Análisis | Por Alhelí Cáceres
“Darwin nos informó que somos primos de los monos, no de los ángeles. Después supimos que veníamos de la selva africana y que ninguna cigüeña nos había traído de París. Y no hace mucho nos enteramos de que nuestros genes son casi igualitos a los genes de los ratones. Ya no sabemos si somos obras maestras de Dios o chistes malos del Diablo. Nosotros, los humanitos: los exterminadores de todo, los cazadores del prójimo…”
“El Manifiesto fue una certera profecía. El capitalismo es un brujo incapaz de controlar las fuerzas que desata, dijeron los autores, y en nuestros días puede comprobarlo, a simple vista, cualquiera que tenga ojos en la cara”
De Espejos, Eduardo Galeano.
El camino hacia un país inhabitable
Las especificidades que ha cobrado el desarrollo del capitalismo en nuestro país lo han ubicado históricamente como proveedor neto de materias primas de escaso valor agregado y dependiente de las fluctuaciones del precio de estas mercancías en el mercado financiero internacional, lo que ha derivado en la consolidación de una matriz primario-exportadora que encuentra en la soja y la ganadería los ejes principales de acumulación. Sin embargo, de lejos el agronegocio no constituye la única vía de realización de los capitales que operan en el país, en donde la economía subterránea representó en el año 2018 el 40,3% del Producto Interno Bruto, lo que equivale en términos absolutos a 16.522 millones de dólares, cuando el PIB registrado en el mismo año fue de 40.967 millones.
El término “economía subterránea” se refiere a todas aquellas actividades económicas que ocurren “ocultas” del Estado para evitar su medición y en consecuencia, evadir el pago de impuestos; estas actividades pueden ser legales e ilegales, como lo son la piratería, el subempleo, las falsificaciones, el contrabando, el narcotráfico, entre otras.
En su conjunto, tanto la economía subterránea como la “legal” conducen al país a una verdadera debacle, no sólo en términos económicos y financieros, sino y por sobre todo, sociales y ambientales. El mayor peso que va cobrando la economía subterránea en la composición del PIB empuja a la clase trabajadora hacia la marginalidad social, pues parte de los millones movilizados por este sector corresponden a las obligaciones patronales con relación a seguridad social, bonificaciones, jubilación, etc., contemplados en el marco legal que regula la actividad laboral en el país y, que sin embargo son letra muerta. Así lo refleja el 71% de la población económicamente activa que se desempeña en el sector informal de la economía y las innumerables denuncias de violación de las leyes laborales recrudecidas durante la cuarentena, incluyendo el incremento en el número de desempleados que asciende en la actualidad a unas 257.000 personas, de las cuales 120.000 son mujeres, según los resultados de la EPH correspondientes al 2do. trimestre del año en curso.
Al problema del desempleo se añade la subutilización de la fuerza de trabajo, esto es, aquella población que estuvo trabajando pero por períodos cortos sin completar la jornada laboral, la cual asciende a unas 500.206 personas, número que se mantuvo igual a dicho período en el año 2019. Asimismo, la población que se encuentra cubierta por un sistema de seguridad social tan solo llega al 21,1% de la población activa, lo que implica mayor vulnerabilidad social.
La condición de precariedad que afecta a la clase trabajadora en su conjunto, no es más que el resultado de las propias leyes que rigen el funcionamiento orgánico del capital como unidad global, y en el que el modelo productivo basado en la explotación irracional de los recursos naturales, resultado de la tendencia del sistema a la mercantilización, junto con la sobre explotación de la fuerza de trabajo se traducen en la única propuesta que tiene el capital y las clases dominantes para seguir reproduciéndose a costa de la vida misma.
Hace unos días, atónitos observábamos arder grandes extensiones de tierra, bosques, biodiversidad perdida con el fuego, animales que perecieron ante la voracidad del complejo agro-ganadero, con más de 12.000 focos de incendios, todos ellos provocados, pues el modelo productivo impuesto a sangre y fuego no encuentra mejor manera para ahorrar en los costos que implica la limpieza y la “preparación” del suelo de sus grandes latifundios, que incendiándolos, quemando los pastizales, sea para preparar el terreno para la pastura, el cultivo de soja transgénica o el tráfico de rollos con destino a Brasil.
