CON-TEXTO / Por Miguel H. López
La absolución del cura Silvestre Olmedo en el caso de acoso por manoseo a la joven Alexa, que entonces era menor de edad, pone en evidencia no solo los asuntos vinculados a la falta de justicia, principalmente en casos que implican delitos de esta naturaleza desde la estructura judicial paraguaya, sino además expone la estrecha relación que hay entre un Poder del Estado y la influencia estructural de un parapoder como es la Iglesia Católica, que amén de tener humanitarias iniciativas engendra terribles antecedentes y consecuentes cuando de encubrimiento e impunidad de su sector se trata.
Aparte de lo repudiable que resultan el fallo y las argumentaciones de la jueza Dina Marchuk y la del juez Hugo Segovia (del Tribunal de Sentencia de San Lorenzo), la presidenta Letizia de Gásperi votó en disidencia, también lo es la sujeción que viene dándose entre la judicatura y el clero para torcer elementos objetivos y probados a favor de la jerarquía religiosa.
El no lejano antecedente de absolución de Cristian Kriskovich, profesor de la Universidad Católica, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Consejo de la Magistratura, acusado por acoso por la joven María Belén Whittingslow, ya resulta emblemático y se replica ahora. Entonces también las pruebas eran profusas, argumentos jurídicos no faltaron, las evidencias cantaban a los gritos el hecho, pero el tribunal dijo que solo se trató de un «galanteo».
En este nuevo caso en donde el acusado también es un miembro de la estructura católica, la versión del juez es que no hubo sistematicidad en el manoseo (reconocido por el autor) y la jueza de que no existe relación económica de dependencia ni pérdida de puesto laboral como consecuencia del poco providencial acto sacerdotal. En el fondo la historia es la misma: dos poderes (uno legal otro de facto) que se prodigan favores. El uno otorga impunidad terrenal, el otro posiblemente un poco más que solo indulgencias.
Lógicamente, el aparato del cinismo y la apariencia inmediatamente fue accionado cuando el repudio social hacia el fallo se volvió viral. Entonces el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados pidió los antecedentes del caso y recreó la ficción de ubicar a los jueces firmantes bajo la lupa. Sabido es que el efecto de este tipo de acciones es desactivar el enojo y el eventual crecimiento de la presión colectiva hacia una discutida, desacreditada y desconfiable estructura judicial.
El caso fue denunciado en noviembre de 2016 por Alexa, luego de que las autoridades eclesiales obviaran sus reclamos. En 2017 el Arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, anunció que había enviado a un retiro para “ejercicios espirituales” al cura Olmedo por haber cometido un “gesto indecoroso”; y buscó disuadir a otros jóvenes que eventualmente pudieran haber sido víctimas de acoso o abuso sexual a “no hacer de una piedrita una montaña”.
Esta lógica de doble protección, entre sectores de poder fáctico y el poder constitucionalmente establecido es más frecuente de lo que puede imaginarse. No solo se da con sectores religiosos. También ocurre con asiduidad con empresarios, grupos de poder económico legales e ilegales, incluyendo actividades vinculadas al narcotráfico, el agronegocio, la apropiación fraudulenta de tierras de indígenas o campesinos o a la destrucción ambiental, etc. La criminalización de las luchas sociales es una expresión de esto mismo que representa el modus operandi de una estructura judicial –a través de sus agentes de la magistratura- que protege al poderoso y desata toda su furia en contra de los desvalidos o perjudicados por la excluyente estructura socioeconómica. La lucha por la tierra en Paraguay tiene numerosos casos que muestran esta mecánica del esquema que se aplica como protocolo no declarado para beneficiar a quienes precisamente están fuera de la ley. Para no ir tan lejos, el caso de la masacre en Curuguaty es un ejemplo vivo y monumental de esta venalidad judicial al servicio de los parapoderes y las transnacionales.
Es por esta y otras circunstancias que casos como el ocurrido con el cura acosador no deben tomarse como hechos aislados. Forman parte de un tupido entramado de corrupción que está en la estructura del Estado, capitaneada por las mismas autoridades echando mano a las formalidades de las normas o torciéndolas a su antojo; y tiene su conexión con diversos sectores privados poderosos, legales o ilegales, que lo alimentan, lo engrasan y lo sostienen para no sucumbir.
El sistema político y económico lo hace adrede porque su lógica es evitar que el derecho de las personas sea pleno, que su cumplimiento y usufructo sean colectivos y que su reclamo termine dinamitando sus cimientos empotrados en una ciénaga pestilente de cohecho, prebenda y robo al erario, traicionando la voluntad popular.
No debemos perder de vista que los jueces no actúan aislados. Lo hacen dentro de una lógica que aplicando el principio que gustan tanto alegar los juristas, la teleología, nos quedará más claro: Todos los actos se circunscriben a los fines últimos que la estructura busca en definitiva; que en este caso no están dichos, pero quienes forman parte del engranaje los tienen sobradamente sabidos: perjudicar al más débil en la relación de poder, de la naturaleza que sea; o dicho a la inversa, favorecer al poderoso para seguir hundiendo al resto y seguir manteniendo sus privilegios. Hacerles frente, desde todos los frentes organizados, siempre será y permitirá el verdadero acto de justicia…
Adelante! 
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