El caso Obdulio Barthe, antecedente del Plan Cóndor

Por Alberto Federico Ovejero*

22 de julio de 1950. Otro día del frío invierno de la capital argentina de hace exactamente 70 años. La evocación de la tradición sanmartiniana se podía ver en todas partes como pauta oficial del gobierno del General Juan D. Perón para la conmemoración del centenario del fallecimiento del héroe nacional.

Por su parte, la prensa ponía mayor énfasis en sus tapas sobre la situación internacional, más particularmente, en la primera fase de la Guerra de Corea, una de las primeras batallas bélicas de la Guerra Fría, además de algunos conflictos en Bélgica sobre su monarquía y, por qué no también, la reciente finalización de la cuarta edición de Mundial de Fútbol realizado en Brasil, cuyo match decisivo terminaría con un sorpresivo desenlace a favor de los jugadores uruguayos, anécdota aún recordada en los anales de la historia deportiva mundial.

Más vinculada a la guerra en suelo coreano que al enfrentamiento futbolístico sudamericano, ese día de hace varias décadas, en la intersección de las porteñas avenidas Corrientes y Jorge Newbery, vecino al parque Los Andes, empezó el derrotero que habría de sufrir Obdulio Barthe, dirigente social y sindical, miembro de la Dirección del Partido Comunista Paraguayo (PCP) y exiliado político, por prácticamente los próximos 4 años.

Si bien el caso de Barthe no sería el único para la época en que un extranjero es capturado por las fuerzas argentinas del orden y expulsado fuera de los límites nacionales -veremos más adelante la situación del panorama represivo en el vecino país-, o, según el caso, en el uso de represión ilegal contra alguien reputado de comunista; pero sí resulta, por lo menos, uno de los primeros casos documentados en donde se dio una coordinación coercitiva clandestina entre dos países sudamericanos para el secuestro, tortura y posterior entrega a las autoridades de origen del perseguido, al margen de los procedimientos legales previstos y los derechos humanos comprometidos.

Lo referido resulta significante a la luz de los sucesos ocurridos en esta parte del mundo desde mediados de la década de 1970, con la ejecución del Operativo Cóndor, bajo el amparo sistemático y coordinación de los Estados Unidos, donde dichas prácticas serían moneda corriente contra los militantes políticos en sus respectivos exilios.

De hecho, como lamentable repetición de la historia, 30 años y un poco más de un mes después, en la esquina de otro parque porteño [1], serían secuestrados Antonio Maidana y Emilio Roa, también luchadores sociales y sindicales exiliados y miembros de la dirección del PCP, quienes a diferencia de Barthe [2], engrosan la lamentable lista de detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico militar argentina.

En homenaje a Obdulio, Antonio y Emilio, a 70 y 40 años respectivamente de sus lamentables sucesos, analizaremos la situación vivida por el primero en la Argentina, viendo primero la trascendencia de su figura, la situación represiva en Argentina y Paraguay en esos años y su proyección futura posterior.

Por último, analizaremos la trascendencia del caso y la importancia de su estudio, con una conclusión válida tanto para los padecimientos de Barthe, el Operativo Cóndor y la discursiva ideológica del stronismo hasta la actualidad.

Foto coloreada de estación de servicio de la petrolera estatal argentina, en la intersección de las avenidas Forest y Corrientes, a metros del lugar del hecho c. 1950 – Fuente Archivo General de Nación.

Obdulio Barthe y la lucha de clases en Paraguay

Previo a adentrarnos al análisis de este hecho histórico donde Barthe fue víctima de la coordinación represiva de la Argentina y el Paraguay, bajo procedimientos ilegales posteriormente “blanqueados” (o por lo menos pretendidamente legalizados), es importante hacer unas cuantas menciones sobre la trascendencia de la figura en ciernes, la situación de las extradicciones y asilos y, por último en este comienzo, la situación represiva en el vecino país.

Para responder a la primera de las cuestiones, nada mejor que un interrogante de inicio: ¿quién fue Obdulio Barthe y por qué ambos países obraron de ese modo contra su figura?

Respondamos, por ahora, la primera de las incógnitas señaladas.

Foto de estudiante de Obdulio Barthe. Foto del archivo familiar.

Nacido en Encarnación en 1903 como hijo natural de Juan Barthe, comerciante francés que llegó a la Argentina, al igual que su hermano el terrateniente, Domingo Barthe, con negocios en ambas orillas del Paraná; y Agustina Lizzadro, con quien partiría a Paraguay, ya separado de su padre, forjando su destino con nuestro país.

Obdulio sería en ese Paraguay de comienzos del Siglo XX, bajo égida del Partido Liberal y con las cicatrices de la Guerra de la Triple Alianza -y por ende, del imperialismo- aún en el inconsciente colectivo de nuestro pueblo; una síntesis de las grandes luchas del continente y del mundo de la época.

A sus condiciones de líder nato, observado por sus coetáneos en los registros existentes, Obdulio Barthe era sinónimo de todas las expresiones de cambios sociales: representante del ideario de la Reforma Universitaria en la Federación de Estudiantes del Paraguay, dirigente sindical del Centro Obrero Regional del Paraguay, con la cual participaría de numerosas huelgas y representación internacional ante el Congreso Antiguerrero de Montevideo en 1929, miembro desde sus posiciones anarquistas del “Nuevo Ideario Nacional”, además de integrante del comando que tomó Encarnación por 16 horas, instaurando una breve pero significativa comuna revolucionaria, en 1931.

A tal punto, era conocida la labor de Barthe, que en informes policiales sobre los antecedentes de la masacre del 23 de octubre de 1931, acompañados en el juicio político al entonces presidente Guggiari, pese a no participar activamente en ese evento, se lo reconocía como uno de los originadores de la subversión estudiantil.

Con posterioridad a dicha experiencia se incorpora al Partido Comunista Paraguayo, participando de su proceso de reorganización, aunque al momento del Congreso de Lobos de 1934 se encontraba detenido.

Con posterioridad, participa activamente en los procesos de la Revolución de Febrero de 1936, teniendo participación en la toma de la sede central de la policía y en la Guerra Civil de 1947, como teniente primero en el ejército de Concepción, en contrapunto de clandestinidades, exilios y prisiones.

Este último evento mencionado, bisagra de la historia nacional, será central en este caso, desde múltiples aristas.

En primer lugar, por la configuración geopolítica del enfrentamiento, ya que por su morfología podríamos decir que sería una especie de última batalla de la Segunda Guerra Mundial y, al mismo tiempo, una de las primeras de la Guerra Fría.