La sostenibilidad ambiental es incompatible con el modelo productivo extractivo cuya lógica de producción requiere de cada vez mayores extensiones de tierras para garantizar la cuota de ganancia del sector, para garantizar la rentabilidad de los capitales invertidos en el agronegocio. Un sector que no sólo genera elevados costos sociales y ambientales, derivados de la expansión violenta sobre las comunidades campesinas e indígenas, sino que al mismo tiempo, el elevado grado de mecanización de la producción tampoco genera opciones laborales para la población rural que, sin oportunidades de garantizar su propio sustento, se ve obligada a emigrar ya sea hacia las cabeceras departamentales, hacia las ciudades o al exterior. Engrosando las filas de la pobreza en las ciudades pues allí tampoco hay opciones para las mayorías empobrecidas.
Entre el 2001 y el 2019, Paraguay ha perdido 6 millones de hectáreas de bosques con toda la biodiversidad que en ellos habitaba, como consecuencia del modelo productivo vigente que requiere deforestar para ampliar la frontera agrícola y ganadera. Esta cifra ubica a Paraguay como el segundo país que más ha deforestado en toda la región, solamente después de Brasil según el sistema satelital Global Forest Watch (GFW). Y en contrapartida, ha incrementado las hectáreas de suelo destinadas a la soja y la ganadería, las cuales ocupan 3.511.143 de hectáreas para la soja, mientras que la producción ganadera ocupa alrededor de 20 millones de hectáreas.
El sector de los agronegocios se encuentra dominado por empresas transnacionales que operan en el país y que dominan alrededor del 85% del comercio exterior de las materias primas; en este sentido, tan sólo la multinacional Cargill Agropecuaria SACI exportó granos por un valor de 573,5 millones de dólares, en segundo lugar quedó otra multinacional del agronegocio; ADM Paraguay SRL que registró exportaciones por un valor de 540,3 millones y en un tercer lugar se ubicó la multinacional del sector cárnico; BEEF Paraguay SA, con exportaciones valoradas en 302,06 millones de dólares; según el ranking de exportadores de la Dirección Nacional de Aduanas.
Sin embargo, los aportes al Fisco son casi nulos, de hecho, en el ranking de los principales aportantes al Fisco se encuentra en primer lugar la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) que aportó 648.882 millones de guaraníes, mientras que ninguna de las grandes corporaciones del agronegocio aparece en los diez primeros lugares del ranking elaborado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
Esto sólo pone en evidencia el carácter regresivo del sistema tributario que privilegia a los grandes capitales mientras que hace recaer sobre la población empobrecida el costo de sostener la estructura del Estado y el financiamiento de las políticas públicas, por demás ineficientes en tanto la malversación de los recursos públicos y la corrupción sistémica han erosionado las capacidades estatales, incidiendo en la calidad de vida de la población, perpetuando la desigualdad.
Es así que, como podemos observar, el volumen de ganancias obtenidas por el sector en su conjunto no se encuentra en relación con lo que el sector aporta en concepto de impuestos, pues Paraguay sigue sin contar con un gravamen a las exportaciones de granos en general y soja en particular, mientras que los costos ambientales y sociales del modelo productivo vigente ponen en riesgo la vida misma, y así lo coloca el informe de la CEPAL (2019) en el que señala a Paraguay como el país más vulnerable al cambio climático en Suramérica, dicho de otra manera, los fenómenos climáticos como los extensos períodos de sequía, las inundaciones, entre otros; tendrán no sólo un impacto cada vez mayor, sino que ese impacto recaerá fundamentalmente sobre la población más vulnerable del campo y la ciudad.
Sin embargo, en el proyecto de PGN 2021 presentado por el ministerio de Hacienda prevé un recorte al ya escaso presupuesto con el que cuenta el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), en el que se observa que este representa solamente el 0,7% del PGN 2021, unos 9.519.323 millones de dólares, lo que afecta directamente a la capacidad de la institución para gestionar y proteger las áreas boscosas y en donde justamente, el número de funcionarios destinados a esta actividad es de apenas 116 personas en la actualidad, para cubrir las 2.726.011 hectáreas de áreas protegidas del país y en donde los organismos internacionales especializados en el tema, recomiendan a 1 funcionario por 500 hectáreas. El ajuste al presupuesto, afectando los recursos para el MADES llevaría a agudizar aún más la ya precaria situación laboral en la que se encuentran los guardabosques y a despedir a otros, disminuyendo el ya escaso número de funcionarios destinados a controlar las áreas protegidas.
El PGN de una Nación expresa no sólo el volumen de ingresos y gastos que prevé el Estado para un determinado período, sino que expresa fundamentalmente las prioridades del Estado y, en este sentido, observamos que sectores neurálgicos para cualquier sociedad como lo son las áreas de salud, educación, y cuidado ambiental no se encuentran en la lista de prioridades del gobierno de turno.
