Análisis | Por Alhelí González Cáceres1
A inicios del mes el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2027, como siempre, lo hizo con bombos y platillos, anunciando que “el PGN 2027 orienta los recursos hacia áreas de impacto directo en la calidad de vida de la población paraguaya como salud pública, protección social, educación y seguridad”2. Pero como el gobierno de Santiago Peña se caracteriza por ser un gran maquillador, es necesario analizar qué prioridades, en efecto, se expresan en el PGN. Pero, sobre todo, es importante tener claridad que el presupuesto presentado responde al modelo productivo que se despliega en nuestro país y cuyo escenario en el largo plazo es el de un deterioro mayor de las condiciones que hacen posible la reproducción social del conjunto de las mayorías trabajadoras.
Un presupuesto que refleja tensiones estructurales
El proyecto parte de una estimación de ingresos totales de G. 166,3 billones (aproximadamente unos USD 22.700 millones al tipo de cambio actual), con un gasto total equivalente. Del total de ingresos presupuestados, G. 68,1 billones (41%) corresponden a ingresos corrientes de la Administración Central, pero dentro de ellos, G. 5,7 billones (8,4%) se clasifican como “Otros recursos corrientes” (rubro 190), una caja negra que incluye fondos inherentes a obras y “varios”. Esta falta de detalle dificulta evaluar la sostenibilidad y transparencia de los ingresos.
Lo más preocupante es la dependencia de recursos altamente volátiles, G. 5,6 billones (8,2%) provienen de regalías y compensaciones de las binacionales cuya volatilidad responde a las condiciones hidrológicas y contractuales, así como a renegociaciones en un escenario global de crecientes tensiones geopolíticas que reposicionan a Paraguay en el tablero regional. La dependencia de estos ingresos para financiar gastos corrientes (no solo inversión) es un riesgo latente.
Detrás del “aumento” presupuestario se esconde una situación menos visible, pero más relevante para comprender el estado de las finanzas públicas. El PGN remitido por el Ejecutivo es, en buena medida, un presupuesto de regularización de obligaciones acumuladas en periodos anteriores. El Ejecutivo propone elevar excepcionalmente el déficit fiscal hasta el 3,9% del PIB, esta excepcionalidad se plantea únicamente para el 2027, con el compromiso de retornar al 1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en 2028.
La situación que el PGN 2027 pretende “resolver” no es resultado del presupuesto anterior, sino de las propias contradicciones estructurales de un modelo productivo que se sostiene con exenciones fiscales a los sectores más concentrados de la economía y en el despilfarro de dinero público. Durante el 2026, el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconoció en reiteradas ocasiones la existencia de obligaciones pendientes con proveedores y contratistas. En mayo, el MEF informó que el aumento de la inversión pública a través del MOPC estaba relacionado con la regularización de pagos pendientes a contratistas. La misma explicación volvió a aparecer en los informes de junio y julio, cuando la inversión del MOPC mostró fuertes incrementos interanuales asociados al proceso de regularización de las deudas atrasadas. Por tanto, no nos encontramos ante un incremento de la inversión, sino simplemente ante un pago de deudas atrasadas.
Este dato no es menor porque permite interpretar el PGN 2027 como parte de un proceso que ya se encuentra en curso, en donde el Estado utiliza y compromete recursos presentes para absorber obligaciones originadas en decisiones y compromisos políticos y económicos de ejercicios anteriores. Simple y llanamente porque las finanzas públicas presentan un déficit persistente y, en un sentido político – económico, podemos decir estructural. Esto lo podemos corroborar fácilmente si observamos la serie de datos de la Administración Central que muestra déficits prácticamente todos los años desde 2015.
