Mano dura selectiva

Análisis | Por Oscar Herreros Usher

Al día siguiente de las elecciones generales del 30 de abril en Paraguay, se desataron manifestaciones de calle no sólo en Asunción sino que se extendieron a varias otras ciudades. Conocidos los resultados, que consagraban la continuidad del partido político en el poder desde hace 70 años, las multitudes compuestas principalmente por jóvenes denunciaban fraude, incitados por algunos candidatos perdedores, no importa quiénes. Las protestas se mantienen desde hace dos semanas.

Asistiendo a las noticias propaladas por emisoras de televisión, radios, diarios en sus versiones impresas y en internet, uno no puede evitar sentir una dolorosa sensación de déjà vu, aunque la Real Academia recomiende que lo escribamos en cursiva o preferentemente usemos la palabra paramnesia.

¿Por qué estos hechos actuales nos evocan acontecimientos del pasado? ¿Por qué de nuevo el partido de gobierno ha ganado al haber puesto a funcionar su maquinaria de intimidación, coerción, compra de votos y otras artimañas de sobra conocidas? No necesariamente, eso forma ya parte de nuestro folclore. ¿Por la represión policial repartiendo palos a diestro y siniestro? No tanto, ya sabemos que no hay protesta callejera que se precie sin los correspondientes cachiporrazos, gases lacrimógenos, cañones de agua y perdigones de goma. Sino porque todo el aparato judicial se ha volcado a su ocupación favorita y la única que realiza eficientemente: criminalizar la protesta social.

Con una celeridad encomiable, y desde el primer día, los fiscales no se dieron abasto para imputar a las personas detenidas por los más diversos crímenes: perturbación de la paz pública (otro déjà vu: la ley 209/70 “De defensa del orden público y libertad de las personas”), resistencia, violación del derecho a la libre circulación, incitación a la violencia, apología del delito [1]. A pocos días de las elecciones sumaban más de doscientas las personas detenidas y unas ciento cincuenta las imputadas y para todas ellas se pidió prisión preventiva [2]. Los jueces trabajaron a jornada plena para tomarles declaración indagatoria que, aparte de algunos casos risibles y escandalosos de arbitrariedad fiscal [3], confirmaban la prisión.

Por otra parte, la brutalidad policial no estuvo ausente y pese a todas las evidencias los fiscales no se han ocupado de eso, han eludido su responsabilidad de proteger a las personas: “no podemos afirmar ni negar porque tenemos que cotejar, la colega de DD HH va a investigar ese caso” [1]. Lo mismo han hecho las autoridades policiales : “Se realizarán todas las averiguaciones pertinentes, la Policía Nacional tiene a sus técnicos investigadores, que analizarán las actuaciones de los agentes” [4]. Promesas vanas pues la fiscalía de Derechos Humanos no actúa: “según datos de la Defensoría Pública, desde el 2018 hasta el año pasado desde esa institución denunciaron un total de 190 casos de vulneración a derechos humanos; este año se sumaron 20 casos, pero ninguno hasta ahora fue objeto de investigación” [5][6].

Esta es una situación que ya hemos vivido incontables veces, incluso dejando de lado los años sangrientos de la tiranía de Stroessner, presidente honorario del partido que acaba de ganar las elecciones. Cuando un grupo de campesinos ocupa tierras, generalmente usurpadas por terratenientes de las inmediaciones, la policía interviene con toda fuerza y brutalidad, quemando precarios ranchos, destruyendo instrumentos de trabajo, saqueando las pobres pertenencias de sus víctimas y deteniendo a todos incluyendo ancianos y niños. Acto seguido intervienen los fiscales imputando sobre todo a los líderes y los jueces decretan la prisión de esas personas o si las dejan en libertad ellas viven bajo la amenaza de volver a la cárcel si se les ocurre seguir reclamando sus derechos, la tierra en donde trabajar y sustentarse.

En este contexto se inscribe el caso de Agustín Acosta, Simeón Bordón, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Arístides Vera, campesinos presos larguísimos años por un crimen que no cometieron. Así también el de los 14 campesinos acusados de apoyar el secuestro del ganadero Luis Lindstron y el de la masacre de Curuguaty [7][8]. Y así tantos otros [9][10] que la memoria colectiva se empeña en olvidar, aunque habemos quienes nos negamos a ello, desde las Ligas Agrarias en adelante.

Es que el sistema de justicia paraguaya no está concebido para proteger los derechos de las personas y perseguir el delito sino para reprimir, criminalizar y perseguir penalmente las insurgencias sociales, desconociendo el derecho a la protesta, las garantías individuales. Su objetivo fundamental es mantener incólume el régimen imperante de injusticia, de privilegios escandalosos de unos pocos y de pobreza y marginalización de la mayoría trabajadora del país.