Palestina | Por Secretaría de Relaciones Internacionales
Franja de Gaza
Empezó otro año pero la realidad palestina es la misma o incluso peor. Nada más de iniciar el 2026, el gobierno israelí anunció que va a cesar las licencias para operar en la Franja de Gaza a 37 organizaciones humanitarias que prestan diversos auxilios a la población palestina, como atención médica. También Israel continúa impidiendo el ingreso de materiales para el levantamiento de refugios adecuados para la población palestina ante el crudo invierno que golpea a la Franja, lo que ya derivó en la muerte por hipotermia de varios infantes recién nacidos. Según el medio estadounidense Drop Site News, citando a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA por sus siglas en inglés), solo alrededor de 50.000 carpas fueron ingresadas a la Franja de Gaza desde el inicio del alto el fuego entre Israel y Hamas el 10 de octubre de 2025. Esta cantidad sería suficiente para aproximadamente 270.000 personas, pero las agencias de ayuda humanitaria estiman que alrededor de 1.300.000 personas todavía necesitan refugio con urgencia.
Miles de carpas suministradas a los palestinos desplazados en la Franja de Gaza no cumplen con los mínimos estándares de la ONU para el invierno, según una evaluación coordinada por UNOCHA. Los especialistas en la materia hallaron que las carpas donadas por China, Egipto y Arabia Saudita a menudo no eran impermeables, eran estructuralmente débiles, estaban mal cosidas y carecían de suelo, mientras que las carpas suministradas por Qatar, Emiratos Árabes Unidos y la propia ONU sí cumplirían con las especificaciones mínimas de la ONU, según el diario británico The Guardian.
Ali Shaath, actual responsable del Comité Nacional para la Administración de Gaza, que responde a la recientemente creada «Junta de Paz»1, anunció en un evento celebrado en Davos, Suiza, que el cruce de Rafah —que conecta a Palestina con Egipto en la zona sur de la Franja de Gaza— se va a reabrir en ambos sentidos en la última semana de enero. Según el totalmente ilusorio acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025 entre Israel y Hamas, el estado genocida tiene que permitir el ingreso pleno de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Es decir, esto ya tendría que haber ocurrido desde el 1o de octubre de 2025. Es la tradición israelí de violar los acuerdos que firma. De ahí el epíteto de «ilusorio». ¿Confiarle el acceso de ayuda humanitaria para una población víctima de genocidio al estado que está cometiendo ese genocidio? Ridículamente distópico.
La ayuda humanitaria que ingresó hasta el momento desde el acuerdo de alto el fuego, aparte de ser escasa, no es de calidad. Israel solo permite el ingreso de camiones con comida chatarra (papas fritas, gaseosas) y no de alimentos realmente esenciales para una población azotada por la desnutrición, principalmente infantil.
El bloqueo israelí también afecta a la provisión de agua. Según la ONU, en la Ciudad de Gaza la producción de agua está paralizada en un 70% debido a que Israel impide la reparación de una línea de provisión de Mekorot, la empresa estatal israelí de agua que también proveía a la Franja de Gaza. Israel continúa así dedicado a la «tarea» de cumplir de una vez por todas su objetivo, esto es, concretar la «solución final» para la «cuestión palestina». Al impedir el ingreso de ayuda humanitaria, de materiales para refugio de la población ante las intensas lluvias y el frío y de la maquinaria y equipo necesario para la reconstrucción de la Franja de Gaza (algo acordado en el «plan de paz» de Trump que se estableció como acuerdo de alto el fuego en octubre de 2025), Israel sigue llevando a cabo un acto que configura el crimen de genocidio de acuerdo con la propia legislación penal internacional del orden capitalista.
Una investigación de la agencia británica de noticias Reuters reveló cómo Israel usó transportes blindados reconvertidos, cargados con de 1 a 3 toneladas de explosivos, como «coches bomba» en la Ciudad de Gaza en las semanas previas al alto el fuego del 10 de octubre para intensificar la destrucción.
A medida que las fuerzas israelíes avanzaban hacia el centro de la Ciudad de Gaza, estos vehículos cargados de explosivos, junto con los ataques aéreos y las topadoras, arrasaron barrios residenciales densos como Tel al-Hawa y Sabra. Imágenes satelitales muestran al menos 650 edificios destruidos en seis semanas. Los residentes describieron las explosiones como terremotos, añadiendo que varios de estos ataques se realizaron sin advertencia a la población.