Gráfico 1. Evolución del déficit fiscal 2015 – 2025 como porcentaje del PIB
La persistencia del déficit no aparece inicialmente porque el Estado haya dejado de generar ahorro corriente. Lo que se viene dando es una erosión de la capacidad de ahorro operativo del Estado y esto presenta como correlato el endeudamiento neto creciente. Por otra parte, es importante señalar que, si bien la capacidad fiscal del Estado aumentó entre 2003 y 2025, donde el ingreso total pasó de 12,27% del PIB a 14,31%, respectivamente, el gasto aumentó en una proporción mayor, pasando del 10,49% en 2003 a 14, 76% del PIB en 2025. Es decir, el Estado sí aumentó la presión tributaria, pero esto no logró resolver el problema fiscal.
Los ingresos tributarios pasaron de 7,44% del PIB en 2003 a 11,16% del PIB en 2025, un aumento aproximado del 3,7% del PIB. Si desagregamos la composición de los ingresos tributarios vamos a tener que los impuestos sobre la renta, utilidades y ganancias pasaron de 1,14% a 3,04% del PIB entre 2003 y 2025. Mientras que los impuestos sobre bienes y servicios pasaron de 4,93% a 6,74% del PIB en el mismo periodo. Y, dentro de este grupo, el IVA pasó de 3,49% a 5,76% del PIB. Lo que estos datos indican es que, la expansión de la capacidad tributaria existe, pero se sostiene en una buena parte sobre los impuestos indirectos que pagamos todos.
El problema fiscal que arrastra el Estado paraguayo no puede analizarse únicamente como una “baja presión tributaria”, eso sería simplificar demasiado el análisis. Estamos ante una estructura social de apropiación del excedente en donde los sectores más concentrados como el agronegocio y las finanzas se apropian de una masa cada vez mayor de la renta generada mientras la clase trabajadora paga el ajuste.
Es más, en 2019 la capacidad de ahorro corriente del Estado prácticamente había desaparecido. A partir de 2020, ni siquiera los ingresos corrientes alcanzan para cubrir el gasto corriente. En otras palabras, desde 2019/2020 se produce un cambio cualitativo en las finanzas públicas. La Administración Central deja de generar ahorro corriente suficiente y pasa a financiar no sólo la inversión sino también sus propias operaciones corrientes mediante mecanismos de endeudamiento y acumulación de pasivos cada vez más crecientes. Dicho de otra manera, el modelo productivo paraguayo es insostenible económica y financieramente, porque el endeudamiento ya dejó de ser un mecanismo ocasional y pasó a formar parte de la administración del desequilibrio fiscal, generando una carga presupuestaria mucho más significativa en términos de los pagos de servicios de la deuda.
Continuando con el análisis del PGN 2027, en el sector Salud el proyecto incorpora G. 6,3 billones adicionales para atender compromisos financieros acumulados y G. 1,7 billones adicionales para medicamentos e insumos. El propio Gobierno señala que una parte sustantiva del incremento presupuestario del Poder Ejecutivo se concentra en esta regularización, es decir, no se trata de nueva inversión, sino de pago de pasivos acumulados.
Partamos de reconocer que el pago de las obligaciones es necesario, ese no es el problema. El problema es que la cancelación de un pasivo acumulado no equivale necesariamente a la ampliación de la capacidad de prestación del servicio por parte del Estado. Una parte importante del incremento presupuestario representa una operación de saneamiento y regularización financiera y no la ampliación o el fortalecimiento de los servicios públicos. En otras palabras, el aumento del gasto no puede interpretarse de forma automática como una expansión equivalente de las políticas públicas.
Lo que hemos podido observar ha sido el financiamiento del Estado por parte de los proveedores. Esto significa que, cuando una empresa entrega medicamentos, ejecuta una obra o presta un servicio al Estado y el pago se posterga, el proveedor debe continuar financiando sus costos mientras espera cobrar. Salarios, insumos, impuestos, crédito bancario, entre otros, deben seguir siendo cubiertos. El Estado obtiene así un financiamiento temporal del sector privado. No se trata necesariamente de un crédito voluntario, el proveedor no decidió invertir en deuda pública, cumplió un contrato y quedó a la espera del pago.
