CON-TEXTO | Por Miguel H. López
Calcado. Ocurrió lo que se anticipaba en el escandaloso intento de estafa al Estado, vía licitación amañada para la compra de insumos chinos en abril pasado para enfrentar a la pandemia del nuevo coronavirus; y que tuvo involucrados en el proceso a importantes funcionarios, una cadena de procedimientos mal aplicados y permisiones de la más alta autoridad del Ministerio de Salud Pública: No hay culpables, no hay responsables, no hay procesados, no hay… solo cuatro funcionarios medios (el exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones, Pablo Lezcano y otros evaluadores del proceso), que ejecutaron órdenes de más arriba, fueron suspendidos por 30 y 20 días sin salario, luego de un –también- poco creíble y escasamente transparente sumario administrativo.
La actitud cómplice, vergonzosa y vergonzante de la propia cabeza sanitaria, aupada en un apoyo incondicional desde la Presidencia de la República, permite leer señales muy claras para varios sectores, grupos, niveles, funcionarios y población: no existen sancionados porque de haber provocarían un eventual efecto dominó y correrían riesgo de quedar expuestos los empresarios asociados para delinquir, altas autoridades dispendiosas para que a vista gorda todo se deslice aceitadamente y una vigorosa red de manolateros que están colgados de las ubres de la corrupción institucionalizada en las licitaciones públicas.
De nada sirvieron los dictámenes de la Contraloría que evidenciaron, con pruebas, evidencias y elementos comprobantes, la existencia de violaciones a los procedimientos licitatorios en todas sus etapas [1]; ni los informes de un miembro de la Dirección General de Administración y Finanzas de Salud, que explicaron con meridiana claridad que hubo blanqueamiento para que la adjudicación de los insumos médicos se diera sin la evaluación jurídica a las firmas Imedic SA y Eurotec SA [2], del clan Ferreira vinculado a las licitaciones del Estado en materia sanitaria con un largo prontuario de beneficios y ganancias. Tampoco surtieron efecto las conclusiones del titular de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19, Arnaldo Giuzzio, de irregularidades en los insumos de bioseguridad y su manejo desde su arribo al aeropuerto hasta su ingreso al Parque Sanitario.
En todo el procedimiento del frustrado dolo, el ministro de Salud facultó la ejecución. A lo largo de las denuncias e investigaciones en torno al tema, los funcionarios siempre aludieron a órdenes del más alto nivel, incluso a resoluciones habilitantes que solo el titular de Cartera puede rubricar.
La tardía y remisa denuncia que hizo finalmente Mazzoleni ante la Fiscalía, meses después de estallado el escándalo y precipitarse pruebas y evidencias, también representan señales inequívocas de que hicieron lo imposible para ganar tiempo, buscar rearticular algunas argucias jurídicas e institucionales y presentar la situación bajo la liviana afirmación de que no se produjo un daño patrimonial al Estado, con lo que ya se anticipaba el desenlace de blanqueados y protegidos; y de apenas daños colaterales sobre funcionarios de mediano rango, sin dañar en la práctica su vida económica ni su carrera administrativa. No vaya a ser que se enojen y suelten la lengua. Que si así fuera, el tembladeral sacudiría hasta el sillón del presidente Mario Abdo Benítez. Tal vez por eso Mazzoleni se adelantó a anunciar que no destituirá a los funcionarios investigados. Quizás porque finalmente aquellos eran apenas fieles cumplidores de mandatos de sus jefes directos. Eso explicaría además por qué Salud Pública no presentó una sola prueba contra ellos en el sumario [3].
El trabajo poco agradable de juzgar sin juzgar fue dejado finalmente en manos del juez instructor, Carlos Meza, quien diligente y fiel a una dilatada tradición de abogados de la estructura pública, que ajustan interpretaciones de normativas, tuercen según conveniencia las disposiciones, buscan una triple faz a las resoluciones y producen dictámenes ajustados a los requerimientos del patrón de turno, aun así su contenido sea falso o fraudulento, emitió el fallo tibio y casi imperceptible sobre uno de los escándalos de corrupción más descarados en tiempos de pandemia.
El presidente Abdo Benítez y su deslucido ministro Mazzoleni podrán fingir y exhibir el enojo que deseen ante las cámaras; o distraer con discursos el foco de la gravedad del caso del intento de estafa con los insumos chinos; pero no podrán sacarse de encima dos cosas que representan la más alta traición a la Patria, entendida como la población que habita el país: privilegiaron la corrupción, y por esa causa el Estado estuvo al borde de perder una multimillonaria suma de dinero prestado para atender la emergencia sanitaria por Covid-19; y por supina inoperancia y angurria político-económica no prepararon la infraestructura sanitaria anunciada, no se equiparon las salas de terapia intensiva, no fueron incorporados los equipos de bioseguridad en tiempo y forma en los hospitales, y hoy la población camina errante entre el contagio masivo y el aumento muertes a diario, envuelta además en una crisis que pudo contenerse, pero las altas autoridades prefirieron perjudicar una vez más a la población mayoritaria y salvar a sus compinches…
[1] https://www.hoy.com.py/nacionales/contraloria-detecta-44-irregularidades-en-licitacion-hecha-por-el-ministerio-de-salud
[2] https://www.ultimahora.com/asesor-salud-revela-blanqueos-proceso-adjudicacion-insumos-medicos-n2886823.html
[3] https://www.abc.com.py/nacionales/2020/10/08/salud-publica-no-presento-pruebas-en-sumario-por-los-insumos-chinos/
Adelante! 
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