El problema sobre la tierra

CON-TEXTO | Por Miguel H. López

Sin tierra no hay posibilidad de vida. Esta sentencia la conocen a la perfección indígenas y campesinos. A esta realidad –la problemática de la tierra- se halla atado el principal inconveniente socioeconómico, jurídico y político del país. La situación no es desconocida por las autoridades y tal vez por esa misma razón no buscan, ni buscaron en el pasado, asumir soluciones definitivas que permitan establecer sobre su tenencia una necesaria justicia social y una justa reforma agraria integral.

Esta semana que termina y en ocasión del 72° aniversario de la declaración universal de los DDHH (10 de diciembre), fue presentado al Parlamento un anteproyecto de ley que pretende la creación de una Comisión Nacional (interinstitucional) [1] para el estudio de los mecanismos de recuperación de las tierras mal habidas, identificadas en el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008. La iniciativa, impulsada por la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, vuelve a colocar en la escena política un tema central que es recurrente, pero todas las veces eludido de alguna manera por las autoridades nacionales. Las cerca de 8 millones de hectáreas entregadas de modo ilegal por diversos organismos del Estado a personeros militares, políticos, amigos, acólitos y amantes, y al mismo Alfredo Stroessner bajo su dictadura y aún después (6.744.005 entre 1954 y 1989 y 989.589 entre 1989 y 1993, según la Comisión), constituyen una razón fundamental sin cuya resolución no se podrá dar un paso importante para cerrar las deudas de la democracia con la población mayoritaria del país y brindar la posibilidad de un avance distinto en la agricultura familiar campesina, la soberanía alimentaria y la autonomía de la producción diversificada.

Muchas autoridades hablan de la necesidad de producir resarcimientos, tanto con las propiedades destinadas a la reforma agraria (32% de todas las tierras cultivables del país), rifadas entre los secuaces del tirano, y las tierras indígenas robadas del mismo modo durante los casi 35 años de terrorismo de Estado institucionalizado, así como durante la larga transición que lleva 31 años. De las declaraciones oportunas y oportunistas nada pasó. En varios momentos el tema fue tocado en diversas esferas de los poderes, pero en ninguno de los casos fue más allá de darse por enterados y pasar a otros asuntos menos importantes.

A mediados de noviembre pasado la Comisión Asesora de Reforma Agraria y Bienestar Rural del Senado, en un ciclo de conversaciones, tocó el caso de las tierras mal habidas. Aparte de declarar que la solución del problema debe involucrar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial [2], no hubo más nada. Un antecedente significativo de requerimiento de recuperación de las tierras mal habidas es el pedido de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos presentada en octubre de 2012 al gobierno golpista del liberal Federico Franco [3]. La respuesta fue nula. En abril de 2016, la Federación Nacional Campesina, la Organización de Lucha por la Tierra y la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri) también impulsaron una campaña exponiendo el mismo objetivo dentro de la urgencia de la defensa de la soberanía alimentaria [4]. A lo largo de la vapuleada y de momentos muy malhadada transición política numerosos sectores de la sociedad (organizaciones campesinas, otros sectores sociales, políticos, ciudadanos, etc.) radicaron el mismo reclamo, pero no fueron tomados en serio por las autoridades de los poderes públicos.

El problema de las tierras mal habidas, que se hallan en poder de muchos personajes reconocidos en la escena nacional es un asunto de Estado que como tal debe abordarse. Es inadmisible que permanezcan en poder de todos los ilegalmente beneficiados centenas y miles de hectáreas a las que no tenían derecho. Entre ellos están el extinto general Andrés Rodríguez (24.317 hectáreas, ahora en poder de sus herederos), el desaparecido expresidente Luis María Argaña (7.163 hectáreas), el pastor evangélico Emilio Abreu (4.000 hectáreas), Mario Abdo Benítez padre (2.906 hectáreas), el excanciller Eladio Loizaga (16.000 hectáreas), Luis Aníbal Schupp (12.000 hectáreas), Rubén Viveros Cartes (6.457 hectáreas), Enrique Baccheta Chiriani (4.086 hectáreas), Conrado Pappalardo (8.000 hectáreas), el ajusticiado dictador nicaragüense Anastasio Somoza (8.000 hectáreas), César Zavala Serrati (1.359 hectáreas), el exdirector de Itaipú Ernst Bergen y su esposa (2.000 hectáreas) [5] etc…[6] Algunas permanecen en poder de sus herederos y otras vendidas a empresarios del agronegocio, mayoritariamente extranjeros. Las tierras pertenecientes a la reforma agraria deben volver a manos de quienes son sujetos de ella, por justicia, por derecho, por pertenencia y por dignidad.