Arribamos a dicha conclusión desde una óptica de los bandos intervinientes (un frente con componentes liberales, socialdemócratas y comunistas contra un Partido Colorado hegemonizado por Juan Natalicio González y el dictador Morínigo como cabezas del bando gubernamental desde el golpe del 13 de enero de 1947), los aspectos ideológicos en conflicto (el anticoloradismo de un lado y el fascismo funcional del coloradismo gonzalista del otro), pero con la salvedad del cambio de hegemonías internacionales, con la creciente intervención de los Estados Unidos, ante el fantasma comunista azuzado ante los sublevados concepcenos.

Es decir, un cambio de la realidad paraguaya que sería el caldo de cultivo para el nuevo hombre fuerte surgido de esa guerra: el general Alfredo Stroessner, quien ordenaría las contradicciones internas de la clase dominante paraguaya y alinearía sus necesidades al nuevo amo imperial, bajo subordinación brasileña, abandonando más de medio siglo de alineación argentina (pese a la colaboración directa con armas al bando colorado en la guerra, por parte del gobierno peronista) e inglesa.

Por otro lado, ya desde una arista biográfica de Barthe, por la participación en esta guerra, tanto a nivel militar como ideológica (su rol en la redacción de la proclama revolucionaria y locutor en la radio de los sublevados), es que termina exiliado en Argentina, previo paso por Brasil, y es acusado de sedición, de comunismo y de crímenes de guerra, cuestión que habremos de abordar más adelante.

Primer interregno:  Coordinación represiva internacional y el derecho de asilo

Antes de abordar el secuestro de Barthe, conviene también hacer una referencia somera sobre el derecho de asilo ante la persecución internacional de los delitos.

Cabe señalar, que es facultad de los Estados, como institución de la modernidad y entelequia para la prosecución del plan económico-social de las hegemonías políticas de cada momento, el elaborar las normativas sobre la persecución de hechos calificados contrarios a los valores de cada comunidad, o como comúnmente los llamamos delitos[3], de los cuales se pretenden sanciones establecidas en el decálogo legal criminalista de cada ordenamiento jurídico.

Ahora bien, la facultad de persecución penal de los Estados posee un límite claro y preciso que es el de su soberanía territorial, es decir, que el largo brazo de la ley dura, en principio, hasta la zona de influencia en la que su coerción alcance.

Dicha limitación generó dos fenómenos que, podríamos decir, forman la cara de la misma moneda: la extradición y el asilo. Veamos, aunque sea por arriba, algunos aspectos de ambos elementos citados.

La extradición es, en términos generales, el instituto mediante el cual un Estado solicita a otro homólogo su intervención para la detención y remisión de un ciudadano acusado o culpable de un delito en el país de origen.

Por su parte, el asilo es la protección y/o refugio por parte de un Estado receptor, respecto de una persona o grupo de ellas perseguidas penalmente -legítimamente o no- en su país de origen, permitiendo a los asilados no padecer el poder punitivo por dichas imputaciones, en la medida que se encuentren bajo su soberanía.

Aunque si bien ambos fenómenos son de larga data[4], su sistematización positiva en instrumentos convencionales como tratados, empezó a plasmar como excepción, el principio de no extradición ante delitos políticos y construcciones jurídicas como la reciprocidad, ante ausencia de acuerdos internacionales.

En nuestro continente, de hecho si bien, el fenómeno del asilo era más que habitual tanto por la balcanización de los virreinatos españoles en las distintas naciones como por sus conflictos internos (a modo de ejemplo, se encuentra el asilo brindado por el Dr. Francia al uruguayo Artigas y los asilos entre Uruguay y Argentina a los paraguayos que en épocas de la Guerra de la Triple Alianza formarían la Legión Paraguaya), no es hasta fines del siglo XIX, bajo el amparo imperial de Inglaterra y los Estados Unidos -en menor medida aunque cada vez más influyente-, que se hicieron tratados en la materia.

Así surgen los distintos convenios internacionales en donde se observa que los delitos políticos estaban dentro de las excepciones en la materia como los tratados con Uruguay y Argentina, respectivamente, de 1877 y los tratados de Montevideo de 1889 y 1940.

Incluso con posterioridad al fin de la Segunda Guerra Mundial, el derecho de asilo ante persecución política se instituye en el ius cogens internacional, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos Humanos de 1948 y tratados posteriores en la materia, lo cual conformaba normativa existente en 1950.

Más adelante, nos referiremos también a la evolución del fenómeno, sobre todo ante la aparición del comunismo como articuladora internacional de luchas revolucionarias.

Entre “noche y niebla”: dos semanas al borde de la muerte

Aproximadamente en el año 1948 Obdulio Barthe, previo paso por Brasil, consigue entrar a suelo argentino y se afinca con su esposa, la también militante comunista Dora Freis, dirigente de la Unión Femenina del Paraguay y con vínculos familiares con el comunismo paraguayo, y los hijos de ambos, Rosa Luxe y Félix Obdulio, en el barrio de Munro, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, cercana a la capital argentina.

Al respecto, señalan los hijos de Obdulio que esta fue una etapa prolífica a nivel familiar pese a que no abandona la militancia social y política.

En dicho sentido Rosa Luxe dice en su Semblanza, en las “Memorias Inéditas”: “Cuando, por fin, mi padre logra reunirse con nosotros en Buenos Aires, pasamos dos años de vida familiar normal, rodeados de mucho cariño, con nuestras veladas de lecturas, largos paseos en bicicleta y relatos apasionados de mi padre sobre la historia y la vida del pueblo de su querido país. Así aprendimos nosotros también a quererlo, lamentablemente casi siempre, debido a las circunstancias, desde el extranjero.”[5]

Por su parte, Félix dice al rememorar esos años con su padre: “Debido a que gran parte de su vida la pasó en las cárceles, en los campos de la lucha armada, en el exilio, no tuvimos demasiado tiempo para pasarlo juntos en familia. Recuerdo que durante el exilio en Buenos Aires en el barrio de Munro por las noches nos leía cuentos que despertaban nuestra atención y el interés por los libros.”[6]

Su hija destaca, además, su participación en la campaña para recolección de firmas del Llamamiento de Estocolmo por la Paz, importante documento promovido por el Movimiento Internacional de Partidarios de la Paz, organización en la que participaban, además de los Partidos Comunistas a nivel internacional, grupos e individualidades democráticas y pacifistas, ante la amenaza de una guerra nuclear, sobretodo de parte de los Estados Unidos en la naciente Guerra Fría, ya que hasta 1951 el gobierno con sede en Washington D.C. poseía exclusividad en posesiones de armamento atómico y en ese 1950, Corea era un escenario de guerra directa.

Dora Freis, camarada y esposa de Barthe, con sus hijos Rosa y Felix. Foto del archivo familiar.