En esta línea, lo que tenemos es una secuencia en la que el Gobierno aplica ajustes fiscales que conducen a la postergación de pagos a proveedores porque efectivamente no se disponen de los recursos para hacerlo, se acumulan obligaciones que resultan en un financiamiento involuntario por parte del sector privado, el Estado reconoce el pasivo (lo que ocurre ahora con el PGN 2027), se endeuda para cubrirlo y paga al proveedor. Es un ciclo sin fin. Y el problema no es solamente el atraso en los pagos, sino que una parte de la restricción financiera estatal se desplaza hacia las empresas proveedoras y contratistas que, como hemos visto, ante el atraso en los pagos, optan por paralizar la provisión ya sea de insumos o medicamentos (como el caso de las farmacéuticas) o de las obras públicas (como el caso de las contratistas del MOPC).
Esta situación de descalabro financiero y crisis fiscal ya lo habíamos anticipado mucho antes del triunfo Cartes – Peña. El modelo económico productivo del que se beneficia la oligarquía paraguaya genera el tipo de Estado que tenemos y padecemos. Es decir, la estructura estatal que opera en Paraguay es orgánica a las relaciones sociales capitalistas de producción resultantes de la división internacional del trabajo y de las propias características del capitalismo contemporáneo con un fuerte rol del sector financiero – especulativo, expresión de la crisis de rentabilidad global.
En este sentido, en un marco signado por la ralentización del crecimiento de la economía mundial, caída sistemática de la productividad en los últimos treinta años y caída relativa de la rentabilidad del capital a escala global, el capitalismo dependiente que se despliega en Paraguay no tiene condiciones estructurales para recuperarse ni mucho menos es capaz de ofrecer una vida digna para las mayorías trabajadoras. Es por esta razón que insistimos en la necesidad de desmontar, de destruir el Estado oligárquico burgués, y construir nuevas relaciones sociales dirigidas por las mayorías trabajadoras.
De un pasivo comercial a uno financiero
El PGN 2027 introduce una transformación relevante de esas obligaciones, autorizando operaciones de endeudamiento por hasta USD 1.520,7 millones para el pago de deudas atrasadas. El proyecto evidencia la profundización de la política de endeudamiento como mecanismo principal para apalancar el déficit estimado en 3,9% del PIB. En la tabla 1 podemos observar cuáles serán los mecanismos de financiamiento para el 2027.
Tabla 1. Mecanismos de financiamiento del déficit fiscal 2027
| Concepto | Monto (USD) |
| Bonos del tesoro en el extranjero | 2.912 millones |
| Préstamos de instituciones multilaterales | 933 millones |
| Préstamos de gobiernos extranjeros | 50 millones |
| Bonos internos | 14,5 millones |
| Total de nuevo endeudamiento | Aproximadamente 3.675 millones |
Por la trayectoria que ha seguido la deuda sabemos que el mecanismo predilecto de apalancamiento del déficit fiscal es la colocación de bonos en el mercado financiero internacional, un mecanismo costoso por las elevadas tasas de interés a las que son colocados los títulos y las formas de pago, pero que significa un flujo directo de financiamiento sin la necesidad de contrapartida local.
De los USD 3.675 millones de nueva deuda, aproximadamente unos USD 686 millones se utilizarán para refinanciar bonos soberanos con fechas próximas de vencimiento, por lo que el nuevo endeudamiento neto es de aproximadamente USD 2.000 millones, parte del cual se utiliza para cubrir gastos corrientes. El propio representante del MEF declaró públicamente que el presupuesto incluirá aproximadamente unos USD 600 millones de dólares de nuevo endeudamiento para pagar deudas atrasadas del Ministerio de Salud (USD 400 millones para medicamentos, USD 200 millones para servicios médicos, diálisis y equipamiento). Además, el subsidio al transporte aumentará a USD 76,5 millones, financiado mediante emisión de bonos.
Análogamente, la proporción de recuperación de préstamos es insignificante. El código 330 (recuperación de préstamos) representa solo el 1,7% del total, y de ellos la mayor parte corresponden a “recuperación de bonos y valores” (USD 50, 19 millones), mientras que la recuperación real de préstamos del sector público y privado apenas supera los USD 11 millones.
