Pasó a cuarto intermedio la Tripartita convocada hoy por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a trabajadores de RENOVA S.A, tras reiteradas y graves denuncian por incumplimiento de pago de haberes, del seguro del IPS e incumplimiento en el pago de liquidaciones por parte de esta empresa, que ha facturado millones en licitaciones con el Estado.
Acción Sindical Clasista ha presentado ante el MTESS 120 casos de trabajadores de esta criminal empresa que fueron despedidos sin cobrar sus salarios ni indemnizaciones correspondientes. Trabajadoras que no han cobrado su salario desde noviembre, entre ellas embarazadas, con discapacidad auditiva, con hijos e hijas con discapacidad y sostenedoras de hogares. Varios de estos casos irán a judicialización por agotar todas las instancias previas.
Además, la organización sindical ha solicitado a la Secretaría de Emergencia Nacional la provisión de alimentos para las familias de estas trabajadoras, que al no poder acceder a la compensación económica por suspensión de contrato del IPS, ni a los programas sociales del Gobierno Nacional, porque aparecen como “formales”, se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema en tiempos de pandemia.
La empresa de limpieza Renova SA es propiedad de Carlos Chamorro Lafarja, vinculada a la familia del ex diputado José Chamorro Lafarja. Desde el 2015 es denunciada por reiteradas y graves violaciones de derechos laborales hacia sus trabajadores. Sin embargo, ganó millonarias licitaciones en entes estatales como la Corte Suprema de Justicia, el SNPP, el Ministerio de Hacienda, entre otros.
La Tripartita realizada hoy quedó en cuarto intermedio para el martes 5 de mayo a las 13 hs. por teleconferencia.
El principal responsable de salvaguardar los derechos laborales es el Estado, sin embargo, es el principal apañador del atropello con que las patronales aplastan a sus trabajadores. Abundan los casos como el de la empresa Renova en nuestro país.
De hecho, Paraguay es el quinto país a nivel mundial con la peor calidad de empleo. Como apunta la economista Alhelí Cáceres, a un mes de decretarse la cuarentena 1780 empresas en Paraguay tramitaron el cese temporal o definitivo con la excusa de la pandemia, esto implica que entre 50.000 y 60.000 personas quedarán sin empleo, sumadas a las 25.000 que ya fueron despedidas y por tanto, desvinculadas de la seguridad social.
Desde la llegada del COVID-19 a nuestro país y la consiguiente medida de aislamiento social, se han hecho públicas una gran cantidad de gravísimas denuncias de trabajadoras y trabajadores sobre las formas crueles de explotación. No es el virus el que ha traído esto, pero ha hecho más visible la crueldad del capital, que no sólo no está dispuesto a ceder un guaraní de sus ganancias ni siquiera en esta emergencia, sino además la utiliza para más réditos. Tal como expresa Fabricio Arnella en un artículo para Adelante!, sólo la organización de la clase trabajadora es la que nos forjará «los anticuerpos colectivos que se necesitan para enfrentar y derrotar a este poderoso y añejo virus, el virus de la explotación capitalista».
Explotadores de mierda!!!
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Más desafío para los defensores de los derechos laborales ante el argumento de la pandemia por parte de las patronales . Convencer de la organización de los trabajadores es la construcción de poder que puede torcer el comportamiento del Estado y del empresariado .
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