para abajo y descree de todo lo que las autoridades declaran, recomiendan, advierten o anuncian.

La siembra que hicieron durante la emergencia –con décadas de experiencia técnica y práctica del robo hacia lo público- no tardó en generar una cosecha de amplias y delicadas consecuencias.

En este momento ¿alguien cree en Mario Abdo Benítez, en su hermano Benigno López, en el ministro del Interior Euclides Acevedo o en la Fiscal General del Estado Sandra Quiñónez? La confianza que abrumadoramente adquirió Julio Mazzoleni, ¿está intacta después de su errática, tibia y poco clara posición hacia los actos de corrupción que lo salpican por acción u omisión en la adquisición de insumos, equipos y camas para hacer frente a la pandemia? Estas preguntas, sin excepción posible desde la población no prebendariamente dependiente, tienen una respuesta concreta y es NO. Claro, porque está en todos lados expuesto. Lo publica la prensa, porque es imposible ocultarla; las redes sociales no hablan de otra cosa; y la gente, con inocultable y generalizado hastío, expresa su repudio hacia ellos.

Sectores diversos y de variopinta extracción social comienzan a romper la cuarentena “inteligente” –que de por sí no tiene por qué violar derechos constitucionales ya que no existe estado de excepción- para salir a manifestarse en contra de la corrupción del Gobierno y de todo su equipo, en este contexto de pandemia. Los mecanismos que desde el Poder Ejecutivo y sus ministerios o el Parlamento ejecutan son muy claros en lo que buscan y no es precisamente el beneficio de la mayoría; así como la suspicacia de la población es tal que no hay un solo acto de Gobierno que en este momento goce de credibilidad real o que no tenga algún pero por sospecha de engaño, soborno o robo posible.

Solo basta pasar lista a unos cuantos hechos para entender que ni la intención oficial es sincera ni la confianza de la población tiene algún nivel importante hacia quienes gestionan el país del peor modo.

El 11 de marzo empezó la cuarentena y el aislamiento social obligatorio que fue recrudeciendo. El aeropuerto no había sido clausurado, pero la población sí encerrada en sus casas. La actitud negligente de Salud Pública y las autoridades migratorias fue sencillamente dejar pasar 8 mil retornantes del extranjero con la mera indicación de: Si sienten algunos de los síntomas, llámenos. No dejaron datos, ni contacto ni pistas de quiénes eran. Cuando los números de positivos aumentaron –y era lógico que la Covid-19 ingresaría desde el exterior y principalmente por avión al país- fueron abiertas las casas de cuarentena sin condiciones ni asistencia sanitaria real. Toda la población considerada sin pedigrí por el establishment gubernamental fue recluida bajo tinglados insalubres, o hacinada en dormitorios con literas, sin control verdadero ni aislamiento. En otros casos, decenas de connacionales fueron mantenidos inhumanamente bajo carpas en corrillos del puente de la Amistad impidiendo su ingreso. Como era lógico, muchos de los contagios se dispararon en esos lugares y los datos fueron usados como información disuasiva y globo sonda para hacer creer que el problema eran los de afuera y que las autoridades los mantenían aislados, salvándonos. Pero la regla no era la misma para los amigos del poder. El hermano de un cercano al expresidente Horacio Cartes –Karim Salum- volvió de EEUU, pero no fue a un albergue. La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, intercedió y lo mandaron a su casa sin reunir requisito alguno para tal excepción: no tenía enfermedad de base ni era sexagenario [1]. El tráfico de influencia, una de las instituciones de corrupción más antiguas seguía aplicándose desde quien apenas días antes, como cabeza del Ministerio Público, había endurecido posición y anunciaba a la población que debía cumplir las disposiciones de emergencia sanitaria del Ejecutivo [2], mientras sus fiscales imputaban por centenares a pobres y miserables que salían a rebuscarse para sobrevivir, principalmente.