Por tanto, la conexión entre déficit y financiamiento no es una inferencia externa, está expresamente incorporada al proyecto de presupuesto presentado. Más aún, la norma permite excepcionalmente utilizar esos recursos para financiar gastos corrientes del Ministerio de Salud, con excepción de remuneraciones.
El mecanismo visible en el PGN es que las deudas del Estado a los proveedores se cubren con financiamiento externo que permite saldar las deudas acumuladas, pero adquiere al mismo tiempo una obligación financiera. En otras palabras, la deuda no desaparece, cambia de forma. Lo que inicialmente era un pasivo comercial con un proveedor puede convertirse en un pasivo financiero con un banco, con un organismo multilateral o con tenedores de títulos de deuda del Estado.
Esta transformación expone que el MEF en la gestión de las finanzas públicas va incorporando de forma creciente mecanismos financieros para gestionar desequilibrios fiscales que anteriormente se expresaban como problemas de ejecución presupuestaria y atrasos en los pagos. Esto no significa que estemos ante una financiarización del presupuesto simplemente porque se incorpora deuda, el endeudamiento ha sido siempre una herramienta de las finanzas públicas. Lo que decimos es que la lógica financiera comienza a ocupar un lugar cada vez mayor en la gestión de las necesidades presupuestarias.
La hipótesis de la financiarización de las finanzas públicas a lo que se refiere es que la lógica financiera adquiere gravitación cuando los pasivos acumulados son transformados en deuda, cuando la liquidez se administra mediante instrumentos financieros, cuando la sostenibilidad de la deuda condiciona la política fiscal, cuando los organismos financieros adquieren importancia creciente en el financiamiento público y cuando los instrumentos financieros y garantías comienzan a articular la inversión pública. En el PGN 2027 podemos observar varios de estos elementos.
En la Administración Central, observamos que la mayor parte de los recursos de financiamiento corresponde a endeudamiento externo. En las entidades descentralizadas existe también una participación significativa de recuperación de préstamos, por lo que no puede equipararse la totalidad del financiamiento con deuda. Pero permite ver que, aunque no todo el presupuesto se financia con deuda, la resolución de los desequilibrios presupuestarios incorpora una mediación financiera cada vez más relevante y la propia arquitectura del proyecto refuerza esta tendencia. El Tesoro puede administrar excedentes temporales mediante instrumentos financieros; determinadas entidades públicas y fondos pueden adquirir bonos del Tesoro; y se flexibilizan algunos procedimientos para la gestión y firma de préstamos programáticos de organismos internacionales. El presupuesto, entonces, no solamente expresa la recaudación y asignación de recursos, sino que gestiona liquidez, deuda, activos financieros y relaciones con acreedores financieros.
La postergación del ajuste
Esta es quizá la principal contradicción del proyecto. El Gobierno propone elevar el déficit al 3,9% del PIB en 2027 y regresar al 1,5% en 2028. La diferencia es exactamente 2,4 puntos porcentuales del PIB. Esto significa que el retorno a la regla fiscal implicará en el 2028 el retiro de aproximadamente 2,4 puntos del PIB del déficit respecto al 2027. El orden de la magnitud es cercano a USD 1.500 millones, cifra que, además, resulta próxima al límite de USD 1.520,7 millones de endeudamiento extraordinario autorizado para el 2027. Esto significa que el espacio fiscal extraordinario abierto en 2027 es del mismo orden de magnitud que la corrección fiscal que deberá producirse en 2028 para volver al límite establecido por ley. Esto da cuenta de la magnitud del problema, porque el PGN 2027 no elimina la restricción fiscal, la desplaza para el siguiente periodo en donde el Estado deberá resolver no sólo la magnitud del ajuste, sino sobre quiénes o qué sector de la sociedad recaerá el ajuste. De ahí que el retorno a la regla fiscal no es neutral, tiene un costo social que se traduce en deterioro de los servicios públicos y, por ende, en la calidad de vida de las mayorías trabajadoras.
