El barco pirata de Salud

Por Miguel H. López

La pandemia de Covid-19 aceleró la evidencia de muchas cosas, entre ellas la corrupción que no descansa desde el Estado ni desde el sector empresarial mendaz. La criminalidad de las acciones de altos y medianos funcionarios y “particulares”, en un amplio contexto de redes, contactos y claques, para la adquisición torcida de indispensables insumos médicos y equipamientos, son un recordatorio devastador de la lógica con la que viene moviéndose el Gobierno y todos sus antecesores del mismo matiz desde hace más de 70 años.

En este momento el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazzoleni, autonombrado capitán que dirige el barco para capear la tormenta del nuevo coronavirus, trata de calafatear la nave –con una tibieza perturbadora- que podría terminar hundiéndolo en el mar de la putrefacción, arrastrado por grandes oleajes de cohecho, estelionato y canonjías.

A raíz de la pandemia, el 11 de marzo el Gobierno declaró cuarentena cuya obligatoriedad fue recrudeciendo a medida que pasaban las semanas. La población en general se sometió al sacrificio, con costos económicos y sociales muy altos, buscando aplanar la curva de contagio y ganar tiempo para dotar al sistema de salud pública de equipos e insumos a fin de hacer frente, sin colapsar, a la enfermedad que en el mundo ya mató a más de 350 mil personas [1]. También anunció que el Estado tomaba una deuda (que todos pagaremos) de USD 1.600 millones para atender la emergencia.

En ese contexto la cotización en popularidad del ministro de Salud empezaba a despegar, por las medidas adoptadas ante la pandemia. Esto continuó y no faltaron quienes veían en él a un futuro presidente de la República.

Los días fueron pasando y entre datos angustiantes de contagio y nuevas ampliaciones del aislamiento, el Gobierno de Mario Abdo Benítez –prohijado de la dictadura de Stroessner 1954-1989- anunciaba la construcción express de dos hospitales a un costo de USD 1 millón 600 mil con 200 camas, especialmente equipadas, y la adquisición de equipos e insumos indispensables por USD 14 millones, con un adelanto del 30%, a través de una licitación adjudicada, por la vía de la excepción y extraños vericuetos documentales, a las empresas (de maletín) Insumos Médicos S.A. (Imedic) y Eurotec S.A., vinculadas a Justo Ferreira, rostro visible de un clan familiar asiduo proveedor del Estado.

El 18 de abril llegaron las primeras partidas de camas, tapabocas, trajes sanitarios, etc., desde Hong Kong. La aparición de un grupo de diputados de una comisión de control del uso de los fondos de emergencia para fiscalizar las mercaderías, ante sospechas de irregularidades, encendió la primera alarma. Días después Mazzoleni anunciaba que todo el stock recibido no coincidía con las indicaciones requeridas y que las empresas estaban a tiempo de reparar la situación con las partidas faltantes. Ya se había pagado el 30% del total del costo a las proveedoras. Como abriendo el paraguas, el ministro se apresuró entonces en aclarar que no existió irregularidad en el proceso licitatorio [2].

El 25 de abril renunció el director general de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud, el abogado Pablo Lezcano, alegando razones familiares, aunque la coincidencia del escándalo era inocultable [3]. Cinco días después también dimitían la directora general de la Dirección de Vigilancia Sanitaria, Lourdes Rivaldi y el director general de Administración y Finanzas, Alcides Velázquez [4]. Este último en su declaración pública dijo haber recibido presiones de altas autoridades. El ministro se puso el sayo y alegó que nunca haría cosas incorrectas.

Las sospechas aumentaron. Aparecieron más evidencias y empezaron a surgir datos que vinculaban a los proveedores con personas de la Presidencia de la República. Incluso, que el clan Ferreira formaba parte de un esquema de adulteración de documentos para introducir medicamentos oncológicos defectuosos desde la India, con cargo de supuesta compra en Brasil [5].