Expertos militares dijeron a Reuters que el poder destructivo de estos artefactos rivaliza con las bombas aéreas más grandes suministradas por Estados Unidos a Israel, reduciendo a escombros los alrededores y derribando edificios de varios pisos. El uso de estas bombas es inusual y conlleva riesgos de daños indiscriminados en áreas urbanas, según estos expertos. Funcionarios israelíes afirmaron que esto «era necesario» para contrarrestar supuestas trampas explosivas de Hamas, sin proveer evidencias como de costumbre.
Según el diario estadounidense The New York Times, el ejército israelí demolió 2500 edificios en la Franja de Gaza desde la declaración del alto el fuego el 10 de octubre de 2025. Según una evaluación de la ONU del 11 de octubre del mismo año, citada por el medio estadounidense, alrededor del 80% del total de la infraestructura de la Franja de Gaza estaba destruida.
La magnitud de los bombardeos israelíes a la Franja de Gaza repercute físicamente sobre la población palestina de diversas maneras. Según el diario francés Le Monde, 35.000 personas en la Franja de Gaza —entre infantes y adultos— viven ahora con pérdida de audición total o parcial debido a las explosiones y ondas de choque de los bombardeos realizados por Israel.
Drop Site News publicó haber obtenido documentos que muestran que el Centro de Coordinación Civil-Militar —brazo militar estadounidense en «Israel» que se encarga, entre otras cosas, de coordinar el acceso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza— presentó un plan para establecer una «Comunidad Planificada» en Gaza, diseñada para albergar a hasta 25.000 palestinos.
La propuesta describe una zona de viviendas para palestinos estrictamente controlada dentro de un área bajo control militar israelí. Los residentes tendrían que pasar por un puesto de control controlado por Israel para acceder al área. Los residentes podrán entrar y salir del vecindario libremente, sujeto a controles de seguridad «para prevenir la introducción de armas y elementos hostiles», según el plan presentado.
«Todos los residentes entrantes serán registrados con documentación biométrica para permitir la identificación para el movimiento y los servicios civiles.»
El registro se basaría en números de identificación emitidos a cada habitante palestino en coordinación con COGAT, el organismo militar israelí que maneja los asuntos civiles en la Franja de Gaza y la Ribera Occidental (Cisjordania), ampliando así aún más la vigilancia y control israelí sobre la población palestina.
Según Drop Site News, cuando contactaron al CENTCOM (Mando Central de Estados Unidos), este remitió las preguntas a la Casa Blanca, oficina principal del poder ejecutivo estadounidense, que a su vez dirigió las consultas al Departamento de Estado (ministerio de relaciones exteriores).
Ninguna oficina del gobierno estadounidense brindó comentarios.
El acuerdo de alto el fuego entre Hamas e Israel establecía una línea divisoria a lo largo de la Franja de Gaza denominada «línea amarilla», que parte a la Franja de Gaza en una «zona verde» –bajo control militar israelí– y una «zona roja» –totalmente arruinada por la guerra genocida desplegada por Israel y de donde casi toda la población palestina fue desplazada–. Como parte de la fase 1 del «plan de paz» adoptado como acuerdo de alto el fuego, el ejército israelí retrocedería hasta quedar al este de la línea amarilla, quedando así el territorio de la Franja al oeste (zona roja) sin presencia militar israelí. Esta división de por sí es leonina atendiendo que el ejército israelí quedaría controlando el 58% de la Franja.
En la práctica, la colocación de bloques de cemento amarillos (de ahí el nombre de «línea amarilla») como divisoria a lo largo de la Franja fue arbitraria y poco clara. En algunos tramos directamente no existen, lo que es aprovechado por el ejército israelí para matar palestinos que deambulan en las adyacencias, con la excusa de que estos palestinos «violan el acuerdo de alto el fuego y constituyen una amenaza», incluso si son solo niños recorriendo por allí.
También existe evidencia de que el ejército israelí movió de lugar varios de los bloques amarillos de cemento, extendiendo así el territorio que debían ocupar de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego.
Imágenes satelitales de enero de 2026 muestran que Israel empezó a construir zanjas y terraplenes a lo largo de la «línea amarilla», entre los bloques de cemento movidos de lugar y la línea en la que deberían estar ubicados, creando así una verdadera barrera física que impide el movimiento de personas y vehículos. Esto demuestra, como hemos compartido en boletines anteriores, que Israel planea quedarse indefinidamente en la Franja, usurpando su territorio de facto.
