Paraguay | Por Adelante!
Recientemente el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas – ONU emitió un informe en el que responsabiliza al Estado paraguayo de graves violaciones de derechos humanos, en relación al caso del asesinato de Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ejecutadas por las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) en septiembre de 2020 en Ybý Yaú, departamento de Concepción, durante el gobierno del criminal Mario Abdo Benítez, siendo ministro del interior el ex candidato a presidente Euclides Acevedo. Los cuerpos de las niñas fueron exhibidos como un trofeo por el gobierno, que en su primera comunicación aseguró que ambas tenían 15 y 18 años de edad, respectivamente.
Dicho informe es producto de una investigación confidencial llevada a cabo por el comité desde el año 2021. “Los homicidios de las dos niñas de 11 años constituyeron una grave violación del derecho a la vida, especialmente teniendo en cuenta la participación directa de la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado,” afirmó el Comité, y añadió: «Esta violación se agrava aún más por el hecho de que Paraguay no llevó a cabo una investigación exhaustiva, lo que sugiere una grave negligencia o un encubrimiento intencionado de detalles importantes”.
El informe también relata la sistemática obstrucción del Estado paraguayo para realizar la investigación: “En marzo de 2021, el Gobierno del Paraguay confirmó su compromiso de colaboración continua con la investigación y designó un punto focal para esta. El 28 de julio de 2022, el Gobierno del Paraguay denegó la solicitud de visita del Comité. Al no haber dado el Estado parte su consentimiento para que realizara una visita, el Comité decidió proseguir la investigación con los medios tecnológicos disponibles y, por lo tanto, llevó a cabo una investigación mediante videoconferencia, del 27 de octubre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Un total de 32 personas fueron entrevistadas en línea”.
El informe concluye que: “En vista de lo anterior, el Comité considera que la forma en que se llevaron a cabo las investigaciones indica una negligencia extraordinaria del Estado parte o un intento deliberado de encubrir el hecho de que las personas que resultaron muertas eran niñas de 11 años”.
El Comité pide al Estado parte que, en un plazo de seis meses, lo informe sobre las medidas que haya adoptado y tenga previsto adoptar, le recomienda que difunda las conclusiones y recomendaciones del Comité.
Este informe reafirma la larga lucha de movimientos sociales, organizaciones políticas y personalidades de países de todo el mundo, que denunciaron el infanticidio de las niñas y refuerza la necesidad de seguir luchando por justicia, denunciar al Estado paraguayo y sumar los esfuerzos del campo popular para garantizar la no repetición y la aparición con vida de Lichita Villalba, prima de las niñas.