De hecho la Guerra de Corea y el llamamiento a la paz fueron hechos que generaron controversias en el país vecino, ante la pretensión del gobierno peronista de enviar tropas para asistir a los norteamericanos, lo cual motivó una marcha organizada en Rosario por el Partido Comunista de la Argentina (PCA) que constó de 5000 obreros y que pese a la represión, pudo lograr una retractación pública del gobierno de turno sobre el apoyo militar a los Estados Unidos, con una fuerte respuesta anticomunista en los días siguientes.

En ese contexto es que Obdulio participa de esa campaña y por la que se encontraba en la intersección de las avenidas Corrientes y Jorge Newbery de la capital, en esa fatídica tarde.

A las 3 P.M. de ese sábado 22 de julio de 1950, agentes de la Policía Federal Argentina lo apresan en la calle, ante lo cual Barthe se resiste y grita en voz alta su nombre para que quede constancia del secuestro, iniciándose el largo derrotero de las dos semanas en que los mecanismos de represión argentinos se despacharían ilegalmente contra su humanidad.

Tras un paso por la comisaría del barrio porteño de Chacarita es remitido durante la madrugada del domingo a donde funcionaba la Sección Especial -de la que hablaremos más adelante-, en el edificio de la calle Urquiza[7] 556, donde Obdulio describe con detalle lo ocurrido: “Allí vendados los ojos y puesto en una especia de mesa de operación, fui fuertemente atado. Toda esa noche se me aplicó electricidad, tratando bárbaramente de arrancarme direcciones y nombres. Me trasladaron a otro cuarto, donde me pisaron y apretaron el estómago. Lombilla [8] dirigía todo esto y me decía “yo, Lombilla, te voy a hacer hablar”.”[9]

Tres días después, tras gestiones de un movimiento de solidaridad y presentaciones de los abogados Aráoz Alfaro y Mayor, integrantes del equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y también miembros del PCA, organizaciones solidarias con la causa paraguaya, es presentado ante tribunales, donde denuncia lo padecido y la violación de su derecho de asilo, siendo llevado nuevamente a las mazmorras de la Sección Especial.

Posteriormente fue dirigido al Departamento Central de Policía para ser registrado y de allí a la cárcel de Devoto donde cumplió diez días de prisión, en carácter de incomunicado, por supuesto desorden, fundado en un edicto policial. Una hora antes de culminar la breve condena, Obdulio fue nuevamente entregado a tres personas de la Sección Especial, siendo vendado y dirigido a un lugar alejado de la ciudad (Barthe llega a esa conclusión por los ruidos de animales de campo, como gansos y vacas), donde es mudado de casa en la madrugada, siendo nuevamente interrogado día y noche, torturas mediante.

Un par de días después (“dos o tres”) lo trasladaron a otro lugar en avión, donde fue nuevamente torturado. Allí estos individuos le decían estar en manos de “nacionalistas”, sometiéndolo a golpes hasta el desmayo y quemaduras para retomar el conocimiento.

Con posterioridad fue trasladado mediante un camión policial, el cual Obdulio pudo ver corriendo la venda en el movimiento, donde lo amenazaban y sometían a simulacros de fusilamiento, a lo largo de la Ruta 11 argentina, camino a la frontera con Paraguay, la cual ubicaba mediante menciones de los agentes.

Ya en la frontera el mismo Barthe, refiere cómo fue su entrega a las autoridades de este lado del río: “Después de largas horas de viaje, paramos en un lugar. Estuvimos largo rato allí, habían bajado del coche, oía ruido de motor en el agua. Volvió uno y me dijo al cabo de un largo tiempo: “Hablá, que todo está listo para tu muerte y vas a morir de la peor manera”. Yo estuve en todo momento dispuesto a morir con todo mi honor. Marchó nuevamente el vehículo, me bajaron de él y después de andar un corto trecho, me subieron a una embarcación con motor, ésta se puso en marcha y después de pocos minutos paró. Oí una voz que decía en guaraní: “o arrancá porá pe canoa”. Me pasaron de la lancha a una canoa y luego a tierra. En la oscuridad de la costa levanté otra vez un poco la venda, vi soldados de verde olivo y ya todos hablando y dando órdenes en guaraní. Me alzaron en un camión militar o policial y me condujeron a esta cárcel en la madrugada del domingo 6 de agosto. Mi entrega se hizo por Pilcomayo. Lo deduzco por el recorrido que hizo la lancha y el lugar en que desembarqué: el Bañado. En el trayecto un soldado dijo en guaraní: “Qué bueno hubiera sido ir al Pilcomayo a ver a mi enamorada”.”[10]

Mientras tanto, en suelo argentino, tanto Dora Freis, en conjunto con los abogados mencionados, a los que hay que sumar la gestión de otros letrados de la LADH, tal el caso del destacado jurista Carlos Sánchez Viamonte y el joven profesional Aron Waisman, hacen los planteos judiciales ante las sucesivas desapariciones del líder revolucionario paraguayo.

Su hija, por su cuenta, al respecto menciona: “Después de varios días de profunda preocupación por la desaparición de mi padre, recibimos recortes de diarios de Paraguay, afirmando que lo habían apresado en Asunción. Mentira grotesca, que fue ampliamente rechazada por las fuerzas democráticas de todo el continente, que se levantaron en su defensa.[11]

En dicho contexto es que se presentan los hábeas corpus ante los juzgados correspondientes, los cuales son rechazados en tres instancias, cuestión que merece ser analizada, para ver la “legalización” del proceso de expulsión clandestina de Obdulio Barthe.

Tal como se observa del libro de Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de Argentina, el 25 de octubre de 1950, el juez de primera instancia Miguel J. Rivas Argüello rechazó el hábeas corpus interpuesto en razón de cuestiones de aplicación personal del recurso, ya que el mismo según la Constitución del momento, es aplicable a los “habitantes de la Nación” en donde no estaría encuadrado el prisionero por ya encontrarse en una cárcel en Paraguay.

Por último, refiere que la denuncia de los padecimientos sufridos se encontraban radicados en otro juzgado, ante lo cual rechaza el recurso.

Apelada dicha resolución judicial, la Cámara en fecha 6 de diciembre de 1950, también rechaza el hábeas corpus interpuesto. Los magistrados Héctor Carlos Adamo, Óscar de la Roza Igarzábal y Abelardo Jorge Montiel, con análogos fundamentos que en la primera instancia.

Cabe agregar en el fallo de dicha alzada dos cuestiones: primero, la mención de que Barthe se encontraba asilado en el país por motivos de persecución política y, que no hubo violación a la Ley 4144, por no configurarse expulsión dispuesta por el presidente; ante lo cual, no sólo se omite opinión pese a la condición de asilado de Barthe sino que también se resguarda la figura presidencial por falta de órdenes legales.

