El día de ayer, la Gremial de Abogadas y Abogados de Argentina dio a conocer la resolución de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) de Argentina de conceder el refugio político a Myriam Villalba y otros familiares, entre los que se encuentran niños y adolescentes perseguidos por el Estado Paraguayo por su relación de parentesco con Carmen Villalba, recluida hace casi 18 años en la cárcel del «Buen Pastor». Se trata de un grupo familiar que hace años reside en la localidad argentina de Puerto Rico, Misiones, a la que pertenecían las niñas Lilian Mariana y María Carmen Villalba (11), asesinadas por la FTC el 2 de setiembre pasado en Yby Yaú, así como Carmen Elizabeth (14), desaparecida desde el 30 de noviembre de 2020 luego de un operativo de la FTC.
Para la abogada Laura Tafettani, quien llevó la representación de la familia Villalba ante la CONARE, esta decisión implica que «el Estado Argentino reconoce la persecución de la que es objeto la familia Villalba por parte del Gobierno del Paraguay«.
No es la primera vez que un organismo del vecino país se pronuncia respecto a este conjunto de hechos. A dos días del operativo en el que la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay asesinó a dos niñas de 11 años e intentaron presentarlas como “guerrilleras abatidas en un enfrentamiento”, la Cancillería de la República Argentina había emitido un comunicado en el que “demanda al Gobierno paraguayo el esclarecimiento y la identificación de responsables por la muerte de dos ciudadanas argentinas de once años de edad“.
En la comunicación oficial, el Gobierno argentino expresó además que rechaza «de la manera más enérgica las expresiones injustificadas del General Héctor Grau como Comandante de la FTC, adjudicando a la Argentina haberse convertido en una “guardería de soldados del Ejército del Pueblo Paraguayo”, así como toda otra manifestación que busque encubrir responsabilidades“.
Además del Gobierno argentino, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había emitido el 5 febrero pasado una declaración en la que exige al Gobierno de Mario Abdo Benítez “buscar urgentemente” a Carmen Elizabeth “Lichita”, desaparecida desde el 30 de noviembre pasado y sobreviviente del asesinato de las dos niñas de 11 años, el 2 de setiembre pasado.
Naciones Unidas también cuestionó a Paraguay que no se haya llevado a cabo un examen forense completo antes de que las niñas fueran enterradas, así como la destrucción de pruebas fundamentales y la negativa del Gobierno de realizar un estudio forense independiente.
La Alta Comisionada también pidió a las autoridades paraguayas que “proporcionen información sobre la situación actual de Laura Villalba Ayala y que velen por que se le reconozcan todos sus derechos de conformidad con el derecho internacional, incluido el acceso a un abogado y el derecho a recibir visitas familiares“. Por último, Bachelet instó a las autoridades paraguayas a “realizar una investigación inmediata, independiente y efectiva sobre las muchas preguntas sin respuesta en torno a sus muertes“.
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