Gasto público y privilegios

CON-TEXTO | Por Miguel H. López

El Senado ratificó este viernes su aprobación de un nuevo endeudamiento, esta vez de USD 47 millones para la construcción de 6 mil casas, como parte de la búsqueda de reactivación económica dentro del contexto crítico empeorado por la pandemia de Covid-19. Esta situación instala dos asuntos de peso en la escena. Por un lado, lo inmediato que es el abultamiento de la deuda pública con préstamos; y por otro exhibe, pero no asume con contundencia, el histórico y grave problema de la vivienda en el país.

De acuerdo a datos del BID, en Paraguay hay un déficit global de más de 1 millón de viviendas; esto se traduce en que 43 de cada 100 familias no cuentan con un techo para vivir o habitan en viviendas de mala calidad. A este volumen se deben sumar 20 mil nuevos requerimientos anuales de casas, ante un proyecto gubernamental en función de Estado que no responde con solvencia a la urgente necesidad, y por lo general su poco efectiva política de vivienda casi siempre está marcada por un sentido clientelar y prebendario.

La decisión de la Cámara Alta también introduce una polémica, principalmente de sectores liberales que consideran que el proyecto aprobado, que viene con líneas propuestas por el Poder Ejecutivo, impide que la Secretaría de la Función Pública haga los llamados a licitación de empresas constructoras, dejando que sean los mismos beneficiarios quienes definan qué grupo o consorcio contratar; y al mismo tiempo la imposibilidad de intervención de la Contraloría para controlar y fiscalizar el uso del dinero. Esta posición tampoco es desinteresada.

Tomando parte por parte cada situación que plantea el empréstito aprobado, es fácil entender que toda deuda vía préstamo pone las posibilidades del Estado cada vez más complicadas. El compromiso asumido debe pagarse y las necesidades en los sectores a los que se apunta beneficiar no disminuirán, sino que el paliativo aparte de exiguo solo permitirá descomprimir provisoriamente un drama social que crece año tras año casi el cuádruple de lo que se busca responder en 2021.

Este hecho (al que se suman otras deudas aprobadas ayer y que se deberán contraer como los USD 20 millones para el fortalecimiento de la atención primaria de salud, USD 7 millones para proyectos agrícolas del Ministerio de Agricultura y Ganadería y otros USD 30 millones para la adquisición de radares para la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil), también preocupa a algunos políticos conservadores del Congreso como los integrantes del Partido Patria Querida quienes sostienen que el aumento del gasto público hará que el Estado cada vez necesite más ingresos. Esta inquietud, a ojos vista sensata y atendible, sin embargo no apunta a salvaguardar precisamente los intereses del Estado en cuanto administración pública, sino a buscar anticipadamente proteger a sectores económicos poderosos con grandes privilegios y poca retribución al fisco. Las manifestaciones de algunos representantes de esa facción partidaria indican que la presión de la necesidad de ingresar más dinero llevará al Estado a elevar los gravámenes o a crear nuevos cánones. En esta segunda posibilidad necesariamente surge y surgirá el debate en torno a un reiterado reclamo: el aumento de impuestos al tabaco, a la soja y otros granos (con cuyo pago se resolverá buena parte de las demandas de la población mayoritaria). De acuerdo a los comparativos, estas dos actividades económicas en la región tributan porcentajes simbólicos con relación a las exponenciales ganancias que deja a los grupos que ejecutan una producción basada en un modelo extractivista que degrada tierra, aire, agua y la salud de la población. Esta situación no solo coloca una discusión de modelo económico y su correspondiente sustento ideológico; sino además despliega un escenario en donde estarán en juego, una vez más, los intereses de las grandes mayorías carenciadas del país.

Regresando al punto del préstamo para viviendas sociales, es importante recordar que el control es fundamental sobre el uso y destino del dinero público. En ese sentido las afirmaciones sobre que no habrá posibilidad de verificar ni dar seguimiento al destino de esos fondos son falsas. El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) tiene dos fondos actualmente destinados a estos programas. El Foncoop y el Fonavis.

