Por Oscar Herreros Usher
Durante los días 6 y 7 de setiembre tuvo lugar la Expo Capasu 2023, un foro de supermercadistas. De ese evento participó la ministra de Trabajo y el diario Abc color publicó una nota sobre sus dichos. A continuación se transcriben partes de ese artículo periodístico:
«La flexibilización de las normas laborales. […] es algo que requiere un diálogo abierto y respetuoso de los sectores patronales y de los empleados, propuso ayer la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, en el marco del foro del supermercadismo, que sigue hoy en el Centro de Convenciones de la Conmebol«, reseña Abc.
«[…] lo que exige sentarse a dialogar porque existen dos cuestiones; por un lado, los derechos y reivindicaciones de los trabajadores; y por la otra, también está la realidad del mercado del trabajo», comentó la ministra Recalde.
«Manifestó que la postura del Ministerio del Trabajo siempre será aperturista, escuchar a todos los sectores, pero trabajar especialmente con las evidencias de la realidad.«
Agregó que una cuestión es la percepción y otra, la evidencia de la realidad, […]
¿A qué realidad, que justificaría flexibilizar las normas laborales, se refiere la ministra? A continuación algunas facetas de la realidad cotidiana que viven las y los trabajadores en nuestro país:
a) Informalidad y empleo no registrado:
Según cifras de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), solamente el 22,9 por ciento de los ocupados en 2018 estuvo cubierto por la seguridad social. Se trata de unos 759 000 aportantes sobre un total de 3 318 000 ocupados. […] Mientras que la informalidad afecta al 65,1 por ciento de los trabajadores privados, alcanza solamente al 16,9 por ciento de los trabajadores públicos. Un dato relevante es que el Estado en su rol de empleador mantiene casi dos de cada diez vínculos fuera del marco legal (MTESS 2019). [1]
Es práctica común que los empresarios empleadores registren ante el IPS sólo una parte de su plantilla. ¡Hasta el mismo Estado lo hace!
b) A causa de lo anterior,
Si las frecuencias de aportes mensuales observadas entre los años 2000 y 2020 se mantuvieran en el tiempo, aproximadamente el 42,7 por ciento de la población registrada en la historia laboral del IPS lograría generar causal jubilatoria por alguna de las tres opciones de retiro disponibles en la entidad previsional,
Entre las personas que lograrían acceder a una causal jubilatoria, la mayoría lo haría a los 65 años de edad y 15 años de aportes registrados –32,1 por ciento–. Por su parte, un porcentaje relativamente pequeño –9,1 por ciento– lograría obtener los 25 años de cotización requeridos para acceder a una jubilación ordinaria entre los 60 y los 64 años de edad. Por último, solamente una minoría –1,5 por ciento– lograría reunir los 30 años de servicio exigidos para jubilarse entre los 55 y los 59 años de edad.
En el otro extremo, el 57,3 por ciento de los cotizantes al IPS no lograría reunir los periodos de contribución requeridos para obtener una jubilación bajo el régimen contributivo, ni siquiera a los 65 años años de edad. [1]
Cabe preguntar sobre quién cae la responsabilidad de que un 57,3 % de las y los trabajadores no logre alcanzar los requisitos para jubilarse. La respuesta es fácil, sobre los empleadores por no registrar, como es su obligación, a sus empleados; y también sobre el MTESS por no cumplir con su función de hacer cumplir las leyes laborales.
c) Salarios de miseria. Lo apuntado en a), o sea, el subregistro o el no registro en el sistema de seguridad social, posibilita a los empresarios empleadores remunerar a los trabajadores por debajo del mínimo legal, sobre todo a los más jóvenes, que en muchos casos deben procurarse más de un empleo o recurrir a actividades por cuenta propia para complementar sus ingresos, llevando su calidad de vida personal y familiar por debajo de los niveles de dignidad.
d) Inestabilidad laboral. El citado informe de la OIT [1] expresa entre sus conclusiones:
Los resultados muestran que la densidad de cotización promedio de los aportantes activos al IPS entre los años 2000 y 2020 fue 28 por ciento. La mitad de estos cotizantes, de entre 18 y 65 años de edad, aportaron un 20 por ciento o menos del tiempo potencial, y cerca de la tercera parte registran densidades menores o iguales a 10 por ciento. Estas cifras […] dan cuenta de una dinámica laboral con alta transición entre el sector formal e informal […] hay una elevada proporción de trabajadores con entradas y salidas frecuentes en sus historias de contribución.
Al analizar las transiciones entre aportar o no al IPS, se observa que la duración media de los periodos contributivos se ubica en 37 meses, mientras que la de los periodos no contributivos asciende a 85 meses. Los periodos de contribución y no contribución transcurren en dos tiempos marcadamente diferentes ya que en promedio, mientras los trabajadores permanecen aportando algo más de 3 años, pasan más de 7 años sin cotizar al organismo. Esta situación se agudiza en los estratos salariales de menores ingresos.
