La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid), conformada por 30 organizaciones indígenas de las regiones Oriental y Occidental de Paraguay, emitió esta tarde un comunicado en el que rechazaron y lamentaron «el uso de la fuerza policial contra las personas que se manifestaban frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), muchas de ellas indígenas de diferentes pueblos«.
El el pronunciamiento, señalan «el legítimo descontento y reclamo de la ciudadanía que pide un proceso más transparente sobre las recientes elecciones generales» y también cuestionan «la actitud de aquellos actores políticos que llaman a los pueblos indígenas a ir hasta la capital a manifestarse, sin tomar ninguna responsabilidad sobre lo que les pueda ocurrir en ese contexto«.
«Es necesario apuntar que estos llamados se hacen en condiciones de alta vulnerabilidad, ya que la situación de la mayoría de las 122.000 personas indígenas de 19 pueblos que hay en Paraguay es calamitosa. Las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas son innumerables y el problema central, la raíz, es la tierra. La falta de garantías para mantener la posesión o acceder a la tierra deriva en una serie de problemas sociales que padecemos los pueblos indígenas y toda la población paraguaya«, señala la declaración de la Anivid.
Castigo a los responsables de los operativos represivos
Por otra parte, el Partido Comunista Paraguayo recordó que «desde el inicio de las mismas (las protestas), la respuesta del gobierno fue la represión y detención arbitraria e indiscriminada de manifestantes provenientes de diversos puntos del interior del país, así como del área metropolitana de Asunción, varios de ellos cuya libertad aún sigue siendo restringida en varios centros de detención«.
En su comunicado, hace énfasis en que «la brutalidad policial, la tortura en contextos de encierro, las detenciones, y las imputaciones genéricas e indiscriminadas, vienen siendo la respuesta estatal ante las demandas y protestas sociales, evidenciando un total desprecio a las necesidades de las mayorías trabajadoras del campo y la ciudad«.
Por último, señalan que «como casi siempre, el accionar terrorista de las fuerzas represivas queda impune y sienta precedentes muy concretos para una escalada de violencia estatal. Es por esto que, además de instar a organizaciones sociales y políticas a que se prenuncien en este sentido, exigimos la investigación e identificación de los responsables de este actuar, para el juicio y castigo correspondiente«.
Fiscales imputarán a 14 personas por resistencia, perturbación de la paz pública y amenaza de hecho punible
El equipo integrado por los agentes fiscales Fátima Capurro y Ángel Ramírez, de la Unidad Especializada de Seguridad y Convivencia Ciudadana, anunció que formulará imputación contra 14 personas por la supuesta comisión de los hechos punibles de perturbación de la paz pública, resistencia y amenaza de hechos punibles.
Este miércoles, fueron citados para prestar declaración ante la sede de la Unidad Especializada, previo a esta diligencia fueron asistidos a una revisión médica a cargo de un equipo de médicos forenses. De la diligencia asistieron también funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público y el defensor del Pueblo, Rafael Luis Ávila.
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