Memoria del Futuro | Por Federico Tatter

Introducción

Los Estados Unidos de América en forma solitaria o con aliados del llamado “occidente colectivo”, incluso aquellos aliados internos en el gobierno o fuera del gobierno de cada país, como sectores muy adinerados, contrabandistas, terratenientes, detentores de tierras malhabidas en los países latinoamericanos llevó adelante durante el siglo XX más de 50 tipos de intervenciones, injerencias, golpes, ataques convencionales y no convencionales. Intervino en todos los países latinoamericanos. Cuando hablamos de pasado reciente nos referimos a las intervenciones encubiertas e ilegales desde el fin inmediato de la Segunda Guerra Mundial. El nombre de la primera intervención se denominó Punto Cuarto bajo Harry Truman en 1949.

La operación Cóndor no fue la primera, no fue la única, no fue la más grande. Y, en especial, tuvo cerebros dentro de las propias dictaduras genocidas y Estados Unidos de América (EUA) teniendo conocimiento en tiempo real, dejó hacer y aprovechó sus consecuencias (instalar el modelo económico neoliberal). Cuando se le fue de las manos soltó apoyo (período Carter). El caso fue el asesinato con una bomba en Washington de Orlando Letelier y su secretaria norteamericana, (caso que si se juzgó en EUA).

En América Latina, la Operación Cóndor fue llevada a juicio en un solo país, Argentina. El juicio buscó determinar la existencia de un plan sistemático transnacional ejecutado por órganos militares de inteligencia en forma encubierta ilegal y de carácter terrorista (coincidente con el plan sistemático de apropiación de menores). Las pruebas fueron testimoniales y las documentales fueron proveídas desde desclasificados de varios países incluido, el archivo del terror del Paraguay y varios documentos desclasificados del departamento de estado norteamericano. Aplastante documentación probatoria.

Como cosa juzgada y probada en la justicia Argentina hoy, logró armar el rompecabezas de esa coordinación ilegal que involucró a diversos países como Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú y otros.

Nos dedicaremos a poner el énfasis en la relación del binomio Paraguay / Argentina.

Contexto. Una coordinación transnacional de larga data

Por una razón pedagógica a todas las formas de coordinación represivas ilegales previas a la Operación Cóndor las llamaremos precóndor con antecedentes desde el final de la Segunda Guerra mundial hasta la formalización o institucionalización de la llamada Operación Cóndor en 1975. Dicha operación tuvo un inicio y un final; el consenso es que su final fue en 1981, luego de varios atentados atribuidos al Cóndor en Estados Unidos, Europa, específicamente Italia y la situación geopolítica previa alrededor de la disputa por el canal de Beagle con Chile y la guerra de las Malvinas contra el Reino Unido. No obstante en otros países como el Paraguay las estructuras del Cóndor se mantuvieron activas hasta pasado el año 1989 (En la reunión de Ejércitos Latinoamericanos de 1987 en Mar del Plata la delegación de Paraguay, fue el staff Cóndor con la presencia de Andrés Rodríguez). Esa misma estructura del Cóndor, en especial los argentinos, en 1980 también se trasladó en forma clandestina, apoyó el narcogolpe de estado en Bolivia y trasladó operaciones en diversos países de Centroamérica teniendo como objetivos Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica (Operación Irán / Contras). 

Características regionales

El juicio por la Operación Cóndor en Argentina llevó más de 15 años de investigación fiscal desde 1999. En palabras del fiscal instructor Miguel Ángel Osorio, la denuncia de una posible coordinación llevada adelante por dos familiares por país y redactada por juristas como el doctor Pedroncini y su equipo así como Emilio Mignone fue una luz en la oscuridad de la entonces impunidad Argentina para llevar adelante juicios de lesa humanidad.

Así es como al final de la etapa oral en 2017, marcó un hito histórico al demostrar judicialmente la existencia de una asociación ilícita transnacional clandestina e ilegal diseñada para la persecución, desaparición forzada y exterminio de opositores políticos en el Cono Sur y donde alcanzaran (EUA, Italia, Francia, México, Centroamérica). A partir del minucioso alegato desarrollado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la República Argentina, este resumen pretende contextuar la estructura, metodología y desenlace legal de este aparato de terror estatal clandestino.

Antecedentes y génesis: La Doctrina de la Seguridad Nacional

La conformación de la Operación Cóndor no fue un hecho aislado, sino la culminación de un proceso regional de alineamiento ideológico y militar basado en la Doctrina de la Seguridad Nacional de EUA. En el caso específico de Paraguay, el régimen del general Alfredo Stroessner —una dictadura de partido único y caudillista que se extendió por 35 años— funcionó como el laboratorio de control político más longevo del Cono Sur.

A finales de la década de 1960 y principios de los 70, las dictaduras de la región descubrieron que sus fronteras físicas ya no bastaban para contener la disidencia política en el exilio. Bajo esta premisa de un «enemigo subversivo transnacional de tipología suficientemente difusa», las agencias de inteligencia de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil y Paraguay formalizaron a finales de 1975 una etapa superior de coordinación represiva: el nacimiento formal de la Operación Cóndor (al margen de que existió siempre coordinación bilateral puntual desde los cincuentas, y entre dictaduras, mejor).

Características del sistema: centralización y redes de delación

A diferencia de otros esquemas de terror puramente clandestinos, el aparato stronista operó imbricado directamente en las instituciones abiertas del Estado paraguayo. Sus principales rasgos estructurales incluyen:

1. Centralización Absoluta: Una rígida cadena de mandos altamente vertical que culminaba directamente bajo las órdenes estratégicas de Stroessner.

