Mientras miles de familias se quedan sin trabajo y sin alimentos, la ex titular de Petropar sobrefacturó por millones la compra de agua tónica, en medio de una crisis sanitaria y económica que golpea profundamente a las trabajadoras y los trabajadores del país.
La cuestionada gestión de Patricia Samudio, ex titular Petróleos Paraguayos SA. (Petropar), tuvo esta semana su epicentro en la opinión pública. Las denuncias por las compras sobrefacturadas de insumos médicos y agua tónica en el marco de la lucha contra la actual pandemia, culminaron con su renuncia.
La compra de mascarillas a G. 38.000, precio que excede más de la mitad de lo establecido, y otros insumos médicos a precios irrazonables, fue la clara evidencia del uso de licitaciones públicas para el enriquecimiento de algunos sectores privados.
El criminal uso del dinero público, había sido advertido desde el inicio de la gestión de Patricia Samudio.
El Sindicato de Funcionarios de Petróleos Paraguayos había alertado de los grandes daños patrimoniales causados por la ex titular durante su administración.
Reparación de estaciones de servicio a costos superiores que la construcción de uno nuevo, la adquisición irregular de hidrocarburos a precios no ventajosos y operaciones de la empresa estatal con firmas relacionadas a familiares de Samudio fueron algunas de las denuncias realizadas por los trabajadores organizados del sector, sistemáticamente perseguidos por la ex presidenta.
Las incuestionables irregularidades sucedidas en Petropar, forman parte elemental del funcionamiento de un Estado diseñado para el negocio y beneficio de los privilegiados del país. Como es el caso de la empresaria Patricia Samudio, que con un patrimonio neto de GS. 17.418.469.062, ocupó uno de los sectores más estratégicos de la economía nacional para dirigir los intereses mezquinos de las minorías, aún en momentos de pandemia.
Su salida, producto de las reiteradas denuncias de trabajadoras y trabajadores, pone en alerta a toda la ciudadanía. La nueva dirección del sector hidrocarburos, históricamente corrompido, jugará un importante rol en la definición de la «Reforma del Estado».
La reforma de los privilegiados
En medio del hambre y la desesperación, el Congreso Nacional debate la llamada “Reforma del Estado”, que busca principalmente reducir el gasto público.
Entre los proyectos, se encuentra el del senador Enrique Riera que, con el argumento de una mejor administración de los recursos del Estado, propone la privatización de empresas públicas, como Petropar, Ande, Essap, dejando en manos privadas sectores claves de la economía para profundizar el modelo de saqueo y explotación vigente.
Por su parte, el Gobierno Nacional propone el recorte de los salarios privilegiados dentro de la función pública. Pero el recorte de privilegios no llega a los sectores que más acumulan y menos aportan a un Estado cada vez más reducido; tabacaleras, sojeros, maquilas, bancos, entre otros.
La mirada puesta en un solo sector, también fue criticada por el Sindicato de Funcionarios de Petróleos Paraguayos, que advirtió que para pensar una verdadera Reforma del Estado se debe convocar a los representantes de todos los sectores, principalmente, a los representantes de la clase trabajadora del pais, quien es la que sosteniene el Estado.
El rol de trabajadores y trabajadoras organizados de las empresas públicas será esencial en esta coyuntura de debates sobre la reforma, para que la ciudadanía adquiera conciencia de la importancia de defender y proteger los bienes y recursos públicos, para ampliar la capacidad y presencia estatal en sectores como la salud y educación.
Una reforma del Estado -dirigido y representado por los privilegiados- no puede aplanar la curva de la injusticia. Para que el agua sea de todos y no de unos pocos, la única verdadera salida es un Estado dirigido por trabajadoras y trabajadores honestos.
*Por el Comité Obrero Timoteo Ojeda para Adelante!
Adelante! 
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