El genocida Bezalel Smotrich, ministro de finanzas del Estado de Israel, dijo en un discurso público: «Gaza es nuestra y su futuro influirá en el nuestro más que en el de cualquier otro. Nosotros asumimos la responsabilidad por lo que allí ocurre e imponemos allí un gobierno militar».
Más recientemente, el ejército israelí reconoció la cifra de alrededor de 70.000 palestinos muertos en sus dos años de genocidio continuo contra la población de la Franja de Gaza. El número se acerca a las 71.000 víctimas mortales reportadas hasta el momento por el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, que los medios occidentales constantemente presentan como «manejado por Hamas». Esta cifra no incluye a los que aún están desaparecidos bajo los escombros El doctor Basem Naim, alto funcionario del gobierno de Hamas, emitió una dura reprimenda pública a los principales medios de prensa occidentales después de que el ejército israelí aceptara las estimaciones de víctimas del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. Agregó que el reconocimiento expone meses de negación deliberada y blanqueo narrativo, acusando a las instituciones políticas y mediáticas occidentales de defender las afirmaciones de Israel «ciegamente» a pesar de que el número de muertos ha sido citado y corroborado repetidamente por organismos internacionales y de la ONU. Individualizó a medios como BBC, CNN, The New York Times y Fox News, culpando a «lazos corruptos basados en intereses y el lobby sionista».
El propio Herzi Halevi, quien ocupó el cargo de jefe de estado mayor del ejército israelí durante los primeros 17 meses de la ofensiva genocida desatada desde octubre de 2023 contra la nación palestina, ya había confirmado a inicios de septiembre de 2025 que más de 200.000 palestinos fueron asesinados o heridos por Israel en su guerra genocida contra la Franja de Gaza, lo que equivale a aprox. el 10% de la población de la Franja a 2023 (2.200.000 habitantes). Aunque los datos del ministerio de salud de Gaza no distinguen civiles asesinados de combatientes caídos de Hamas, la inteligencia del ejército israelí tenía identificados a 8.900 combatientes de Hamas caídos al 19 de mayo de 2025, lo que significa que alrededor del 83% de las víctimas palestinas hasta entonces se corresponden con civiles, según un reporte del medio israelí +972 publicado en agosto de 2025.
Ribera Occidental (Cisjordania) y Jerusalén
En 2025, al menos 32.000 habitantes palestinos fueron expulsados de sus casas en Cisjordania debido a demoliciones, confiscación de tierras, violencia de colonos israelíes y órdenes militares de evacuación. La violencia de los colonos israelíes contra la población palestina presentó niveles que antes no se habían registrado: según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA por sus siglas en inglés), octubre de 2025 fue el mes más violento, con 260 atentados de colonos derivando en muertes de palestinos, destrozos y otros daños a las propiedades palestinas.
Más recientemente, la aldea palestina de pastores beduinos de Ras Ein al Auja fue desalojada totalmente después de que la última familia palestina que allí quedaba recogiera sus cosas y fuera expulsada por los constantes atentados de colonos israelíes. En la aldea vivieron alrededor de 700 palestinos durante décadas y décadas. Ahora ya no queda nada de ella.
La situación apunta a empeorar. El genocida Itamar Ben Gvir, ministro de «seguridad nacional» del Estado de Israel, autorizó la concesión de permisos de armas a residentes de 18 asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania. Desde finales de 2023, más de 240.000 israelíes recibieron permisos para portar armas de fuego, una cifra sin precedentes frente a los aproximadamente 8.000 anuales de años anteriores.
En la noche del 17 de enero de 2026, 20 colonos israelíes incendiaron edificios y atacaron a residentes de la comunidad beduina de Mohamas, atacando también a activistas que monitorean la violencia sionista en Cisjordania. Según la periodista israelí Matan Golan, corresponsal del diario Haaretz en la Ribera Occidental (Cisjordania), un activista le comentó que los colonos le golpearon con garrotes en las piernas, cabeza y testículos, y que las casas palestinas en donde él se encontraba fueron incendiadas por los colonos. En este video compartido por la periodista se puede ver a los terroristas israelíes regresando colina arriba hacia el puesto avanzado israelí de Kol Mevaser tras perpetrar el atentado.
Estos colonos actúan con pleno respaldo policial y militar israelí. En otro episodio de terrorismo sionista perpetrado por estos a finales de enero y documentado por Golan, se los ve robando ovejas de granjas palestinas con la protección de soldados del ejército israelí. Al mismo tiempo también provocaron incendios en otros puntos cercanos, quemando leña que la población palestina del lugar necesitaba para cocinar.
