Por Oscar Herreros Usher.

Es preocupante, además de indignante y repugnante, que el gobierno colorado del presidente Santiago Peña recurra a la mentira y a la trampa en su afán de justificar, defender y hacer aprobar el proyecto de ley conocido como de “superintendencia de jubilaciones”.

En la mañana del lunes 4 de diciembre fue entrevistado por una periodista del canal GEN de televisión. A boca llena se despachó con al menos tres mentiras.

Dijo que ante los cuestionamientos, el proyecto de ley inicial había sido desechado y que se empezó a trabajar de cero en un proyecto consensuado. Nada más lejos de la realidad.

La página web de la cámara de senadores registra [1] en fecha 22 de octubre de 2015 un Mensaje del Poder Ejecutivo Nº 330, Ministerio de Hacienda (siendo ministro S. Peña, el mensaje tiene su firma) que remite el proyecto de ley “Que crea la superintendencia de seguros, jubilaciones y pensiones y establece las normas de inversión y gobernanza del sistema de jubilaciones y pensiones”. Este proyecto de ley fue retirado a pedido del Poder Ejecutivo en noviembre de ese año.

El 4 de abril de 2017, de nuevo con la firma del ministro de hacienda, S. Peña [2], se presenta un proyecto de ley “Que crea el consejo asesor del sistema nacional de jubilaciones y pensiones, la superintendencia de jubilaciones y pensiones y establece normas de inversiones del sistema de jubilaciones y pensiones”. Gracias a la oposición y movilización de la clase trabajadora este proyecto fue rechazado y archivado el 31 de octubre de 2018.

Siguiendo con la página web de la cámara de senadores [3] el 31 de julio de 2023 se da entrada al proyecto de ley “Por el cual se reglamenta el rol supervisor del estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución de la República”. En esta ocasión el presidente electo S. Peña contó con la colaboración (o complicidad?) de los senadores Silvio Ovelar, Dionisio Amarilla, Hermelinda Alvarenga y Arnaldo Samaniego. Este proyecto es un perfeccionamiento del anterior ya que las normas de inversiones que eran explícitas en aquel son dejadas para que las dicte el superintendente evitando así la posible inquisición de senadores y diputados. Este proyecto de ley estaba destinado a ser aprobado el 14 de agosto pasado, como un regalo de bienvenida al nuevo presidente. De nuevo la movilización de la clase trabajadora frustró los planes.

Finalmente, el 23 de noviembre de este año se da entrada [4] a un proyecto de ley con el mismo título que el anterior. Un nuevo proyecto “redactado desde cero” que curiosamente conserva el nombre del viejo. La diferencia con el anterior es apenas cosmética pues conserva la misma estructura, las funciones y atribuciones del superintendente son las mismas, su dependencia pasa del BCP a un Consejo de Seguridad Social que no tiene ninguna iniciativa en la formulación de normas y reglamentos, cuyo cometido se reduce a dar apoyo deliberativo y hacer de pasa pelotas al proponer al Poder Ejecutivo las normas que diseñe y redacte el superintendente.

Nada es nuevo, todo proviene de un plan diseñado hace casi una década y que se fue perfeccionando a través de sus diversas versiones. “Se comenzó a trabajar desde cero”, mentira.

Dijo en otro momento el presidente Peña que no va a permitirse el uso de los fondos para financiar al Estado. ¿Vamos a creer en sus palabras o en sus acciones? Sus palabras: “no va a permitirse el uso de los fondos para financiar al Estado”. Sus acciones al respecto tienen reflejo en lo que dice el artículo 43 del proyecto de ley “quedan expresamente derogadas las siguientes disposiciones, sus modificaciones y las normas reglamentarias emitidas en consecuencia; a) el segundo párrafo del artículo 27 del Decreto-Ley Nº 1860/1950 “por el cual se modifica el Decreto-Ley Nº17.’71/del 18 de febrero de 1943 de creación del Instituto de Previsión Social”. Y ese párrafo dice: «EL INSTITUTO NO CONCEDERÁ PRÉSTAMOS AL ESTADO, NI A LOS ENTES DESCENTRALIZADOS, NI A LAS MUNICIPALIDADES«. Esta disposición ha sido desde 1950 la barrera que evitó que los gobernantes de turno metieran mano en los fondos de jubilación del IPS, ya sea para financiar las obligaciones (deudas) del Estado o para dar “un ayudo” a sus profundos e insaciables bolsillos. Otra inocente mentirita.

Si hay algo evidente y bullicioso es la oposición y rechazo de las y los trabajadores activos y jubilados al proyecto de ley. Y no es de ahora. El intento del gobierno de H. Cartes, con el ministro de hacienda S. Peña del año 2017 fracasó debido a la movilización de los trabajadores. Han sido las diversas manifestaciones de calle, en audiencias públicas, por medio de la prensa las que obligaron al actual gobierno a buscar un supuesto consenso con las dirigencias de las centrales obreras tradicionalmente corruptas, entreguistas y traidoras a su clase. Esta es la tercera mentira descarada que le hemos escuchado al presidente Peña en la citada entrevista.

