CON-TEXTO | Por Miguel H. López.
La explosión de pedidos de pérdida de investidura en el Congreso de la Nación –en particular en el Senado- desnuda dos realidades emparentadas: que el Parlamento es el refugio preferido de los delincuentes de guantes blancos (en su amplia y variada gama de expresión); y que detrás de tales requisitorias se mueven –más allá de alguna razón de justicia y decencia- intereses económicos vinculados con actos que se hallan al margen de la ley. Dentro de estos dos universos –asociados por lo espurio- los unos buscan sacar a los eventuales enemigos molestos e instalar en su reemplazo a bufones cual dóciles lugartenientes para afianzar la transa, proteger los negocios que destacan en el terreno del contrabando y el tráfico diverso; y finalmente dotar de inmune impunidad a actores del empresariado político que fungen de patrones en diversos rubros de lo ilícito.
No es que no haya razones reales y valederas para quitar investidura e inmunidad a algunos parlamentarios a fin de que respondan por sus actos ante la Justicia. Varios, bastantes, tienen en su haber quebrantamientos de la ley y son pájaros de cuentas. El problema es que usando y maniobrando esas motivaciones ciertas, lo que se busca, en casi todos los casos, es limpiar el camino para que avance el proyecto de copamiento del Legislativo para la defensa total de privilegios de sectores económicos vinculados al agronegocio extractivista y a las actividades, preferentemente, al margen de cualquier solvencia ética y decencia; y concluir la tarea de convertir las cámaras legislativas en una guarida de hampones y rufianes enfundados en traje y corbata.
Leyendo los nombres de los están en lista para tratamiento de pérdida de investidura uno puede rápidamente tener un mapa para entender la escena. Los senadores Rodolfo Friedman (colorado Añetete), Javier Zacarías Irún (colorado vinculado y protegido por el cartismo – Honor Colorado), Sergio Godoy (colorado cartista – HC), Sixto Pereira (Frente Guasu) y Fidel Zavala (Patria Querida).
En los tres primeros casos es una suerte de todos contra todos, como ataque y defensa (aunque las causas legales son corrupción, uso indebido de recursos públicos y vinculación con el lavado de dinero). En este caso, la movida viene articulada –como sea- para buscar que los desplazamientos -en especial el de Friedman- terminen permitiendo el ingreso del expresidente Horacio Cartes al Senado (había sido electo, pero constitucionalmente no estaba habilitado). Esto le permitiría inmunidad directa, atendiendo que internacionalmente está sospechado, demandado y denunciado por vinculaciones al contrabando a escala y el lavado de dinero asociado en parte al narcotráfico (caso Messer). Ocupar un sillón en el Parlamento le permitiría una larga temporada de tranquilidad y un amplio margen de maniobra. En paralelo, si esta parte del plan no funciona, siempre es posible ubicar sus piezas en el tablero legislativo para seguir teniendo influencia y poder de juego en la sanción o rechazo de leyes y otras negociaciones políticas dentro y fuera.
En los dos últimos casos –Pereira y Zavala-, el primero está colocado en la mira por los cartistas. Quien presenta el pedido de pérdida de investidura es el ex ministro de Salud, Antonio Barrios, línea directa del expresidente en el Senado. La acusación es tráfico de influencia, en modo extorsión, contra propietarios terratenientes en conflictos de tierra. Si bien pareciera que la motivación de fondo es buscar mover una pieza para seguir intentando incorporar más elementos del cartismo, si no al propio Cartes, también resulta en un elemento disuasivo para los otros senadores del Frente Guasu. De hecho, hace dos días todos los senadores frentistas se ausentaron –al igual que otros- impidiendo el cuórum donde debía tratarse justamente el pedido contra Zacarías Irún y Friedmann. Al mismo tiempo, esta suspensión no deja de representar una señal y un gesto con sentido de pacto para evitar que otros miembros del Senado sean tocados. En una tercera posibilidad sucedánea, el caso de Pereira también tendría el componente de buscar frenar el acompañamiento parlamentario a causas de la lucha por la tierra que ponen en el tapete la discusión sobre las tierras mal habidas, la terrible desigualdad y el despojo contra las poblaciones campesinas.
El caso de Zavala tiene una acción externa, que no obstante puede ser aprovechada dentro del juego interno de los grupos en disputa que buscan reconfigurar e imponer sus hegemonías, cuando algún parlamentario se haga cargo de la solicitud. Los partidos Comunista Paraguayo y Movimiento Al Socialismo, sin representación parlamentaria, presentaron un pedido de desafuero del derechista senador quien según el Ministerio del Ambiente y el Desarrollo Sustentable, usurpa por invasión más de 100 hectáreas de tierras de la reserva natural parque nacional Ybycuí; además de haber ostentado con su familia tierras mal habidas recibidas sin ser sujetos de la reforma agraria, en Itapúa, del dictador Alfredo Stroessner y vendidas posteriormente al mismo Estado a precio de mercado.
En este momento el Senado es un polvorín. El accionar de sus miembros refleja el nivel de deterioro y la endémica falta de institucionalidad. La representación parlamentaria no responde a los intereses de la población que votó a los legisladores, sino que es usada para negociar asuntos particulares y traficar influencias en aras de impunidad para salvarse de rendir cuentas ante la ley.
La pestilente pústula que hoy representa esa numerosa camada de legisladores es la evidencia de por qué la situación del país es crítica y no hay resoluciones posibles a la vista, salvo las que la población organizada pueda desatar.
La narcopolítica y la mafia en general circulan indemnes, sumándose a los poderes económicos que están instalados hace mucho más tiempo en las bancas y bancadas. Son el reflejo del modelo socioeconómico desigual, expresión del capitalismo, de los intereses y de los privilegios que defienden a costa de la miseria de la mayoría en el país.
Imagen de inicio: ilustración de Raymond Lemstra.
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