Por último, con recurso extraordinario, se llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, compuesta mayoritariamente por miembros electos por el gobierno argentino de turno (entre 1947 y 1949), la que ratificó el rechazo al hábeas corpus.

Al respecto, la literalidad del fallo da cuenta de los fundamentos arribados: “Que toda vez que en tales condiciones cualquier pronunciamiento del Tribunal respecto al derecho de Barthe a reingresar al país sería teórico, dada la imposibilidad de hacerlo efectivo que supone la detención reconocida de su titular por autoridades extranjeras, corresponde confirmar el pronunciamiento en recurso, que fundado en la circunstancia deniega el “hábeas corpus” -Fallos: 211:1073; causa “Kessiki Kyriacos s/ hábeas corpus”, fallado en 26 de diciembre de 1950 y otras.”.[12]

En ese entendimiento, la Corte refiere el impedimento principal para expedirse: su prisión en la cárcel de su país de origen, fundamento que coronan -quizás como expresión del inconsciente- con la remisión a un fallo sobre el caso del Sr. Kyriacos, un griego que estaba desde hacía 22 años en la Argentina y fue expulsado legalmente por aplicación de la Ley de Residencia, por su participación en un congreso soviético y entregado, nada más ni nada menos que al gobierno griego surgido de la guerra civil de la nación helena, de profundo carácter anticomunista y represivo de dicho Partido y sus aliados.

Se destaca por último, respecto de la intervención de la solidaridad argentina, en primer lugar el pedido del diputado radical Raúl Uranga solicitando un informe al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el apresamiento de Barthe y una comisión de visita integrada por el legislador mencionado y los abogados Aráoz Alfaro y Sánchez Viamonte, grupo que fue secuestrado por la policía paraguaya, dirigida al puerto de Itá Enramada y puesta en un barco con la familia del preso siendo enviados de lado argentino.

Segundo y largo interregno: costumbres argentinas de decir no

Si bien algo hemos adelantado en los párrafos precedentes, tanto la existencia de normativa penal, amparo institucional y destacamentos especiales policiales encargados de la represión a grupos sociales determinados, da cuenta de que lo que le ocurrió a Obdulio Barthe no fue un caso aislado, sino que forma parte de una práctica sistemática de una maquinaria represiva que llegaría hasta el paroxismo años más tarde, en lo que sería una de las dictaduras más sangrientas del continente, a fines de la década de 1970.

Ahora bien, pese a dicha sistematicidad, sí podemos observar que, en los años del caso que estudiamos, se produce un salto en calidad de la tipología represiva ya que el sujeto comunista como criminal para la ley penal abandona la condición de sujeto reprimible dentro de los límites nacionales, sino que deviene en internacional, tanto por el crecimiento de influencia soviética por la Segunda Guerra Mundial como por el conflicto de influencias que fue la Guerra Fría hasta el año 1991.

En este acápite abordaremos entonces, la evolución de los mecanismos de coerción del Estado argentino desde su fundación para acto seguido compararlo con el de Paraguay. Aclaramos que hacemos énfasis en la situación represiva del Estado argentino, en razón de que el secuestro y entrega clandestino fue realizado en dicha nación.

Así las cosas, podemos decir que los mecanismos de represión del país con capital en Buenos Aires, se correspondieron con la situación económica, social y política de cada momento determinado.

En dicho sentido, podemos situar un primer momento entre 1810 y 1880, en el que los sistemas de coerción fueron ejecutados mayoritariamente, en razón de las guerras de conformación nacional que tenía el hermano país, tanto para su independencia, en la primera década de existencia, como en las sucesivas guerras civiles hasta ese último año.

No obstante, se observa que en momentos de hegemonía política de algún mandatario se formulaban mecanismos de control tanto a nivel político más de carácter policial que militar. A modo de ejemplo, en el gobierno de Rosas (1829-1832 y 1835-1852) se institucionalizó la Mazorca y la práctica del terror o durante las presidencias históricas (1862-1880) con el uso de los militares para la represión a los caudillos federales remanentes, ya sin guerras civiles constantes y prácticas genocidas en la expansión del territorio nacional, tanto contra la población nativa en la Patagonia y el Chaco, como contra los civiles paraguayos en la Guerra de 1865-1870.

Con la consolidación del Estado nación, se inicia el proceso de profesionalización de la policía bajo amparo militar, ya que la conflictividad política fue migrando a las ciudades, en razón del crecimiento poblacional por migraciones y la existencia de la cuestión social por las protestas, movilizaciones y huelgas realizadas por grupos sindicales, socialistas y anarquistas, que fueron conformando sindicatos y centrales, además de partidos obreros -el Partido Socialista se funda en 1896, por ejemplo-, por las duras condiciones de trabajo como de vida.

Ante ello, la respuesta estatal, salvo por algunos intentos de cooptación[13], fue generalmente represiva. En ese marco es que se sanciona una de las leyes más atroces de la historia argentina que fue la Ley de Residencia N° 4144, en la que se disponía una expulsión rápida y administrativa de extranjeros que cometieren delitos en Argentina, sin juicio previo. Esta norma que llegó a estar incluida en el art. 31 de la Constitución de 1949, funcionó como engendro jurídico hasta su derogación en 1958, aunque en los hechos y con varios precedentes -Barthe es uno de los primeros casos documentados- prosiguieron las expulsiones de hecho.

Esta ley en tándem con otras normativas represivas -en el período previo a 1930 se destaca la Ley de Defensa Social de 1910, N° 7029, creada para reprimir al anarquismo-, serían los paraguas legales, junto a los estados de sitio previstos constitucionalmente, para la represión contra obreros e inmigrantes “revoltosos”.

En ese contexto tanto en gobiernos conservadores (la represión a la huelga de inquilinos de 1907 y la semana roja de 1909) como en gobiernos de índole nacional-popular como el de la Unión Cívica Radical (la semana trágica de 1919 y la Patagonia Rebelde de 1920/1922), la policía junto a bandas protofascistas fueron las encargadas de la represión al movimiento obrero organizado.
Debe destacarse que la virulencia de la medidas represivas de los últimos dos hechos mencionados, comparativamente a los antes mencionados, se debe también al momento histórico con el triunfo de la Revolución Rusa de 1917, la cual influyó en las movilizaciones obreras como en la respuesta represiva estatal y paraestatal

Desde 1930, crisis mundial mediante, se inaugura un nuevo periodo político y también de la represión que es la intervención del ejército en la política argentina con casi 34 años de gobiernos militares, intercalados con gobiernos civiles derrocados.