El proyecto país de la oligarquía
El proyecto país de la oligarquía paraguaya es este que venimos habitando, el de las grandes extensiones de tierras destinadas al monocultivo de soja, a la ganadería extensiva y el del auge de las actividades ilícitas e ilegales en medio de una cada vez más creciente espiral de violencia, violencia estructural marcada por la profunda degradación social y moral de las clases dominantes que se expresa no sólo en un proyecto país inviable en términos ambientales, sino también en términos sociales, en el que la precarización, la pobreza, la falta de oportunidades para que la clase trabajadora desarrolle todas sus potencialidades, el desempleo, la explotación y el desamparo son las opciones que tiene para ofrecer la oligarquía paraguaya, parasitaria y expoliadora, cuya decadencia se expresa también en los aspectos culturales difundidos por sus medios de comunicación y (des) información, que denigran la condición del ser humano y violentan sistemáticamente a la mujer, naturalizando la violencia.
Asimismo, el modelo productivo vigente y, en contrapartida, su Estado, se enfrentan hoy, por un lado, a un ineficiente gasto público debido a la malversación y la corrupción entronizada y extendida a todas las instituciones del Estado y, por la otra, a los problemas en cuanto a las fuentes de financiamiento de las políticas públicas teniendo en cuenta que el Estado no recauda lo suficiente ni siquiera para garantizar el funcionamiento de la estructura estatal.
Así también, la ausencia y erosión de capacidades técnicas estatales, resultado de la malversación de los recursos públicos, así como la visión clientelar y prebendaria que envuelve a la gestión de la cosa pública, son elementos que inciden negativamente en la implementación de las políticas públicas y derivan en enormes costos sociales y económicos, resultados de la incapacidad de gestión del aparato estatal para beneficio de las mayorías trabajadoras, incapacidad heredada de la dictadura.
La clase trabajadora debe reclamar la reestructuración del sistema tributario, y exigir el gravamen al sector de los agronegocios, incrementar los impuestos a aquellos sectores de mayor renta, de manera a disminuir paulatinamente los impuestos regresivos, como es el caso del IVA, y por supuesto, para ello es necesario incrementar la presión tributaria, pues en la actualidad, Paraguay no sólo es uno de los países con la presión tributaria más baja en toda la región sino también ostenta el título de ser el que peor gestiona los recursos públicos, que además, son escasos.
El modelo país de la oligarquía paraguaya, es inviable en términos financieros, ya que debido a la estructura tributaria, el Estado se ve obligado a seguir endeudándose para lograr financiarse, y por sobre todo, para pagar los servicios de la deuda externa, sin posibilidad de destinar recursos a la capitalización de las empresas públicas y al mejoramiento de los servicios públicos.
Y es inviable en términos ambientales. Pues de seguir el mismo ritmo de expoliación de los recursos naturales, de avasallamiento de la naturaleza, de explotación irracional de recursos que son finitos (limitados) sólo nos conducirá hacia un país inhabitable, un país en el que ya la tierra sea incapaz de brindar alimentos, en el que la contaminación de los cauces hídricos, como consecuencia de los desechos provenientes de la industria cárnica, dejen a las futuras generaciones sin el líquido vital. En donde la contaminación del aire derivada de la deforestación y del incremento del parque automotor como resultado de la ausencia de un sistema integral de transporte urbano nos empuje hacia una ciudad en la que no podamos ni siquiera respirar. En donde la ausencia de una política ambiental integral siga sin considerarse un elemento central para pensar el desarrollo, estaremos condenados a ver nuestro hábitat desaparecer y, junto con él, a nuestra especie.
No hay futuro posible sin la naturaleza. La naturaleza se impone como límite concreto a la reproducción del capitalismo, en donde las ansias de lucro y la mercantilización de todos los espacios de reproducción de la vida material y social son incompatibles con la vida. Y como dice la canción de una isla rebelde “tengo un pulmón que se atrevió a decir «en mi llanto mando yo», quiero hollín de Nueva York, sabe igual que cenizas de Haití, lo peor del pasado recorre, lo mejor del futuro demora, caminamos mujeres y hombres entre la espada de Damocles y la Caja de Pandora”.
Imagen de inicio: Centro de Asunción, 1 de octubre del 2020. Archivo de Adelante!
*Alhelí Cáceres es Licenciada en Economía por la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, Cuba. Candidata a Magíster en Ciencias Sociales por FLACSO-Paraguay. Presidenta de la Sociedad de Economía Política del Paraguay y militante del Partido Comunista Paraguayo, miembro de las Secretarías de Ideología y Relaciones Internacionales. Integrante de los GT de CLACSO “Crisis y Economía Mundial” y “Estudios Críticos del Desarrollo Rural”. Miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico en Latinoamérica- SEPLA.
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