El 30 de marzo el Gobierno informaba a través del ministro de Hacienda, Benigno López, hermano del presidente, que se iniciaría el proceso de reforma del Estado [3], en medio del anuncio de recortes de salarios públicos y de eliminación ilegal de beneficios laborales. Antes que atender la emergencia por pandemia, el Ejecutivo ponía a andar, aprovechando la desazón generalizada, un proyecto de cambio en la configuración del Estado convocando preferentemente a sectores del capital financiero, empresarial, agroganadero y políticos, no a trabajadores, campesinos, indígenas, etc., para rediseñar la organización, distribución de los mecanismos y dinero públicos según sus intereses; y echar mano a otros recursos de áreas prioritarias y obligatorias bajo responsabilidad estatal. Quieren achicar un Estado esquilmado por ellos mismos y no desean sanear la estructura ni invertir los recursos, que se roban o desvían, en asuntos prioritarios que beneficien a la población; ni osan imponer impuestos a sectores parásitos del erario como la producción de soja, el alcohol y el tabaco. El rostro visible de la reforma anunciada era López, cuestionado por lesión de confianza en sobrefacturación de compra de medicamentos, cuando presidía el Instituto de Previsión Social (IPS) [4]. El mismo ministro que malversaría parte del préstamo de USD 1.600 millones adquirido para atender la emergencia por pandemia y destinar USD 77 millones al pago de una parte de la deuda externa; una deuda que por inmoral debería suspenderse, más aún en tiempos como los que se viven [5]. El mismo Benigno López que aún sin haberse conocido en qué se gastó ese préstamo ya anunciaba un nuevo endeudamiento [6] por USD 300 millones. Como guinda del anuncio de reforma del Estado, el Gobierno puso a liderar la campaña al vicepresidente Hugo Velázquez. El mismo exfiscal penal y exdiputado, acusado durante décadas de extorsión, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito [7]; vinculado con personajes denunciados por lavado de dinero y terrorismo internacional; y protagonista de la traición de lesa patria, a través de su asesor José Rodríguez, en la escandalosa negociación y firma secreta del acta para la cesión de energía de Itaipú al entorno privado del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Entonces lloró para zafar, junto con el presidente Mario Abdo Benítez, de un inminente juicio político. El mismo vicepresidente cuya parentela, en número cercano a la docena, está esparcida y bien posicionada dentro del Estado, en un cómodo esquema de aceitado nepotismo, que les provee en total la friolera de más de G. 100 millones al mes.

El ministro Julio Mazzoleni, quien acaparó los elogios por la pronta reacción para prevenir la expansión del nuevo coronavirus, se ve cada vez más empantanado en el escándalo de la compra de insumos, equipos de bioseguridad y camas a través de procedimientos viciados de irregularidades en todas sus etapas [8], como concluyeron la Contraloría y la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 [9]. Por su recomendación el Gobierno había impuesto una dura cuarentena –no exenta de hambre, quiebres económicos, pérdidas de cientos de miles de empleos, cesantías laborales y muertes- para ganar tiempo, evitando la expansión progresiva de la enfermedad, mientras se equipaban los hospitales, se contrataban los recursos humanos necesarios y adquirían los equipamientos de bioseguridad. Más de USD 80 millones fueron dispuestos para ese operativo. En procedimientos totalmente irregulares, la licitación fue adjudicada a las empresas Imedic y Eurotec, pertenecientes a Justo Ferreira, un poco transparentes clan de proveedores del Estado, en este caso con un adelanto de USD 17 millones [10]. A la fecha Salud no puede ejecutar la póliza de seguro para recuperar los recursos porque las firmas se niegan a aceptar la rescisión de contrato. El ministro tardó más de 1 mes para hacer la denuncia contra las firmas implicadas y no abrió hasta hoy los sumarios a los altos cargos de Salud recomendados por Contraloría. A más de 90 días de iniciado el sacrificio de la población, no hay un solo hospital que esté preparado convenientemente. En actitud distractora, el secretario de Estado amenaza con volver a punto cero, proyectando la culpa del posible aumento de contagios sobre la población, anunciando que no podrán ser absorbidos los casos por el sistema sanitario público que bajo su responsabilidad sigue sin cubrir siquiera equipos básicos de protección para trabajadores de blanco, en muchos lugares.

En paralelo, y aprovechándose del estado de temor generalizado ante el anunciado riesgo de contagio y muerte entre la población, algunos altos funcionarios de dependencias del Estado también acometieron sonados casos de corrupción por sobrefacturación o desvíos. Algunos de ellos fueron descubiertos, a veces hasta por azar, como la compra de tapabocas vencidos y centenares de botellas de agua tónica por la, luego dimitida, presidenta de Petróleos Paraguayos, Patricia Samudio, hoy procesada [11]. La avivada produjo en ese momento al Estado una pérdida económica de G. 134.500.000. También está el caso destapado en la Dirección de Aeronáutica Civil (DINAC) cuyo entonces presidente, Édgar Melgarejo, puso a funcionar un esquema con el que estaba familiarizado para la compra sobrefacturada de masacarillas vencidas y que constituyó el primer caso que inauguró el escándalo en tiempos de pandemia del Gobierno de Abdo Benítez [12].

