Organización y esperanza, la lucha de Rommy Lezcano

Rommy tiene 36 años y es madre de 4 hijos, la mayor tiene 16 años y la menor 5. En los últimos dos años se desempeñó como asistente de servicio para la provisión del almuerzo escolar en escuelas de la capital. La empresa Comepar, para la cual trabajaba, le pagaba por día, “con mucha suerte en un mes que no haya feriados o que no haya actividades especiales en las instituciones alcanzamos a cobrar 1.300.000 como máximo”, señala la trabajadora.

A las injusticias que observaba en su entorno, en un país donde más del 40% de los asalariados y asalariadas no acceden al derecho de un salario mínimo, se le sumó la crisis sanitaria y la incertidumbre sobre el futuro de su trabajo. Ante la implementación de la cuarentena estricta y obligatoria, a finales de marzo, se organizó con sus compañeros y compañeras para exigir a la empresa respuestas claras sobre las medidas que se tomarían para hacer frente a la pandemia.

Fueron varios años de llevar el almuerzo a cientos de niñas y niños. Muchos de sus compañeros, venían haciendo el mismo trabajo hace 8 años. Luego de mucho insistir, los primeros días de abril la empresa comunicó la suspensión de contratos de más de 200 trabajadores, dejando en vilo a varias familias. 

El 27 de abril el Gobierno Nacional oficializó la suspensión de clases presenciales en escuelas y colegios como medida para hacer frente a la COVID-19. La noticia llegó diez días después de que despidieran a Rommy y varios de sus compañeros, que ya se estaban organizando para hacer frente a la crisis. 

Solo en los dos primeros meses de la cuarentena se registraron cerca de 10.000 despidos en Paraguay. Muchos de ellos se dieron en empresas proveedoras del Estado, con multimillonarias licitaciones adjudicadas y con contratos firmados, como el caso de Comepar, que firmó un contrato en febrero de este año por 210 mil millones de guaraníes, sin modificaciones en el monto del contrato hasta la fecha. 

A pesar de no verse perjudicada en sus ingresos, la empresa decidió dejar en la calle a más de la mitad de sus trabajadores. “Consideramos que no es justo que nos despidan en un momento en el que básicamente está prohibido despedir, por más que haya cese de actividades pues el gobierno facilitó opciones para las empresas. Podían evitar que se llegue a este punto y ellos igual, por no estar ganando ahora mismo, prefieren directamente deshacerse de nosotros. Suena cruel, pero es así”, agrega con énfasis Rommy.

Pero más cruel fue el abandono y la connivencia del Estado. Tanto el programa Ñangareko como el Pytyvo, no llegaron. “Nosotros no pudimos acceder a ninguna de las ayudas del gobierno, porque figuramos como trabajadores formales por estar en IPS. En el momento en que el IPS iba a empezar a ayudar a los trabajadores formales pues ya nosotros estábamos despedidos y no podíamos acceder a ningún tipo de ayuda de ninguna parte”, comenta con impotencia.

Pero si pudo contar con una ayuda, que es la que nunca abandona. Sin ingresos monetarios, Rommy destaca la solidaridad de las personas. “Siempre hay gente que me está ayudando porque sabe la cantidad de hijos que tengo, de repente me traen provistas y así me manejo como puedo”.

Así como ella, varias de sus compañeras se encuentran atravesando una difìcil situación. “Conozco gente que no duerme por las noches, con dolor de cabeza, todo por la preocupación justamente”

Para apoyarse se organizaron. Con la experiencia en la participación activa en la comunidad educativa de sus hijos y en la organización de actividades de recaudación para sostener las clases de la escuela -ya que en la misma no cuentan con rubros para algunos profesores y mucho menos acceden al almuerzo escolar- Rommy lideró la lucha por los derechos laborales de sus compañeros.

Que cada uno sea consciente de que tiene derechos por los cuales pueden reclamar, y que no teman, porque hay personas que van a luchar para que sus reclamos sean escuchados y sean cumplidos”

Junto con sus compañeros golpeó puertas, todas aquellas que deberían haber estado abiertas fueron cerradas; como las del Ministerio de Trabajo. En medio de la falta de respuesta, y poco antes de ser despedidas, también germinó el insumiso proyecto de un sindicato. “Estaba en nuestros planes armar un sindicato y empezar a organizar a todas las compañeras para que cuando cada una no quería hablar o no quería reclamar, pues bueno, hacerlo nosotros con el sindicato a modo de organización por ellas”.

Ahora mantienen un grupo de WhatsApp para acompañarse y contenerse. Por ese medio, se pasan ofertas laborales que puedan ser una opción ante el creciente desempleo, que según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, asciende a 50 por ciento más en los últimos tres meses, comparado con el mismo periodo del año pasado.

Reflexionando sobre la situación, Rommy señala con agudeza que cuando uno más necesita, los empleadores despiden y desamparan a miles de familias, priorizando el dinero y las ganancias por encima de las necesidades de las trabajadoras y trabajadores. Consciente de su condición de trabajadora y como ejemplo de esperanza, Rommy nos empuja con fuerza a organizarnos y a seguir firmes en la lucha por nuestros derechos:

“Que cada uno trate de cuidar sus puestos de trabajo pero que tampoco se deje pisotear o aguantar las injusticias simplemente por querer cuidar eso que está recibiendo. Que cada uno sea consciente de que tiene derechos por los cuales pueden reclamar, y que no teman, porque hay personas que van a luchar para que sus reclamos sean escuchados y sean cumplidos”.

Rommy fue siempre una persona muy activa, colaborando en la comunidad educativa de sus hijos.

Sin trabajo y con la escuela en casa

Según la Encuesta Permanente de Hogares del 2019, el 81 por ciento de los niños y adolescentes de entre 5 a 17 años, no cuentan con internet en sus viviendas, y ocho de cada diez no tienen computadora. Para Rommy, la suspensión de las clases presenciales no solo le quitó su trabajo, sino que la sumergió en una difícil y titánica rutina cotidiana. 

“Soy la única persona que tiene un teléfono acá en casa, tengo 4 niños y la mayor está en el Bachiller Técnico Contable. Ella tiene un aproximado de 16 grupos y tengo también después la tarea de mis niños, tengo una en preescolar que tiene que hacer muchos videos, y yo con el tema de estar saliendo cada tanto para abastecer mi casa o buscar un trabajo, de repente pierdo tiempo y me atraso mucho”.

Con la ayuda de su hija mayor, Rommy lleva adelante las tareas del hogar y la educación de sus hijos. “Me manejo como puedo. Me atraso pero intento cumplir en la medida de lo posible”.

La complejidad de la educación virtual, en un país de históricas desigualdades sociales, ya fue advertida desde el inicio de la pandemia por sindicatos docentes y gremios estudiantiles, que vienen exigiendo la consolidación de una Mesa Técnica Nacional. Lejos de resolver el problema de la continuidad de las clases en tiempos de Covid 19, el uso de las TICs acentúa la brecha de quienes realmente pueden acceder a la educación. 

En este escenario, y en un contexto de injusta distribución de los cuidados, la educación formal -responsabilidad del Estado- termina siendo principalmente cubierta por madres, que además de realizar  trabajos múltiples, permanentes y simultáneos en el ámbito doméstico, deben luchar día a día por mantener a sus familias.

Por Claudia Colmán y Matias Alonso

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