Es en este periodo que la retórica anticomunista tiene profundo calado en la práctica represiva del Estado argentino. En ese orden en la primera mitad de la década de 1930 se crea la Sección Especial de Represión al Comunismo, con cierta autonomía funcional respecto de la Policía, la que institucionaliza la tortura como método de interrogatorio y el uso de la picana eléctrica, como práctica habitual.

Por su cuenta en el año 1936, el senador conservador Matías Sánchez Sorondo propone una ley de represión al comunismo, la que pese a la situación institucional existente, no resulta aprobada por ser manifiestamente contraria a la Constitución argentina: la legalidad empieza a ser un estorbo para el ejercicio de la represión al comunismo.

Pese a ello se suceden una serie de edictos policiales [14] prohibiendo reuniones sospechosas de comunistas, en un exceso de atribuciones legales, que perdurarían por casi todo el siglo XX y que llenarían las cárceles de comunistas, tales como los presos en Neuquén y en Tierra del Fuego.

Con el contexto de la Segunda Guerra Mundial de fondo, en el año 1943 ocurre el segundo golpe de Estado moderno en la hermana nación, donde un grupo de oficiales con múltiples tendencias, entre ellas algunas con expresa simpatía con el nazi-fascismo europeo, se hace con el gobierno, en aras de la construcción de un gobierno de “salvación nacional”, en donde se destacaría con posterioridad figura del entonces coronel Juan Domingo Perón.

Desde la Proclama de este grupo de militares se empezó a avizorar su posicionamiento respecto del comunismo, al decir textualmente: “El comunismo amenaza sentar sus reales en un país pletórico de posibilidades, por ausencia de previsiones sociales.”[15]

En razón de ello, en esta nueva etapa que llega hasta 1955 las acciones del Estado serían, por un lado, a la par de generar consensos por cooptación mediante intervención política de sindicatos y medidas sociales profundas, a la par que la represión se recrudece.

Ya con la asunción presidencial de Perón en las elecciones, pese a las contradicciones en la campaña electoral de 1945 con el embajador estadounidense Spruille Braden y la retórica nacionalista estatista, dicho gobierno optó por un alineamiento respecto de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, con la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en 1947, ante lo cual ante el fenómeno comunista, no sólo se debían considerar las pautas sobre represión local a todo lo preciado de bolchevique, sino también las razones geopolíticas.

Al respecto se profundizó no sólo la represión al movimiento comunista desde otras aristas por fuera de la prescripción (el Partido Comunista argentino actuó legalmente durante el período participando de las elecciones de 1945 con un frente opositor al peronismo y en 1951 en soledad), tanto sea por arrestos, ataques (con colaboraciones de grupos parapoliciales con connivencia estatal, cuando no de la Sección Especial de la Policía) y/o censura.

En función de ello a la Ley de Residencia, como ya se mencionó, constitucionalizada en 1949, se sumaron (por lo menos hasta los hechos) el decreto-ley 536/45 de seguridad interior de 1945 que se mantuvo durante la presidencia iniciada en 1946, la ley de conmoción interna 13.234 de 1948, la ley sobre espionaje y sabotaje 13.985 de 1950, además de los agravamientos a las penas del código penal por “ofensa a los funcionarios públicos”.

A ello se sumaba las restricciones de publicaciones por la Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas, encabezada por los diputados Visca y Decker, un calco y copia de las labores del Senador Mc Carthy en EE. UU., aunque en vez de bourbon o whisky local probablemente hayan sido amenizados con vino y ginebra argentino.

Para ese 1950 con la Sección Especial activa (con los precedentes de las torturas a los telefónicos opositores en 1949, una de ellas embarazada), con grupos parapoliciales a la orden (ejemplo de ello, el asesinato de 1949 del obrero comunista Carlos Antonio Aguirre en Tucumán), la Comisión Visca cerrando diarios en enero por cuestiones formales y de fondo, entre ellos el diario La Hora, y la Ley de Residencia a la orden del día, además del trasfondo de la Guerra Fría, el caso Barthe tenía los ingredientes necesarios para los hechos padecidos por el protagonista de esta lamentable historia.

Por último, a los efectos comparativos, hasta el momento la situación de extranjeros intervinientes en Paraguay se sometía tanto a la voluntad policial, la que tenía libertad de acción en todo momento, como a la justicia criminal paraguaya, que respondía a los postulados políticos autoritarios en la materia, correspondiéndose a ellos, en virtud de la inestabilidad política existente en los gobiernos posteriores a 1870.

En dicho sentido, el tratamiento sobre delitos políticos y extranjeros indeseables si no era saldado con cárcel o destierro, también era sometido de facto a cuestiones como ejecuciones o expulsiones sumarias, en cabeza de las fuerzas de seguridad, como los casos de Solaro y Guerrero, dos comunistas argentinos interceptados en Paraguay y asesinados en la década de 1930.

A ello se suma la aplicación de legislación común (los Códigos penales de 1880 y 1910) y la legislación abiertamente anticomunista que precedió a la sanción de la Ley 294 de 1955, como la Ley 1292 de 1935, los Decretos 152 y 5484/1936, 4545, 7937 y 9531/1941 entre otras.

En ambos países, hasta este caso, se observa que la represión de los extranjeros por motivos políticos era una cuestión penal interna, sin coordinación directa o con poca intervención, considerando los tratados en la materia y la capacidad coercitiva de los Estados argentinos y paraguayos hasta la fecha.

Fallo Barthe de la CSJN – Fuente Fallos de la Corte Suprema.

Barthe y sus 1364 días en la cárcel paraguaya

Lastimado por las torturas sufridas por la policía argentina y mal de la vista por las vendas, llega Obdulio a la cárcel de Asunción, vecina a la Catedral Metropolitana.

El destino: una celda de castigo, aislada, con una mirilla tapada con un cartel que decía CLAUSURADO, sin luz, con el techo roto -donde se filtraba agua en nuestras habituales lluvias- y con el castigo de no poder hacer nada, con el entretenimiento de las alimañas y las miserias del calabozo.Se sumó a ello la utilización de una persona con afecciones mentales que de día y noche golpeaba su puerta, el cual fue asesinado con posterioridad por la policía, una vez que Barthe pudo denunciar ello a su abogado Jover Peralta.

Cuenta, el mismo, que el primero que rompió su incomunicación fue el sacerdote Ernesto Pérez Acosta, salesiano que acudió al pedido de José Asunción Flores para ayudar a la familia de nuestro protagonista y la gestión ante un médico que le recetó lentes y medicamentos, lo cual valió una represalia al pa´i Pérez, siendo enviado a Villarrica.