En 2028, el Estado deberá resolver cómo cerrar una brecha equivalente a 2,4 puntos del PIB y para ello deberán darse algunas situaciones, a saber: mayores ingresos tributarios, reducción del gasto público, reducción de determinadas erogaciones o una combinación de estos mecanismos. En este sentido, la estructura tributaria en la que se sustenta el PGN hace relevante esta discusión.
La Administración Central prevé aproximadamente G. 48,7 billones de ingresos tributarios, con una fuerte concentración en impuestos internos sobre bienes y servicios. El IVA representa alrededor de la mitad de la recaudación tributaria de la Administración Central. Por tanto, si no se produce una modificación significativa de la estructura de ingresos, es lícito preguntar al Gobierno si el retorno al 1,5% se dará por el lado de aumentar las recaudaciones ya sea eliminando exoneraciones fiscales y gravando a los sectores más concentrados de la economía, o, por el contrario, se dará mediante el ajuste del gasto público. Y esto último es importante, porque un ajuste en el gasto público implica, entre muchas otras cosas, volver a enfrentarnos, por ejemplo, a hospitales sin insumos ni medicamentos.
Por eso lo importante es identificar de qué gasto estamos hablando cuando hablamos de reducir el gasto público, porque no es lo mismo reducir gastos administrativos que limitar la inversión pública, contener remuneraciones, reducir transferencias o restringir la expansión de los servicios públicos. La regla fiscal puede presentarse como una regla técnica, pero su cumplimiento, sin embargo, tiene un profundo contenido político.
La paradoja del “sinceramiento”
El Gobierno presenta la regularización de las obligaciones acumuladas como un proceso de “sinceramiento” de las finanzas públicas. Ciertamente, hay una dimensión válida en esa interpretación. Reconocer pasivos existentes y transparentarlos puede mejorar la calidad de información fiscal y permitir recuperar la capacidad operativa del Estado. Pero el “sinceramiento” abre una pregunta anterior ¿qué llevó a que se acumularan esas obligaciones? Si se tratara exclusivamente de problemas administrativos, bastaría con mejorar los mecanismos de contratación, programación y ejecución presupuestaria. Pero, si los atrasos son consecuencia de una tensión estructural entre ingresos públicos, compromisos de gasto, inversión pública, endeudamiento y límites políticos que impiden ampliar las recaudaciones tributarias, entonces pagar las obligaciones acumuladas no resuelve por sí mismo el problema, lo que resuelve es simplemente el stock de deuda atrasada y no las condiciones que producen ese stock.
De allí que el PGN 2027 pueda entenderse como una operación de regularización, pero también como una instancia en la que una contradicción fiscal es trasladada de una forma a otra. Es decir, primero aparece como atraso, después se reconoce como pasivo, luego como necesidad de financiamiento y, finalmente, como servicio de deuda y restricción presupuestaria futura.
El PGN resulta de un determinado patrón de acumulación y, a la vez, lo reproduce
Discutir el presupuesto público no se limita a una discusión sobre las finanzas públicas. El Estado no administra sus recursos en el vacío. El gasto público interviene sobre las condiciones materiales de reproducción de la economía.
El PGN 2027 mantiene una fuerte apuesta por la inversión en infraestructura, pero esta infraestructura se orienta, esencialmente, en función de las necesidades del sector agroexportador con el propósito de crear las condiciones materiales que faciliten determinados circuitos de acumulación. Con esto no decimos que invertir en rutas no sea necesario, lo que queremos colocar es que la pregunta no debe orientarse hacia cuánto invierte el Estado, sino hacia las condiciones de producción, circulación y valorización que, efectivamente, está ayudando a construir esa inversión. En otras palabras, observar el PGN permite identificar qué patrón de acumulación está siendo sostenido por la política fiscal.