En paralelo a la gran turbulencia generada dentro del esquema de corrupción desplegado en esta pandemia, algunos sectores parlamentarios también buscaron aprovecharse para meter mano en otras instituciones donde hay importantes recursos económicos. Es el caso del Instituto de Previsión Social, desde cuyo bolsillo ya varias veces autoridades y sector empresarial se sirvieron sin devolver o devolviendo menos. El senador oficialista Silvio Ovelar propuso un proyecto de ley para usar los fondos jubilatorios en pago de salarios de funcionarios del ente. Esta propuesta concitó la reacción de trabajadores y jubilados y el proyectista debió retirar su presentación [13]. La respuesta del legislador, conocido por sus tratos torcidos, surge después de que el presidente de la previsional, Andrés Gubetich [14], anunciara la posibilidad de pedir una línea de crédito al Banco Nacional de Fomento o un fideicomiso, para cubrir sueldo de 17 mil empleados ante la reducción de los ingresos por causa de la pandemia. Este anuncio sale mientras todavía resuena el escándalo de la compra de un sistema informático para gestión hospitalaria destinado a la filial Alto Paraná, en abril pasado, en pleno auge de la emergencia, por unos G. 40.000 millones. Ante la presión pública, finalmente la compra adjudicada a la empresa Greem S.A. fue cancelada [15]. IPS siempre está bajo acecho por sus importantes recursos. Varias veces desde el Parlamento, en connivencia con el Ministerio de Hacienda y organismos internacionales como el BM o el BID, probaron apoderarse de él –que se mantiene con fondos provenientes de trabajadores y empleadores- a través de proyectos que buscan crear una Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Un nuevo intento estaba previsto para marzo pasado, pero fue frustrado por la declaración de emergencia sanitaria [16].

La lista de hechos de corrupción, sospechas, indicios, etc., es amplia y de todos los calibres; y quienes la generan se aprovechan del marasmo que despliega la pandemia y que impide a la gente, mayoritariamente, reaccionar con mayor vehemencia. Los casos aquí citados son ejemplos para entender por qué se precipita el cansancio y el hartazgo en gran parte de la sociedad. La montaña de indecencia del Gobierno, de sus agentes, acólitos y tentáculos, es la causa de fondo por la que el contagio, el número de enfermos y posibles muertes pueden dispararse.

La desobediencia crece entre los habitantes del país porque quienes pretenden dirigirlos y les exigen cumplir el decreto de emergencia son precisamente aquellos que violan todos los procedimientos, leyes y Constitución; y acometen los más criminales actos en contra de la población.

*Imagen de portada: Ilustración de Ángel Boligán. http://www.boligan.com

[1 ] https://www.abc.com.py/nacionales/2020/04/24/la-propia-fiscala-general-intercedio-por-salum-que-ademas-fue-beneficiado-y-violo-la-cuarentena/

[2] https://npy.com.py/2020/03/esto-pasa-con-los-que-incumplen-la-cuarentena-671-imputados/

[3] https://www.ip.gov.py/ip/gobierno-anuncia-reforma-estructural-del-estado-y-reajustes-inmediatos-en-los-salarios-publicos/

[4] https://www.ip.gov.py/ip/gobierno-anuncia-reforma-estructural-del-estado-y-reajustes-inmediatos-en-los-salarios-publicos/

[5] https://www.ultimahora.com/rios-cuestiona-pago-deuda-externa-plata-covid-19-n2889626.html

[6] https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2020/05/24/de-us-1600-millones-gobierno-solo-uso-43-y-ya-busca-mas-prestamos/?fbclid=IwAR07HGLuP-qrWPndTmDtx-q3QgEAi7gEWQVCWSRaQHPp1ym7obL1sATbuew

[7] https://www.abc.com.py/nacionales/2019/08/01/el-largo-historial-de-hugo-velazquez/

[8] https://adelantepymatic.wordpress.com/2020/05/28/el-barco-pirata-de-salud/

[9] https://adelantepymatic.wordpress.com/2020/06/04/el-gobierno-que-nos-culpa/

[10] https://www.adndigital.com.py/imedic-y-eurotec-millonario-anticipo-compras-irregulares-e-insumos-rechazados/

[11] https://www.ultimahora.com/juez-procesa-la-ex-presidenta-petropar-polemicas-compras-n2889630.html