La emergencia acuciaba, pero Mazzoleni retrasaba cualquier acción posible contra Imedic S.A y Eurotec S.A., haciendo que estas ganaran tiempo. De igual modo –y sin explicación oficial- demoró la emisión de la segunda orden de compra de equipos e insumos. Mientras, la población permanecía en una cuarentena estricta, en muchas franjas pasando hambre o comiendo apenas en ollas populares y las micro y mediana empresas agotándose o quebrando. Asimismo aumentaban a 100 mil los despidos irregulares y la cesación de trabajadores, hasta en las grandes empresas que aprovechaban la circunstancia para acometer atropellos a derechos laborales.

En medio de los debates públicos, el repudio y el estupor ante el manejo negligente y poco transparente de los asuntos destinados a proteger la salud del país, los trabajadores de blanco seguían protestando por la falta de equipos de bioseguridad en la mayoría de los hospitales de la República; todos desabastecidos y casi aniquilados por la política desplegada desde el Parlamento y el Ejecutivo, en los sucesivos períodos, para favorecer al modelo capitalista privatizador del sistema a costa de la vida de la población.

Desde Salud seguía demorándose cualquier acción en torno a las compras que el clan Ferreira todavía debía entregar; mientras, las sospechas sobre otro asunto dentro del marco de la pandemia cobraban cuerpo. Uno de los adjudicados para la construcción de los 2 hospitales express, para asistir a los enfermos de coronavirus, era una empresa que tenía como director a Gonzalo Zavala Serrati, hermano del senador del Partido Patria Querida, Fidel Zavala, y familiar de Josefina Adriana Romero viuda de Mazzoleni; madrastra del ministro. Ella figura en el portal de Contrataciones Públicas como proveedora del Estado y es al mismo tiempo alta funcionaria en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones [6]. El 22 de abril el MOPC adjudicó nuevamente a la empresa de Zavala Serrati la realización de obras complementarias en los hospitales de emergencia que ellos mismos habían construido [7] y que ese día se estaban inaugurando.

El 12 de mayo, 24 días después de la primera partida, llegó una última carga de las compras de equipos e insumos para Salud a través de las empresas Imedic S.A y Eurotec S.A. El 19 de mayo la regente del Parque Sanitario de Mariano Roque Alonso, Norma Graciela Rodríguez, concluía en un documento que los tapabocas KN95 no tenían las especificaciones técnicas. El 20, Mazzoleni la contradecía diciendo que según responsables de la Dirección de Insumos y de la Dirección de Vigilancia Sanitaria aquellos barbijos sí reunían los detalles requeridos [8] y negaba conocer el informe de la funcionaria.

Cinco días antes de la llegada de las mercaderías, el Ejecutivo había conformado una comisión especial para fiscalizar las compras dentro del marco de la pandemia por Covid-19, ya que todas las licitaciones del Estado entraron bajo sospecha de la ciudadanía. El equipo encabezado por el ministro de la Secretaría Nacional Antidroga, Arnaldo Giuzzio, entregó su informe final el pasado jueves 21 señalando 4 puntos de incumplimientos y que los insumos no reunían las condiciones requeridas por varias razones, incluso técnicas; y tipificaba el hecho como estafa en grado de tentativa al Estado y violación de marcas. En el caso de las mascarillas habilitadas por el ministro, decía que en su etiqueta original las mismas indicaban no ser aptas para usos médicos.

Ese mismo día 21 la Contraloría General de la República también presentó su informe sobre documentos requeridos el 17 de abril a Salud Pública sobre esta licitación y compra de equipos e insumos para el combate a la Covid-19. En su conclusión objetó 44 puntos de los cuáles 14 son sentencia. El proceso está viciado en todas sus etapas, saltándose pasos y exigencias básicas, por lo que asiente que Imedic S.A y Eurotec S.A. debieron ser descalificadas, no adjudicadas. Basados en este documento, los diputados de la comisión de fiscalización de gastos en el marco de la pandemia, que dieron la alarma inicial y fueron duramente atacados por el diputado Nano Galaverna, hijo del senador colorado Juan Carlos Galaverna, presentaron denuncia formal en la Fiscalía [9].