2. El Aparato Policial-Militar: El Departamento de Investigaciones de la Policía al mando de Pastor Coronel, centralizaba la inteligencia política y el espionaje social en las áreas urbanas.

3. Paralelamente el 2° Departamento del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, ESMAGENFA, bajo la dirección de Benito Guanes Serrano, poseía jurisdicción sobre la represión y operaciones conjuntas en el extranjero.

4. El Control Total (Pyragues): Una inmensa red civil informal de delatores infiltrados se introducía en  iglesias, escuelas, clubes, universidades, colegios, sindicatos, comunidades fronterizas y todo tipo de organización social para reportar disidencias cotidianas, y realizar una cuadriculación, como era la enseñanza de los genocidas franceses que actuaron en Vietnam, Argelia, y distribuyeron conocimiento a Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, entre otras academias militares.

Metodología de la coordinación criminal transnacional

El alegato de la fiscalía argentina probó que Cóndor funcionó bajo una metodología sistemática, ilegal y terrorista articulada en tres ejes operacionales:

1. Intercambio Fluido de Inteligencia y contrainteligencia militar: Envío regular de perfiles ideológicos, fotografías y listas detalladas de exiliados catalogados como «blancos subversivos» entre los servicios de inteligencia militar de países vecinos.

2. Interrogatorios Conjuntos en Territorios nacionales y Extranjeros: Agentes de inteligencia viajaban de un país a otro para interrogar, torturar y confrontar a prisioneros en centros clandestinos de detención ajenos (como el caso probado de la detención conjunta de ciudadanos uruguayos y argentinos en Asunción en 1977).

3. Repatriaciones Forzadas y Desaparición: El traslado ilegal de prisioneros burlando canales de extradición legítimos. Las víctimas eran introducidas en aviones militares o baúles de autos oficiales para ser devueltas a su país de origen o ejecutadas clandestinamente, garantizando la impunidad transfronteriza.

La Lucha y la base documental: El descubrimiento del horror

Durante décadas, los crímenes transnacionales fueron difíciles de judicializar por falta de pruebas físicas y la complicidad estatal. Sin embargo, la resistencia civil de familiares de víctimas en el exilio (como las fundadoras paraguayas de Madres de Plaza de Mayo) sembró la base para la posterior rendición de cuentas.

La prueba documental irrefutable de la fiscalía se cimentó sobre el hallazgo del «Archivo del Terror» en Paraguay en 1992, cables diplomáticos desclasificados de Estados Unidos, los informes de la Comisión de Verdad y Justicia paraguaya (CVJ, 2008), y los registros históricos de centros clandestinos como el CCD Automotores Orletti en Buenos Aires, Argentina.

El juicio y fallo histórico

El histórico proceso de la Causa Cóndor ventilado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 1 de Buenos Aires unificó decenas de expedientes fragmentados y analizó los crímenes cometidos contra centenares de víctimas de diversas nacionalidades.

El fallo judicial ratificó de forma contundente que la Operación Cóndor operó bajo la tipicidad jurídica de una asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad. La sentencia dictaminó condenas para altos jefes militares y civiles de las estructuras dictatoriales, sentando un precedente judicial global: los pactos clandestinos interestatales destinados a violar derechos humanos son rastreables, punibles y no prescriben ante la justicia internacional. Caso de Italia que sigue llevando a la justicia a genocidas que eligieron ese país como residencia o estaban involucrados en la desaparición de nacionales italianos en las telarañas del Cóndor.

Conclusión. El presente a 50 años

La operación Cóndor ya no existe. Pero como todas las operaciones clandestinas durante todo el siglo XX producidas y/o acompañadas por Estados Unidos bajo la doctrina de seguridad nacional, tienen un contenido de prueba–error, de mejoramiento constante, para cada situación que se presente, buscando, inventando nuevos enemigos funcionales a la política exterior norteamericana y las élites políticas criollas que les sirven de vasallos. 

Hoy no hay dictaduras militares genocidas formales, pero existen regímenes de baja calidad democrática que no han juzgado aquellos aberrantes crímenes del Cóndor, como el caso de Paraguay, que, teniendo todo el archivo del terror en el Poder Judicial y habiéndose presentado también una denuncia de las mismas características de Argentina en el año 1999 por familiares de desaparecidos, esa causa aún en Paraguay no ha emitido fallo, 27 años después.

Cómo se trata de crímenes de lesa humanidad no prescriptibles, tampoco se ha cerrado. Vive el limbo de la eterna transición al estilo paraguayo donde no se cierran las etapas pero tampoco se cumplen las mismas. Aún vivimos en impunidad frente a esos delitos que en este año cumplen 50 años, a la vez que se acumulan otros delitos de estado durante el proceso de eterna transición que incluyen peligrosas regresiones como considerar la protesta ciudadana (Ley del Marchódromo, 1997), el reclamo por el acceso a la Tierra (casi 200 ejecuciones extrajudiciales), la recuperación de los bienes mal habidos del stronismo (recuperado menos del 1%), el derecho de las comunidades originarias a vivir en sus territorios ancestrales, como causales para una persecución fiscal–policial con represión violenta sin misericordia y no ajustada a la ley ni a la Constitución ni a compromisos internacionales por parte del Estado paraguayo.

Referencia bibliográfica

  • Alegato Fiscal Causa Cóndor, MPF de Argentina, en el binomio Argentina, Paraguay. https://www.mpf.gob.ar/plan-condor/paises/paraguay/