Con 37 a favor, 32 en contra, 6 abstenciones y 5 ausencias, el pleno de la Cámara de Diputados envió al archivo el proceso de Juicio Político que había sido iniciado contra la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez. De esta manera, no podrá volver a iniciarse un nuevo proceso de juicio político hasta el próximo periodo de sesiones, en el 2023.
La apresurada convocatoria efectuada el día de ayer por el presidente de la cámara, el cartista y pre-candidato a vicepresidente, Pedro Alliana, dejaba entrever que, una vez más, los colorados cerraban acuerdo para salvarse mutuamente. En la previa de la sesión la diputada encuentrista Kattya González aseguró que las bancadas de Colorado Añetete y Honor Colorado habían negociado el salvataje del diputado Erico Galeano y el hermano de Hugo Velázquez, a cambio de los votos para salvar a la actual fiscal.
En la misma tónica, la diputada liberal Celeste Amarilla aseguró que «aparentemente hay monedas de cambios por todos lados. Están buscando evitar que se haga el juicio político para Sandra Quiñónez». Desde tempranas horas, integrantes de la Plenaria Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Urbanas marcharon hacia el Ministerio Público y el Parlamento para exigir juicio político y destitución de la fiscala general Sandra Quiñonez.
No es la primera vez que un pacto entre las principales facciones coloradas otorga impunidad a uno de sus principales referentes. En el año 2019, la filtración del Acta Secreta de Itaipú puso al gobierno de Mario Abdo Benítez contra las cuerdas, pero fue el sector liderado por Horacio Cartes el que prestó los votos necesarios para evitar el juicio político, en medio de masivas protestas y repudio popular.
De igual manera, durante las jornadas del Marzo 2021, el #QueSeVayanTodos repudiaba las políticas de hambre y la pésima gestión de la pandemia, pero nuevamente Honor Colorado apresuraba una convocatoria a sesión para rechazar el Juicio Político a Mario Abdo Benítez.
Sandra Quiñónez tiene un extenso prontuario de crímenes, persecución, desalojos forzosos y otras graves violaciones a los Derechos Humanos de los sectores populares, además de ser la principal responsable de la persistencia de la impunidad de narcotraficantes, lavadores de dinero, desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones de niñas, niños, adolescentes y adultos del campo, la ciudad y los pueblos indígenas.
Adelante! 
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