Pese a todo, el 24 de mayo un comunicado del Ministerio de Salud seguía sosteniendo que el proceso de adquisición de insumos y camas se realizaba con total transparencia [10]. Sin embargo, la abrumadora evidencia obligó a Mazzoleni a presentar denuncia ante el Ministerio Público [11], previo rechazo de la totalidad de la carga, tres días después de que los dos informes especializados concluyeran la existencia de anormalidades y violaciones en el proceso licitatorio y en la calidad de los insumos recibidos [12]. En su presentación aludía, basado en el documento de Giuzzio, que las mascarillas KN95, que en principio había validado, ahora resultaban de peligro mortal si hubiesen sido usadas. Tres días antes había rescindido contrato [13] con las firmas involucradas, pero seguía sosteniendo que no veía posibilidad inmediata de denunciarlas [14]. ¿Qué ocurrió en ese lapso que lo llevó a cambiar de parecer? Hoy sabemos que hay documentos, declaraciones y más evidencias que retratan el esquema de corrupción que operó en este caso, y que pertenece a una práctica y diseño aplicados en diversas dependencias del Estado para favorecer con licitaciones a determinados grupos cercanos, afines o de conveniencia.

Mazzoleni dispuso –tomando una de las recomendaciones de la Contraloría- una partida de sumarios [15], tal vez tratando de expiar alguna culpa, pero que no pasa de ser un tanteo testimonial para amainar el torbellino de corrupción, a costa de la salud del pueblo, que lo pone con alta responsabilidad personal e institucional en el ojo de lo que se encamina a convertirse en huracán.

A 78 días de someternos el Gobierno de Mario Abdo Benítez a cuarentena, de ellas 54 días de aislamiento estricto y extremo sacrificio para gran parte del país, el sistema de salud sigue desabastecido, sin los equipamientos necesarios y los trabajadores de blanco reclamando insumos básicos de bioprotección [16].

Los responsables de permitir este desmadre y poner en peligro la vida de la población y el dinero público –por acción y omisión- tienen nombre y apellido; y están en el Gobierno.

[1] https://www.bbc.com/mundo/noticias-51705060

[2] https://www.abc.com.py/nacionales/2020/04/29/para-mazzoleni-no-hay-irregularidades-dentro-del-ministerio-de-salud-por-la-compra-de-insumos-defectuosos/

[3] , https://www.lanacion.com.py/pais/2020/04/25/renuncia-responsable-de-contrataciones-de-salud-tras-escandalo-de-camas-en-deposito/

[4] https://www.mspbs.gov.py/portal/20864/renuncia-de-directores-generales.html

[5] https://www.lanacion.com.py/investigacion/2020/04/23/firma-del-clan-ferreira-fraguo-documentos-para-introducir-al-pais-farmacos-de-la-india/

[6] https://independiente.com.py/madrastra-de-mazzoleni-proveedora-y-funcionaria-publica/

[7] https://independiente.com.py/madrastra-de-mazzoleni-tiene-vinculos-familiares-con-empresa-que-construyo-hospitales-de-contingencia/

[8] https://www.ultimahora.com/lenta-reaccion-mazzoleni-denunciar-irregular-adquisicion-n2887213.html

[9] https://www.launion.com.py/diputados-presentan-denuncia-penal-sobre-compra-de-insumos-plagada-de-irregularidades-138330.html

[10]https://www.ip.gov.py/ip/ministerio-aclara-llamado-para-adquisicion-de-insumos-y-camas-para-covid-19/

[11]https://www.abc.com.py/nacionales/2020/05/24/mazzoleni-denuncio-ante-fiscalia-el-caso-de-insumos-medicos/

[12] https://www.ultimahora.com/mazzoleni-presento-denuncia-fiscalia-la-criticada-compra-n2886871.html