Paraguay| por Adelante!
Esta semana, integrantes de la Campaña Internacional en Solidaridad con la Familia Villalba, denunciaban con absoluta firmeza la situación de aislamiento, hostigamiento y represión que están sufriendo las presas políticas Carmen Villalba, Laura Villalba y Francisca Andino en el penal de varones de Minga Guazú.
El pasado martes, 8 de abril, las autoridades penitenciarias negaron la visita de Elsa Oshiro, referente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y miembro de esta Campaña, prevista para el miércoles 9 de abril. Además, las autoridades penitenciarias negaron toda comunicación con los abogados defensores de Carmen, Francisca y Laura.
Desde la campaña denunciaron que esta negativa es una violación flagrante de todo el orden jurídico nacional e internacional, configura un régimen de encierro clandestino, y se suma a los tratos crueles inhumanos, degradantes y torturas que ya habrían denunciado en ocasiones anteriores tanto a través de comunicados como de escritos jurídicos ante las instancias correspondientes.
También denuncian que las tres mujeres han recibido tratos inhumanos, negación de atención médica adecuada, alimentación suficiente y agua potable en cantidades necesarias. La Campaña Internacional ha acercado al penal de manera sistemática alimentos básicos y agua potable dirigidos a Carmen, Laura y Francisca, pero en la mayoría de las ocasiones estos han sido entregados incompletos, y en las últimas tres ocasiones, no han llegado a destino.
La campaña responsabiliza al Gobierno de Santiago Peña, así como a los ministros de Justicia, Rodrigo Nicora y del Interior Enrique Riera, de todo lo que pueda pasarles a Carmen, Laura y Francisca. Y exigen el restablecimiento de las visitas y la comunicación directa con sus abogados, y el traslado urgente de las tres presas políticas a sus lugares de detención anteriores, a más tardar el día martes 9 de abril, el cierre definitivo del penal de Minga Guazú, un espacio donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Y la transparencia y acceso a la información sobre las condiciones de detención actuales.