No obstante ello, Obdulio contaba con el apoyo de otros presos para pasar mensajes [16], entre ellos la nota dirigida al diputado argentino Raúl Uranga, a quien relató con detalle los padecimientos sufridos. De igual modo recibía poemas enviados por artistas de renombre como Hérib Campos Cervera, Elvio Romero, Raúl González Tuñón, entre otros, los cuales tenía que quemar una vez leídos para evitar represalias, ante las constantes irrupciones violentas al calabozo que hacían los guardias.

Al año y medio de esta prisión, Barthe pudo tener la visita de sus familiares, además de ser testigo de visitas de delegaciones internacionales aunque no todos pudieran verlo, con la salvedad del Dr. Brizolara, un uruguayo que pudo ingresar y ver las condiciones deplorables de prisión.

Cuenta también, como detalle de la profunda solidaridad que tuvo el líder comunista, que dos orquestas de Buenos Aires fueron a tocar para él en la cárcel por gestión del maestro Flores y los reclamos de las damas de la Acción Católica junto con la visita del sacerdote Saffi, al momento del fallecimiento de su madre.

También lo golpea en la prisión, además de la incomunicación y estar alejado de su familia y sus camaradas, la muerte en el exilio de Hérib Campos Cervera, gran poeta nacional,  miembro del PCP –según rescata Antonio Bonzi-  y amigo suyo.

La solidaridad internacional y nacional se manifiestan en las comisiones por su libertad y campañas en las calles, pese a la represión, una de las cuales recuerda Carlos Luis Casabianca en su último libro.

No obstante ello, la presión de la embajada estadounidense no sólo se manifestó en el agravamiento de la salud de Obdulio por su dura prisión, sino que también se suma que gran parte de esta prisión fue clandestina, ya que desde la absolución dictada por el Dr. Hugo Bareiro Velázquez [17], en fecha 14 de junio de 1952, pese a las presiones políticas para evitar ello (llegando incluso a un intercambio de notas bastante fuerte con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas) hasta su salida de la cárcel para el exilio guatemalteco, pasaron aproximadamente 3 años.

De hecho cuenta el mismo Barthe que se fingió una salida mediática y se lo retornó al calabozo, siendo seguido por un auto consular yanqui en este derrotero simulado; además del arresto de su abogado defensor, el Dr. Pedro Martínez Díaz.

No es sino, hasta que la jefatura de policía recayó en manos de Roberto L. Petit, de la facción democrática del Partido Colorado, a quien Barthe en un acto de humanismo salvó del fusilamiento durante la Guerra Civil de 1947, que se consumó la liberación de Obdulio, tras la concesión de asilo en la Guatemala de Arbenz, el 1 de mayo de 1954. [18]

Un par de días después, Petit sería asesinado en el golpe de Estado consumado por el general Alfredo Stroessner Matiauda, teniendo el triste mérito de ser la primera víctima de la larga noche de 35 años que se iniciaba ese día.

Por su  parte, Barthe se iría a Guatemala, donde conoce a un joven Ernesto Guevara de la Serna y pese a todo lo sufrido seguiría luchando por la necesaria revolución socialista en nuestro país hasta su muerte, siguiendo un derrotero entre la Unión Soviética, Cuba y Argentina, donde aportará tanto a la construcción del Frente Unido de Liberación Nacional (FULNA), en la crisis partidaria de la década del 60/70 y en la lucha contra la dictadura stronista, llegando a ser Secretario General del Partido Comunista Paraguayo, responsabilidad que tendría hasta su muerte en Buenos Aires en diciembre de 1981.

Barthe y su familia en Guatemala. Fuente: Familia Barthe.

Conclusiones

Vistos los detalles históricos referidos, formularemos algunas conclusiones, sobre el tema de marras:

1) A Obdulio Barthe se le violó el derecho de asilo: eso se ve, por la existencia de los tratados de derecho penal existentes entre Argentina y Paraguay (1877, 1889 y 1940) como del derecho internacional humanitario (los tratados de derechos humanos universales y americanos de 1948), que prohibían la extradición con persecución de motivos políticos.

Es preciso señalar, también, que ante la aparición del fenómeno comunista, el bando occidental encabezado por los Estados Unidos, ante el impedimento que estaba en ese derecho internacional[19] empezó a formular dos métodos alternativos: en primer lugar, la coordinación clandestina represiva internacional, tales como el Plan Cóndor en nuestro continente, y por otro lado, todas las excepciones al derecho internacional en materia de terrorismo que se empieza a desarrollar a fines de la década de 1960.

2) A Obdulio Barthe no se le aplicó la Ley de Residencia, sino que fue secuestrado por las fuerzas del orden: este punto es muy importante y merece un abordaje más profundo.

La expulsión del país argentino no fue realizada por una vía institucional, sino que fue el accionar represivo ilegal de las fuerzas del orden.

En los casos de aplicación de la Ley de Residencia, aunque sea someramente, se observaba la existencia de un procedimiento, que pese a ser violatorio de derechos humanos básicos como el derecho de defensa en juicio, constaba de cierta publicidad de actos de Estado.

Como ejemplo, en los casos de Apolonio Guerrero, obrero portugués entregado al Estado Novo salazarista de la nación lusa o del mencionado Kessiki Kyriacos, fueron noticia cuando fueron devueltos a sus países de origen.

Incluso más, a Obdulio Barthe se le aplicó la Ley de Residencia en la década de 1930 pero en vez de ser remitido a Paraguay fue enviado a Uruguay, donde nuevamente se le arresta, motivo por el cual no estaba para el Congreso de reorganización del PCP en 1934, donde fue elegido autoridad pese a su ausencia.

En cambio lo de nuestro protagonista fue entre “noches y niebla” a usanza de las modalidades clandestinas de represión herederas de esa modalidad en la Europa fascista [20], siendo publicitada su detención recién en Paraguay por la prensa refiriéndolo como una captura local.

Por su parte, se observa en los fallos de la justicia argentina respecto del habeas corpus que no se encuentra la aplicación de la Ley de Residencia, por lo que no hubo orden presidencial directa.

Por último, se señala que en los abordajes historiográficos sobre la Ley de Residencia y el caso Barthe, que si bien algunos lo incluyen, hacen la salvedad del procedimiento de secuestro y entrega a la policía paraguaya, con métodos clandestinos.

3) El caso Barthe está encuadrado en represalias por la Guerra de Corea: como bien señalamos, la cuestión Corea en 1950 generó resistencias, en virtud del alineamiento del gobierno de Perón con los Estados Unidos, en las que se destacó el comunismo vernáculo con una movilización masiva en Rosario, ante la cual se presentaron proyectos para legalizar la represión al bolchevismo argentino (ver tapa del diario Clarín del 20 de Julio de 1950), además de una campaña pública de amenaza policial, con cientos de arrestos.

