Se llama Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, es una niña de 14 años y fue vista por última vez el 30 de noviembre pasado por su tía Laura Villaba, madre de María Carmen Villalba, una de las niñas ejecutadas por las FTC el 2 de setiembre pasado en un vergonzoso operativo militar calificado de “exitoso” por Mario Abdo Benítez. ¿El pecado de esta niña? Ser hija de Carmen Villalba y Alcides Oviedo. En el Paraguay del terrorismo de Estado colorado ser niña puede ser increíblemente peligroso.
En conferencia de prensa realizada esta mañana, organizaciones sociales, políticas y de DDHH, junto a abogadas, abogados y familiares de Carmen Elizabeth denunciaron la desaparición de la niña y responsabilizaron a la Fuerza de Tarea Conjunta por el gravísimo hecho que comienza a movilizar solidaridades desde Argentina y Paraguay. La denuncia cobró fuerza desde la detención de Laura Villalba el 23 de diciembre pasado en un retén de la FTC mientras se trasladaba en su motocicleta buscando a la niña Oviedo Villalba.
Laura Villalba, con residencia en Puerto Rico, Argentina, hoy detenida en una unidad militar bajo dudosas acusaciones, informó sobre la desaparición de la niña de 14 años y durante la Audiencia de imposición de medidas realizada en la fecha, reclamó al Poder Judicial la búsqueda y aparición con vida de la niña de 14 años.
Desde la Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina emitieron un comunicado de denuncia en el que señalan que “la estrategia del gobierno paraguayo es clara: su inteligencia militar, con apoyo de los yanquis, israelíes y colombianos, detectó que en el verano pasado varios niños residentes en Argentina cruzaron a visitar a sus padres –sea que estén en el monte o presos– y pretendieron obtener una superioridad en la lucha contra el EPP golpeando “donde duele”: golpeando sobre los niños. Eso obligaba a los padres a tener que moverse de otra forma y en desventaja, considerando el peligro que pesaba sobre sus hijos. Por esa razón estaban escondidas una de las hijas mellizas de la prisionera Carmen –Lichita, nacida en cautiverio– y Laura Villalba, su tía“.
La organización de abogadas y abogados asegura además que “estamos ante un típico caso de Desaparición Forzada por parte del Estado paraguayo. Ya vimos cómo trata el Estado paraguayo, sea el gobierno que fuere, a sus propios niños y niñas; y en especial a los hijos e hijas de los luchadores”.
Por su parte, Daysi Irala, abogada de la familia Villalba, aseguró en una denuncia pública desde sus redes sociales que “existe una alta probabilidad que la niña esté en manos de la FTC. Que el presidente Abdo Benítez ordene la inmediata puesta en libertad de la niña en caso que la tengan retenida ilegalmente”.
En una declaración conjunta, la Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia (Paraguay) y la Liga Argentina por los DDHH, expresaron su «preocupación sobre la situación de Carmen Elizabeth, al no contar con ninguna información oficial sobre la misma, al mismo tiempo de estar recibiendo información desde sus familiares desde la argentina sobre la desaparición de los lugares que frecuentaba«.
Solicitaron además al Estado paraguayo «realizar todas las acciones de su competencia para lograr el esclarecimiento de lo ocurrido y la adopción de medidas que reviertan el cada vez más grave retroceso en materia de garantías básicas de derechos fundamentales«.
El Partido Comunista Paraguayo, en un comunicado difundido esta tarde, señaló que «el historial terrorista, infanticida y corrupto de las FTC obliga a pensar que, tal como señalan abogados y abogadas de la familia Villalba, la niña de 14 años podría estar en este mismo momento capturada por agentes Estatales de manera irregular, lo que configuraría claramente el crimen de Desaparición Forzosa«.
Remarcan que «el Estado paraguayo y en particular este gobierno infanticida, ha dado reiteradas muestras de su desprecio absoluto por las niñas hijas o familiares de miembros del EPP, sobre quienes ha descargado todo tipo de violencia, incluída la armada«, y responsabilizan «al Estado y al gobierno de Mario Abdo Benítez, por la vida de Carmen Elizabeth y sus familiares residentes en Paraguay y Argentina».
