Editorial del 10 de septiembre de 2025

Desde este periódico cuyo primer ejemplar salió en agosto de 1941, venimos pensando, insistiendo, militando para que las trabajadoras y los trabajadores compartamos experiencias, datos, ejemplos de cómo hacer bien las cosas, ejemplos de los errores que no debemos repetir; para que comprendamos nuestro rol como verdaderos productores de bienes y servicios, de cultura, de todo lo que nos rodea como trabajo humano; además, para comprender que la lógica de la explotación de una persona por otra —así como la lógica de la propiedad privada sobre los medios para producir de manera social— es una lógica injusta que la podemos superar colectivamente.

En el editorial de la semana pasada informamos que el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2026 alcanzaba 47 millones 250 mil salarios de 2.900.000 gs (que es el monto de un salario mínimo en nuestro país). Estamos hablando de 18.928 (dieciocho mil novecientos veintiocho) millones de dólares. La semana pasada también recordamos que ese dinero es mayoritariamente de la clase trabajadora, la que sostiene un Estado que paradójicamente funciona en contra de ella misma.

En estos días supimos que dos trabajadores relacionados a la cultura, muy conocidos por los programas de televisión en los que participaron, están recibiendo solidaridad de la gente para enfrentar problemas de salud. Usamos como ejemplo el caso de estas dos personas públicas (el Profesor Ramón Silva y la actriz Clara Franco) que son conocidas por miles de paraguayas y paraguayos, pero al igual que millones de trabajadoras y trabajadores, deben recurrir a la solidaridad del pueblo ante la precaria seguridad social. Tenemos una salud pública que nos hace saber dolorosamente su condición de mercancía a la que se accede gracias al poder económico y/o político que se tenga.

Existe una importante diferencia entre un bien común y un recurso. El recurso es un elemento para producir bien o servicio, que puede ser gratuito o mercantilizado. Un bien común puede ser un recurso, pero como es un valor colectivo, un derecho de interés general perteneciente a toda la comunidad, debe asegurarse para que toda la población acceda en igualdad de condiciones.

El algodón, por ejemplo, así como el alcohol, son recursos con los cuales se pueden producir otros bienes que se comercializan como mercancías, como las ropas hechas con algodón o las bebidas que contienen alcohol.

La salud y la educación, así como la naturaleza y en ella incluida la tierra, son bienes comunes que no deben estar organizados en función mercantil. La salud, la educación y el ambiente saludable no deben estar condicionados para quienes tengan más o menos poder económico. Sin embargo, esto es lo que sucede en nuestro país y en otros países.

La camarilla de delincuentes liderada por Horacio Cartes, junto a los grupos de poder económico y político que dominan nuestro país, han construido una educación, una comprensión en nuestras cabezas que entiende que la salud y la educación son recursos, que el acceso y la calidad están determinados por la capacidad económica de cada uno. Pensamos que esto siempre fue así, que está bien y que así nomás luego debe ser.

Así también, no estamos educados para definir qué es un derecho y qué es un beneficio. Los derechos nos corresponden por ley, por justicia, y están amparados en la Constitución Nacional: la salud, la educación, el trabajo digno, la vivienda, entre otros. Los beneficios son ventajas adicionales a las que podemos acceder circunstancialmente. Pero la mayoría trabajadora, cuando accede a derechos que le corresponden, tiende a creer que son beneficios, porque de esta manera se educa desde la clase dominante.

Con esta lógica se debilita la posibilidad de organización y lucha como mayoría que somos, porque la educación que nos domina nos divide; y lleva a que se naturalicen la corrupción y la lucha individual por vivir mejor, dejando de lado los intereses colectivos. Así, los explotadores impiden que nos juntemos a usar nuestra fuerza mayoritaria para construir un país con un pueblo educado para reconocer, defender y recuperar sus bienes comunes y sus derechos.

El PGN es la miserable demostración del país que vienen construyendo. El Paraguay de la minoría explotadora, corrupta y mezquina. El presupuesto para el 2026 en salud es de alrededor de 1.295 (mil doscientos noventa y cinco) millones de dólares. El asignado para educación es de aproximadamente 1.322 (mil trescientos veintidós) millones de dólares.

El pago de los servicios de la deuda para el mismo año será de 4.540 (cuatro mil quinientos cuarenta) millones de dólares. Si sumamos los presupuestos de educación y de salud, llegamos a 2.617 (dos mil seiscientos diecisiete) millones de dólares, un poco más de solo la mitad de lo que alcanzará lo destinado al pago de servicios de deuda. Y si sumamos por separado, la deuda es más de tres veces lo que se invierte en salud y educación.

Pero el gobierno de las patronales seguirá tomando deudas a nuestro nombre. De hecho, el endeudamiento para el 2026 será mayoritariamente para pagar otras deudas. Debemos más del 40% del Producto Interno Bruto (PIB). Y Salud y educación, cada una, llegan a casi 3 o a un poquito más de 3% del PIB, cuando a nivel internacional lo recomendable básico es que un país invierta en salud y educación entre el 6 y 7 % del PIB. Una verdadera vergüenza. Y ojo, nunca olvidemos que estamos hablando de nuestro dinero. Nuestro dinero administrado por nuestros enemigos.

A esto sumamos, la propuesta del súper Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía, con una concentración de poder que le resta capacidad de decisión a la ANDE. Su objetivo maquillado, no contado, es avanzar en la privatización del servicio de electricidad, cuyo costo afectará directamente nuestros bolsillos.

Así funciona y seguirá funcionando el Paraguay para una minoría que se enriquece más y más, si es que no logramos generar un proyecto sólido para confrontar y derrotar a ese país. El Paraguay para la mayoría trabajadora es una necesidad y es lo más justo y democrático.

Es fundamental buscarnos, encontramos, intercambiar información, conspirar entre trabajadoras y trabajadores para enfrentar esta política y este Estado que funciona en nuestra contra, pero que es ampliamente sostenido con nuestro trabajo. Es necesario decir que no se puede reformar este Estado. Necesitamos unir fuerzas para diseñar un nuevo Estado con un nuevo orden social de producción para que nuestros bienes comunes y nuestros derechos aseguren la igualdad de oportunidades de manera concreta, real, para la gran mayoría del pueblo trabajador. No tenemos otro camino liberador que potencie nuestros talentos y nos cuide como sociedad.

Imagen: Amnistía Internacional.