A esto se debe agregar que los despidos son sin causa justificada en una gran parte de los casos, situación que se agrava por la falta del preaviso y del pago de indemnizaciones por despido. Es frecuente la ocurrencia de despidos faltando poco tiempo para que el trabajador alcance la estabilidad laboral según establece el artículo 94 del Código del Trabajo. [2]
e) Existe toda una serie de otros incumplimientos de las leyes laborales, entre las que se puede enumerar: retrasos y fragmentación en el pago de salarios y vacaciones, no pago de horas extras o por trabajo nocturno, violaciones al derecho al reposo durante la jornada de trabajo, vacaciones pagas, licencias por enfermedad o por maternidad, bonificaciones por trabajo insalubre, etc.
f) Por otra parte, no es raro el caso en que el trabajador debe costear los uniformes o la vestimenta exigida por el empleador e incluso los mismos instrumentos de trabajo.
g) Se da también una generalizada desprotección física de los trabajadores en el desempeño de sus tareas. Son pocas las empresas que proveen y exigen el uso de equipos de protección individual (EPI), como guantes, anteojos, delantales, botas, etc. y no son raros los casos en que los trabajadores deben costearlos.
h) Capítulo aparte merecen las violaciones de los derechos sindicales. Los trabajadores se ven sometidos a diversas presiones y amenazas cuando quieren formar sindicatos y los dirigentes se ven obstaculizados cuando pretenden cumplir sus tareas como tales. Sin contar con los obstáculos, costos y trabas burocráticas que el MTESS impone a las prácticas sindicales. La negociación de contratos colectivos se da en muy contadas empresas.
La realidad laboral del país es la que acabamos de describir: generalizado incumplimiento de los derechos laborales y sindicales por parte de los empresarios empleadores con la desidia rayana en la complicidad por parte del MTESS.
La flexibilización de las normas laborales que propone la ministra de trabajo, en vez de abocarse a su obligación de hacerlas observar, significa no sólo no combatir sino premiar su incumplimiento por parte de los empleadores, legalizando una situación irregular. Significa una bofetada a los trabajadores que peregrinan por las oficinas del ministerio para presentar sus denuncias que casi nunca y muy tardíamente son atendidas.
Uno de los pocos casos que recibió alguna cobertura de prensa es el del conflicto desatado a raíz de la fusión o absorción del banco Regional por parte del banco Sudameris. Faltan los dedos de ambas manos para contar las arbitrariedades y los artículos del Código Laboral que fueron violados. La tendenciosa actuación del MTESS fue vergonzosa y lamentable.
Otro aspecto de la realidad es la experiencia internacional. Una reciente publicación del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) [3] afirma que la flexibilización laboral no hace crecer el empleo sino la ganancia empresarial. La evidencia empírica en países de América Latina demuestra que la desregulación reduce los derechos de los trabajadores y no crea más empleos ni beneficios para ellos. Dicha publicación cita un estudio de la OIT del año 2015 que compila datos de reformas laborales aplicadas en 63 países que promovieron la flexibilización en las condiciones de trabajo (incluye economías avanzadas y países de África, Asia y América Latina).
El estudio de la OIT afirma que la disminución de la protección de los trabajadores no estimula el crecimiento del empleo y demuestra que: a) en 80% de los países donde aumentaron las regulaciones, la tasa de desempleo cayó luego de 2 años de las reformas. En los países donde las regulaciones se debilitaron, los resultados fueron mixtos. b) en el largo plazo, en países donde las regulaciones aumentaron, la tasa de desempleo bajó, mientras que en países donde la regulación laboral disminuyó, la tasa de desempleo aumentó. La tasa de empleo y la tasa de participación laboral aumentaron más en países donde las regulaciones aumentaron.
Otra publicación sobre el tema [4] afirma:
«La flexibilidad laboral no genera empleo y muchas veces los trabajadores aceptaron rebajar condiciones de trabajo y salariales frente a la promesa del sostenimiento de los puestos de trabajo, que finalmente no se da. La utilización equivocada de una herramienta puede actuar solo para destruir los derechos que los trabajadores consiguieron con las luchas y la negociación a lo largo de los siglos.«
y concluye:
«La experiencia desarrollada en más de cien países, recogida por la Organización Internacional del Trabajo, así como numerosos artículos sobre la materia, ha demostrado que la flexibilidad laboral en todas sus diferentes formas no ha resultado una herramienta eficaz para mejorar la empleabilidad. En los países desarrollados ha precarizado el empleo formal y en los países en vías de desarrollo ha fomentado, de manera alarmante, la precarización laboral.«
La postura de la ministra de trabajo refleja la intención del gobierno de cumplir las exigencias del FMI establecidas en el memorando de entendimiento firmado por el Poder Ejecutivo en el año 2022. Parte de ese compromiso es hacer recaer sobre la clase trabajadora el costo del descalabro económico gestado durante los gobiernos colorados de Cartes (2013-2018) y de Abdo Benítez (2018-2023) y que llevaron a cuadruplicar la deuda pública en relación al año 2013.
Uno de los aspectos de la estrategia que el gobierno está implementando es la flexibilización laboral, frente de batalla que acaba de inaugurar la ministra; el otro es el proyecto de ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, al que los trabajadores activos y jubilados estamos resistiendo, un instrumento mediante el cual los fondos de jubilaciones serán dirigidos a solventar los déficits estatales, a apuntalar al sector financiero especulativo y a financiar a los empresarios privados.
Notas
[1] Bai Hugo, Zelko Braulio. La densidad de cotizaciones al IPS en Paraguay. OIT Cono Sur – Informes Técnicos / 32 – 2022.
[2] https://www.ultimahora.com/plantean-modificar-la-estabilidad-laboral-despues-los-10-anos-n2974923
Imagen de inicio: ilustración de Eneko, extraída de Internet
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