En la fecha, la lideresa indígena de la comunidad Ka’a Poty (Alto Paraná), junto a la Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia, denunciaron nuevas amenazas y la posibilidad de un nuevo desalojo forzoso contra las familias asentadas en la comunidad del distrito de Itakyry.
«Siempre estamos con amenazas constantes hacia la comunidad, nosotros exigimos a las autoridades que nos den tranquilidad, siendo que el INDI promovió la reivindicación de nuestro territorio y la jueza nos concedió la restitución de nuestra comunidad. Hace dos meses vivimos en constante amenaza, no tenemos tranquilidad, cada semana amenazan con desalojarnos«, señaló Marta Díaz. La comunidad indígena Ka’a Poty, perteneciente al Pueblo Ava Guaraní, fue víctima de un desalojo forzoso, ilegal y criminal perpetrado el 15 de junio de 2021.
La comunidad fue desalojada de las tierras en las que había sido ubicada por el INDI, contando con título de propiedad y estando en trámite un Juicio de Reivindicación de Inmueble, promovido por el INDI, contra particulares y empresas con títulos superpuestos sobre las 1.364 hectáreas propiedad de la comunidad indígena.
Tras su desplazamiento forzado hasta Asunción, luego de dos meses permaneciendo en carpas en la Plaza de Armas, la Comunidad Ka’a Poty retornó a Itakyry, tras lograr la restitución provisoria de 540 hectáreas por resolución judicial emitida el 30 de julio y cumplida el 17 de agosto de 2021.
«Desde entonces, la comunidad ha sido víctima de todo tipo de calumnias y hostigamientos, también reproducidos desde medios masivos de comunicación. Se la acusa de invadir tierras, con total malicia y ánimo difamatorio, a sabiendas que se trata de una comunidad indígena que logró una protección judicial histórica en nuestro país, la cual le permitió retornar a las tierras de las que fue desalojada ilegalmente«, señala la declaración de denuncia emitida el día de ayer por la comunidad.
Desde el mes de septiembre, la comunidad se encuentra bajo amenaza de un nuevo desalojo, pues dos particulares pretenden ejecutar dos resoluciones judiciales y dos mandamientos de desahucio, emitidos todos en fecha 2 junio de 2021, en dos interdictos de recobrar la posesión que no fueron siquiera tramitados. Dichas resoluciones y mandamientos fueron dictados por la misma jueza que ordenó el desalojo ilegal de la comunidad. Además, es la misma jueza que dictó medidas de urgencia en amparos para impedir la ejecución de la resolución judicial de restitución dictada a favor de la comunidad indígena, todo en grave violación de las normas constitucionales y legales vigentes.
Dichos mandamientos judiciales se encuentran jurídicamente perimidos pues son anteriores al desalojo y la posterior restitución de la comunidad indígena. La comunidad se encuentra protegida por garantías establecidas en la Constitución Nacional y en leyes, y de manera específica, por lo dispuesto en el Auto Interlocutorio N° 258 de fecha 30 de julio que ordena la restitución de tierras a la Comunidad Ka’a Poty y que se encuentra plenamente vigente.
En los últimos días, además del hostigamiento, las calumnias y las amenazas a la comunidad, se ha llegado a amedrentar, hostigar mediáticamente y denunciar formalmente a funcionarias y funcionarios públicos por el hecho de proporcionar asistencia básica de salud, odontológica y provisiones alimentarias a las familias de la Comunidad Ka’a Poty. Se trata de las mismas personas que han buscado criminalizar a la comunidad indígena primero, luego a integrantes de organizaciones de derechos humanos por su apoyo a la comunidad, y ahora a funcionarios y funcionarias de instituciones públicas por cumplir sus obligaciones de garantía de derechos mínimos esenciales respecto de la población indígena.
De este modo, se avanza un paso más en la vulneración cada vez más extrema de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país, al pretender criminalizar la asistencia social más básica a una comunidad indígena, es decir, criminalizar el cumplimiento de una obligación inmediata del Estado paraguayo, cumplimiento que jamás puede estar condicionado por el tipo de tenencia colectiva de la tierra de una comunidad indígena.
La Comunidad Indígena Ka’a Poty fue restituida por orden judicial a las tierras en las que se encuentra intentando reconstruir su proyecto de vida desde agosto de este año. «Es una absoluta calumnia tratarla de invasora y es un crimen pretender aislarla y sumirla en el abandono estatal. Todo ello, con el solo propósito de lograr, al costo que fuere, un nuevo desalojo jurídicamente imposible y que solo podría perpetrarse si las autoridades públicas responsables resuelven violar todo el ordenamiento legal vigente, incluyendo una resolución judicial de protección de los derechos territoriales de esta comunidad indígena que se encuentra en plena vigencia«, señala el comunicado de denuncia emitido por la plataforma Ka’a Poty Resiste.
Adelante! 
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