Desde la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) pidieron “a los organismos nacionales e internacionales solidaridad con el pueblo paraguayo, denunciemos en toda Nuestra América que el Estado paraguayo violenta los derechos de las y los niños, persigue a las y los luchadores y sus familias”.
#EranNiñas: Cuatro meses de impunidad
El próximo 2 de enero se cumplirán cuatro meses del operativo en el que las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) atacaron una zona boscosa dentro de una estancia ubicada en el distrito de Yby Yaú, en la frontera entre los departamentos de Concepción y Amambay. La acción armada fue consecuencia de un “operativo de inteligencia de más de ocho meses”, según informaron, posteriormente, voceros de la FTC.
El operativo no contó con el equipamiento necesario para documentar el procedimiento y finalizó con el asesinato de dos niñas de 11 años, y con una serie de graves irregularidades antes, durante y después de la ejecución de las menores. Las pequeñas fueron presentadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez y los principales medios de comunicación como “guerrilleras abatidas en un enfrentamiento cuyo resultado fue exitoso”.
Las primeras versiones intentaron ocultar el infanticidio perpetrado por el Estado, haciendo creer que se trataba de dos mujeres, una de ellas, Magna Meza, sindicada por el gobierno como una de las líderes del EPP. Más tarde, en conferencia de prensa, se indicó que las fallecidas eran “adolescentes entre 15 y 17 años”. Con el correr de las horas, se comprobó lo que, a primera vista, era innegable: se trataba de dos niñas, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, ambas de 11 años, que vivían en Misiones, Argentina, y que, según sus familiares y abogados, llegaron a Paraguay para visitar a sus padres y nada tenían que ver con el conflicto interno.
Luego de presentarlas como “reclutas”, la comitiva de fiscales, policías y militares a cargo admitieron haber quemado la vestimenta camuflada -que supuestamente llevaban las niñas-, una evidencia clave para determinar los hechos, y enterraron los cuerpos dos horas después de lo sucedido, sin siquiera haber determinado sus identidades. La abogada Daisy Irala, representante legal de la familia de las fallecidas, afirmó tener información de que una de ellas fue capturada con vida fuera del campamento y que fue torturada por la FTC para recabar información antes de ser asesinada. “A las niñas las procedieron a vestir, es por eso que ellos, alegando el protocolo, queman el uniforme”, aseguró la letrada.
El pasado 2 de diciembre, Human Rights Watch denunció que “las autoridades de Paraguay destruyeron pruebas fundamentales relacionadas con la muerte de dos niñas argentinas de 11 años causada por agentes de fuerzas de seguridad del Estado y violaron tanto sus propios protocolos de investigación como normas internacionales de derechos humanos“.
“Hay graves irregularidades en la investigación”, señaló José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno paraguayo debe permitir inmediatamente que peritos forenses argentinos realicen una autopsia y que ellos y los familiares de las víctimas tengan pleno acceso a las evidencias recogidas. Cuanto más se demore el gobierno, más probabilidades habrá de que desaparezcan posibles pruebas en los restos”.
Human Rights Watch revisó las declaraciones públicas de las autoridades sobre el caso y la evidencia disponible públicamente. En respuesta a un pedido de Human Rights Watch, el Grupo de Expertos Forenses Independientes (Independent Forensic Expert Group, IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (International Rehabilitation Council for Torture Victims, IRCT), un grupo internacional integrado por reconocidos expertos forenses, elaboró un dictamen sobre algunos elementos de la investigación.
A la fecha, ningún agente policial, militar, fiscal ni autoridad política ha sido imputada por el terrible infanticidio cometido por la FTC, mientras el Estado paraguayo se encuentra respondiendo los requerimientos de numerosas relatorías de las Naciones Unidas y otros entes supranacionales.
El próximo 2 de enero, como todos los meses, organizaciones sociales, políticas y de DDHH se movilizarán frente a la sede diplomática de Paraguay en Buenos Aires exigiendo el juico y castigo de los responsables de este infanticidio de Estado, así como la aparición con vida de la niña Carmen Elizabeth.
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