Instalación frente a local del Partido Colorado. Marcha del 10 de diciembre del 2020. «Democracia no es igual a stronismo». Por la recuperación de tierras malhabidas y el juicio y castigo a criminales represores. Fotog. Adelante!

Paralela a las iniciativas sectoriales, sociales, populares, que reclaman la recuperación de las tierras mal habidas, también hay otras que pretenden blanquearlas y regularizar tamaño crimen. A mediados de julio hubo una cumbre de los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y uno de los acuerdos luego traducido y presentado como proyecto de ley al Parlamento fue la creación del Sistema Nacional Catastro Registral (Sinacare) y la Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos (Dinacare). El documento fue firmado en mesa de entrada por los senadores Fidel Zavala (Patria Querida), Enrique Riera (Colorado), Óscar Salomón (Colorado), Arnaldo Franco (Colorado), Abel González (PLRA) y Hermelinda Alvarenga (PLRA). La propuesta originada a espaldas de los sectores afectados (campesinos, sociedad civil, otros propietarios, indígenas, etc.) abre las compuertas para legalizar las tierras mal habidas.

La situación advertida y denunciada públicamente por la Federación Nacional Campesina [7], impone un escenario que puede llevar a que los sectores de poder, los terratenientes espurios y las mafias empotradas en diversos estamentos, busquen acelerar la sanción y promulgación como ley para cerrar los caminos a las críticas, los reclamos y las recuperaciones de los terrenos y territorios robados al campesinado y a los pueblos indígenas. El vocero oficial es el senador colorado Riera quien ante los reclamos habla de estar abierto a debatir en las comisiones, cuando que debería haber una convocatoria oficial nacional a la población a discutir un tema de determinante trascendencia para el país. El sindicato de funcionarios de la Dirección General de Registros Públicos advirtió en un comunicado de la necesidad de participar y discutir el documento, que plantea un organismo que coordinará los datos de 19 instituciones públicas; al tiempo de alertar del riesgo de que el asunto sea politizado.

La tierra es el centro de buena parte de los grandes problemas nacionales. Cualquier discusión o decisión sobre ella afecta a toda la población. Su recuperación, restitución, así como la decisión sobre su tenencia, son razones de Estado que deben involucrar a todos los sectores afectados, sin distinción. En todos los casos, el objetivo principal debe ser la defensa de la soberanía territorial y alimentaria.


Imagen de inicio: Instalación frente a local del Partido Colorado. Marcha de los DDHH del 10 de diciembre del 2020 por la recuperación de tierras malhabidas y el juicio y castigo a criminales represores. Fotog. de Adelante!.

[1] https://www.ultimahora.com/en-dia-los-ddhh-exigen-recuperar-tierras-malhabidas-n2917998.html

[2] http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7124-comision-inicio-ciclo-de-dialogo-en-torno-a-problematica-de-la-tierra-en-paraguay

[3] https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/piden-a-franco-impulsar-ley-para-recuperar-las-tierras-malhabidas-468801.html

[4] https://porlatierra.org/novedades/post/108

[5] https://www.ultimahora.com/millones-hectareas-tierras-malhabidas-siguen-aun-impunes-n2897981.html

[6] http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/paraguai/cv_paraguai_tomo_04_parte_1.pdf

[7] https://www.ultimahora.com/fnc-se-posiciona-contra-proyecto-que-busca-unificar-registro-tierras-n2901125.html

2 comentarios sobre “El problema sobre la tierra

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  1. Legislan para ellos…

    El latrocinio institucionalizado, es inmoral…

    Por sus hechos los conoceréis…

    Dicen los textos…

    Harían lo q’ fueran, para proteger su legado…

    Ahora entiendo…
    el significado de letrado…

    Falto de principios, sería.

    Aunq’ muchos piensen q’ apenas seamos unos pocos gatos locos …

    La lucha continua …

    #votopreferencial

    Será Justicia …
    (es así como dicen …)

    Porq’ hasta ahora la letra de la ley, para sus benéficios la utilizan …

    La República en desmedro de la democracia…

    El concepto político de dictar leyes en las q’ se respaldan ellos y sus amigos; Legislan para si mismos, olvidando el propósito de la ley y el mandato de la Const. Nacional.

    El uso y abuso de la ley…

    Es la expresión de la violencia de la clase política hacia sus legítimos mandantes, conforme el art. 2 de la CN q’ dice q’ la soberanía reside en el pueblo.

    Me gusta

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