La educación vs la politiquería

Bien sabemos que las crisis azotan en todos los ámbitos de la sociedad, sin embargo la que más agobia en estos últimos tiempos es la crisis sanitaria que ha generado múltiples consecuencias. Una es la crisis educativa activada por la implementación de las clases virtuales en forma obligatoria, problema aún mayor en la zonas rurales de nuestro país.

Los que estamos en el área educativa y vivimos en comunidades rurales, a diario escuchamos reiteradas quejas, cuestionamientos y sobre todo, mucha preocupación por parte de los padres, alumnos y docentes con respecto a la decisión de impartir las clases virtuales en todo el país y la falta de una propuesta concreta que se adapte a la realidad de la población paraguaya, especialmente de las comunidades rurales, realidad que los politiqueros no pueden ni quieren interpretar. Tampoco se dimensiona los efectos psicológicos que ocasiona una pandemia en la sociedad.

Ante esta realidad, ¿qué plantean las autoridades? Ninguna propuesta es planteada ni aceptada por ellos. Piensan en los ingresos económicos a las arcas para después negociar y distribuirse entre sí. Se convierten en una serie de corporaciones que utilizan la política como medio para conseguir réditos económicos, convirtiéndola en politiquería. Por supuesto, en esa lógica se cimienta la carencia de  alternativas para paliar los efectos pandémicos.

Tal es el caso particular del municipio de Lima, en donde el Consejo de Directores de Nivel Medio de la Zona Rural de Lima y la Asociación Artística Cultural y Medioambiental “Ñopytyvorã” (ARCUMEÑO), a iniciativa de padres y alumnos, han presentado el “Proyecto: Plan de Emergencia Pedagógica y Psicológica” a la Junta Municipal de Lima, solicitando su estudio y consideración para la declaración de interés educativo. El objetivo del proyecto es instalar una radio educativa comunitaria para dar respuesta a necesidades de la comunidad educativa cuyas familias no tienen acceso a los medios tecnológicos, imposibilitando la enseñanza-aprendizaje propuesta por el gobierno en tiempo de la pandemia.

Grande fue la sorpresa al recibir la respuesta de que la solicitud de declaración de interés educativo fue rechazada por el pleno de la “Honorable” Junta Municipal alegando que no puede ejercer una suerte de “intromisión a las atribuciones propias de la CONATEL”, refiriendo que se debe agotar la instancia correspondiente y recomendando “adoptar métodos que sean aprobados y autorizados por el Ministerio de Educación y Ciencias”.

Esta respuesta de las autoridades municipales da a entender que ni la Comisión de Educación, integrada por tres docentes, ni los miembros de la Junta Municipal, se han tomado el tiempo para leer y considerar la propuesta, o si es que lo hicieron, su capacidad de comprensión lectora es preocupante considerando sus responsabilidades públicas. En un comunicado difundido por la organización ARCUMEÑO el día de ayer, se manifiesta que no se ha solicitado la autorización para la instalación de una radioemisora comunitaria a la Junta Municipal, sino la declaración de interés educativo, por lo que la misma no estaría tomando atribuciones de la CONATEL. La actuación de los “asesores” en este caso jurídico, es lamentable, no se justifica la suma sideral que cobran para hacer nada.

En cuanto a la recomendación de agotar la instancia correspondiente refieren que el proyecto contempla los procesos legales y con asesoramiento de organizaciones especializadas en el tema. Y en cuanto al tercer argumento de rechazo, resaltan que “una de las funciones del Municipio instituida en el punto 8 del Art. 16 de la propia Ley Orgánica Municipal, se establece la estimulación de acciones de promoción educativa comunal, el apoyo a las organizaciones de padres de familia y estudiantes (…) y en concordancia con el Artículo 16. de la Ley General de Educación, que señala que “Los municipios y los miembros de la comunidad estimularán las acciones de promoción educativa comunal, apoyarán las organizaciones de padres de familia, fomentando la contribución privada a la educación y velando por la función docente informal que cumplen los medios de comunicación social y otras instituciones dentro del ámbito de la Constitución Nacional”, por lo que se puede afirmar que el Proyecto se encuadra dentro de una iniciativa local que no precisa aprobación ni autorización previa del Ministerio de Educación y Ciencia”.

La educación debe ser un impulso para el desarrollo social. Con estas autoridades al frente de las políticas educativas y de la organización pública, estamos condenados al atraso. Para superar los efectos de la pandemia nos urge cambiar esta realidad.

La propuesta de clases virtuales ha fragmentado aun más al sector educativo, cuyos integrantes trabajan de forma todavía más aislada, es decir, los padres por su lado, deben conseguir teléfono, saldo, hacerse cargo de hacer seguimiento con herramientas que no manejan; los docentes obligados a bajar de internet, imprimir, fotocopiar y distribuir materiales a quienes no pueden acceder a la herramienta tecnológica, mientras que el resto debe completar la tarea sobre temas que no ha desarrollado. Tampoco importa si las y los alumnos entienden o no las tareas que están obligados a hacer. A todo esto se suma el permanente hostigamiento desde la dirección departamental y de las supervisiones para cumplir con la orden del MEC, pidiendo informes hasta con fotos de menores de edad como “evidencia”.

Por Héctor Insfrán. Regional de San Pedro

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