El Fondo Cooperativo (Foncoop) para viviendas creado por Ley Nº 2.329/2003, posiblemente el más beneficioso y en donde el Estado recupera el dinero, no es ejecutado hace mucho tiempo por trabas que impone el organismo encargado a fin de desahuciar a las cooperativas y posiblemente eliminarlo derogando la normativa. La razón, el Estado no es intermediario para la contratación de las empresas constructoras a través de licitaciones, sino que los mismos beneficiarios –a los que se da el préstamo que deben reembolsar y solo se les subsidia el interés devengado- son quienes organizados contratan a la empresa que les construirá las viviendas en mejores condiciones y ventajas de costo y fiscalización, evitándose licitaciones amañadas y que las adjudicaciones vayan a grupos vinculados a autoridades, a funcionarios o grupos empresarios afines al Gobierno de turno. Este modelo introduce además la necesaria contraparte de los beneficiarios que acompañan el proceso por medio de acciones de ayuda mutua y control permanente de calidad y desarrollo de obras. 

El Fondo de Ayuda para Viviendas Sociales (Fonavis), es el modelo al que da mayor andamiento el MUVH. El motivo, el Estado realiza las licitaciones y adjudica los trabajos a constructoras y los beneficiarios solo reciben las casas hechas sin ninguna posibilidad de intervenir ni en la calidad de los materiales ni en el control del uso de los recursos económicos ni en la fiscalización del desarrollo de las obras.

En ambos casos las presentaciones de los proyectos de vivienda por parte de los interesados o grupos interesados tiene extremas exigencias de documentación, mecanismos de seguimiento y compromisos firmados bajo declaración jurada. No hay posibilidad de que falte control desde el Estado, sí puede haber displicencia y complicidad para dejar pasar situaciones desde el Estado.

Este nuevo préstamo que irá a subsidiar viviendas, ingresará bajo una modalidad similar a la primera, con mecanismos de fiscalización y vigilancia desde los sistemas que ejecuta el MUVH en todos los proyectos que viene encarando hasta hoy. Una razón de alerta que fue instalada es la del reciente descubrimiento por Contraloría de la malversación de G. 35 mil millones en transferencias para empresas inhabilitadas u obras suspendidas por cuya razón fue destituido bajo la figura de renuncia el ahora exministro Dany Durand. Entonces, como puede verse el problema no es la falta de mecanismos de control sino de los actos corruptos de los servidores públicos.

Con respecto a la adquisición de nuevas deudas, es importante recordar que al inicio de la pandemia (entre marzo y abril) el Parlamento autorizó al Gobierno a asumir un préstamo de USD 1.600 millones para hacer frente a la enfermedad y a la cuarentena que golpeó todos  los estratos. Ese dinero más otros fondos, ayudas y donaciones elevó la disponibilidad a poco más de USD 1.900 millones. Esos recursos no fueron finalmente invertidos con solvencia ni en suficiente volumen en los objetivos establecidos. Parte de ellos deberían haberse reprogramado para la reactivación económica para no instalar mayor carga de acreencia sobre el país que debemos pagar todos los habitantes presentes y sucesivas generaciones.

Como se verá, en el caso que nos ocupa la preocupación de ciertos políticos en el Congreso no apunta a mejorar las condiciones de vida de la población, sino a neutralizar estas posibilidades para proteger prerrogativas de sectores económicos, de poder, oligarquías locales o transnacionales. Claro, usando como pretexto la protección al Estado, que capturado por estos mismos grupos, termina siendo una herramienta de ejecución y defensa de sus intereses y privilegios.

Imagen de inicio: Fotografía de Fotociclo. Mural de Dabliu One en la Chacarita, en la zona de la Escalinata Caballero. Un homenaje a los artistas que se forjaron en el barrio.

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