Visto desde esta perspectiva, nos encontramos con la financiarización de las finanzas públicas. Esto no significa que el Estado haya dejado de intervenir en la economía, sino que la intervención está siendo crecientemente mediada por relaciones financieras. El presupuesto de 2027 evidencia un Estado que necesita reconocer pasivos, obtener financiamiento, emitir deuda, administrar liquidez, pagar a acreedores, sostener inversión y, simultáneamente, comprometerse con una nueva fase de consolidación fiscal. La deuda permite resolver temporalmente determinadas restricciones, pero al mismo tiempo crea nuevas obligaciones. De ahí surge la paradoja. El endeudamiento puede ampliar el espacio de acción del Estado en el presente y reducirlo en el futuro. Y esto es así porque la deuda está siendo utilizada fundamentalmente para el pago de obligaciones acumuladas y no para financiar activos de larga duración capaces de constituirse en una fuente de ingresos para la economía. En definitiva, lo que el Gobierno de Peña nos propone es, en pocas palabras, patear para adelante el costo financiero de compromisos asumidos en el pasado o lo que es lo mismo, bicicletear la deuda y patear el ajuste para adelante.
En el PGN 2027 se gasta más en pagar deudas que en educación
En el presupuesto que nos acerca Lovera, el ministro de Economía y Finanzas, el servicio de la deuda pública asciende a G. 17,9 billones, equivalente al 10,8% del gasto total. El servicio de la deuda ya se ha convertido en la tercera mayor partida de gasto del presupuesto, superando el gasto en educación.
Si lo comparamos con el presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias que es de G. 17, 3 billones, veremos que el Gobierno destina más recursos a pagar los intereses y amortizar deuda que en educar a sus niños y jóvenes. Por ello, los resultados obtenidos en la evaluación PISA 2025 no deberían asombrarnos. El Estado paraguayo no invierte en mejorar la calidad de la educación, la infraestructura ni en garantizar los insumos necesarios para que el proceso de desarrollo del aprendizaje tenga lugar en ambientes dispuestos para ello.
Esta situación solo puede agravarse con el modelo productivo vigente, liderado por un sector cuya rentabilidad está atada a las exenciones fiscales, superexplotación de la clase trabajadora y deterioro de los salarios, en un escenario global que, además, destaca por la ralentización del crecimiento de la economía mundial y la caída relativa de la productividad y, por tanto, de la rentabilidad de las inversiones.
Acá, cabría preguntarle al ministro hasta cuándo seguiremos financiando el gasto corriente del Estado con deuda que pagarán nuestros hijos, nuestros nietos, sin que el Estado les garantice ni siquiera el acceso a un sistema educativo de calidad, ya de la salud, ni hablar.
Por otra parte, el PGN incluye, dentro de las Entidades Descentralizadas, a empresas públicas (ANDE, PETROPAR, INC) y a entidades financieras (BNF, AFD, CAH) que concentran el 65,9% del gasto descentralizado y casi el 31% del gasto total. Esto significa que casi un tercio del presupuesto no es gasto fiscal en estricto rigor, sino gasto empresarial y cuasi – fiscal. Esta mezcla distorsiona la evaluación de la política fiscal porque cuando el MEF informa que la inversión pública alcanza el 34,6% del gasto, está incluyendo el gasto de capital de empresas públicas que se financian con tarifas, no con impuestos. Si se excluyen esos gastos, la inversión pública directa del Estado no supera el 12% del presupuesto total. Es decir, menos de la mitad de lo que Lovera pregona; y vale decir que, un país que no invierte en infraestructura, equipamiento, ciencia y tecnología, no está construyendo futuro, solamente administra el presente (y encima lo hace mal).
Otra de las grandes falacias del PGN 2027 es el supuesto aumento del gasto social. Los Servicios Sociales representan el 43,6% del gasto total, unos G. 72,5 billones, lo que en términos relativos es una buena noticia. Pero, si desagregamos, la imagen cambia. El 88,8% de ese gasto es corriente (salarios, transferencias) y solo el 11,2% es capital (infraestructura, equipamientos). Esto significa que el aumento del gasto social no se traduce necesariamente en mejoras en la calidad de los servicios y, por tanto, en la calidad de vida de la población pues el gasto social es, mayoritariamente, salarios y transferencias.
