El presupuesto de la nación, entre la hipocresía y la necesidad

Editorial del 1 de diciembre del 2020.

Desde hace unos meses la sociedad paraguaya viene discutiendo no sólo el contenido del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021, sino también sus alcances y la manera en que se siente en los sectores más vulnerables, en medio de la crisis agudizada por la pandemia y el avance de la violencia de las patronales sobre la clase trabajadora y el medioambiente, reflejada en los últimos incendios forestales y en las continuas violaciones a la legislación ambiental por parte del complejo agro-ganadero e industrial y, por supuesto, las violaciones sistemáticas de la legislación laboral vigente con salarios bajos, no pago de horas extras, asusencia de seguridad y estabilidad laboral, despidos injustificados y permanentes chantajes y amenazas.

El debate en torno al PGN reviste especial importancia en tanto refleja, no sólo la composición de los ingresos y egresos del Estado, sino también la disputa en torno a la apropiación de la riqueza creada por la sociedad, que es producto de las relaciones entre patrones y explotados, o sea, es el resultado de la lucha de clases. Por eso, la discusión del presupuesto, es una discusión política en donde lo principal es comprender cómo se producen los bienes y los servicios, quiénes se quedan con las principales ganancias, quiénes son los que realizan los principales esfuerzos, cuáles son las políticas para generar igualdad de oportunidades garantizando salud, educación y condiciones para el desarrollo de nuestros talentos. Dicho de otro modo, es un debate político, es un debate sobre el bien común.

Hemos visto en las principales tapas de los diarios -propiedad de los empresarios, terratenientes y banqueros-, en un tono de supuesta compasión hacia la población más vulnerable y, sobre todo, de preocupación por el devenir de las finanzas públicas, insistir, exigir un menor presupuesto explicando que no hay dinero para sostener “el costoso Estado paraguayo”.

Con ese discurso que lo presentan como “responsable y serio”, en realidad esconden su irresponsabilidad y desfachatez, porque el Estado que opera en el Paraguay es de ellos, está diseñado a su imagen y semejanza, en función de sus intereses. Esto significa que el criminal y corrompido funcionamiento del Estado es producto de su propuesta productiva, social y política.

Si hablamos realmente de responsabilidad y prudencia, es necesario poner en discusión la insostenibilidad del modelo productivo no sólo en términos medioambientales como consecuencia del elevado y peligroso costo que ocasiona el extractivismo, cuyo principal ejemplo es la soja y la ganadería, sino también porque la propuesta económica y financiera nos llevará al crecimiento de la miseria, la violencia y el hambre, porque está sustentado en la regresividad tributaria, en las exenciones fiscales al capital privado, en la fuga de capitales, en el endeudamiento, en la informalidad e ilegalidad.

El Estado paraguayo, contrariamente a lo que expresan los voceros de la oligarquía, es un Estado pequeño, extremadamente pequeño, de hecho, nuestro país es uno de los que menos destina a gasto público social en cuanto a porcentaje del PIB, esto es, gasto en salud, educación, gastos sociales, que benefician a la mayoría de la población. Así también, Paraguay se ubica entre los países con el peor gasto público en la región, esto con relación a gastos en salarios de los funcionarios públicos, que tan sólo en el año 2019 absorbieron el 70% de los recursos del Estado, pero aquí cabe preguntarse quiénes son aquellos funcionarios de oro que se llevan el 70% del presupuesto del Estado. Resulta innegable la necesidad de una reforma en la matriz salarial que permita equiparar los salarios, pero esto no tendrá ningún efecto si el Estado sigue recaudando poco y, lo poco que se recauda es absorbido por el hambre voraz de aquellos que hace años vienen enriqueciéndose a costa del pueblo trabajador.

El Estado paraguayo no requiere “ajuste”, requiere, muy por el contrario, un presupuesto robusto en función de las necesidades impostergables de la población, requiere mayor presupuesto en salud, educación, vivienda, alimentación, cultura, deportes. Requiere dar respuestas a los expulsados del campo por la oligarquía terrateniente, sojera y ganadera, requiere aumentar su recaudación gravando impuestos a las grandes fortunas, a los artículos de lujo, al sistema financiero, a la exportación de materias primas sin industrializar, requiere fomentar el empleo a través de la capitalización de las empresas públicas, las principales contribuyentes del erario. Y por supuesto que todo esto debe ir acompañado por un saneamiento y combate radical al prebendarismo, el clientelismo y las múltiples formas de corrupción y politiquería.

En suma, un presupuesto responsable y prudente implica derogar las leyes que permiten la fuga de capitales, y que han convertido a nuestro país en la lavandería del contrabando, el narcotráfico y todo tipo de actividades ilegales. Significa derogar aquellas leyes que favorecen la inversión extranjera sin contrapartida productiva, sin la instalación de infraestructura y tecnología.

Un presupuesto responsable exige la destrucción del Estado stronista, basado en la política prebendaria, corrupta y clientelar. La responsabilidad en torno a las finanzas públicas debe necesariamente incluir la formalización de la economía y en consecuencia, el combate al contrabando y a las actividades ilícitas e ilegales que en el año 2019 representaron el 40,3% del producto interno bruto.

Recuperando la organización de la clase trabajadora, con unidad, transparencia, honestidad y coraje, tanto en las organizaciones sindicales como campesinas o estudiantiles, podremos construir un Estado y un presupuesto acorde a nuestras necesidades. Es urgente y necesario confrontar con la hipocresía de las patronales y desenmascarar sus verdaderas intenciones frente a las trabajadoras y los trabajadores.


Imagen de inicio: archivo de Adelante!

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