Hasta aquí hemos demostrado la naturaleza mentirosa de este gobierno.

Naturaleza tramposa del gobierno

Ahora pondremos en evidencia la naturaleza tramposa del gobierno, ya no directamente relacionada con ese proyecto de ley sino con el Acuerdo sobre la reforma de la seguridad social en la República del Paraguay. Acuerdo mañoso para simular un consenso en relación al citado proyecto de ley.

El Acuerdo compromete a las centrales obreras bajo dirigencias tradicionalmente entreguistas y traidoras a la clase trabajadora, a respaldar el proyecto de ley y a embretar todo futuro debate sobre el sistema de seguridad social dentro de los cauces que fije el Consejo de Seguridad Social que será creado por ese proyecto de ley, si es que se aprueba.

No es la única concesión de los dirigentes, tan acostumbrados a agachar la cabeza y doblar las rodillas. El artículo 3 del acuerdo dice:

Sostenibilidad Financiera: Se implementarán medidas para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, incluyendo la revisión periódica y sin discriminaciones negativas de la edad de jubilación y la contribución de los trabajadores.

Es decir, de antemano han renunciado a oponerse al aumento de la edad de la jubilación y al incremento de la contribución de los trabajadores; nada se dice de la contribución de la patronal y del Estado.

            Como moneda de cambio y como es sabido que una de las causas del precario equilibrio del fondo de reserva del IPS es el incumplimiento del Estado de su aporte del 1,5 %, el gobierno promete pagar el aporte y la deuda acumulada. Ese compromiso estaba plasmado en el borrador del acuerdo, el que se puso a consideración de las asociaciones de jubilados cuando ellos reclamaron que no habían sido invitados, y cuyo artículo 9 estaba redactado en los siguientes términos:

Cumplimiento de obligaciones de seguridad social previstas en las leyes vigentes: el Poder Ejecutivo se compromete a la inclusión del aporte estatal del 1,5 % previsto en las leyes pertinentes del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS) a partir del Presupuesto General de la Nación (PGN) correspondiente al Ejercicio 2025 y, adicionalmente, los Ministerios de Economía y Finanzas y del Trabajo, Empleo y Seguridad Social realizarán los estudios pertinentes, durante los años 2023 y 2024 para iniciar el pago del saldo de la deuda histórica pendiente, de manera gradual a partir del ejercicio 2025.

Pero, ¡oh, sorpresa!, como si fuera obra de un mago que de su sombrero quita una blanca paloma o un amoroso conejito, en el documento firmado por el gobierno, los empresarios y los tránsfugas dirigentes de centrales obreras, el artículo 9 aparece así:

Cumplimiento de obligaciones de seguridad social previstas en las leyes vigentes: el Poder Ejecutivo se compromete a evaluar por parte de los Ministerios de Economía y Finanzas y del Trabajo Empleo y Seguridad Social la inclusión del aporte estatal del 1,5 % previsto en las leyes pertinentes del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS)  en los próximos ejercicios fiscales conforme a la disponibilidad presupuestaria.

Al final de las cuentas, el Poder Ejecutivo no se compromete a pagar nada, ni el aporte ni la deuda. La famosa «evaluación» puede ser negativa, todo depende de la «disponibilidad presupuestaria».

¿Es una trampa del gobierno? Sí, porque fue el gobierno, a través de sus ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas, el que condujo las conversaciones y negociaciones, el que invitaba (y excluía) a las diversas organizaciones de trabajadores y de jubilados, el que manejaba la documentación, y el que puso sobre la mesa el mamotreto para que firmaran todos sus vasallos.

Si el gobierno recurre a la trampa para encubrir sus objetivos es porque los mismos son perjudiciales para la mayoría de los ciudadanos, en especial, para las y los trabajadores. Un gobierno tramposo no es digno de permanecer en el poder.

¿Se dieron cuenta de la trampa los dirigentes sindicales o cayeron como chorlitos? Quién sabe, puede que sí, puede que no. Si no se dieron cuenta, es una prueba de su ineptitud, de su inhabilidad para representar los intereses de la clase trabajadora. Si se dieron cuenta, entonces siguieron haciendo lo mismo de siempre, traicionar a las y los trabajadores.

Referencias

[1]       http://silpy.congreso.gov.py/web/expediente/106011

[2]       http://silpy.congreso.gov.py/web/expediente/109184

[3]       http://silpy.congreso.gov.py/web/expediente/128559

[4]       http://silpy.congreso.gov.py/web/expediente/129781

Imagen de inicio: Ilustración de Eneko extraída de Internet.