La Seguridad Social, unos G. 19,0 billones es el segundo rubro social más grande, pero no es gasto social en sentido estricto. Son jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal, que en gran medida no tienen contrapartida contributiva suficiente (lo que llamamos déficit actuarial). Es decir, el presupuesto financia un sistema previsional deficitario. Un problema que es resultado del modelo de acumulación y cuya expresión política, el Estado, no puede ni es capaz de resolver por otra vía que no sea su privatización.
Con la actual estructura de gastos quizá se podrán contratar más médicos, pero si no se pueden garantizar mejoras en la infraestructura hospitalaria, equipos médicos y de laboratorio, si no se pueden digitalizar las historias clínicas de cientos de pacientes, la atención seguirá siendo precaria. Así como se podrán contratar quizá más docentes o incrementarles los salarios, pero si las escuelas continúan cayéndose a pedazos, no cuentan con acceso a internet, insumos, baños modernos, libros, no se invierte en mejorar las capacidades de los docentes, la educación seguirá siendo precaria.
En otras palabras, el presupuesto paga salarios, pero no transforma la realidad de la población. Por eso, a pesar de que el PGN se incremente cada año con respecto al anterior, seguimos viviendo mal. Sencillamente porque no refleja las necesidades reales de la población, de las mayorías trabajadoras y tampoco puede hacerlo.
Los salarios, bonificaciones, entre otros, siguen comiéndose gran parte del presupuesto. Los Servicios Personales (Grupo 100) ascienden a G. 68,1 billones, equivalentes al 40,9% del gasto total y al 67,4% del gasto corriente. Esto confirma que el presupuesto que cada año prepara el MEF es, fundamentalmente, una nómina salarial. Esto no significa que los trabajadores públicos sean los responsables del descalabro financiero que arrastra el Estado, lo que decimos es que este descalabro es resultado del modelo productivo vigente.
En resumen, el PGN 2027 no resuelve (tampoco es que sea intención de este Gobierno hacerlo) los problemas estructurales. El presupuesto no es simplemente un documento contable, ni es estrictamente técnico, es esencialmente político.
El presupuesto define las prioridades del Estado, establece a qué sectores de la sociedad protege y a cuáles deja a su suerte. Cada guaraní que se asigna implica una decisión política. Se puede destinar a pagar deuda o a educar; a subsidiar al sector empresarial con exenciones fiscales o a construir hospitales y mejorar la atención sanitaria. El presupuesto no es una simple planilla que proyecta ingresos y gastos, es una expresión concreta de las relaciones económicas y sociales que organizan la intervención del Estado. En otras palabras, es una manifestación concreta de la forma de organización socio – productiva y de la correlación de fuerzas y de poder en un escenario regresivo de la lucha de clases a escala global.
En definitiva, el PGN que nos presenta el Gobierno de Santiago Peña es un presupuesto que expresa y reproduce las condiciones y contradicciones que hacen posible el modelo de acumulación vigente, a la vez que deja patente qué sector de la sociedad asumirá el costo de sostenerlo cuando el ajuste del 2028 llegue.
Notas
- Doctoranda en Economía por el Instituto de Industria, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina. Máster en Ciencias Sociales con mención en Desarrollo Social e Investigación por FLACSO Paraguay. Licenciada en Economía por la Universidad de Pinar del Río, Cuba. Investigadora asociada a la World Association for Political Economy (WAPE), al Centre for Studies of Social and Global Justice, UK. Integrante de la Junta Directiva de la Sociedad de Economía Política en América Latina y el Caribe (SEPLA) y de la Sociedad de Economía Política del Paraguay. Es miembro de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe e integrante de los GT de CLACSO Crisis y Economía Mundial y Lex Mercatoria, Poder Corporativo y Derechos Humanos. Cuenta con estudios de posgrado en Análisis de la Economía Mundial por la Universidad Complutense de Madrid y en Economía Financiera Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. ↩︎
- https://www.mef.gov.py/es/institucional/sala-de-prensa/noticias/poder-ejecutivo-presenta-un-proyecto-pgn-2027-impacto-directo ↩︎