En otro acto de violencia sionista, las fuerzas israelíes irrumpieron en el campamento de refugiados de Shuafat, en la Jerusalén ocupada, allanando múltiples viviendas, deteniendo a varios residentes y destruyendo alrededor de 13.000 huevos, según imágenes y reportes difundidos en redes y medios.
Shuafat es el único campamento de refugiados dentro de los límites municipales de la ciudad. Sus residentes pagan impuestos a la municipalidad, pero llevan años sin servicios básicos, desde cloacas y recolección de basura hasta infraestructuras seguras.
Organizaciones de derechos humanos y agencias de la ONU documentaron cómo en los barrios palestinos de Jerusalén ocupada –incluido Shuafat– la inversión municipal es mínima en comparación con las áreas israelíes, lo que se traduce en calles deterioradas, escuelas saturadas y servicios de salud insuficientes. Esto empeora con la reciente expulsión de Jerusalén de la Agencia de Socorro y Obras Públicas de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA por sus siglas en inglés) junto con la destrucción de sus instalaciones, ya que deja a decenas de miles de palestinos y palestinas sin alternativas claras para educación, saneamiento o atención médica.
Entre otras noticias, según un reporte de la organización no gubernamental israelí Ir Amim, el gobierno genocida está tramando despojar masivamente a la población palestina de sus tierras y hogares, concretando así cada vez más el proyecto sionista. Israel pretende hacer esto completando el registro de todas las tierras de Jerusalén oriental para el año 2029. Jerusalén oriental —o Jerusalén este— es reconocido a nivel internacional como territorio palestino.
Concretamente, el proceso de «registro» o «regularización de tierras» consiste en que el Estado israelí determina de manera definitiva quién es el propietario de la tierra. En Jerusalén oriental la mayoría de las tierras nunca fueron inscritas en el registro público de propiedades por circunstancias histórico-políticas, lo que hizo que este procedimiento se convierta en una herramienta del proyecto sionista. En 2018, el Estado de Israel promovió un proceso de regularización de tierras en los barrios palestinos. Desde entonces, alrededor del 85% del territorio fue transferido al Estado israelí, concretamente a entidades públicas, mientras que solo alrededor del 1% fue registrado a nombre de propietarios palestinos privados. El proceso de «regularización» (despojo) de tierras es efectuado principalmente en zonas donde tienen planificado construir nuevos asentamientos de colonos sionistas. El proyecto está siendo promovido en el contexto de las próximas elecciones israelíes, y bajo el liderazgo del genocida ministro de economía israelí Bezalel Smotrich.
Nota
- Se trata de un organismo creado oficialmente en enero de 2026 por el gobierno de Estados Unidos, principal patrocinador del genocidio cometido por Israel contra la nación palestina, a partir del «plan de paz» que estableció como acuerdo de alto el fuego entre Hamas e Israel en octubre de 2025; la «junta de la paz» está presidida vitaliciamente por Donald Trump, y una de sus funciones es supervisar las tareas a ser realizadas por un «cuerpo tecnocrático» que va a administrar la Franja de Gaza en virtud del acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025. A la población palestina no se le consultó si está de acuerdo con esta decisión. La junta, que no tiene ningún miembro palestino, fue autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU en su sesión del 17 de noviembre de 2025, e Israel es uno de los estados que la integra. El Consejo de Seguridad de la ONU se compone de quince países, de los que cinco son miembros permanentes y el resto dura uno o dos años como tal. Los países que integraban el Consejo de Seguridad de la ONU al momento de la autorización para el establecimiento de la «junta de la paz» eran Sierra Leona, Argelia, China (miembro permanente), Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos (miembro permanente), Rusia (miembro permanente), Francia (miembro permanente), Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, Reino Unido (miembro permanente), Corea del sur y Somalia. A diferencia de los miembros temporales, los miembros permanentes tienen poder de veto. Para que una propuesta sometida a consideración del Consejo sea aprobada se requiere al menos nueve votos a favor, pero si un miembro permanente ejerce su poder de veto la propuesta será rechazada aunque existan nueve o más votos a favor. A pesar de sus discursos a favor de la nación palestina, Rusia y China no ejercieron su poder de veto para impedir la creación de la «junta de la paz», cuyo objetivo velado es concretar el genocidio de forma disimulada. ↩︎
