Un pesado paquete ajeno, en las espaldas de la clase trabajadora

Editorial del 8 de junio de 2020

Hablar de Paraguay, lastimosamente es hablar de corrupción e impunidad, dirigido por el crimen organizado transnacional con sus intérpretes “nacionales”, operando a la vez una psicología del terror que atemorice, paralice y obligue a la clase trabajadora a aceptar las peores condiciones laborales, con salarios de hambre.

La formación del Estado Criminal, es la base para alimentar la incapacidad de gobernar y entonces ir camino a lo que se denomina Estado Fallido, con la intención de generar un total control de monopolio y países imperialistas, sobre nuestro país.

Se define Estado Criminal, “cuando el crimen organizado y las organizaciones transnacionales de criminalidad se integran al sistema político…porque la directriz de ese Estado está en manos de un actor que tiene como fin la empresa delictiva” [1]. Y por Estado Fallido “se intenta identificar a determinados Estados…como aquellos espacios carentes de gobernabilidad” [2].

Esta crisis general del capitalismo, producto de su incapacidad de resolver las necesidades de las mayorías trabajadoras a escala mundial, a consecuencia, entre otras, de la creciente concentración de las ganancias en pocas manos con formación de monopolios, que empuja a mayores niveles de explotación y desempleo, obliga a que los dueños de capitales, busquen rubros para valorizar sus riquezas. En este sentido, el caso paraguayo ofrece la producción de energía hidroeléctrica y el servicio de electricidad, como rubros de inmejorable valorización en relación a otros países.

Por eso que las trabajadoras y los trabajadores debemos estar muy atentos ante propuestas como la reforma del Estado. La corrupción galopante, la entrega de riquezas que pertenecen a todo el pueblo paraguayo, la contratación de más y más deudas que sirven para seguir saqueando a nuestro país, que es lo mismo que decir a la mayoría trabajadora, forman parte de la propuesta del actual Gobierno del Fraude. A esa propuesta suma su intención de humillar a la clase trabajadora, buscando vaciar los fondos jubilatorios, pisoteando derechos conquistados a fuerza de lucha y coraje. Como si todo fuera poco, seremos las mayorías trabajadoras quienes soportaremos el peso de las deudas, además de la precarización del trabajo que pretende eliminar estabilidad laboral, contratos colectivos y una serie de derechos básicos de protección.

La directriz de este Estado está en manos de corruptos e inescrupulosos, totalmente subordinados a los intereses de los multimillonarios transnacionales y “nacionales”. Aclaramos que usamos las comillas a la hora de ubicar a los nacionales, porque estos explotadores no tienen ningún interés general que pueda ser considerado en beneficio de toda la población.

La deuda es para beneficiar principalmente a dueños de empresas, tierras y bancos. La reforma del Estado es para beneficiar a ese mismo grupo. La privatización de la ANDE y la entrega de Itaipú persigue ese mismo nefasto interés. Y todo ese pesado paquete con elevadísimo costo social, económico y cultural, pretenden cargarlo en las espaldas del pueblo trabajador, de sus hijas, hijos, nietas y nietos.

Resulta ingenuo exigir el cumplimiento de las leyes, en un Paraguay cuya corrupta clase dominante pisotea toda legislación que arriesgue sus bolsillos. Hasta la reciente ley de emergencia sanitaria fue pisoteada, desde el monto aprobado para endeudarse, que ya fue sobrepasado, hasta las irregularidades cometidas a la hora de desembolsar ese dinero, perjudicando de manera criminal a toda la población que viene realizando enormes sacrificios para evitar una catástrofe sanitaria en tiempos de pandemia.

Imaginen que, en los últimos 20 años, la deuda del Paraguay, que pagamos las mayorías trabajadoras, creció cuatro veces, mientras nuestros salarios se fueron achicando, nuestros derechos laborales fueron desapareciendo, nuestra tierra fue usurpada por terratenientes, la mafia fue sofisticando su control sobre el modelo productivo que opera en nuestro país.

Y con la trayectoria de saqueo y represión de los millonarios, a través de este Estado que es de su propiedad, quieren realizar una “Reforma del Estado” para ajustarlo aún más a sus intereses y en perjuicio de las mayorías trabajadoras que además debemos correr con los costos.

De entrada, es inadmisible una propuesta de reforma de Estado sin participación social. Y en tiempos de pandemia, la participación de las organizaciones sociales y políticas, así como la extensión del debate a toda la ciudadanía, se restringe en gran medida.

Sin duda necesitamos otro Estado, pero a la medida de los intereses de la clase trabajadora, y eso se logra fortaleciendo la organización en cada lugar de trabajo, formando sindicatos, comités de lucha por derechos laborales, unidad de cada gremio y unidad de todos los sectores y rubros. La clase trabajadora es la que todo produce. Tenemos experiencia, muchas luchas y capacidad intelectual para llevar adelante ese otro país dirigido por la clase trabajadora. La distancia entre la situación actual y la transformación que nuestro país necesita para que podamos vivir mejor, radica en la confianza que se construye con el ejemplo, en la práctica, proponiendo y respetando acuerdos, trabajando de manera organizada, creciendo en estudio, ingenio y disciplina, desde abajo. Las y los comunistas estamos involucrados en este esfuerzo, con la total seguridad de que tenemos condiciones para vencer.

*Imagen de inicio: Ilustración de Sergio Garrido extraída de Internet.

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[1] Diccionario latinoamericano de seguridad y geopolítica. Actores Varios (AAVV), con Miguel Ángel Barrios como director. 2009. Editorial Biblos. Página 169.

[2] Idem, página 170