El juez penal de garantías Abog. Mirko Valinotti declaró procedente el amparo colectivo presentado por las comunidades que luchan por la tierra y vivienda digna del Departamento Central, así como trabajadores y trabajadoras del mercado municipal de la ciudad de Ñemby. Esta acción fue apoyada por la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia.
Ante esta resolución, la Secretaría de Emergencia Nacional debe cumplir con el plazo de entrega de informes al juzgado hasta la fecha 11 de abril, posterior a esto se evalúan las pruebas y se dictamina la sentencia sobre el caso.
La aprobación del amparo representa un primer paso en la lucha por la defensa a la alimentación, ya que se evidencia en el ordenamiento jurídico actos que lesionan derechos fundamentales por parte del Estado.
La política ineficiente y criminal del Estado paraguayo atenta contra el derecho a estar protegidos contra el hambre, que repercute directamente en la salud. Es decir, la gravedad se agudiza en tiempos de pandemia, tanto para las familias directamente afectadas, como lo establece la Constitución Nacional y las convenciones internacionales firmadas por el Estado paraguayo, que definen la alimentación como un derecho fundamental inclusive en tiempos de catástrofes. Así como para la población en general, al multiplicar las posibilidades de contraer enfermedades y propagarlas, por la necesidad de salir a buscar ingresos sumada a la fragilidad de la salud a causa del hambre.
Hasta el momento el gobierno paraguayo ha notificado, ni siquiera efectivizado a 41.000 personas de las 330.000 que serán favorecidas por el programa Ñangareko, ¿Qué pasa con las 1.700.000 personas que ya se encontraban en situación de pobreza antes de la crisis? ¿O las 800.000 personas que según censo del 2019 están en situación de hambre? Sabemos que son cifras mínimas.
La tutela jurisdiccional presentada por la Plataforma Social con el objetivo de que la Secretaría de Emergencia Nacional brinde la prestación alimentaria a estas 1.800 personas, pretende sentar precedente para lograr un cambio en las disposiciones de estas medidas de asistencia, con el objetivo mayor de que el estado realmente atienda a las poblaciones más afectadas. Además de evidenciar la irresponsabilidad del Estado, en no contar con un sistema unificado de información sobre las familias que viven en estos territorios sociales, personas que sobreviven mediante el trabajo informal y precarizado y que hasta inclusive son criminalizadas y violentadas por medio de desalojos forzosos por el propio gobierno.
*Foto de inicio gentileza de la Pataforma de DDHH, Memoria y Democracia.
Adelante! 
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