En ese marco, se observa que además de los cientos de arrestos, en los que está el del protagonista de esta historia, el día 4 de agosto de 1950, agentes de la Sección Especial y militantes de la Alianza Libertadora Nacionalista (los “nacionalistas” de nuevo) atacan el local del Partido Comunista de la Argentina en Quilmes, en el conurbano bonaerense, siendo asesinados Jorge Calvo, secretario general de la Federación Juvenil Comunista y el casero del local, Ángel Pedro Zelli, siendo heridos otros dirigentes de la juventud del PCA, Amado Heller y Jorge Bergstein.

Lo paradójico de ese asesinato es que años más tarde, el periodista e investigador Isidoro Gilbert encontró a través de la Comisión Provincial por la Memoria, un prontuario, aparentemente elaborado por la Sección Especial, dando cuenta del fallecimiento de Calvo para el 28 de julio de 1950, esto es una semana antes de los hechos, ante lo cual quedan dudas sobre un probable crimen de Estado, más allá de la participación de agentes policiales.

No obstante ello, se mantuvo una constante represión sostenida hasta 1951, la cual mermó ante la publicidad internacional del secuestro y tortura del estudiante Ernesto Mario Bravo, también militante comunista.

4) Los vínculos colorados-peronistas: en el cuerpo de Barthe como objeto de la represión también cala profundo el vínculo entre Perón y la Asociación Nacional Republicana, más allá de sus matices.

Se destacan, además del fuerte anticomunismo de ambos partidos y sus sustentos de masas (los descamisados para el primero, los pynandi para los segundos) el apoyo brindado por el gobierno argentino al bando gubernamental en la Guerra Civil de 1947, sosteniendo la influencia del ejecutivo de la nación vecina sobre el paraguayo que desde 1904 se venía manteniendo, cuestión que cambiara una vez avanzada la dictadura de Stroessner, con el profundo alineamiento al Brasil.

De hecho, además del intercambio de prisioneros sin procedimiento legal alguno, lo cual veremos en el punto siguiente, Perón efectuó tres visitas como presidente, dos en este período, una en 1953, siendo Federico Chaves presidente y otra para la asunción de Stroessner, donde devuelve trofeos de guerra de 1954 y una ya en la década del 70, además siendo Paraguay el primer lugar de asilo de Perón después del golpe de septiembre de 1955.

También hay que señalar que dicho vínculo se sustentó en la medida que el peronismo era fuerza de gobierno, respondiendo a las contradicciones internas del coloradismo previo al golpe del 4 de mayo de 1954 y los alineamientos de Estados Unidos en la materia, que tenía una relación contradictoria con Juan D. Perón, quien desde el exilio y en la década del 70 se moverá con el Movimiento de Países no Alineados, en términos de posicionamiento geopolítico.

Juan Domingo Perón y Federico Chaves en visita oficial del argentino a Paraguay en 1953.

5) La escalada represiva en Argentina como antesala de los años de plomo: 1950 podríamos decir que es el último año de consenso indubitado del gobierno peronista, al que si bien cabe reconocerle una consolidación jurídica sobre los derechos soberanos argentinos, a la par del derecho laboral; también corresponde atribuirle una aplicación de las herramientas de coerción a nivel autoritario y echando mano incluso a métodos ilegales, para el ejercicio del poder.

Ya desde 1951, ante un intento de golpe de Estado, y la muerte de su esposa en 1952, gran símbolo político de su gobierno, Perón incrementó las pautas represivas que mencionamos antes, llegando a declarar el estado de guerra interno y enviar órdenes secretas de aniquilación de los enemigos del gobierno.

Si bien el primer peronismo cae fruto de un golpe de Estado, orquestado desde la embajada estadounidense, la práctica política de las nuevas gestiones, no modificarán la situación represiva de la década 1945-1955, sino que como una paradoja a la Lugones [21], utilizarán dichas armas represivas contra el movimiento justicialista que empezará un derrotero de radicalización que se resolverá a mediados de la década de 1970 con una lucha sangrienta, primero entre peronistas y después con el aparato clandestino del Estado.

6) El anticomunismo como ideología motoriza una profundización de prácticas clandestinas en el aparato represivo: por último, para dar cuenta del carácter de antecedente del Plan Cóndor del caso Barthe, cuestión reconocida tanto por sus propios familiares, como por quienes mencionaron el caso en sus abordajes de historia, es que vemos que en el período peronista se empezaron a abordar dos métodos represivos que tendrían carácter de masivo durante la vigencia del Plan Cóndor: la coordinación interestatal para extradiciones ilegales, por un lado, y  la desaparición forzada de personas.

La coordinación represiva clandestina en el vínculo Paraguay/Argentina si bien tiene larga data, podríamos decir que tiene en este período, el inicio de prácticas que llegarían a ser comunes durante el Plan Cóndor.

Al caso de Obdulio, se le suma durante el gobierno peronista, Horacio Lombardero, argentino de extracción radical quien en 1953 se hallaba en Encarnación junto a su esposa y pese a la reticencia de un oficial del ejército paraguayo, se ejecutó su expulsión de manera clandestina, acusado de un atentado contra un acto oficialista.

Por su parte en 1961 fue detenido en Argentina, Benigno Silvestre González, del cual se perdió el rastro tras haber ingresado en las celdas de Investigaciones en Asunción.

En 1963, Secundino Merzán fue entregado a las autoridades paraguayas en un procedimiento similar desde Formosa, excarcelado en el 73 por mediación de la iglesia católica.

Por su parte, Herminio Stumpfs fue detenido en el barrio porteño de Liniers, en 1971 y sus próximos rastros lo ubicaron en Investigaciones y después en el Campo de Emboscada, siendo liberado en el 79.

Por su parte la aplicación de la desaparición forzada en la Argentina, país donde este fenómeno sería el más difundido durante los años del Cóndor, tiene en el caso de Juan Ingalinella, médico rosarino del Partido Comunista Argentino, el primer exponente moderno sobre desapariciones, siendo asesinado por la tortura del homólogo de la Sección Especial de la policía provincial, en ese 1955 intervenido por el Poder Ejecutivo Nacional -es decir, por el propio gobierno federal- y su cuerpo oculto hasta el día de hoy.

En 1962 por su parte la policía desaparece al obrero peronista Felipe Vallese, último caso previo a la década de 1970 donde el fenómeno seguiría sin pausa por lo menos durante los próximos 5 lustros, desde el secuestro del abogado de la CGT de los Argentinos, Nestor Martins y su cliente, el obrero Nildo Zenteno.

