Opinión | Por Oscar Herreros Usher

El pasado lunes 23 de setiembre de 2024, el Estado sionista de «Israel» llevó a cabo un ataque aéreo contra las regiones sur y este de El Líbano con el pretexto de destruir depósitos de armas, misiles y puestos de mando de Hezbolá, supuestamente ocultos en edificios civiles y casas familiares. Como resultado, según informó el Ministerio de Salud libanés, fallecieron 558 personas, incluidos 50 niños y 94 mujeres, y el número de heridos se elevó a 1.835.
No se ha presentado ninguna evidencia gráfica de que tales presuntas instalaciones militares hayan sido alcanzadas. Se trata simplemente de un crimen de guerra contra la población civil —perpetrado con el apoyo, munición y permiso de Estados Unidos (previamente «Israel» informó y obtuvo el aval correspondiente)—.


Este crimen se suma al genocidio que continúa en Gaza, donde ya han muerto más de 43.000 palestinos, entre ellos 17.000 niños y donde, además, se ha impuesto un cerco que impide que llegue el 83% de la ayuda alimentaria necesaria (frente al 34% en 2023). Esta reducción significa que la gente de Gaza ha pasado de tener un promedio de dos comidas al día a solo una comida cada dos días. Se estima que 50.000 niños de Gaza de entre 6 meses y 5 años de edad necesitarán urgentemente tratamiento por desnutrición para finales de año. El genocidio se materializa no solo con bombas, sino mediante el hambre y la inanición.


¿Condenará el gobierno paraguayo el genocidio y los crímenes de guerra cometidos por la entidad sionista? Se puede afirmar que es seguro que no, ya que es un gobierno que no toma decisiones por sí mismo, sino que sigue al pie de la letra los dictados del imperio estadounidense, como lo prueban las votaciones en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).


El 18 de setiembre se votó en la Asamblea General de la ONU una resolución que en parte de su texto expresa: “La Asamblea General exige que Israel ponga fin sin demora a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado, que constituye un hecho ilícito de carácter continuado que genera su responsabilidad internacional, y que lo haga a más tardar doce meses después de la aprobación de la presente resolución”. Se exige además “cesar inmediatamente todas las nuevas actividades de asentamiento” y se recomienda a otros estados no reconocer la presencia ilegal de Israel en demarcaciones palestinas.


Esta resolución se condice con el dictamen de la Corte Internacional de Justicia que, el pasado mes de julio, determinó que «la presencia continuada de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados es ilegal», y exige también que el Estado israelí devuelva las tierras confiscadas a los palestinos, permita el retorno de los desplazados hacia sus antiguos asentamientos y proceda a las reparaciones a los damnificados, y pide a la comunidad internacional que no reconozca las consecuencias territoriales, legales ni demográficas de la ocupación del territorio palestino.
La reciente resolución de la Asamblea General fue adoptada por 124 votos a favor, 14 en contra y 43 abstenciones. Paraguay votó en contra, como se puede constatar en la imagen de cabecera.


No es el primer acto de vasallaje del gobierno paraguayo que ya se alineó con Estados Unidos en otras recientes votaciones en la Asamblea General de la ONU. Hace poco nuestro país volvió a manifestar su intención de mudar su embajada a Jerusalén, como lo había hecho el gobierno de Horacio Cartes (quien es el que realmente manda) tras la retirada de Mario Abdo, lo que provocó el cierre de la sede diplomática de «Israel» en nuestro país. Actualmente tienen su embajada en Jerusalén solo Estados Unidos, Guatemala y Papúa Nueva Guinea. Se debe recordar que instalar una embajada en Jerusalén va en contra de varias resoluciones de las Naciones Unidas.


Con estos antecedentes, no sería de extrañar una votación en contra del levantamiento del ilegal y criminal bloqueo que Estados Unidos mantiene desde hace más de 60 años contra Cuba, la isla irredenta, ese faro de la dignidad e independencia de América Latina y el Caribe.


La sumisión del gobierno paraguayo ante el imperio es escandalosa, porque significa complicidad con el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino y los crímenes de guerra que se cometen contra los libaneses. Esta postura abyecta contrasta diametralmente con la digna actitud reflejada en estas palabras del Dr. Francia durante el Congreso de Vecinos que inició sus sesiones el 24 de julio de 1810 en el Real Colegio de San Carlos, a raíz de los sucesos de mayo en Buenos Aires:
Esta asamblea no perderá su tiempo debatiendo si el cobarde padre o el apocado hijo es el rey de España. Cada uno de ellos ha abdicado dos veces. Los dos han demostrado su débil espíritu y desleal corazón. Mas sea o no rey de España el uno o el otro, ¿qué nos importa a nosotros?. Ninguno de ellos es ya rey del Paraguay. El Paraguay no es patrimonio de España, ni provincia de Buenos Aires. El Paraguay es Independiente y es República. La única cuestión que debe discutirse en esta asamblea y decidirse por mayoría de votos es como debemos defender y mantener nuestra independencia contra España, contra Lima, contra Buenos Aires y contra el Brasil; cómo debemos mantener la paz interna; como debemos fomentar la pública prosperidad y el bienestar de todos los habitantes del Paraguay.