Por Pedro Espinoza

Rubén Villalba fue, junto al entonces presidente Fernando Lugo, uno de los nombres más pronunciados tras el luctuoso episodio ocurrido en junio de 2012 en Curuguaty. Aquel 15 de junio dejó un saldo trágico de 17 personas asesinadas —campesinos y policías—, cientos de heridos y decenas de detenidos, en una nueva página de sangre derramada sobre tierras públicas robadas al pueblo.

Como consecuencia directa de aquella masacre, se consumó lo que ya estaba en marcha: un golpe de Estado parlamentario contra el gobierno de Fernando Lugo. La operación fue orquestada desde las esferas del poder económico y político de una derecha reaccionaria que no tolera ni el más mínimo intento de reforma ni la posibilidad de imaginar otro país y otra sociedad. Los partidos burgueses llamados “tradicionales”, junto a sus aliados de clase, nunca rindieron cuentas por el atropello a la voluntad democrática del pueblo paraguayo.

Rubén Villalba era el principal referente de las familias sin tierra asentadas en la fracción pública conocida como Marina Kue, lugar donde se desplegó una aparatosa operación fiscal-policial que derivó en la tragedia. Tras una condena injusta contra los principales acusados —posteriormente anulada por graves vicios y falsedades en el proceso—, los campesinos fueron finalmente absueltos luego de pasar seis años privados de libertad.

Hoy, esos luchadores cuentan con demandas contra el Estado paraguayo ante tribunales internacionales, ya admitidas y respaldadas por sólidos argumentos jurídicos. Sin embargo, uno de ellos, Rubén Villalba, se encuentra actualmente impedido de viajar al exterior para comparecer en una audiencia ya fijada, debido a nuevas causas judiciales impulsadas en su contra.

Nuevos procesos y persecución sistemática

Rubén Villalba fue nuevamente detenido el 16 de diciembre del año pasado, luego de meses de hostigamiento que culminaron en un violento allanamiento de su vivienda en la comunidad Edison Mercado, distrito de Yasy Cañy, donde vivía y trabajaba la tierra junto a su familia. El operativo estuvo a cargo del fiscal Christian Royg, de la ciudad de Curuguaty, quien no estuvo presente durante el procedimiento, en abierta violación a lo que establece la ley.

A partir de entonces, se repite el libreto ya conocido cuando el acusado es un campesino pobre en zonas semifeudales como el departamento de Canindeyú: activación permanente de órdenes de captura, imputaciones por hechos extremadamente graves, criminalización mediática y una justicia claramente sesgada por criterios de clase, sometida al dinero y al poder de latifundistas, sojeros, ganaderos y capitales del agronegocio, muchos de ellos vinculados al narcotráfico.

En este caso concreto, los intereses afectados remiten a hacendados ligados a la familia de la diputada colorada cartista Cristina Villalba: los Sanabria, los Abente y otros grandes terratenientes de la zona.

Desde su detención, Rubén Villalba permanece incomunicado en uno de los penales de máxima seguridad de Emboscada, bajo un régimen de prisión preventiva que ya excede largamente los plazos legales. Según la normativa vigente, dicha medida no debería superar los seis meses, pero cuando se trata de personas pobres y, sobre todo, de referentes que luchan por la tierra y por su comunidad, las garantías mínimas del debido proceso son sistemáticamente pisoteadas.

Aislamiento, tortura y castigo ejemplar

Desde el inicio de su reclusión, Villalba ha sido sometido a constantes apremios físicos y psicológicos. Su estado de salud se ha deteriorado al punto de requerir una intervención quirúrgica por graves problemas en el sistema digestivo. A pesar de ello, el régimen de aislamiento continúa siendo estricto, prolongado e injustificable.

El Ministerio de Justicia lo clasifica arbitrariamente como persona privada de libertad “extremadamente peligrosa”. Está obligado a vestir el uniforme rojo las 24 horas del día y ha pasado más de un año en aislamiento dentro de un calabozo individual. Estas prácticas constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes, en abierta contradicción con el Código Penal, la Ley de Ejecución Penal, la Constitución Nacional y los pactos internacionales de derechos humanos suscritos por el Paraguay.

Las visitas también están severamente restringidas. Solo su esposa puede verlo cada quince días, por no más de una hora y bajo la vigilancia de cuatro guardias que controlan incluso la distancia y los temas de conversación. Sus hijos pequeños tienen prohibido verlo, al igual que el resto de sus familiares, compañeros y amistades.

Un mensaje disciplinador

Más allá de las imputaciones que sostiene el Ministerio Público, lo que queda en evidencia es un mensaje disciplinador dirigido a quienes se atreven a desafiar el poder del latifundio y a un Estado capitalista subordinado a decisiones fácticas. Para el poder mafioso, poco importa si las acusaciones son reales o fabricadas: el castigo debe ser ejemplar.

Por todo lo expuesto, exigimos el urgente cambio del régimen penitenciario impuesto a Rubén Villalba, el cese inmediato del aislamiento inhumano, una justicia verdaderamente independiente y su libertad. Exigimos, asimismo, la recuperación de todas las tierras robadas al pueblo a lo largo y ancho del territorio nacional.

Finalmente, hacemos un llamado especial a los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales; al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento; y a las organizaciones políticas que se reivindican de izquierda y hasta revolucionarias, pero que guardan silencio cuando la furia y el ensañamiento del poder no los golpea directamente. El silencio, en estos casos, no es neutralidad: es falta de solidaridad de clase y de humanidad.