Dichos mecanismos represivos, serán sistematizados ante el triunfo de la Revolución Cubana ya con coordinación expresa de los aparatos de inteligencia estadounidense, en lo que conocimos como Doctrina de Seguridad Nacional, entelequia imperial anticomunista, que sustentaría en la práctica el Plan Cóndor, acuerdo internacional represivo que tuvo en este caso un lamentable antecedente.

*Por Alberto Federico Ovejero. Abogado, investigador, militante del Partido Comunista Paraguayo, miembro de su Secretaría de Relaciones Internacionales, para Adelante!


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[1] En el caso, el Parque Avellaneda, en la intersección de las avenidas Lacarra y Directorio.

[2] Barthe después de un derrotero entre Paraguay, Guatemala y la Unión Soviética, vuelve a la Argentina, donde fallece en diciembre de 1981.

[3] No se profundiza más sobre el tema, porque cada acápite deviene en un resumen sobre las aristas intervinientes en el caso, además de que dichos puntos en particular, de por sí merecen estudios más profundos. Por ejemplo, la cuestión de los delitos tiene un abordaje no sólo en el derecho penal (considerado como acto típico antijurídico y culpable, según la dogmática clásica de dicha rama jurídica) o de la criminología, por lo que desde ya se pide disculpas si se cae en reduccionismos, ya que se pretende una mirada rápida sobre la temática.

[4] Por ejemplo, sobre tratados de extradición se tiene como primer registro histórico el Tratado de Kadesh del 1259 a.C., entre los Imperios Egipcio e Hitita.  Sobre el derecho de asilo, se destaca el asilo en sagrado de aplicación en la antigüedad clásica, incluso sostenida por los cristianos en la época del Imperio Romano, la cual se tornó en norma positiva en distintos códigos y leyes medievales en Europa.

[5] Barthe, Obdulio – Memorias inéditas / Obdulio Barthe –  Talleres el Álamo, Capiatá, Paraguay, 2009, pág. 19

[6] Barthe, O., Op. Cit., pág. 32

[7] Vaya destino el de la calle Urquiza de la Ciudad de Buenos Aires para los luchadores paraguayos exiliados. A la tortura allí sufrida por Barthe, se le suma el secuestro y desaparición del Teniente de Fragata Federico Jorge Tatter en su casa de Urquiza 133, el 15 de octubre de 1976 y el secuestro y desaparición de la Bioquímica Esther Ballestrino de Careaga, en la Iglesia de la Santa Cruz, con ingreso en Urquiza 925, intersección con la calle Estados Unidos. ¡Cuatro cuadras respectivas entre sus padecimientos y la lucha por un Paraguay para todos!

[8] Cipriano Lombilla era el comisario encargado de la Sección Especial durante la mayoría del gobierno peronista. Junto a los oficiales Amoresano, Solveyra Casares, los hermanos Cardoso, el coronel Osinde -quien tendría una participación en la coordinación de la Alianza Anticomunista Argentina desde 1973- y otros personajes igual de nefastos, serían los ejecutores de asesinatos, torturas y secuestros en el período.

[9] Barthe, O., Op. Cit., pág. 113

[10] Barthe, O., Op. Cit. Pág 115

[11] Barthe, O., Op. Cit. Pág 19

[12] Corte Suprema de Justicia de la Nación – Fallos – Volumen 219, página 53

[13] Se destacan en ese plano el primer intento de código laboral en 1904, rechazado tanto por las organizaciones obreras como patronales, y la legislación en la materia.

[14] Los edictos policiales fueron normas sobre delitos menores no tipificados en el Codigo Penal, ordenados por la jefatura de policía, que si bien tuvieron fallos a favor de la Corte Suprema, resultaban contrarios a la manda constitucional argentina de la existencia de tipos penales fundados en ley del Congreso (art. 18).

[15] Verbitsky, Horacio – Medio siglo de proclamas militares – Editora/12, Buenos Aires Argentina, 1987, pág 49

[16] Al respecto dice su hijo en la semblanza del libro de Memorias (pág. 35): “Fueron cuatro duros años en las cárceles de Asunción. Nuestra familia lo visitaba regularmente en la cárcel y podíamos observar la simpatía y la admiración que demostraban por él no sólo los reclusos sino también el personal carcelario no afín a sus ideas políticas. Evidentemente era un personaje carismático que atraía por su onda, su mirada, su sonrisa, su sinceridad, su capacidad para comunicarse con la gente.”

[17] Se destaca que en el proceso también participaron el Juez Antonio Jiménez  y Nuñez, siendo fiscal de juicio Héctor Benítez, conforme lo recuerda Nicolás Leoz, futuro mandamás del futbol sudamericano y escribiente judicial en ese proceso, conforme extracto de su libro “Pido la palabra” , la cual obra transcripta en las págs. 151/154.

[18] Cabe señalar que el hijo refiere también un indulto del presidente Federico Chaves, coincidente en un momento de disputas con el Fondo Monetario Internacional, pero no obran registros de ello, aunque no sería descabellado. Ello explicaría un poco la urgencia del golpe de estado del 4 de mayo de 1954.

[19] No olvidar que en 1951, la Corte Internacional de Justicia en el Caso Haya de la Torre (Colombia vs. Perú)  pese a las formulaciones sobre la concesión del asilo en particular, estableció la no obligación de entrega del asilado, aún si dicho asilo no fue efectuado en modo y forma, ya que los delitos acusados al refugiado son de índole político o no común.

[20] “Nacht und Nebel” era el nombre ficcional del decreto represivo utilizado por los nazis en los territorios ocupados donde harían gala de la utilización de la desaparición forzada de personas, los métodos de tortura y muerte, siendo el antecedente moderno por excelencia de la represión ilegal, que después aplicaría el ejército francés en las guerras de Indochina (1946-1954) y Argelia (1954-1962), siendo aplicados por los Estados Unidos en sus guerras anticomunistas como en Vietnam (1963-1975) y difundida, mediante la Escuela de las Américas, a los ejércitos regulares latinoamericanos en el Plan Cóndor o mediante mercenarios en Centroamérica en los ochenta.

[21] El hijo del afamado escritor Leopoldo Lugones, quien además cabe decirlo pasó del socialismo al fascismo sin solución de continuidad, homónimo inmortalizado como Polo Lugones, fue un comisario, uno de los fundadores de la Sección Especial e institucionalizador de la picana eléctrica. Años más tarde, en la dictadura, su hija y víctima de sus abusos Pirí Lugones, como militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias es secuestrada por la dictadura genocida y presumiblemente torturada con la misma herramienta que creara el monstruo de su padre.

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